Por EdenBeats

Pasaron dos años de las mayores protestas registradas en la historia reciente de Colombia y quienes sufrieron lesiones físicas y psicológicas por cuenta de la violencia policial siguen exigiendo que se sepa quiénes fueron los responsables y se les sancione, mientras la justicia es para estas personas tan esquiva como su derecho a una atención digna en salud.

Al menos 116 personas fueron víctimas de lesiones oculares por cuenta de la represión con la que el gobierno de Iván Duque intentó silenciar el descontento de la población. La pérdida de sus ojos sigue siendo un doloroso recordatorio de lo que ha significado para los jóvenes enfrentar su indignación y compromiso por lograr una sociedad más justa con la fuerza bruta y el abuso como respuesta estatal.

“¡Mis ojos!”

Cuando estallaron las protestas en la ciudad de Pasto, al suroccidente de Colombia, Clara* era estudiante y, aunque nunca pensó en manifestarse en la calle, las agresiones de la Policía a los jóvenes que protestaban la llevó a salir a acompañarlos:

“Al principio quería como dedicarme a mirar, acá en la casa o así en la web, pero cuando sentí que ya era mucha gente dije: ‘la gente está poniendo de acuerdo, es verdad’ […] Miré una peladita [joven] que estaba en la plaza del Carnaval y un muchacho grabando. ¡Y taz! [le dispararon] a la muchacha con un gas lacrimógeno en la cabeza […] unos 18 a 20 años […] era jovencita […] Yo miré ese video y dije: ‘mierda, ¿qué pasó aquí?’. Entonces, como que ya empecé a salir a las manifestaciones, pero sola”.

Pasaron los días y la pelea en la calle no hacía sino crecer en todo el país. Clara ya no solo era una observadora sino que participaba activamente en el movimiento de los jóvenes y las Primeras Líneas, en sus reuniones en los cierres de vías y manifestaciones, tomando las precauciones que podía ante la violencia de la Policía: “Nosotros ya salíamos protegidos con escudo, casco, y gafas [de protección]. Sabíamos cómo se maneja la Fuerza Pública”.

Lamentablemente, nada la preparó para lo que pasó el 9 de junio de 2021. Según recuerda, ese día no pudo comer en la olla comunitaria que habían organizado otros muchachos como ella porque el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía la destruyó y arruinó los alimentos, y el cansancio ya se iba apoderando de su cuerpo. Esa noche el ataque de los uniformados fue especialmente brutal contra los manifestantes:

“Me di cuenta de que las gafas estaban empañadas y entonces dije: ‘[hay que] salir corriendo de aquí…’, porque ya se estaban preparando los del ESMAD para seguir disparando. Bajé las gafas un poquito para limpiarlas y cuando yo subí [la cara] el de la Policía ya estaba así [apuntándome]. Fue tan raro porque yo miré cómo se venía la ‘esa’ [granada de gas]. O sea, directo, en milisegundos que uno no alcanza ni a reaccionar ni nada. Uno queda así como en la nada […] Dije: ‘¡mis ojos!’, y ya, hasta ahí”.

Esa noche Clara perdió casi totalmente la vista en su ojo derecho y afronta graves problemas de salud desde entonces.

De acuerdo con la Casa de la Memoria, una coalición de defensores de derechos humanos surgida con ocasión del estallido social en Pasto, esa noche se reportaron 14 personas con lesiones físicas causadas por el exceso de fuerza del ESMAD, varias de ellas por disparos de diversos tipos de armas a la cabeza de los jóvenes.

La cosa no paró allí. Según Clara, la Policía se ensañó contra las personas heridas y los manifestantes tenían graves sospechas de que agentes de civil estaban suplantando al personal médico: “en ese tiempo hasta en las ambulancias estaban llevando por allá los chicos y les estaban dando… ¡qué golpizas!”. Por eso se negó a ser atendida por la Cruz Roja: “se dieron cuenta [los socorristas] de que yo era de Primera Línea, entonces dijeron: ‘uds. no se puede ir en ambulancia, toca en moto’”.

Disparos sistemáticos a la cabeza

Cinco semanas antes, dos jóvenes de Bogotá vivieron la misma tragedia: perdieron uno de sus ojos por el impacto de objetos disparados por la Policía hacia ellos.

El 1 de mayo de 2021 Daniel Jaimes llegó al sector de Marichuela en la localidad de Usme, al sur de la capital colombiana, para participar en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y manifestarse en contra de “el abuso policial, la privatización de la educación, la reforma tributaria, todas las reformas que se estaban lanzando en ese momento. Fue algo que nos hizo sentir afectados como comunidad”, según recuerda.

Esa noche un agente del ESMAD le disparó una granada de gas lacrimógeno al rostro y le generó graves lesiones que, por desgracia, no fueron atendidas oportunamente y lo llevaron a perder su ojo derecho.

Durante semanas tuvo que enfrentar demoras en la atención para su salud y barreras para recibir el tratamiento adecuado. A esto se sumó que el Hospital El Tunal, donde fue remitido inicialmente, no tenía especialistas para este tipo de lesiones y tuvo que ser remitido al hospital de Facatativá. Asegura que “en un mes recibí tres cirugías a nivel facial, también se vio afectado mi ojo derecho, mi nariz, mis pómulos, los pisos orbitales. Tuve una hemorragia en mi ojo izquierdo y una alta probabilidad de quedarme ciego”.

Después de un mes tuvo que continuar con el procedimiento en otro centro de salud, pues “la cirugía que me habían realizado no fue muy buena”.

Ese mismo 1 de mayo, Juan Pablo Fonseca también salió a manifestarse, pero en la localidad de Usaquén al norte de Bogotá. Asegura que participó en las protestas debido que “ya veníamos con varias dificultades desde 2019 y 2020, haciendo presión para que fueran escuchados los jóvenes, se pedía una serie de cambios”.

Como Clara y Daniel, Juan Pablo también fue víctima de trauma ocular por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a su rostro. El joven, que en esa época era auxiliar de cocina, asegura que “afortunadamente […] tuve una atención pertinente para la gravedad de lo me había pasado: en 15 días ya había tenido 5 cirugías. Fue importante en su momento porque tenía la posibilidad de perder la vida”.

No obstante, no duda en señalar lo difícil que fue el proceso por la gravedad de las heridas que le causó la Policía en la cabeza:

“Fue muy doloroso porque las fracturas que tuve en la mandíbula, en la parte de los músculos, no me dejaban abrir la boca. Entonces, yo solo me estaba alimentando con líquidos y ya había perdido casi 17 kg, llegué a pesar casi 42 kg. Llevaba un mes hospitalizado […] Para la reconstrucción maxilofacial me abren por la parte coronal de la cabeza, tuvieron que levantar el rostro para empezar a reducir las fracturas, fueron aproximadamente 72 puntos, entonces el dolor era constante, tenía un catéter conectado para poder eliminar la sangre que estaba en el cerebro y que no tuviera coágulos”.

Actualmente, Daniel y Juan Pablo hacen parte del Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares (MOCAO), una iniciativa para que las víctimas de lesiones oculares puedan denunciar lo ocurrido y seguir exigiendo justicia.

Meses después la violencia policial siguió, a pesar de los llamados por parte de las Naciones Unidas al gobierno Duque para detener los ataques a los manifestantes y garantizar justicia para las víctimas. El 26 de agosto de 2021, David Racedo fue herido en Bogotá cuando protestaba en la localidad de Usme de Bogotá. Al igual que en los casos mencionados anteriormente, él también perdió uno de sus ojos por un objeto disparado por los uniformados, según recuerda:

“El ESMAD comenzó a lanzar gases indiscriminadamente y soy afectado en mi ojo derecho por una bala de goma […] Empiezo a sangrar y los jóvenes de la Primera Línea empiezan a gritar: ‘un herido’. Me ayuda la misma comunidad”.

David asegura que primero fue trasladado al hospital Meissen y no recibió allí mayor atención médica porque “no había especialistas en el área de oftalmología, entonces, al otro día me remiten al hospital El Tunal. Allí me revisa un oftalmólogo y me dice que es una herida grave pero que no tenían los especialistas”. David finalmente fue atendido en el hospital Simón Bolívar.

