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Chapultenango, Chiapas, 03-04-2022. A cuatro décadas de la catástrofe volcánica que provocó más de 2000 muertos y 35 000 personas desplazadas, el pueblo zoque sigue en pie de lucha con trabajos concretos en defensa de la vida. Este fin de semana, alrededor de un centenar de mujeres y hombres, trabajadores zoques del campo y la ciudad, de todas las generaciones, deliberaron en torno a los grandes problemas que afectan a sus territorios y la construcción autónoma de alternativas anticapitalistas. Desde su primer Congreso celebrado en Rayón en 2014, “podemos decir que los zoques no paramos: el trabajo de base, las asambleas cotidianas, los recorridos, los talleres, así como las visitas familiares” han demostrado que “uno de los caminos es fortalecer Ore´is ntyäjk (la casa del zoque/la lengua/la palabra) y de esta forma construir el horizonte de vida anclado a la tierra como guía de nuestros pasos” (leer: Pueblo Zoque convoca a su segundo congreso).

Fotos de Amehd Coca, Chapultenango, 2 y 3 de abril de 2022

Los diálogos entre personas originarias de distintos municipios del norte de Chiapas fueron muy severos en su diagnóstico colectivo de la situación económica y política actual. Además de múltiples denuncias, se hicieron propuestas radicales de transformación, por parte de ejidatarios, comerciantes, artesanos, estudiantes, profesores, escritores y artistas zoques, religiosos, comunicadores y activistas comprometidos en las luchas de los pueblos originarios, convocados por el Centro de Lengua y Cultura Zoque, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Atención Primaria de Salud Wäbä Ijtkuy «Lugar de paz y armonía» y el Colectivo Defensoras de Nasakobäjk.

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Pobladores de la región de Cholula, Puebla iniciaron la Caravana por el Agua y la Vida frente al edificio de Bonafont, resguardado por policias municipales, estatales y Guardia Nacional tras haber desalojado a los vecinos que habián tomado la fábrica hace un año para detener el saqueo de los recursos acuíferos de la región cholulteca.

Acompañados por organizaciones solidarias de diferentes partes del paísc como los otomíes que resguardan la Casa de los Pueblos Samir Flores en la CDMX; la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno; las Guardianas del Rio Metlapanapa; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; las mazatecas de Eloxochitlán, Oaxaca; representantes del Istmo de Tehuantepec que se enfrentan al proyecto del Corredor interoceánico; y compañeros de la Europa insumisa, Slumil K’ajxemk’op.

Consignas de repudio a la empresa Bonafont, de la trasnacional Danone, fueron coreadas por los asistentes a la protesta. Enarbolaron la exigencia de detener el saqueo del agua por parte de Bonafont y recordaron que al tomar la fábrica y convertirla en la Casa de los Pueblos Altepelmecalli por espacio de casi un año, el agua retornó a la región, liberando casi 600 millones de litros de agua al detener el saqueo empresarial.

Durante poco más de un mes, del 22 de marzo al 24 de abril, la caravana recorrerá nueve estados del país para difundir su lucha por la vida y la defensa del agua y visitará 29 localidades donde los pueblos se organizan para resistir el embate del neoliberalismo y de los programas que implementa el gobierno de la 4T para dividir las luchas.

Aquí el calendario y ruta de la Caravana.

Página de la Caravana: http://caravana.pueblosunidosporlavida.org/

Escucha y/o descarga los audios aquí:

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#8M las mujeres indígenas nos alzamos por la Madre Tierra. Ante la violencia patriarcal y extractiva, defendemos nuestros territorios cuerpos y espíritus. Hacemos de la lucha melodía. En los pueblos, barrios y ciudades somos #CuraDaTerra

Este manifiesto fue resultado del Encuentro #CuraDaTerra 2021-2022. Conoce más en curadaterra.org

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Por Sare Frabes | Avispa Midia

La crisis climática se intensifica rápidamente en todas las regiones del mundo. Actualmente se registra un aumento de la temperatura por 1.1°C, lo cual coloca en riesgo a poblaciones y ecosistemas enteros, clasificados con un alto grado de vulnerabilidad, donde los impactos climáticos son tan severos que ninguna medida de adaptación existente puede prevenir pérdidas y daños de manera efectiva.

