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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 21 de diciembre 2022

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ROMPIENDO FRONTERAS

—WALLMAPU CHILE: Reporte de Radio Kvrruf  sobre los presas y presos políticos mapuche. Se cumplen 25 días de huelga de hambre de los Presos políticos de la CAM que continúan con la movilización exigiendo su Libertad y condiciones carcelarias mínimas. Llaman a solidaridad activa y combativa. Radio Kvrruf.

—PERÚ: Fuertes movilizaciones y represión en las calles de Perú tras crisis política. Gobierno de ultraderecha se impone. Más de 30 personas asesinadas en las manifestaciones. Pronunciamiento continental de Medios de Comunicación Alternativos del Abya Yala en torno a la situación en Perú. RedCoral

—IRÁN: Arrestan en Irán a Mohammad Ali Kamfirouzi, abogado de varios activistas y periodistas. Entre ellxs dos periodistas presas por cubrir el asesinato de Mahsa Amini.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

—SURESTE MEXICANO: Convocan a Caravana y Encuentro Global «EL Sur Resiste» para la defensa del territorio. Entrevista a Mario Quintero miembro de la APIIDT y de la comisión organziadora de la caravana . Noticias de abajo

–CDMX : La posadita rebelde de la ciudad. Otomís exigen vivienda digna al mal gobierno, celebrando su posada frente a las oficinas del zócalo capitalino.

–CDMX MILPA ALTA: Manifiesto en Defensa de la Vida y de nuestras tierras y territorios comunales que hace la asamblea general de comuneros del pueblo de San Pedro Atocpan perteneciente a  la comunidad indígena y agraria de Milpa Alta y sus nueve pueblos. Radio zapatista

Música: Evelyn Cornejo con Planta Medicinal, El derecho de vivir en paz de varios artistas de América Latina.

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Avispa Midia

(Español) Bolsonaro intenta aprobar proyecto que aumentará consumo de agrotóxicos en Brasil

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Fuente: Avispa Midia

En portada: El presidente Bolsonaro y la ministra de la Agricultura, conocida como la musa del veneno por apoyar proyectos que liberan agrotóxicos

Organizaciones de la sociedad civil brasileña alertan que todavía en 2022 el Senado Federal brasileño puede transformar en ley el proyecto 1459/2022, conocido como el Proyecto de Ley del Veneno.

La iniciativa, impulsada por diputados vinculados al agronegocio y por el gobierno actual, abre camino para el uso de nuevos tipos de agrotóxicos, además de los 2 mil ya liberados durante la administración de Bolsonaro, la cual finaliza en este mes de diciembre.

En el caso de que el texto sea aprobado, irá aumentar la cantidad de veneno consumido por los brasileños en los alimentos y dispersado en el medio ambiente, incluso con nuevas substancias comprobadamente cancerígenas y otras que aún se desconoce la acción tóxica en la salud y en el medio ambiente.

El texto prevé la eliminación de partes de la legislación en vigencia que prohíben el registro de agrotóxicos con componentes que provoquen cáncer, mutaciones o disturbios hormonales.

Además, cumpliendo con las demandas del sector del agronegocio, se pretende reducir el tiempo de aprobación de nuevos agrotóxicos y retirar órganos técnicos del gobierno como instancias de aprobación de estas substancias.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Brasil es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, después de China y los Estados Unidos.

Estados como Mato Grosso, donde el uso de estas substancias es intenso, debido a la presencia masiva del agronegocio, son líderes nacionales en casos de cáncer en jóvenes y niños. Las pulverizaciones son consideradas las principales fuentes de contaminación humana y del medio ambiente, según la Fundación Oswaldo Cruz.

De acuerdo con especialistas, si el proyecto es aprobado se va a generar un nivel de contaminación que prácticamente eliminará la posibilidad de existencia de otros modelos agrícolas basados en la producción de alimentos saludables, sin uso de agrotóxicos, como es la agroecología.

Con informaciones de O Eco y DW.

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Avispa Midia

(Español) Miriam Miranda: “Estamos construyendo autonomía frente al capitalismo voraz”

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Fuente: Avispa Midia

Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias

El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.

