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(Español) Chile: indígenas huilliche defienden río Maullín ante extractivismo inmobiliario

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Por Avispa

Foto de Portada: Alex Vidal BrecasEn el lugar la comunidad leviñanco ta leufu levantó un rewe (sitio ceremonial) donde realizan ceremonias y rogativas.

Federico Valdés Bize

Si caminamos por la región de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el “gran territorio del sur” de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonización española e integración al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atención, observaremos una constelación de luchas indígenas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.

En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulación privada de capital. Para los colectivos indígenas son lugares de subsistencia económica y usufructo, habitación, crianza y reunión social, memoria, creación cultural y conexión con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducción de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucción.

La destrucción del bosque en la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu ha propiciado la muerte de una gran variedad de aves que habitaban el lugar y sus inmediaciones. Foto: Alex Vidal Brecas

Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto eólico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Coñuecar, la Asociación Mapuche Lahuen, la Agrupación Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta última también ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehuén Che y Mantilhue ante proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen. También podremos escuchar a la Agrupación Mapuche Ecológica Artístico Cultural Weñauca manifestándose en Puerto Varas contra la contaminación del lago Llanquihue y un proyecto hidroeléctrico en el río Maullín.

También percibiremos a la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del río Maullín, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucción cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que será publicado en dos partes.

El avance de las maquinarias de la inmobiliaria sobre la ladera del río Maullín arrasó con el
patrimonio cultural y la biodiversidad, destruyendo mas de 5mil metros cuadrados de
bosque nativo. Foto: Alex Vidal Brecas

ι PRIMERA PARTE ι

La comunidad huilliche “Águila Veloz del Río”

El werken (vocero) de la comunidad Leviñanco Ta Leufu (“Águila Veloz del Río”), Luis Navarro Navarro, está sentado en una esquina del amplio salón de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos días debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que caían sobre su casa en la ribera del río, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maullín Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sureña ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos enseña diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 años dice “queremos contar esta historia, de cómo vivíamos y cómo queremos vivir”.

Aylin (10) es consolada por su madre al interior de su ruka, luego de ser testigo durante
semanas, de la sistemática destrucción del bosque donde habitan. Foto: Alex Vidal Brecas

Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chiloé, más de cien kilómetros al sur, la familia Leviñanco (Águila Veloz) migró para asentarse en la ribera del Maullín. Don Luis, a quien su madre no registró con el apellido Leviñanco por la discriminación, relata:

“Los huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el río. Hace cerca de veinte años que hemos recorrido distintos lugares del río Maullín. Vivimos del río y del lago (Leufu Maullín y Kalafken Hueñauca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del río recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer leña. No talamos los árboles del lugar, sino que los podamos. Además nos dedicamos a la recolección de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho años nos asentamos en un sector del río, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientación de los espíritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero”.

Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende también una dimensión sagrada, según explica el werken:

“Al construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (cántaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la ñuke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). Sólo pueden sacarse mediante ceremonia. Aquí todo es templo, las aguas tienen ngen (espíritus), el rehue es nuestra conexión. Este lugar es el mundo del agua: el río Maullín es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (río) como una cosa, lo vemos como un ser vivo”.

Luis Navarro, werken de la comunidad Leviñanco ta leufu, cuenta que su abuela materna
llegó hace tres generaciones, proveniente de la isla de Chiloé para asentarse en la ribera
del Rio Maullín. Foto: Alex Vidal Brecas

El lof (comunidad) Leviñanco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del río, en sus años de posesión efectiva y también en un documento de “reconocimiento de herencia ancestral mapuche”. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se señala que los “mapuches somos dueños legítimos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son dueños del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz” de las Canoas o Rahue de 1793.

Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Indígena N.º 19.253. Señala este Cacique que “por su antepasado doña María Delfina Leviñanco Unquen, reconozco heredero ancestral y dueño legítimo de sus tierras al peñi Luis Enrique Navarro Navarro”, para luego añadir que “el heredero ocupa con posesión material y posesión histórica 57 hectáreas de tierras” junto al río. Un peritaje antropológico realizado en 2019 por Víctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro “tiene una presentación por estas tierras ancestrales en Conadi” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.

Calendarios y geografías del Futawillimapu

Junto a un estero afluente del río Maullín se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 años de antigüedad -de los más antiguos de América-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se movían por el río extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del área. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los ríos del Futawillimapu, conformando verdaderas “sociedades ribereñas”. El siglo XVI vería la conquista española y la posterior rebelión nativa, marcando por dos siglos al río Maullín como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los españoles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.

Para el huilliche la tierra tiene un sentido que va más allá de lo económico, diferente al
valor que el capitalismo extractivista le asigna. En la imagen, Cristóbal (22), miembro de la
comunidad descansa después de una jornada de pesca. Foto: Alex Vidal Brecas

A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar española permitió disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chiloé y Valdivia. La “pacificación” implicó el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonomía política. También cedieron territorios aunque conservaron la mayoría, incluyendo los territorios del río Maullín y del lago Llanquihue.