Para Carolina, una defensora que participó en el comité de verificación de derechos humanos en la localidad de Usme, “las exigencias eran bastante básicas: oportunidades laborales, un trabajo estable, alimentación”, pero el gobierno Duque se negó completamente a escuchar a los jóvenes. “Ellos [las autoridades] tenían la posibilidad de parar todo lo que ocurrió, hasta la muerte de personas. Hubieran podido parar la pérdida ocular de estos jóvenes. Esto se pudo evitar”, asegura.

Solidaridad

A pesar de todo esto, lo que salvó incontables vidas durante el paro nacional de 2021 fue la solidaridad. Por todo el país, decenas de voluntarios y profesionales de la salud se unieron para proteger a los heridos y brindarles apoyo. Sin embargo, las afectaciones físicas, económicas y mentales dejaron una profunda huella en las víctimas y sus familias, quienes enfrentan dificultades y luchan contra el olvido.

En Pasto los grupos de socorristas voluntarios y defensores de derechos humanos trasladaban a las personas que resultaron heridas a la Casa de la Memoria, donde recibieron refugio y primeros auxilios. Martín*, un voluntario que atendió allí a cientos de heridos, afirma que llegaron a tener “cuatro, cinco, seis, siete, camillas” pero que después no fueron suficientes. Agrega que la mayoría de las lesiones eran heridas abiertas por golpes de objetos, intoxicaciones por inhalar gas lacrimógeno e impactos directos a la cabeza. Según recuerda:

“Hubo un chico […] le dieron estando a 5 metros en el rostro. Creo que cuatro o cinco dientes perdió y estaba inflamadísimo. Le dieron directamente en la cara. A otros otros les dispararon en el pecho: uno casi se nos muere porque no podía respirar”.

Desde la Casa de la Memoria, los heridos que necesitaban atención hospitalaria eran remitidos en ambulancias, pero la mayoría de estas fueron pagadas por las personas que se solidarizaban con la protesta porque, según Martín, las autoridades no ofrecieron ayuda alguna: “acá pasó algo particular y es que desde la alcaldía [de Pasto] nos decían que no había ambulancias. De hecho, hubo gente que pagó ambulancias [privadas] para llevar muchachos porque las ambulancias de la alcaldía nunca [aparecieron]”.

Clara asegura que el apoyo que recibió de los voluntarios médicos fue vital para evitarle complicaciones mayores y hasta para costear su tratamiento:

“Cuando [el doctor] me miró, [dijo]: ‘esto es de urgencias […] ¿Ya usted tiene la plata?’ […] Imagínense una cirugía de esas, porque fueron como cuatro a la vez en una, y yo creo que por ahí ya esa cosa va estando en sus seis o siete millones [de pesos]. A mí me tocó pagar como $400.000 no más y eso me lo ayudaron […] mucha gente me ayudó”.

Gracias a este apoyo y a la oportuna intervención quirúrgica que le realizaron, en la que se reemplazó parte de su humor vítreo por un sintético, Clara se salvó de la pérdida de su ojo derecho pero no puede ver por este y necesita de la atención de un médico especialista que no hay en Pasto: “imagínense la fila que tienen, entonces, la gente trata de irse como a Bogotá”, asegura.

Sin embargo, la solidaridad que permitía atender a los jóvenes heridos en la Casa de la Memoria también suscitó el acoso de la Policía, según recuerda Martín:

“Venían como en una actitud también amenazante, como que ‘bueno, ¿acá qué está pasando?’, y había rondas constantes de la Policía. Como siempre estaban pasando […] en un momento ya les dijimos: ‘sí, acá tenemos heridos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros los dejamos afuera tirados es omisión de socorro y eso es un delito”.

Aun así, allí no terminaban las agresiones a las personas heridas. Una vez entraban al sistema hospitalario tenían que soportar el acoso de los policías que iban allí a buscarlos entre los pacientes.

Alba*, médica en un hospital de Pasto, asegura segura que en muchos casos la gente llegaba al hospital con traumas craneoencefálicos por golpizas en la cabeza y que hubo ocasiones en los que los agentes llegaban hasta allí para preguntar a los vigilantes por personas heridas en cabeza, brazos y piernas, a lo que varias personas del centro de salud se opusieron por el riesgo que esto suponía para los pacientes. Esto llevó a la creación de una red solidaria entre el personal de salud, según relata Alba:

“Empezamos a hablar con respecto a lo del paro, con respecto a las personas que hacen parte de este paro, sí, porque realmente nosotros no teníamos la visión de que los chicos y las chicas de las líneas eran, como la gente los llamaba, vándalos y gamines”.

Una violenta desatención

Para las víctimas y sus familiares, las lesiones oculares significaron cambios muy duros. Esto, de un lado, porque este tipo de heridas son inocultables, lo que implica sufrir un estigma social que siempre refiere al momento de la agresión; y, de otro, por las barreras para la atención que mantiene el sistema de salud colombiano y la situación de abandono en la que se encuentra la mayoría de hospitales del país.

Al respecto, Alba asegura que para los jóvenes que atendió esos cambios eran notorios:

“Ellos decían: ’es que [ahora] me siento como un viejito, que tengo que estarme echando las gotas cada hora, que tengo que estar tomando el medicamento’; y la adaptación de la familia también a ellos, a esas nuevas rutinas de empezar a pelear con la EPS, endeudarse para [comprar] los medicamentos”.

Por su parte, Daniel Jaimes manifestó que a pesar de estar afiliado al sistema de aseguramiento en salud como beneficiario, los costos de tratamiento han sido muy altos y que los medicamentos no le han sido suministrados a tiempo. Según relata, esto llevó a la familia a vender parte de sus pertenencias para poder pagar estos costos:

“Les tocó hacer rifas, vender cosas para que yo pudiera tener mi asistencia médica. Me sentía una carga para mi familia, me sentía mal, tuve muchas recaídas emocionales, depresiones. [Por esto] puedo decir que de víctima me fui convirtiendo en activista social”.

Carolina denuncia que hubo falta de atención en el sistema de salud porque las personas heridas al momento de ingresar a los centros médicos se encontraban con una misma respuesta: “si eran integrantes de la Primera Línea o [estaban allí] por protestas no les podían atender. Nos pasó en el CAMI de Santa Librada, no les atendieron”. Agrega que muchos obtuvieron atención pero haciendo pasar las lesiones por accidentes de tránsito: “para que recibieran una atención inmediata muchos compañeros ingresaron como una situación del SOAT [Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito]”.

Después de salir del hospital las víctimas no recibieron un acompañamiento profesional adecuado ni un seguimiento adecuado por parte del sistema de salud, viéndose obligadas a esperar hasta que las EPS tuvieran un espacio para consulta con un especialista. Así, a la situación de violencia policial que causó sus lesiones se sumó a una revictimización de parte del Estado por negligencia en la atención en salud que estas personas siguen cargando sobre sí.

Al respecto, Paulina Farfán, coordinadora del área de Democracia y Protesta del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización defensora de derechos humanos que hace acompañamiento jurídico a varios casos de lesión ocular, afirma que:

“Los jóvenes tienen dificultades para acceder a su atención médica, no les entregan medicamentos, tienen retrasos con las cirugías. Este tipo de cosas suceden un montón en los casos de lesiones oculares porque manifiestan [las EPS] que son cirugías muy costosas”.

El ESMAD y sus excesos

La violencia policial fue tal que la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, y luego de analizar miles de audios, videos, fotografías y testimonios individuales y colectivos pudo “constatar” que la respuesta del Estado a la protesta social se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que en muchos casos fue letal.

Según datos del Ministerio de Defensa del gobierno Duque, durante los tres meses que duró el estallido social de 2021 el ESMAD fue desplegado 1.653 veces y 24 civiles habían resultado asesinados y otros 1.147 lesionados en el marco de las protestas. Sin embargo, dicha cartera no informó nada sobre quiénes eran los responsables ni sobre los tipos de lesión, pero sí que la Policía procedió rápidamente a judicializar al menos a 224 personas, 80 de las cuales recibieron medidas de aseguramiento. Hoy decenas de jóvenes siguen privados de su libertad o vinculados a procesos penales interminables por haber participado en estas protestas.

No obstante, el balance que presentan las organizaciones defensoras de derechos humanos es muy diferente. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz) informó que, entre abril y julio de 2021, 83 personas fueron asesinadas, siendo la Fuerza Pública la presunta responsable de 44 homicidios.

Mientras Indepaz presenta 93 heridos oculares, el informe “Represión en la mira”, elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, MOCAO y el Centro de Atención Psicosocial, informa un número mayor:

“De los 116 casos, 12 fueron cometidos contra mujeres, 70 fueron hacia hombres y en 34 no se logró establecer la identidad de género […] La no identificación de las víctimas en muchos de los casos se debió a la prevención y el temor de que pudieran ser judicializados”.