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Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

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Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.

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La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

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Avispa Midia

(Español) El Mozote: 41 años sin justicia por la peor masacre en Latinoamérica

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

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Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Trajeron a toda la gente a este parque con engaños de que vendría la Cruz Roja”, señala una guía en el memorial de El Mozote donde se registran los nombres de las víctimas. Foto: Juliana Bittencourt.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

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En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Rufina Amaya, campesina sobreviviente de la masacre de El Mozote denunció las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Foto: Juliana Bittencourt

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

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Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

“Meses después de la firma de la paz en 1992, nosotros nos venimos acá”, cuenta una de las guías del memorial de El Mozote quien aún no nacía cuando su madre abandonó el lugar cercado por militares. Foto: Juliana Bittencourt

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

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Avispa Midia

(Español) Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.

Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.

Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.

De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.

Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.

Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.

La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.

La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.

El Salvador

La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.

La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.

Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.

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(Español) Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

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Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

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Avispa Midia

(Español) Periodistas salvadoreños demandan a fabricante del programa espía Pegasus

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, periodistas de El Faro fueron víctimas de espionaje telefónico a través del software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.

El pasado miércoles (30), un grupo de 15 periodistas miembros de El Faro, periódico digital salvadoreño, presentó una demanda ante un tribunal federal de los EEUU contra NSO Group, empresa israelí creadora del programa de vigilancia malicioso conocido como Pegasus.

Representados por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, los periodistas señalan que, durante junio del 2020 y noviembre del 2021, mediante dicho programa se realizaron infiltraciones a sus dispositivos móviles con el objetivo de rastrear sus conversaciones y movimientos de forma secreta.

Mediante comunicado de prensa, el instituto destacó que este caso es el primero presentado por periodistas contra NSO Group en los tribunales de Estados Unidos. En su comunicación, también detallan que, en los últimos años, el programa espía de la empresa israelí se ha utilizado en regímenes autoritarios y de vulneración de derechos de todo el mundo para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.

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Para Carlos Dada, cofundador y director de El Faro, estos ataques fueron un intento para disuadirlos de realizar sus labores periodísticas. “Presentamos esta demanda para defender nuestro derecho a investigar e informar, y para proteger a los periodistas de todo el mundo en su búsqueda de la verdad”, declaró el periodista salvadoreño.

Pegasus es capaz de infiltrarse en teléfonos inteligentes sin ser detectado y tras ello brinda información a los operadores del programa espía sobre las listas de contactos, información de calendario, mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de búsqueda, geolocalización, etc.

El 24 de septiembre del 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dedicó parte de su conferencia para descalificar a El Faro e indicó que Hacienda investigaba al periódico por evasión de impuestos y lavado de dinero.

Acorde a la demanda, los ataques con el programa espía contra El Faro son parte de una acción mayor en contra de otros medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en la que se contabilizan, al menos, infiltraciones a los dispositivos de 35 personas y nueve organizaciones.

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El periódico digital, con sede en El Salvador, destaca por su trabajo de periodismo de investigación sobre temas de derechos humanos, desigualdad, violencia y corrupción gubernamental. Por su parte, NSO Group, con sede en Israel, desarrolla programas espía que comercializa con gobiernos a nivel mundial, incluidos aquellos que han estado implicados en graves abusos de derechos humanos.

La demanda argumenta que, con sus acciones, NSO Group violó diferentes leyes estadounidenses como la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley Integral de Fraude y Acceso a Datos Informáticos de California.

En la demanda se detalla que, para que NSO Group pudiera desarrollar Pegasus, sus miembros accedieron a servidores propiedad de empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Apple Inc, ubicada en Cupertino, California. “Los acusados accedieron a los servidores de Apple para identificar y explotar vulnerabilidades en el software y los servicios de Apple, para permitir la entrega de Pegasus a los iPhones de los objetivos”, se lee en la documentación que integra la demanda.

Cabe recordar que, en noviembre de 2021, Apple demandó a los desarrolladores de Pegasus desde EEUU, afirmando que, a través del desarrollo y despliegue del software espía, habían explotado el software y los servicios de Apple, dañado su negocio y buena voluntad, y perjudicado a sus usuarios.