Así lo advierte la segunda parte del Sexto Informe de Evaluación, Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, elaborado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El informe enfatiza que los eventos extremos se presentan más rápidamente que en décadas pasadas, por lo que los daños pueden ser irreversibles. Las sequías devastadoras, el calor extremo y las inundaciones récord han colocado a poblaciones enteras en riesgo, amenazan con la seguridad alimentaria y ponen en peligro los medios de subsistencia de millones de personas.

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Veintiocho años resistiendo y construyendo, a pesar de las amenazas, precariedad e incertidumbre, no es poca cosa. Este domingo 6 de marzo, la Colonia Cinco de Marzo celebró su 28 aniversario con alegre rebeldía y digna rabia.

La Colonia fue fundada el 5 de marzo de 1994 en tierras recuperadas tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde entonces, han estado luchando por la regularización de las tierras y, sobre todo, por la preservación ambiental y la vida digna.

Después de todos estos años de lucha, la Colonia sigue enfrentando amenazas de desalojo e irregularidades sin fin en el proceso legítimo de legalización de sus tierras. Desde hace algunos años, cuando parecía que el proceso llegaba a su fin, apareció un nuevo supuesto dueño de las tierras, antes desconocido. Se trata del empresario Adrián Marenco Olavarrieta, con fuertes lazos de amistad con la familia Velasco Coello, involucrado, entre otras cosas, en la especulación inmobiliaria en la zona de los humedales, y denunciado desde 2014 como uno de los dos dueños de la empresa Cales y Morteros del Grijalva, que operaba sin permiso en el área natural protegida del Cañón del Sumidero, con graves impactos de salud a los habitantes de Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo.

Mientras se resisten los hostigamientos y amenazas, la Colonia continúa su lucha en defensa de la Madre Tierra. Hace poco más de un año, la Colonia se unió al Consejo General de la Zona Sur, una articulación de 14 colonias de la zona sur de la ciudad para defender el agua, los bosques y los humedales – de suma importancia para el equilibrio ecológico en la ciudad – de la especulación inmobiliaria y la sistemática destrucción que se ha presenciado en los últimos años. Juntos, recuperaron la Ciénega vecina a la colonia, ahora considerada un espacio sagrado de vida.

Una muestra del éxito de las acciones de la Colonia y del Consejo de la Zona Sur fue la reforestación de un campo de futbol como parte de los esfuerzos por preservar la zona de los humedales y concientizar a la población. Los miembros del Consejo temían la reacción de los futbolistas, pero para su sorpresa, los 1,500 futbolistas les dieron su apoyo.

Escucha las palabras del Consejo de la Zona Sur:

Fue justamente en la Ciénega donde inició la celebración del aniversario, con una peregrinación para saludar a la Madre Tierra. Al regresar, pobladores y visitantes realizaron un ritual alrededor de un altar maya para consagrar el encuentro, invistiéndolo de su significado profundo: la celebración de 28 años de perseverancia en la defensa de la vida.

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Decenas de organizaciones se reunieron frente al abandonado edificio de la representación del gobierno de Puebla en la ciudad de México para protestar en contra de la empresa Bonafont, perteneciente a la trasnacional Danone. El acto fue parte de las acciones dislocadas convocadas en todo el mundo contra el despojo del agua y en conmemoración del tercer aniversario del asesinato de Samir Flores, quien sostuvo una lucha en contra del megaproyecto de la termoeléctrica en Huexca y del proyecto integral Morelos.

El pasado 15 de febrero en horas de la madrugada, la Guardia Nacional, junto con la policia estatal y la policia municipal de Juan C. Bonilla, desalojaron a los Pueblos Unidos de la región Cholulteca que habían tomada la planta de la empresa Bonafont desde el pasado 22 de marzo de 2021 tras el depojo del agua de la región durante más de 29 años.

Los pueblos cholultecos, cansados del despojo, con sus ameyales, jagueyes y rios secos por una explotación de los recursos hídricos de la región, decidieron retomar el control sobre el agua.

Pronunciamiento de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes:

COMUNICADO DE LOS PUEBLOS UNIDOS RESPECTO A LA VIOLENCIA QUE EJERCIÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL EN BENEFICIO DE LA TRANSNACIONAL BONAFONT DANONE EN JUAN C. BONILLA, PUEBLA

Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

A quienes con el corazón abajo y a la izquierda han compartido nuestro dolor y nuestra rabia

En la madrugada del 15 de febrero los gobiernos que dicen representar al pueblo y ser distintos a los gobiernos anteriores enviaron a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y Municipal a despojarnos del espacio que habíamos recuperado y convertido en una verdadera Altepelmecalli, una Casa del Pueblo, para dejarlo nuevamente en las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta.