Los territorios y autonomía de los pueblos del Futawillimapu serán expoliados durante el siglo XIX, con su integración al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar títulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesión que certificasen su ocupación ancestral. El Estado declaró “tierra de nadie” grandes extensiones territoriales que los huilliches poseían mediante un patrón de ocupación semi nómade. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se repartió desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso “territorio de colonización” que incluía la cuenca del lago Llanquihue y el río Maullín.

Durante excavaciones miembros de la comunidad encontraron restos de alfarería, puntas
de flechas y artefactos líticos utilizados por antepasados que habitaron el lugar. Foto: Alex Vidal Brecas

La colonización implicó un paulatino despojo, compra-venta, apropiación, especulación y concentración de tierras, así como de certificación, radicación y reducción de territorios y comunidades huilliches. También implicó la quema de gigantescas extensiones de selva fría y el incremento en la explotación de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.

En el siglo XX la pérdida territorial recluyó a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como indígenas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonomía. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorialización parcial, inquilinaje, migración urbana, proletarización y cambios identitarios son elementos de la incorporación subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maullín. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la población de la comuna de Llanquihue señala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maullín el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el río Maullín.

El río Maullín

El río Maullín (“cascada de lluvia” en lengua nativa) nace como desagüe natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a través de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Océano Pacífico en una zona rural de la comuna de Maullín. Son más de setenta kilómetros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, pequeños rápidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aquí especies nativas, endémicas y migratorias: peces y anfibios, más de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mamíferos como la nutria de río huillín, los felinos güiña y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pudú. Especies amenazadas o en peligro de extinción aquí encuentran un corredor biológico hídrico natural en el cual desarrollarse.

La pesca artesanal de subsistencia constituye una de las actividades económicas de esta
comunidad. Foto: Alex Vidal Brecas

En el siglo XX el río Maullín sirvió como medio de transporte, lugar de pesca y recolección, soporte agrícola, ganadero e industrial, y últimamente como atractivo turístico. El habitar junto al río ha generado una identidad ribereña local que, en el último lustro, se volvió regional cuando el río enfrentó la amenaza de una central hidroeléctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su río. Hoy los ribereños valoran la ecología y el patrimonio del río, también los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservación del río y su cuenca.

En el año 2002 cerca de setenta y cinco mil hectáreas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 más de mil trescientas hectáreas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisférica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación del Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, que comprende más de ocho mil hectáreas de sus humedales. Estas figuras de conservación territorial relevan el valor y dan protección legal a los ecosistemas del río.

En el interior de la ruka se puede apreciar un makuñ (manta) y la wenufoye (bandera). Foto: Alex Vidal Brecas

Expansión inmobiliaria sobre el río

La salud ecosistémica y biodiversidad del río tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maullín y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulación inmobiliaria que experimenta toda la región. El negocio de bienes raíces tiene en las “parcelas de agrado” una oferta que se valoriza cada día: “Bosques del Maullín”, “Ríos del Chucao”, “Condominio Bosque Río”, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la prístina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusvalía del inmueble.

Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, es decir que se encuentran fuera del límite urbano y tienen una aptitud agrícola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto prohíbe cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la práctica avanza la urbanización irregular de extensos territorios rurales en todo el país y la región, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ecólogos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucción de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.

Las rukas (vivienda huilliche) donde habita la comunidad leviñanco ta leufu, fueron
construidas de forma cónica y base circular como las antiguas vivendas huilliche. Foto: Alex Vidal Brecas

El conflicto que aquí exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instaló en el predio de 50 hectáreas que el Lof Leviñanco reclama. Mediante un vídeo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunció que estaban

“siendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcción de viviendas, que dicen que ahora otro ladrón de tierras les vendió nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar […] nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el río y la ribera del mismo […]

Vista del río Maullín que nace en la ciudad de Llanquihue al sur de Chile, recorre 85
kilómetros antes de desembocar en el océano Pacifico. Foto: Alex Vidal Brecas

Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cagá de plata y con su cagá de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad […] Estas tierras son huilliches, y nuestra visión y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste”.

Toma de dron por la zona

Finalmente aquel proyecto no se realizó, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario “Alto Maullín SpA”, para desarrollar el proyecto de parcelaciones “Alto Maullín Parque Natural Residencial”. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germán Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.

Toma de dron por la zona

Rolando Winkler también es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, también denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema “Olvida el concepto de ‘nueva normalidad’, ven a construir tu propia realidad”. Son más de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelación de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa Südwind Gestión Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelación Alto Maullín son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastronómicas PIM’S, dueña del Restaurant PIM’S en Puerto Varas.