“El uso de programas espía para vigilar e intimidar a periodistas representa una amenaza en verdad urgente para la libertad de prensa”, sostuvo la abogada Carrie DeCell. La litigante del Knight First Amendment Institute también exigió a los tribunales estadounidenses cumplir con su deber en garantizar que los desarrolladores de programas espía rindan cuentas de sus acciones cuando estas violen la legislación de los Estados Unidos, como argumenta que ocurrió en las infiltraciones contra los miembros de El Faro.

La demanda presentada por los periodistas exige que NSO Group identifique, devuelva y borre toda la información obtenida mediante estos ataques; la prohibición a la empresa israelí para utilizar Pegasus de nuevo contra los demandantes, así como la identificación del cliente que ordenó las infiltraciones contra el medio digital.

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“NSO Group y otros desarrolladores mercenarios de programas espía están suministrando a los gobiernos autoritarios las herramientas para sofocar la disidencia y aplastar la libertad de prensa”, señaló Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight Institute.

Por su parte, Ron Deibert, profesor de Ciencias Políticas y director del Citizen Lab, organismo que identificó 226 infecciones de Pegasus en los dispositivos utilizados por los empleados de El Faro, declaró que este tipo de litigio puede contribuir a “disuadir este desprecio insensible por los derechos humanos tanto por parte de NSO Group como de todas las empresas de la industria mercenaria de programas espía”.

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Avispa Midia

(Español) El costo social y ambiental de la megaminería de litio en Argentina

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Fuente: Avispa Midia

Por Darío Aranda

Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales en Argentina rechazan la megaminería de litio. Afirman que destruye ecosistemas vitales contra el cambio climático, viola derechos humanos, pone en riesgo el agua y desmienten que se trate de un mineral necesario para la “transición energética”, como se le suele publicitar.

“Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua”. Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. “¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio”, remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.

Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).

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Avispa Midia

(Español) Derogación de Ciudades Modelo en Honduras provoca amenaza de Estados Unidos

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.

Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.

La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).

En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.

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Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.

La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.

Presión

La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.

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“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.

Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.

En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.

Agresiones

Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.

Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.

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Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.

Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.

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(Español) Sólo sé que no es Marx, es más bien Bakunin

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Después de la revuelta y la coyuntura constituyente, por su vigencia, compartimos análisis publicado por Grupo Anarquista Germinal de Concepción.


Hoy es el tiempo de las organizaciones, de los colectivos, de las capuchas y de las horizontalidades. El gobierno no entiende que esto es una lucha que comenzó mucho antes del regreso a la democracia, ya que era una lucha por la cual nos levantamos pobladores y pobladoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, dueñas y dueños de casa, niños, niñas, y jóvenes que queríamos un nuevo Contrato Social que incluyera a todos y todas. Pero al final ¿Qué obtuvimos? Un pacto social a nivel de partidos políticos, el cual no incluyó a nadie más que a ellos mismos. Es más, han estado legislando acuerdos que les han beneficiado y a través de ellos a las grandes fortunas de Chile. Ya lo decíamos a fines de los 80, que lo que nacía era una partitocracia, ya que la única forma que se observa y se permite para representar o ser representante es a través de los partidos políticos.

En los 90, se gestó una nueva forma de relacionarse y actuar, la cual cuestiona la estructura autoritaria y excluyente de las organizaciones tradicionales. Sin embargo, con prácticas traídas de los años 80´s, se han construído organizaciones que lentamente han sido cooptadas e impregnadas de autoritarismo y falsos liderazgos (no es que haya un liderazgo verdadero). Sin embargo, aún existen organizaciones que su objetivo sigue siendo el Contrato Social inclusivo, y son estas quienes se manifiestan sin líderes, sin dirigentes y logran permear a la sociedad toda, que lentamente va descubriendo su fuerza y su solidaridad de lucha.