Solo en Pasto la Casa de la Memoria reporta que entre el 28 de abril y el 9 de junio de 2021, la Policía es responsable de 476 detenciones arbitrarias, 233 lesiones físicas, 17 amenazas, 2 casos de tortura, 1 agresión sexual y 2 atentados. De las personas lesionadas 191 fueron hombres y 41 mujeres, y 61 sufrieron lesiones en la cabeza, representando 26% de quienes resultaron heridos.

Tanto las cifras como los testimonios de Clara, Daniel, Juan Pablo y David, ocurridos en lugares y fechas diferentes, demuestran que durante el estallido social de 2021 existió un patrón en la actuación de la Fuerza Pública para apuntar a la cabeza armas de fuego, como lanzagases y escopetas, y disparar con ellos gases lacrimógenos y municiones de impacto, como balas de goma y otros proyectiles, que produjeron lesiones en ojos, cara, cráneo y mandíbula de los jóvenes que protestaban.

Dos años adaptándose

Los daños causados por este tipo de criminalidad estatal han dejado daños profundos en las víctimas, tanto por las lesiones en su cuerpo como por los impactos psicosociales que han tenido que afrontar durante y después de sus tratamientos médicos. En el caso de quienes han sufrido lesiones oculares, reconstruir su proyecto de vida y retomar sus actividades cotidianas ha tenido una dura carga de aprendizaje de algunas habilidades básicas. Al respecto, Juan Pablo Fonseca, señaló que este proceso no ha sido fácil y explica cómo lo ha sobrellevado:

“Con esta violencia sí se pierden los sueños, se modifica la vivencia de uno. No es fácil vivirlo ni asimilarlo. Vivir con esto también es un aprendizaje constante: cómo movernos, cómo recuperar nuestra motricidad, cómo trabajar con esos 90° de ángulo y no con 180° [de campo visual]. Puede ser complejo no ver por el lado derecho, saber que no hay nada ahí. Es algo que se aprende con el tiempo y se seguirá aprendiendo. La idea también es fortalecer esa introspección hacia uno mismo”.

Para otras personas como Daniel Jaimes, fue su voluntad de continuar como artista y su sueño de ser tatuador lo que le ayudó en su proceso:

“Los sueños que yo tenía en ese momento se vieron opacados, pero con mi fuerza de voluntad, la ayuda de psicólogos y [después] de conocer varias víctimas de lesiones oculares, sigo con mi proceso de tatuar. Eso me ayudó muchísimo”.

Asimismo, David Racedo asegura que se ha adaptado para atender público, debido a que trabaja en el comercio, y que ha tratado de afrontarlo de manera positiva junto a su mamá e hija, a pesar de lo difícil que es:

“Al principio me sentía un poco deprimido: que la gente me viera con ese nuevo aspecto que tenía, con una herida tan grave y en el rostro […] Yo sabía y era consciente de que eso dependía de mi actitud”

Por su parte, Clara había ahorrado junto a varios amigos y logrado comprar una máquina de impresión 3D para su negocio antes del Paro Nacional, pero luego de la agresión de la Policía le es difícil trabajar y tiene deudas. La pérdida casi total de la visión por el ojo derecho hace que el izquierdo tenga que hacer un esfuerzo al que no está acostumbrado, por lo que ha tenido que adaptarse a unos dolores de cabeza que califica de “inmundos” cuando no usa un parche para cubrir el órgano lesionado.

Además, esta situación es todavía más difícil cuando trata de calibrar los espejos de la impresora 3D o de pasar periodos largos frente a la pantalla del computador o tatuando, por lo cual trabajar es todo un reto. Clara asegura que “para los tatuajes, para la pintura y el aerógrafo se me ha hecho recomplicadísimo. Igual con el computador, tampoco puedo usarlo mucho tiempo. Entonces, me ha tocado más aprender, por así decirlo”.

Pero no todos han podido adaptarse. De acuerdo con los integrantes de MOCAO, el llevar una lesión ocular toda la vida tiene unas implicaciones y más sin una atención integral. A esto se suma la carga social y el estigma por parte del Estado. En este sentido, Juan Pablo Fonseca expresa lo revictimizante que es todo el proceso:

“Después de que uno pierde su ojo empieza a encontrar unas consecuencias más altas. La falta de atención psicosocial […] Nos tenemos que someter a la estigmatización por todas las instituciones del Estado: salud, laborales, Justicia. Evidenciamos una tortura sistemática”.

En la misma línea, Paulina Farfán explica que estos traumas oculares generan otros impactos graves sobre la salud, el bienestar psicosocial y la vida de las víctimas. Esto, según explica, van más allá del simple abuso policial:

“Tenemos algunos elementos para considerar que es una tortura: se presenta un daño tanto físico como psicológico, hay unos patrones que evidencian intencionalidad [porque] gran parte de las lesiones oculares fueron ocasionadas con gases lacrimógenos [a los cuales] se da un uso antirreglamentario, y un fin [porque] existe un amedrentamiento, existe un castigo contra quienes ejercen su derecho a la protesta social”.

Por su parte, Carolina afirma que muchos de quienes salieron a la calle en 2021 para protestar por sus derechos y resultaron lesionados hoy lidian con cicatrices profundas también en sus emociones, mientras demandan que se atienda su salud mental para evitar más tragedias:

“Al no solucionarse las condiciones [de subsistencia de estas personas] y hoy seguir buscando la manera de resolver la vida, eso ha generado en los jóvenes unos problemas de salud mental muy fuertes, al punto de perder completamente el sentido de la vida. Aquí en Usme una compañera de 17 años decidió irse [suicidarse]. Es muy difícil y muy duro vivir en estas condiciones como están”.

La doctora Alba ve este mismo problema de salud mental y considera que:

“Hay algunos de ellos que realmente uno no mira que vivan realmente: mueren a diario, mueren en sus ilusiones, mueren en todos su ser […] O sea, viven en la muerte […] A a esto se le suma el olvido desde nosotros como sociedad: fueron los chicos que en su momento enfrentaron situaciones duras, ¡sí que fueron!, y les llamábamos héroes y ahora están totalmente olvidados”.

Rehaciendo la vida en medio de la impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su primer informe de seguimiento publicado en 2023, señaló la poca atención que el Estado colombiano ha prestado a las recomendaciones de dos años atrás y le hizo un llamado para que investigue y sancione a los responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias sufridas por civiles en el marco del estallido social de 2021. En especial, el organismo llamó la atención sobre la impunidad en los casos de centenares de heridos y en particular de las personas con trauma ocular por cuenta del uso indebido de armas de baja letalidad por parte del ESMAD y los excesos de la Fuerza Pública durante las jornadas de protesta.

Han pasado dos años y en muchos de los casos las investigaciones son nulas y pocos los avances. Algunos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y en las imputaciones de delitos, cuando se llega hasta allí, se toman estas actuaciones como lesiones personales. Para MOCAO, las víctimas se enfrentan a la poca voluntad de los operadores de Justicia para investigar con imparcialidad los casos y sancionar a los responsables. Sobre esto, Paulina Farfán afirma que:

“Tenemos tres casos de lesión ocular en los que se ha condenado al Estado o se le ha otorgado esa responsabilidad al ESMAD. Resultan estos tres casos históricos, pero son de bastante tiempo atrás, entonces, podemos ver los altísimos niveles de impunidad”.

No obstante, lo más preocupante para la defensora de derechos humanos es que en estos únicos tres casos no hay una responsabilidad penal. “No hay una individualización de esa responsabilidad, no hay una responsabilidad institucional”, asegura Paulina.

Hoy, las investigaciones por presuntas faltas disciplinarias no avanzan, aunque en 2021 la Inspección General de la Policía informara de 218 investigaciones disciplinarias abiertas: “103 por abuso de autoridad, 16 por homicidio, 25 por lesiones personales, 41 por agresiones físicas, 3 por acoso sexual”. Alrededor de este tema, la Procuraduría General de la Nación, en respuesta a un derecho de petición de este medio, reporta que de 917 procesos disciplinarios contra la Policía, 184 “corresponden a actuaciones que fueron clasificadas como adelantadas por miembros del ESMAD”, y aclara que en etapa de instrucción hay 165 casos, de los cuales 117 han sido archivados; apenas 12 han llegado a etapa de juzgamiento y 6 han sido trasladados a otras instituciones por problemas de competencia. Ninguno de ellos ha terminado en sanciones disciplinarias luego de dos años.