El Altepelmecalli no es sólo un espacio abierto a la escucha y al encuentro de todos los pueblos del mundo, es el lugar desde el que los veinte Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes dijimos ¡YA BASTA! El mismo grito que acompaña a todos los pueblos cuando la ambición y la crueldad de los dueños del dinero y los caciques del poder no deja más opción que la rebeldía.

Dijimos basta al saqueo y secuestro del agua que le da vida a nuestras comunidades y a territorios mucho más allá del nuestro. Dijimos basta a las estrategias del gobierno de desgastarnos con engaños burocráticos y promesas mentirosas. Dijimos basta a estar sometidos a decidir entre ser siervos o víctimas de las empresas transnacionales como Danone que creen que nuestros territorios son solo mercancías para hacer crecer eternamente sus fortunas. Dijimos basta, lo reafirmamos en nuestro decreto en protección a la madre tierra y lo seguimos diciendo con toda claridad: BONAFONT SE VA.

El desalojo ha revivido el riesgo de que Bonafont y sus patrones de Danone vuelvan a secuestrar nuestra agua. El gobierno trata de escudarse en la ley para justificar que nos despojen, porque para eso sí usan la ley, no para protegernos, no para cuidar a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Al gobierno le incomoda y aterroriza que todo el mundo se entere del trabajo por la vida que construimos los pueblos y que reproducimos en la Altepelmecalli. Le da miedo que todos se enteren de que no los necesitamos porque la Altepelmecalli atenta contra la sagrada propiedad privada del capital y pone en entredicho a las instituciones y leyes que fueron hechas para el servicio de los grandes empresarios. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ahora, después del desalojo, llama al diálogo, pero como el mismo lo dice, lo hace para que la empresa pueda volver a funcionar, para que el saqueo vuelva a la normalidad. El gobierno de Puebla no es un mediador en este asunto, es parte, actúa como el representante de los intereses de Bonafont y Danone, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador guarda un silencio cómplice.

A pesar de la rabia y el dolor que sentimos de ver que nuestra vida se pone en manos de quienes comercian con ella, estamos dispuestos a antes que cualquier otra acción, darle una oportunidad a la palabra, a sentarnos en una mesa e intentar dialogar. No estamos aceptando ni invitando una negociación para ponerle precio a nuestra dignidad. Los estamos invitando, una vez más, como aquel día 22 de marzo o el día 8 de agosto de 2021 a presentar nuestras demandas legítimas por la vida y el bienestar de nuestros pueblos.

Estamos dispuestos a un diálogo que permita que nuestra región se mantenga en paz, que permita que nuestra región tenga lo que necesita para que nuestras comunidades vivan y podamos decidir nuestro destino, que permita que Bonafont se vaya de nuestros territorios y nuestra agua y nuestra tierra siga protegida por quienes la hemos protegido durante siglos, como lo estamos haciendo ahora.

Estamos dispuestos al diálogo porque como pueblos no tememos a la honestidad y estamos dispuestos a dar muestras de que nosotros no somos quienes tienen oídos sordos. Pero para que exista el diálogo así como nosotros damos la muestra y el primer paso exigimos que:

1. La empresa Bonafont tenga suspensión de cualquier actividad en la zona.

2. Que no exista persecución a los defensores y ambientalistas de los Pueblos Unidos.

3. Por el respeto a la vida, exigimos que sean liberados inmediatamente los animales que se encuentran al interior de la Altepelmecalli.

4.Que en ese espacio para la palabra y escucha estén presentes los representantes federales y estatales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

5. Que se encuentre presente María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente por parte del Gobierno Federal y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal

6. Adelfo Regino Montes, Representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

7. Miguel Barbosa Huerta por parte del Gobierno Estatal y

8. por parte de la trasnacional Danone, el director general de Bonafont, Mariano Perotti.

Exigimos que este sea un diálogo público. No aceptamos que la postura del gobierno sea que es un asunto entre Bonafont y nosotros, porque con el uso de las fuerzas armadas y policiales en el desalojo los gobiernos se volvieron parte.

Proponemos y hacemos un llamado a la Universidad Iberoamericana – Puebla para que, a través de sus instancias e instalaciones pueda fungir como mediadora dentro de este conflicto socioambiental.