Esta lucha en casi 4 semanas ha logrado visibilizar de forma activa y preocupante las demandas más urgentes, que nada tienen que ver con los $30, y algo que muchos de los saqueadores están haciendo es reaccionando y devolviendo lo robado a la gente, como el caso de las aguas donde había ríos secos, con gente sin poder alimentar a sus animales o mantener sus cultivos, mientras un señor mantiene muchas hectáreas muy bien regadas. Hoy, así como esos ríos que retoman su caudal, el pueblo en su conjunto, a través de las organizaciones sociales y populares, lejos de partidos que han sido durante muchas decadas directores de las luchas, también ha comenzado a caminar en una vía de autorepresentación, el tomar la acción y la palabra, apuntando a los cambios profundos que cuestionan este modelo de capitalismo radical.

Como anarquistas, vemos que esta manifestación de protesta ha logrado generar un cambio de paradigma en la lucha social, ha mantenido una revuelta atacando símbolos económicos que son el sosten de este sistema, ya no en crisis, sino definitivamente en derrota, de la misma forma que los liberales se refieren al socialismo de Venezuela como un sistema que no da respuestas, de igual forma el liberalismo chileno, tampoco da respuesta, ya que está construído sobre una ilusión ideológica impuesta por las armas y mantenida por el endeudamiento individual.

El pueblo y las organizaciones horizontales y de afinidad, han logrado mantenerse en la calle con y a pesar de los milicos, lejos de disminuir las manifestaciones, han aumentado, con mucha gente que se ha sumado contra la represión policial.

Pensamos que paralelo a la manteción de las barricadas y la protesta en los centros de las ciudades, es necesario avanzar en activar y organizar asambleas populares, reales, e ir definiendo las estrategias y los planteamientos de lucha con diálogos, con territorios liberados de represión y del poder estatal. Un pliego de Chile mínimo con el cual avancemos a una nueva restructuración de la sociedad: más solidaria, más activa y combativa.


Segunda parte.

El estallido/revuelta del 18 de octubre, viene a ser una expresión del desagrado/odio a los permanentes desprecios de la oligarquía y las élites, no solo las políticas, sino las económicas, militares y gubernamentales. Sin embargo, ¿Basta la rabia o el hastío para iniciar una revuelta? ¿Una revuelta puede ser el inicio de una revolución?

Estas dos preguntas me han dado vueltas desde marzo del 2020, cuando la revuelta disminuye con la pandemia y volvemos a casa de forma obligada (o en realidad como un acto disciplinario). Esta vuelta a casa, está acompañada de deseos de transformación en algunas de las propuestas o demandas como son las pensiones con el fin de las AFP, educación igualitaria y gratuita, libertad de los presos en la revuelta o simplemente, poder ser parte y disfrutar de este modelo de desarrollo, ya no como observadores sino beneficiados de los productos de este jaguar latinoamericano o de nuestro pequeño oasis neoliberal.

En simple, el estallido/revuelta desnuda las diversas expresiones sociales, y los saqueos no fueron por parte de los manifestantes que estaban en las marchas, sino de grupos que ya habían probado que en los momentos de inestabilidad sea por causas naturales como fue el 27-F, el saqueo es una forma rápida de acceder a los productos negados, no sólo los básicos, sino los de placer, la mercancía ya no escindida sino incluida, que este capitalismo ofrece. Por otro lado, los que han mantenido una propuesta revolucionaria al estilo siglo XX, también se sumaban a quemar las calles, o como me gusta decir, iluminar la oscuridad. Este estallido, dio posibilidad de poner en acción tácticas de milicia popular urbana, atacando comisarias, donde se sumaron algunos jóvenes y otros no tantos donde expresar el odio a la representación más dura del Estado como es la policía. Pero los que más se hicieron presente fueron aquellos, que bajo una disciplina controladora como diría “Foucault” de la organización sindical o gremial, quienes marchaban en una expresión simbólica de rotación a las calles, pero que, llegada la hora se retiraban, dejando paso a quienes estaban en la espera de tomar la plaza y defenderla durante horas, las primeras líneas de defensa.