Respecto a esta dura realidad, la doctora Alba asegura que si bien ha sido duro para las personas lesionadas lidiar con la impunidad, “algunos de ellos han logrado organizarse, han logrado generar unas redes de apoyo con sus mismos pares”. Tiene razón: Juan Pablo Fonseca explica que al unirse con otras víctimas como él y organizarse ha logrado el soporte que ni el Estado ni la sociedad le ofrecen:

“Sentimos que hacemos una campaña hacia la empatía [para] no sentirnos revictimizados, acompañarnos en este proceso tan eterno que esta violencia ha dejado […] Hemos aprendido un montón, es imaginable. Todos los compañeros tienen cantidad de conocimientos, sus expectativas de vida son muy enriquecedoras, cada uno de ellos y ellas es una persona muy especial y con unas historias de vida muy profundas”.

El pasado 14 de agosto los presos políticos mapuche de Angol radicalizaron la huelga de hambre que ya contaba con 100 días desde su inicio, pasando a una de carácter «seca» lo que implica rechazar también todo tipo de líquidos.

El estado de salud de los presos políticos mapuche movilizados se agrava a cada instante, tras pasar a una huelga de hambre seca, esto ante la indiferencia institucional respecto a las exigencias planteadas desde el inicio de la movilización, que tiene como origen la violenta y arbitraria medida de dispersión impulsada por Gendarmería, que terminó con el traslado de los ppm del módulo comuneros de Angol a cárceles en distintos territorios y con la suspensión de sus derechos como mapuche, amparados en el convenio 169 de la OIT.

El día miércoles por la tarde fue determinante, el trasladado al hospital de Angol de Joaquín Millanao Queipul, quien aún se encuentra en dicho establecimiento, daba cuenta de la gravedad de la situación. Por su parte Juan Pinchulef, con un peso de 49 kg. fue trasladado este jueves a la enfermería de la cárcel de Angol y posteriormente al hospital, tras sufrir fuertes dificultades respiratorias.

En solidaridad con esta movilización se han realizado diversas acciones, convocatorias y comunicados. En Temuco 19 presos políticos mapuche recluídos en el módulo comuneros de la cárcel de la ciudad, se unieron a la huelga el pasado 18 de agosto, y de ellos 8 comenzaron directamente con huelga seca, hasta que haya respuesta a las exigencias de los ppm de Angol.

En un punto de prensa realizado la tarde de este viernes, el werken de los presos políticos mapuche de Angol, Rodrigo Curipán, expresó que no ha existido un acercamiento por parte del estado. Así mismo, se refirió a la negativa de los huelguistas (que aún están en la cárcel) de ser trasladados al hospital de Angol, esto hasta que el gobierno responda.

Los huelguistaa están siendo acompañados por la Machi Isabel Puel, quien controla su condición de salud, sin embargo se le ha negado el ingreso al hospital de Angol para poder evaluar la situación de los hospitalizados.

Cabe recordar que la dispersión y la suspensión de los derechos de los presos políticos mapuche de Angol, son castigos establecidos por Gendarmería tras un verdadero show montado por la institución, en el cual acusan a los ppm de «secuestrar» a un carcelero, y también, mediáticamente establecieron el discurso de que estos tendrían «privilegios», que en el mundo real, son en verdad las garantías internacionales que les corresponden como prisioneros pertenecientes a un pueblo y cultura preexistente a los estados colonialistas.

Compartimos a continuación comunicado de los ppm del módulo comuneros de la cárcel de Temuco:

COMUNICADO PÚBLICO DE LOS PRISIONEROS POLITICOS MAPUCHE, CARCEL DE TEMUCO.

Mediante este comunicado nos dirigimos a todas las comunidades mapuches en resistencia, organicas de resistencia de las distintas zonas de malleco y cautin, a la sociedad civil, para informar lo siguiente

KIÑE: Como modulo de prisioneros mapuche de la carcel de temuco tanto imputados como condenados, hemos tomado la dificil pero firme decisión en conjunto, para ir en apoyo a los peñis de la carcel de la ciudad de angol quienes desde el pasado lunes 14 de agosto a las 18:30 horas inciaron su huelga seca despues de llevar 99 dias en huelga de hambre liquida.
Por lo que como peñis weichafes de las distintas zonas de malleco y cautín, informamos que el dia de hoy 18 de Agosto inciaremos una huelga de hambre; donde los 19 comuneros del modulo mapuche 8 peñis han decidido iniciar una huelga de hambre seca y 11 de nosotros una huelga de hambre liquida.
Todo esto hasta que haya respuesta por parte de gendarmeria a la peticion de los peñis en huelga de hambre seca en la carcel de angol.

EPU: No olvidar que 6 peñis son quienes el pasado 7 de mayo fueron dispersados a distintas carceles del país Rancagua, Concepcion y Puerto Montt y desde hace aproximadamente unas semanas regresarón a la región de la araucanía, quedando en la carcel de la ciudad de Temuco y donde uno de los puntos de la huelga son que ellos sean devueltos a la carcel de Angol de donde ellos fueron sacados injustamente.
Es por ello nuestro profundo respaldo y compromiso hacia sus demandas.

KULA: Por ultimo, como presos mapuches de la carcel de Temuco, dejaremos en claro que cualquier eventualidad o situción de gravedad que pueda ocurrir en este proceso de huelga, sera unicamente responsabilidad del Gobierno de turno del Presidente Gabriel Boric y la Institucion de Gendarmeria de Chile.

Hacemos un amplio llamado a todas las comunidades y personas conscientes de nuestra lucha por nuestros derechos como mapuches, a no callarse y levantarse en apoyo a lo que esta sucediendo con nuestros peñis.

Nombres de comuneros en Huelga Seca:

1.- Freddy Marileo Marileo
2.- Joaquin Huenchullan Queipul
3.- Maximo Queipul Huenchullan
4.- Antu Llanca Quidel
5.- Fabian Llanca Nahuelpi
6.- Matias Ancalaf Prado
7.- Moroni Ancalaf Prado
8.- Rodrigo Calabrano Ñanco

Nombres de comuneros Huelga Liquida:

1.- Emilio Berkhoff Jerez
2.- Luis Tranamil Nahuel
3.- Nelson Queupil Soto
4.- Luis Fuenzalida Eneros
5.- Juan Rodriguez Huenupil
6.- Rodrigo Caceres Salamanca
7.- Carlos Fierro Huenuman
8.- David Torres Painemilla
9.- Eduardo Fuica Ferreira
10.- Raul Canuillan Huenulao
11.- Juan Queipul Millanao

Módulo comuneros mapuche cárcel de Temuco, Wallmapu 18 de agosto 2023.

Fuente: Avispa Midia

^{Por MalaYerba*
En portada: Familiares exigen la liberación de uno de los defensores capturados bajo el régimen de excepción}

En la comunidad Nuevo Amanecer, de La Unión, tres líderes comunitarios han sido capturados durante el régimen de excepción y enfrentan un proceso sin garantías legales. Los vecinos denuncian que estas detenciones se deben a que los defensores se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una promesa de campaña del gobierno de Nayib Bukele que se ejecuta entre irregularidades y a costa de dejar sin casas y tierras a los habitantes de dos comunidades.

Es 17 de junio, Día del Padre, en Nuevo Amanecer, una comunidad de casas de láminas entre milpas y árboles en el municipio de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador.  Y, desde temprano, uno de los vecinos enciende su altavoz y reproduce, repetidas veces y a todo volumen, la canción “Es un buen tipo mi viejo”.

La música llega hasta esta casa con piso de tierra. Lindsay la escucha, pero no hace mucho caso: está ocupada buscando una manta para limpiarle los mocos a su hermano de un año. Lindsay, tres años mayor que su hermano, no sabe que hoy es el Día del Padre. Aunque lo supiera, no podría celebrar a su papá, Óscar René Martínez Iglesias, ya que está preso.

“A ella le decimos que su papá anda trabajando, que está pintando un gran edificio y no puede regresar ahorita”, cuenta Johanna, la madre de los dos niños, sentada en una hamaca.