Como Pueblos Unidos, a partir de lo que pueda surgir del diálogo, haremos una autoconsulta en las veinte comunidades que somos, para reafirmar la decisión de los pueblos y definir cuál será nuestro camino.

Invitamos a todos los pueblos, comunidades, barrios, organizaciones, colectivas, grupos, familias y personas a acompañarnos en las acciones globales por la defensa del agua, a la Caravana Por La Vida y la Madre tierra, a las manifestaciones estatales y nacionales, a los mítines y asambleas que tendremos a los largo de las comunidades que conformamos los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes y que estaremos calendarizando próximamente.

ATENTAMENTE

A 20 de febrero de 2022

AGUA TIERRA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

¡Samir Vive, la lucha sigue!

¡Zapata Vive, la lucha sigue!

¡Viva la Altepelmecalli!

¡Vivan los pueblos unidos!

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Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.

Foro de ONGDs Españolas

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Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022

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En noviembre del 2020, los terrenos de la comunidad zoque de San Antonio Canelar, municipio de Rayón, Chiapas, empezaron a agrietarse por las fuertes lluvias provocadas por el huracán Eta. Un total de 22 familias, entre ancianos, niños, mujeres y hombres, se vieron afectados. Ante el riesgo de quedar sepultados bajo miles de toneladas de tierra salieron con sólo lo poco que pudieron llevar. Durante meses, las familias permanecieron albergadas y abandonadas en un ex albergue de la cabecera municipal de Rayón, en condiciones sumamente precarias.

Mientras tanto, 36 familias zoques de Candelaria viven refugiadas en el ejido San José Maspac, de Francisco León, tras haber perdido casas, parcelas y ganado.

En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Además, varias parcelas de cultivo presentan deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza pertenecientes a un total de 232 campesinos.

Diecisiete familias del ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos.

En el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. La escuela secundaria colapsó y la estructura del puente está a punto de tener ese fin.

Ante la indiferencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, las comunidades se han organizado para visibilizar la situación. En el caso de Canelar, lo que solicitan es una dotación de hectáreas para reconstruir la comunidad. Pero las demandas no han sido atendidas y las familias continúan viviendo una situación desesperada en la única hectárea que les fue concedida. La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país.

Los artistas zoques Saúl Kak y PH Joel, de la Galería MUY, en coordinación con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, realizaron el reportaje que presentamos aquí.

En la comunidad de El Canelar, Saúl Kak y PH Joel realizaron el siguiente performance para llamar la atención a la situación desesperada de las familias desplazadas ante la indiferencia gubernamental:

Los niños refugiados de San Antonio Canelar hicieron dibujos recordando su vida en la comunidad y relatando su exilio, mientras niños y adultos de la comunidad dan su testimonio sobre la situación que están viviendo:

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Por Renata Bessi y Aldo Santiago

ONGs conservacionistas, empresas y gobiernos impulsan en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre, las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como una solución a la crisis climática mundial. Sin embargo, dichas soluciones fueron clasificadas como una “peligrosa estafa” por 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 países. “Es un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservación intentan vender”, se pronunciaron en un comunicado.

Desde la perspectiva de las SBN la idea es que las empresas que contaminan paguen a la industria conservacionista para que cerquen bosques o planten árboles. En cambio, las empresas compensarían el daño climático provocado por sus emisiones de CO2 con el carbono absorbido en el área de bosque que mantienen con pagos. Para comercializar este reclamo de compensación de emisiones se utiliza un documento al que se denomina crédito de carbono.

Las organizaciones denuncian que dichas soluciones no atacan las causas reales del calentamiento global, es decir, la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón. La solución, para ellas, está en dejar el petróleo en el suelo y eso no está en discusión en la conferencia.

Además, las SBN generarán la expulsión de los pueblos y comunidades que viven en una relación integral con los bosques. “(…) Cercarán los espacios vitales de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducirán la ‘naturaleza’ a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos climático”, sostienen las organizaciones.

Para comprender de forma más detalla qué son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, Avispa Midia entrevistó a Winnie Overbeek, miembro de la coordinación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, siglas en inglés), organización que, desde hace tres décadas, viene apoyando a las comunidades en los tres continentes con bosques tropicales, que luchan contra las amenazas a sus bosques. “Es nuestro trabajo alertar estas comunidades sobre las nuevas formas de despojo que muchas veces se presentan como soluciones”, dijo.

A continuación presentamos la edición de una larga entrevista realizada con el integrante del WRM.

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