En este grupo, aparece el pueblo, no el militante, ni el activo, sino el marginal, el que no cabe en un sindicato, ya que su trabajo es part time, o por cuenta propia, excluido del mundo revolucionario tradicional, aquel que no responde a orgánicas, sino que construye relaciones en el campo mismo, organizando, planeando la estrategia de lucha, levantando barricadas con los adoquines. Explorando nuevas formas de expresión y sobre todo compartiendo espacios afectivos, muchos como primera vez, confiando y apoyando/se con otros iguales. También, el arte sale a la calle, como expresión cultural, murales, fotografías, conciertos en las esquinas, Bach, Mozart, Wagner, Violeta Parra, Víctor Jara suenan entre violines y chelos, entre flautas y pianos, toda una fiesta cultural, donde cada uno, aporta desde su quehacer. Son los primeros días de la revuelta, el campo de Guerra del enemigo poderoso e imaginario, el terror de la oligarquía a perder sus privilegios y sus prestigios, o súper 8.

Las luchas populares llevadas a los centros neurálgicos de las ciudades, por aquellos excluidos, tanto social como político y económicamente, se expresaban en pequeños triunfos, el lograr que la policía no ocupe los espacios liberados de acción cultural: la radio, las ollas comunes, los grupos, los “fumetas” y otros que ocupaban la plaza como nunca habían podido hacerlo.

La no existencia de banderas, no era una regla, sino una consecuencia que los militantes, muchos, no estaba de acuerdo de participar en espacios des-orgánicos o donde los acuerdos partieran desde la plaza o desde los Tribunales y no desde las mentes preclaras de comisiones políticas o comités centrales. Por tanto, la no presencia de banderas partidarias es un adelanto de lo que vendría con la firma del acuerdo del 15 de noviembre. La desconfianza de la realpolitik que salvó a Piñera y de paso a la democracia en crisis. Mejor un político de carrera que un pueblo inexperto en artes del poder.

No solo los partidos quedaron fuera de la calle, sino también la iglesia. Los símbolos para estatales por antonomasia, fueron rechazados hasta la expresión ardiente de sus acciones quemando mobiliarios eclesiásticos o de algunos partidos, sobre todo de derecha. Ni los curas, ni los pastores, ni los dirigentes políticos estaban presentes, ya que, este estallido/revuelta era una expresión de los que siempre han estado abajo, junto a quienes mueven la economía. Podría ser, sin serlo, una revuelta con ribetes de clase, donde la famosa clase media se amalgamó con la clase trabajadora y con lo popular. Todos juntos levantando barricadas contra la represión.

Sin embargo, al igual que una rabieta infantil, la expresión violenta de la acción y la palabra genera un gasto de energía, la cual tiende a volver a un punto anterior. Baste hacer la siguiente observación: hoy son pocos quienes dicen que estuvieron en la calle en el estallido/revuelta.

Al igual que en aquellos países, donde la posibilidad de revolucionar lo social fue llevado a la practica en su forma mas expresiva, en la revuelta. La sociedad, sobre todo aquella que responde a los ausentes de este evento/episodio social tienden a buscar un equilibrio político, en realidad lo imaginado como deseo, pero que hace que el poder y sus expresiones se fortalezcan y profundicen su radicalidad, ejemplo, las largas prisiones preventivas de los jóvenes detenidos en el estallido, muchos sin pruebas y otros solo con evidencias inventadas por los pacos intra marchas. Pero ahí están, presos aún, a tres años. El estado debe enviar su mensaje a los rebeldes, a los que traten nuevamente de levantarse contra la elite. Esta vez no hubo desaparecidos o ejecutados de forma masiva, pero si muchos mutilados y asesinados.

Se podrá decir que el estallido/revuelta no llegó a ningún lado, pero, al igual que la rabieta del niño, el estado debe revisar su practica al igual que las oligarquías velar que las diferencias sociales no sean tan drásticas. No es solo la pobreza, sino la exclusión y este proceso aun no termina, aun estamos afilando los dientes.

SEGUIR LA LUCHA HASTA QUE SE VAYAN TOD@S, ORGANÍZATE PARA LUCHAR NO PARA DIRIGIR.

Grupo Anarquista Germinal.

Concepción Chile.

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