Lindsay comienza a dudar de lo que le dicen, porque acompaña seguido a su mamá a hacer trámites a la delegación en La Unión de Policía Nacional Civil (PNC), y en su casa, recibe la visita de vecinos que preguntan por su padre. También la niña ya le preguntó una vez a Johanna si Óscar está preso y ella volvió a contarle la misma historia del edificio.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

^{Por MalaYerba*}

^{En portada: Elmer Martínez, campesino afectado por las obras del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Foto: Marvin Díaz}

Dos días después de declarar desierta la licitación para los estudios geotécnicos del Aeropuerto del Pacífico, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma contrató por 248 mil dólares a Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V., una constructora financista del partido Alianza Republicana Nacionalista. El gobierno, además, ha iniciado la construcción que dejará sin tierras y sin casas a casi 700 habitantes.

Elmer Martínez conoce bien estas tierras. De sus 64 años, 22 las ha cultivado para él y sus vecinos, aquellas familias con las que hizo de la comunidad Flor de Mangle su casa, en 2001.

Hoy camina guiado por el sonido de unas máquinas. Apurado, atraviesa un bosque seco tropical, para llegar a un terreno con tierra removida y raíces secas que, hasta hace algunos días, servía para pastar animales.

“Aquí son potreros y rastrojos. Estábamos dejando esto para que vinieran, por naturaleza, los árboles”, dice Elmer, el presidente de la cooperativa Flor de Mangle. Su hablar es pausado y quedo. Cuesta escucharle porque al final del terreno dos excavadoras con personal uniformado del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) remueven más tierra.

Es una tarde nublada del 17 de junio. En este caserío de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador, y en la comunidad vecina de Condadillo, Elmer y 52 familias tienen los días contados.

Esta es una investigación que MalaYerba realizó durante un año sobre megaproyectos en la costa salvadoreña. El proyecto “Los desplazados de Bukele” aborda los problemas que enfrentan las comunidades agrícolas y pesqueras que se ubican en el camino de megaproyectos públicos y privados en los departamentos de La Libertad y La Unión.

La primera de las entregas cuenta cómo Nayib Bukele contrató a una empresa vinculada a “los mismos de siempre”, una referencia que él mismo utiliza para referirse a sus antecesores políticos, salpicados por la corrupción, por medio de irregularidades y desplazando a comunidades enteras en un territorio considerado inviable por la autoridad ambiental; y donde, además, está un ecosistema crucial para enfrentar la crisis climática.

La MalaYerba, con el apoyo de Data Crítica, levantó una base de datos a partir de 70 encuestas que se realizaron en los caseríos Condadillo y Flor de Mangle, en La Unión; las playas Mizata, El Zonte y el sector comercial de El Obispo, en La Libertad.

En el levantamiento de las encuestas, la mayoría de habitantes afectados por las construcciones se negaron a responder por temor a represalias del gobierno salvadoreño, que mantiene al país centroamericano bajo un régimen de excepción desde hace 16 meses.

El régimen ha conllevado a la captura de más de 71 mil personas, la muerte de, al menos, 172 reos en las cárceles; y más de 5 mil denuncias de detenciones arbitrarias registradas por organizaciones civiles, quienes han expuesto la situación que atraviesa El Salvador frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal política de seguridad de Bukele ha sido calificada por las personas defensoras de derechos humanos como un “régimen permanente de violación a los derechos humanos”.

Por lo que, a excepción de los líderes comunitarios, las fuentes que aceptaron hablar con este medio, lo hicieron ocultando su nombre real.

Entre los hallazgos más importantes de la base de datos: el 54 % ve como opción “vivir en la calle”, si pierden su vivienda actual. Y solo el 33 % ha recibido un ofrecimiento de “casa nueva” de parte del gobierno.

Del universo de entrevistados, seis de cada 10 son poseedores de la tierra, es decir, están en terrenos ajenos. Muchos de estos colonos se asentaron en la costa salvadoreña huyendo de la violencia de las pandillas. Ahora son desplazados por los megaproyectos públicos.

En este contexto, el MOPT se ha convertido en el ente de gobierno que más presiona a las comunidades para que desalojen los terrenos donde se desarrollarán proyectos como la ampliación de la carretera CA2, desde playa El Obispo hasta playa El Zonte; Bitcoin Beach y Parque de Playa Mizata, en La Libertad; y el Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión.

Los mismos de siempre reloaded

Las obras para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico comenzaron a finales de febrero, cuando las comunidades Flor de Mangle y Condadillo denunciaron que en sus tierras había máquinas excavando el suelo.

Para entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) todavía no había otorgado el permiso para este megaproyecto, como indica la ley, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la institución encargada de ejecutarlo. Lo hizo hasta el 21 de marzo, casi un mes después.

Te puede interesar – Un aeropuerto sobre manglares, apuesta de El Salvador para desarrollo regional

El aeropuerto fue una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele y su ejecución fue aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista en abril de este año. Sin embargo, la primera fase, para la que han destinado $246 millones de dólares, ya está marcada por irregularidades.

El MARN accedió a dar el permiso ambiental de construcción sin atender las observaciones de sus mismos técnicos sobre los impactos ambientales de construir una megaobra a la par de un manglar y también de las implicaciones de hacerlo en un lugar que, por sus características naturales, es propenso a las inundaciones. Y sin asegurar el plan de reasentamiento de las casi 700 familias de Flor de Mangle y Condadillo, que aún esperan que el gobierno concrete con ellas el plan de reubicación públicamente presumido por CEPA y el Ministerio de Vivienda.

A meses de las elecciones presidenciales de febrero de 2024, donde Bukele buscará la reelección incumpliendo la Constitución salvadoreña, el Aeropuerto del Pacífico, un proyecto insignia de su campaña presidencial de 2019, pasará a ser otra promesa de campaña para el segundo mandato al que aspira. Así lo reveló el comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, el pasado 12 de junio.

Bukele es un publicista que proviene de una familia empresarial. En 2012 inició su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, una ciudad ubicada en el centro del país. Su nombre comenzó a sonar entre los políticos, pero alcanzó popularidad nacional en 2015, cuando ganó las elecciones como alcalde de San Salvador, la capital, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierdas conformado por grupos de la exguerrilla.

Las diferencias con la dirigencia del FMLN lo llevaron a salirse del partido. En 2019 ganó las elecciones presidenciales con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, fundado por miembros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el histórico partido de derecha que gobernó 20 años El Salvador.

Desde finales de su periodo como alcalde y ya como candidato presidencial, Bukele exhibió los errores de las gestiones de ARENA y FMLN, atravesadas por la corrupción. Esto le valió para bautizar a dichos partidos como “los mismos de siempre” y sumar simpatía, que sigue alimentando a través de las redes sociales. Pero el gobierno actual no está desvinculado de los mismos de siempre y se ha negado a transparentar sus finanzas. El 8 de agosto de 2022, CEPA contrató a Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V., para realizar los “Servicios de investigación geotécnica para lado aire del Aeropuerto Internacional del Pacífico”. Esta empresa, del grupo francés Soletanche Bachy, aparece en el listado de los financistas del partido ARENA, de acuerdo con el informe “El financiamiento de las elecciones presidenciales 2019”, realizado por la organización Acción Ciudadana.

La contratación de Rodio Swissboring para los estudios geotécnicos del aeropuerto se vieron accidentados, pues CEPA declaró desierta la licitación dos días antes de las vacaciones agostinas —fiestas patronales de San Salvador, que se celebran del 1 al 7 de agosto—, eso registra el acta pública de CEPA del 27 de julio de 2022.

En la licitación participaron las empresas Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. y Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V. Ninguna cumplió porque sus propuestas económicas excedían la tarifa ofrecida por el gobierno para las obras. Rodio lo hacía en un 21 %, equivalentes a $46, 821 dólares. Sin embargo, el primer día laboral después de las vacaciones agostinas, CEPA le otorgó a Rodio Swissboring el contrato por $248, 627 dólares. Para realizar los estudios geotécnicos en un plazo de 155 días, a partir del 8 de agosto de 2022. La empresa empezó con los estudios hasta finales de febrero de 2023.

Rodio Swissboring y un historial de contratos

En el informe, Acción Ciudadana estableció que, en 2008, cuando gobernaba el expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por corrupción, Rodio Swissboring donó $6,200 dólaresa ARENA. En la gestión Saca, la empresa recibió contratos en 2004 y 2006 por $1,840 millones de dólares, es decir, una diferencia con lo donado de $1,834 millones, según el documento.

Esta empresa comenzó a ser contratada por el gobierno actual desde inicios de su gestión. El 13 de junio de 2019, a pocos días de que Bukele asumiera la Presidencia, el MOPT contrató a Rodio bajo la modalidad de contratación directa para hacer los estudios de exploración de tierra en donde se construiría el puente María Chichilco, en el río Torola, al oriente de El Salvador. Su contrato fue por $8,288 dólares, según datos públicos del gobierno.

“Nuestros opositores nunca entendieron nada. Y creo que nunca lo van a entender. En estas fotos, con una pequeña gran obra, hay más esperanza que en sus 3 décadas de gobierno”, tuiteó el presidente Bukele el 30 de diciembre de 2019, cuando se inauguró el puente que costó en total $644,000. Sin embargo, el puente ha presentado daños severos dos veces.

Rodio se instaló en El Salvador en 1959 y ganó licitaciones en las gestiones de los gobiernos de ARENA y del FMLN. De acuerdo con la edición de julio-agosto de la revista digital Construcción, que publicita a empresas salvadoreñas, el primer trabajo de Rodio en el país fue en las obras de la hidroeléctrica El Guajoyo, en el lago de Güija.

Esta empresa es, también, especialista en exploración minera. Y ha trabajado en minas en Guatemala, Nicaragua y Panamá. En El Salvador, según el libro, El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador; Pacific Rim le pagó 7.34 millones de dólares para la exploración de diferentes áreas de interés de la mina El Dorado, en Sensuntepeque, Cabañas. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador registró en su Sistematización de la lucha anti-minera en El Salvador que Rodio Swissboring propició la criminalización de defensores ambientales y líderes comunitarios de Cabañas, en procesos judiciales en 2006 y 2010.

Te puede interesar – A seis años de su prohibición, organizaciones alertan reactivación de minería en El Salvador

El lastre de Rodio alcanza sanciones administrativas por incumplimiento de contrato en obras públicas estatales en los años 2008, 2010 y 2013. El Banco de Incumplimiento de Contratistas disponible en el portal de transparencia detalla que, en esos años, Rodio Swissboring El Salvador fue sancionada cuatro veces, pagando un total de más de $43,000 dólares en multas.

Pese a ese antecedente, la constructora siguió recibiendo contratos del Gobierno de El Salvador para los estudios de suelo en la represa El Chaparral. Dos de ellos en 2014 y 2015, por $244,519 y $241,000, respectivamente. Y para la represa 5 de Noviembre, en 2012, por $132,644.

“Existe la posibilidad de que financistas de partidos políticos obtengan contratos dentro del Estado y, sin duda, ahí hay un claro conflicto de interés”, explica Dennis Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

El informe de Acción Ciudadana aclara que Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele en 2019, no entregó la información financiera que otros partidos, total o parcialmente, sí entregaron.

Siliézar, además, advierte que desde que Bukele es presidente y desde que existe una bancada de diputados afín a su gobierno, el Ministerio de Hacienda dejó de entregarle a la organización información financiera sobre los partidos políticos.

“El partido Nuevas Ideas es el partido menos transparente que hemos registrado, porque no nos entrega información financiera. Estamos hablando de estados financieros, balance general, estado de resultados, listado de donantes, comprobantes de donaciones”, dice la especialista.

En el caso del Aeropuerto del Pacífico, Malayerba constató que la maquinaria que Obras Públicas usa para los estudios de tierra tiene los distintivos de Rodio Swissboring e Inversiones OMNI, S.A. de C.V. OMNI es una empresa que ha ganado contratos con el gobierno para ejecutar diferentes proyectos, como la construcción y remodelación de la sede de la Universidad de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados entre junio y julio.

El 13 de julio, la MalaYerba llamó a Gabriela Montoya, representante de Rodio en El Salvador, para preguntarle sobre el contrato público que ganó la empresa en el proyecto del Aeropuerto del Pacifico. Montoya no respondió a las preguntas porque dijo que Rodio firmó un contrato de confidencialidad con el gobierno.

Un día después, el equipo a cargo de esta investigación también llamó al encargado de prensa del MARN, Aarón Fagoaga, para solicitar una entrevista con el ministro Fernando López. MalaYerba envió las preguntas al comunicador y este prometió gestionar la entrevista; sin embargo, al cierre de este reportaje no hubo ninguna respuesta. Esto es algo habitual en esa cartera de Estado durante la gestión de Bukele.

El 14 julio, además, se envió un correo electrónico a Claudia Vanessa Campos Rivera, encargada de comunicaciones de CEPA, para gestionar una entrevista con Federico Anliker, el titular de la autónoma. Tampoco hubo respuesta.

Sin agua para pescar ni tierra para sembrar

En la costa salvadoreña, la mayoría de sus habitantes sobreviven del comercio informal, la pesca y la agricultura. La base de datos de esta investigación revela que entre las actividades que se desarrollan en la costa, el 72 % corresponde al comercio informal, el 57 % a la pesca y el 28 % a la agricultura de subsistencia.

El estudio de impacto ambiental que CEPA presentó al MARN para la construcción del aeropuerto da cuenta de que, en la zona de Loma Larga, 400 personas se dedican a la pesca para consumo propio y para abastecer a ventas de la playa El Cuco, en San Miguel.

Con el aeropuerto, estos pescadores se quedarán sin comida y trabajo. Y los agricultores, como Carlos, sin tierras.

Al preguntarle a Carlos, agricultor de Flor de Mangle, sobre la alternativa que tiene para reiniciar si pierde el terreno donde cultiva su respuesta es contundente: “Robar. No me queda de otra”, dice con voz ronca y molesta.

“Estas cosas son las que levantan las guerras”, contesta otro habitante de Condadillo que perderá su caso con la construcción del aeropuerto.

Te puede interesar – En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto

Para facilitar el desarrollo de los megaproyectos del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de noviembre de 2021 la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, que tiene como fin la expropiación de tierras utilizadas para obras públicas de carácter urgente, por medio de una negociación administrativa o por la orden de un juez.

Un censo comunal de Condadillo indica que ahí viven 587 habitantes, de los cuales 176 son menores de edad entre los cero y 14 años. Todos serán afectados con la construcción del proyecto. En tanto, en Flor de Mangle, la base de datos de esta investigación muestra que hay 90 habitantes afectados, entre los que destacan 38 son menores de edad.

“Nosotros con tanto niño no podemos agarrar dinero”, dice afligida Ana, una madre soltera de Flor de Mangle, que reculó ante la única opción ofrecida por el gobierno: casa o pago por su terreno. Para ella, la negociación con CEPA no fue justa, pues “necesita un terrenito donde hacer su milpita, como siempre la ha tenido”.

“Queremos que cumplan su palabra y que nos den tierras y casa, como lo prometieron al principio”, repite una y otra vez Elmer Martínez, el fundador de Flor de Mangle.

Las personas que acepten el dinero se encontrarán, además, con el encarecimiento de los terrenos en los alrededores del aeropuerto. Ángel Flores, director del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), asegura que hay toda una “especulación” de las tierras en Loma Larga, donde están ubicadas las comunidades Flor de Mangle y Condadillo, al grado que hay personas “acaparando” terrenos.

“Los terrenos cuestan un valor casi tres veces más de lo que estaban el año pasado”, agrega Flores.

Antes de que comenzaran los estudios de suelo, a la comunidad Condadillo, donde Santos Eduviges Cruz cultiva, llegó personal de CEPA y se reunió individualmente con cada representante de las parcelas. Él firmó la venta de cuatro parcelas, de cuatro manzanas cada una, por las que, al inicio, le ofrecieron $24,000, un precio que él consideraba bajo.

Después de una conferencia de prensa que él junto a otros habitantes de la zona montaron para hablar de una “injusta” negociación de CEPA con sus terrenos, logró que le aumentaron el precio: aunque todos los terrenos tienen la misma medida, le han dicho que por uno le van a pagar $37,000 y por otros $35,000. A otros vecinos, dice, les van a comprar los terrenos más baratos, porque algunos por miedo a quedarse sin tierras, firmaron rápido la cesión de las propiedades. No hubo tiempo de negociar más.

Contrario a los testimonios de más de una docena de habitantes de Flor de Mangle y Condadillo que MalaYerba entrevistó, Anliker, el titular de CEPA, dijo en una entrevista televisiva, el pasado 20 de marzo, que algunos vecinos habían preferido vender las propiedades y otros que les reubicaran. Y que, en ese sentido, en conjunto con el MARN y el Ministerio de Vivienda, harían un “complejo habitacional digno” para ellos. De eso, aún no hay novedades en el lugar donde funcionará el Aeropuerto del Pacífico.

Daños ambientales y un permiso irregular

La reubicación de las familias de Loma Larga está contemplada en el estudio de impacto ambiental que CEPA presentó al MARN, donde también la autónoma presentó un programa de empleos para que las personas de las comunidades puedan trabajar en el aeropuerto.

En este proyecto, refleja el mismo estudio, no se consultó públicamente a las comunidades involucradas para que opinaran sobre las consecuencias que les traería la construcción del aeropuerto, que también debe ser previa e informada.

Al igual que en otras construcciones ejecutadas en el actual gobierno, el MARN y las municipalidades obviaron la consulta pública regulada en la Ley de Medio Ambiente y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que El Salvador ha ratificado.

CEPA ingresó el proyecto del Aeropuerto del Pacífico al Sistema de Evaluación Ambiental del MARN el 20 de septiembre de 2021. Este proceso se hace por medio de un formulario, que, tras llenarse, automáticamente indica la categoría del proyecto a ejecutar, de acuerdo con expertos que conversaron con este medio.

El aeropuerto fue categorizado como ambientalmente inviable y el MARN recomendó a CEPA buscar otro lugar para su construcción por estar propenso a inundarse. Sin embargo, Malayerba constató que, 24 horas después, la categoría del proyecto fue cambiada en la página web del MARN a la de alto impacto ambiental, lo que implica que, después de presentar un estudio en el que se especifiquen las formas de revertir los daños ambientales que ocasionará, puede ser aprobado.

Durante esta etapa de evaluación, además, el Ministerio de Medio Ambiente, a cargo del arquitecto Fernando López, moldeó la zonificación de La Unión con la que descartó las directrices que regulaban la franja costero marino en la cual Condadillo y Flor de Mangle eran calificadas como áreas de conservación. Con la nueva zonificación estas tierras pasaron a ser urbanizables.

Es decir que el MARN, que tiene por obligación la protección ambiental en El Salvador, le abrió el camino a CEPA para construir el aeropuerto y la autónoma, a cambio, ofreció $2.8 millones para implementar medidas ambientales por los daños que provocará.

CEPA presentó el estudio de impacto ambiental del aeropuerto el 8 de julio de 2022, y Medio Ambiente emitió el permiso de construcción el 20 de marzo de 2023.

El estudio de impacto ambiental indica que el aeropuerto colindará en la parte sur con el Área Natural Protegida Manglar El Tamarindo, hábitat de especies en peligro de extinción, como la lora nuca amarilla. Las áreas protegidas son zonas en las que hay diversidad de especies o también sirven de tránsito y nido para las aves. En El Tamarindo, por ejemplo, hay 43 especies de aves, según un registro del MARN de 2017.

En esta franja de bosques salados asociados al Golfo de Fonseca se han registrado también arrecifes coralinos en Punta Amapala, Las Mueludas, Maculis y El Tamarindo.

“Tanto los arrecifes como los manglares se consideran zonas de crianza. Muchas de las especies marinas que están en alta mar se acercan a las costas para desovar y que sus crías se adapten y luego salen a mar abierto. En los arrecifes son zonas en que hay suficiente penetración de luz, sustrato ideal y hay una mayor biodiversidad; por tanto, hay una mayor disponibilidad de alimentos. Es como una guardería con todos los servicios incluidos”, explicó a la MalaYerba la bióloga Georgina Mariona, quien ha registrado las especies de tortugas marinas que llegan a desovar a Maculis, una playa próxima a El Tamarindo.

Los manglares, además, sirven como barreras naturales ante las inundaciones, el incremento de nivel del mar y las erosiones en la costa, aparte de ser una herramienta vital contra la crisis climática. Los bosques salados funcionan con una mezcla de agua dulce que desemboca en ellos por medio de ríos o manantiales, y el agua salada del mar. Datos del mismo MARN estiman que, desde 1950 a 2018, la cobertura de manglares en El Salvador pasó de 100,000 hectáreas a 39,786.

Aunque el aeropuerto no se construirá dentro del manglar, la pista será construida donde confluyen Los Guamas, Los Monos, Guanamara y la quebrada El Águila. Por ello, el estudio de impacto ambiental advierte que cuando estos ríos sufran alteraciones la laguna del estero El Tamarindo puede rebalsar y causar inundaciones.

“CEPA dijo que estábamos manipulados por la oposición, pero ningún político nos dijo nada. Por ser campesinos, nos quieren tener de babosos. Es mentira, porque nosotros estamos con los cinco sentidos despiertos”, asegura Santos Eduviges.

En su momento, él y los habitantes de esta comunidad pensaron que conservarían, al menos, parte de sus tierras en las que también habían instalado un propio sistema de riego, para cultivar y sobrevivir de la siembra, pero no.

Mientras llega el momento del desalojo, Elmer, el fundador de Flor de Mangle, se mantiene visitando la zona de construcción. “Aquí hay agua para abastecer a La Unión”, dice mientras las máquinas siguen explorando el suelo inundable y destruyendo parte del área protegida El Tamarindo.

^{*Una versión de este reportaje se publicó originalmente en MalaYerba, realizado por: Carolina Amaya, Stanley Luna, Marvin Díaz, Michelle Recinos, Guillermo Orellana Solares. Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).}

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Participantes de las manifestaciones en la denominada “Toma de Lima”. Fotos de Lucha}

Las protestas contra la dictadura de Dina Boluarte se reactivaron en la mayoría de regiones del Perú. En la capital, donde las jornadas de la denominada toma de Lima fueron masivas, se desplegaron 8,000 policías. En el resto del país se movilizan más de 21,000 agentes armados.

En vísperas de las fiestas patrias, se registraron manifestaciones en 59 provincias y bloqueos de vías en 64, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Hasta el 29 de julio, las marchas en el Centro de Lima dejaron decenas de heridos y detenidos. Las detenciones con formas de secuestros, por parte de policías sin uniforme y en vehículos particulares, se han normalizado. Cuatro periodistas recibieron disparos de perdigones y otros dos comunicadores fueron intervenidos.

Durante el discurso a la nación de Boluarte, el 28 de julio, las movilizaciones en los alrededores de las sedes del Ejecutivo y el Congreso fueron reprimidas. “Estamos planteando el cambio de Constitución, es lo fundamental. Hay poderes detrás de esta dictadura, no solamente es la oligarquía nacional, está Estados Unidos, por eso es que el Ejecutivo y Legislativo permiten la presencia de soldados norteamericanos”, declaró un manifestante de Puno.

Te puede interesar – Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión

Un activista de Lima norte señaló el vínculo de la “dictadura pactada entre el Congreso y la presidencia” con el poder económico de las actividades extractivas: “No queremos ser un país extractor. Se quiere entregar nuestros recursos a los países que financian a Keiko Fujimori y los políticos que entregan el país”.

Desde un gobierno de facto policializado, el terrorismo de Estado apunta a intimidar las protestas en Lima bajo la amenaza de cárcel. Es el mensaje implícito en el caso del joven brigadista Óscar Bellido, detenido durante cinco días en condiciones contra sus derechos fundamentales, sindicado sin pruebas de escribir “Dina asesina” en una pared, para quien la fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva y una posible pena de hasta ocho años de cárcel. El estudiante fue liberado por el Poder Judicial.

Distinta es la represalia contra Vladimir Molina, también brigadista, a quien lo registraron cuando lanzó una bengala a los policías. La Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra él. De esta manera, el régimen criminaliza tanto la protesta pacífica como acciones a las que, en otras circunstancias, se aplican medidas menos severas.

Las delegaciones de todas las localidades peruanas, principalmente del sur andino, continúan llegando a la ciudad bastión de la dictadura cívico-militar-empresarial que es responsable del asesinato de 50 personas. La Policía hostiga a las comitivas durante los trayectos y en los locales de acogida. La fuerza contra las comitivas quechuas y aymaras se ejecutó, como en meses pasados, con mayor violencia. La imagen de mujeres indígenas empujadas y arrojadas al suelo por policías en el Centro de Lima grafican la represión racializada.

Discursos y prácticas de intimidación

Las demandas del pueblo movilizado son la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y el cambio de Constitución. La liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia es una consigna firme en las provincias andinas y amazónicas, pero desestimada por la organización regional más representativa del sur peruano.

“Es una agenda nacional, pedimos de inmediato las elecciones generales, también una consulta popular para hacer una asamblea constituyente mediante un referéndum, para una nueva Constitución, no pedimos la restitución de Pedro Castillo desde la Macrosur”, señaló a este medio un dirigente por Cusco de la Macrorregión Sur, que reúne a siete regiones del país.

Un régimen autoritario, con niveles de rechazo de más del 80%, desconoce la voz del 80% de la población que respalda el adelanto de elecciones y un 70% que está a favor de una asamblea constituyente, reclamos que aún estigmatizan y que reprimieron con violencia letal en diciembre y enero últimos.

“Cusco tiene gas de Camisea, oro, cobre, plata, y no se beneficia con nada, todavía la población sigue siendo pobre y hay extrema pobreza, por eso estamos en lucha. La situación económica y alimentaria están en crisis”, añadió el representante cusqueño. Un ciudadano de Puno subrayó la posición de los pueblos ante el modelo económico que expropia recursos y territorios: “El litio de Puno tiene que salir transformado, no solo extraerlo. Es considerado como soberanía de los pueblos originarios, quechuas, aymaras y amazónicos. Queremos que todos los minerales e hidrocarburos sean declarados patrimonio soberano de los pueblos”.

La dictadura insiste en acusar terrorismo detrás de la legítima protesta popular. Desde Boluarte a la cúpula policial y militar, la criminalización es el único discurso, a pesar de ser expuestos en sus mentiras. Las comunidades andinas y amazónicas fueron, precisamente, las que contuvieron a Sendero Luminoso y las que más sufrieron la represión contrainsurgente. En Puno, epicentro de la oposición, la organización subversiva nunca ganó terreno durante los años de la guerra interna.

Allí las manifestaciones se retomaron con medidas de fuerza: el puente de Ilave, en la frontera con Bolivia, fue bloqueado por días. En la región Huancavelica, en el sur andino, hubo enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

En su discurso a la nación, Boluarte mintió al incluir entre las víctimas del estallido detonado por su gobierno ilegítimo al policía asesinado en Juliaca (región Puno) por sus compañeros, quienes quemaron el cadáver al interior de un patrullero y atribuyeron el crimen a manifestantes. También contó a los siete policías asesinados por narcotraficantes en venganza por robos de mercadería, en zona de emergencia.

Además de los bonos a policías y presupuestos privilegiados para el Ministerio del Interior (Mininter), otra señal del poder de la institución dentro del régimen es la propuesta del Ejecutivo de la creación de la Policía del orden y seguridad, que constaría de efectivos con un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armados, para “prevención y cuidado de las calles, en la ciudad y las zonas rurales, como las comunidades nativas”, de acuerdo al Mininter.

En el papel, una  nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP); en la práctica, se apunta a una suerte de escuadrón armado paralelo, pues el Estado y los mandos policiales no tendrían responsabilidad penal por su accionar. El Congreso, a la cabeza del gobierno de facto en alianza con el Ejecutivo, tiene un plazo de 120 días para aprobar la propuesta. Todo indica que la iniciativa pasará y que el próximo año, con una breve instrucción y armas, serán cientos los nuevos agentes que actuarán sin una cadena de mando que obedezca a la PNP y el Mininter. Desde las organizaciones sociales se prevé que el cuerpo policial será militarizado y usado con fines políticos, para intimidar y perseguir a las poblaciones estigmatizadas, tanto en protestas como en cualquier escenario.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Funcionarios ecuatorianos y militares norteamericanos durante la firma del memorandum.}

Entre el mes de junio y julio, el gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, firmó con Estados Unidos (EEUU) un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y uno de conservación de la Amazonía. El convenio lo ejecutará la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su socio World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés).

En una ceremonia realizada en la sede del Departamento de Defensa de EEUU, el pasado 19 de julio, con presencia del alto mando del Comando Sur, la General Laura Richardson, así como el Subsecretario Adjunto de Defensa, Daniel Erikson, entre otras intancias militares del país norteamericano, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). Este MOU tiene por objetivo “fortalecer capacidades del sector de defensa” y “objetivos compartidos” relacionados con seguridad, según la embajada estadounidense en Ecuador.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, manifestó que se trata de reafirmar los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, en las que “participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador”.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.

Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.

Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.

Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.

Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.

Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.

La Plata

El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.

La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.

Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.

Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.

Noticias de abajo – 20 de julio 2023

ROMPIENDO FRONTERAS

• GLOBAL MUNDO: La lucha por la vida y la libertad de Julian Assange defensor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entrevista a Edith del movimiento #24F Coalición vida y libertad para Julian Assange.
• ESTADO ESPAÑOL: El anarquista Gabriel Pombo en las calles, tras 3 años del último encierro.
  http://www.anticarcelaria.org/2023/07/10/gabriel-pombo-en-las-calles/
  https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2023/07/18/espanha-algumas-palavras-do-companheiro-gabriel-pombo-da-silva/
• ARGENTINA: Continúa la represión a la lucha por los derechos de los pueblos originarios en Jujuy. Audios recopilados por la Conquista del Pan.
• PERÚ: Cientos de miles toman lima en la tercera protesta masiva contra la dictadura de la tirana Dina Boluarte #TomaDeLima. A pesar de la represión y el injerencismo, el movimiento y el descontento sigue creciendo

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

• SONORA: Liberan al preso político yaqui Fidencio Aldama, luego de siete años en la cárcel por defender su territorio. Desinformémonos
• CDMX: Poliana para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad.
  La poliana es un juego, que se creó en la cárcel, por los prisioneros. Este juego sirvió para realizar un torneo para recordar a dos presos libertarios a Yorch y Brandi
  https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2023/07/13/poliana-para-recordar-a-nuestros-presos-y-ejercitar-la-solidaridad/
• MÉXICO: Exigen que asesinato de defensor comunitario y radialista Samir Flores Soberanes sea revisado por un juez federal, denuncian que el juicio en Morelos ha sido una simulación, demandan que sea revisado ante fiscalía especial para la Libertad de Expresión.
• CHIAPAS: José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas #PresosPoliticos https://frayba.org.mx/boletin_16_jose_diaz_BAEZLN

“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

(Continuar leyendo…)

NO ES CONSULTA, ES VIOLENCIA MINERA

Mientras la Corte Constitucional del Ecuador decida revisar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la CONAIE, el gobierno de Lasso ha desplegado centenares de policías y militares que intimiden y sometan a los pueblos del subtrópico ecuatoriano cantones de Las Naves y Sigchos y con ello dar luz verde para la explotación de los proyectos Curipamba – El Domo y La Plata.

Proyectos ilegales e ilegítimos que han desencadenado un grave conflicto social y una amenaza para la provisión de agua de las comunidades y ciudades, la soberanía alimentaria y las economías locales. Desde inicios de junio, con la ejecución del #Decreto754 el Estado ecuatoriano ha cometido actos violentos que atentan contra los derechos humanos de las poblaciones campesinas, organizadas para defender el territorio frente al embate minero.

Para imponerlo por medio de la fuerza y sin la existencia de una “Ley” que viabilice una “Consulta Ambiental” con todas las garantías y parámetros ordenados por la ley, la Corte  Constitucional y los tratados internacionales. El gobierno servil a los intereses de las transnacionales mineras, pretende convertir nuestro derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada; en un trámite “express” y de esa manera explotar territorios en RESISTENCIA y oposición a la declaratoria de zonas de sacrificio minero.

Una vez más, ante los ojos del Ecuador y el mundo, se evidencia que la violencia es una condición necesaria de la minería y que no es sino a sangre y fuego la manera en la que se abre paso. Por tal motivo continuamos denunciando y haciendo público nuestro rechazo a las medidas de carácter
dictatorial ejercidas por Lasso, el despliegue de los cuerpos de policías y militares y el uso de la fuerza para sostener una proceso ilegal e inconstitucional, la persecución y criminalización de comuneras y comuneros que defienden los derechos, el agua, el territorio, la soberanía alimentaria y la vida misma.

Por ello responsabilizamos al gobierno de Lasso por la integridad, la seguridad y las vidas de las y los comuneros del cantón Sigchos donde se prevé esta semana imponer por la fuerza el decreto 754. Exhortamos a la Corte Constitucional del Ecuador SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los efectos del decreto 754, porque atenta contra la vida y la paz de miles de poblaciones indígenas y campesinas amenazadas por la ilegalidad y violencia minera.

Frente Nacional Antiminero
18 de julio de 2023