Toma de dron por la zona

El desarrollo inmobiliario “Parque Natural Residencial” de Alto Maullín SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisión y urbanización del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye también infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificación subterránea, sistema de agua de pozo profundo, áreas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclovía, entrada vigilada por guardia y portón automático. Su publicidad oferta “un estilo de vida natural” desarrollando “un concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias”, acompañando el eslogan con fotografías de paisaje con ríos, bosques y montañas. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Leviñanco y la destrucción del río Maullín.

Toma de dron por la zona

Violencia y destrucción en la ribera

Según archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maullín SpA y el Lof Leviñanco Ta Leufu comenzó el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topográficos para realizar un camino al río desde lo alto del cerro hasta la ribera. Según relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Leviñanco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, señala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que él bajó al lugar, pero al constatar tala de árboles y una ruka volvió a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenazó y dio un puñetazo. Ambos acudieron a la subcomisaría de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.

Toma de dron por la zona

Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro señala que “a medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando”. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir vídeos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las máquinas sobre el bosque en la ladera del río. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que servían de guía para la apertura de caminos.

El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria presentó un recurso de protección a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunicó con la oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para requerir su intervención en el caso. Navarro acusó ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argumentó que es un lugar de prácticas culturales mapuche, con patrimonio histórico y biodiversidad, que resultaría dañado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporación derivó tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesoría para la comunidad Leviñanco. También escribió al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para proteger el patrimonio histórico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.

Toma de dron por la zona

El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dictó sentencia en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro debía abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como también abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no ordenó el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese día las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al río. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanización en un Sitio Prioritario de Conservación. Según una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, “manifestando que no se iba a dejar que trabajara la máquina hasta que esté resuelto por tribunales ya que él estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales” y “ancestrales”.

El 19 de septiembre Luis Navarro denunció faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes después, en un correo electrónico dirigido al general de Carabineros de la Décima Zona y a la Subcomisaría de Llanquihue, Luis Navarro señalaba:

“me permito informar que el día de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos teléfonos de la subcomisaría de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Leviñanco ta leufu, ubicada en la ladera del río Maullín, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una máquina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en dirección a las rukas y casas de la comunidad, produciéndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y niños que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervención”. En un correo posterior agrega: “es imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atacó con la máquina al cona [valiente, mocetón] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervención para encomendar personal policial en el lugar.”

Toma de dron por la zona

Mientras se denunciaba ante Carabineros y Policía de Investigaciones, en la ladera del río aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes volúmenes de tierra. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucción ambiental y agresión a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras “comenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socavón que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento”, exponía Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protección 1950-2020). En el relato acompañando de imágenes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:

“A medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultará evidente de las fotografías, me gustaría recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tamaño, peso y además, la trayectoria e inclinación desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad” […] “El pasado sábado 12 de diciembre, día en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercanías de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas […]”

Toma de dron por la zona

“El día lunes 14 de diciembre, según consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por vía acuática, llevándonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de árboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 años) y mi señora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero sí inmenso terror”.

En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: “tuvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultará las rukas”. Ante la violencia de los hechos e inacción de las instituciones del Estado, la familia difundió nuevos videos en redes sociales y el caso se volvió viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: “usamos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa”.

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Aunque la viralización en redes sociales visibilizó la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucción del río Maullín, en opinión de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Además la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpación a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opinión de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es histórico y estructural. “El newen (vitalidad, fuerza) del río está tocado con esta intervención” señalan desde el lof Leviñanco Ta Leufu. La ribera del río es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.

Toma de dron por la zona

Una denuncia ciudadana por elusión ambiental, vulneración a Sitio Prioritario y daño ambiental logró que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralización de las obras por 15 días hábiles, pero ¿qué pasará después? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, así como en los procesos judiciales, el grave daño ambiental y las repercusiones sociales actuales que está teniendo este conflicto territorial y socioambiental.


Fuentes consultadas

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Causas judiciales

Juzgado de Garantía de Puerto Varas: 3220-2020, 3353-2020, 3562-2020, 3694-2020, 346-2021

Corte de Apelaciones de Puerto Montt: 1645-2020,  345-2020, 1950-2020, 8-2021

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Avispa Midia

(Español) Habrá juicio para un autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

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Por Eugenia López

El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.

“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.

En el marco de la conmemoración del asesinato de Cacéres, sus familiares y miembros del COPINH reítiraron su exigencia de justicia, considerando que el Estado “está en deuda”, pese a que siete personas han sido condenadas.

“Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento”. La petición de que se “capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual”, dijo Zúñiga para el periódico Efe.

También denunció la colusión que existe entre los autores intelectuales y el sistema de justicia hondureño, declarando que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es “romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso”.

La amenaza latente

A principios de este mes, se conmemoró el quinto aniversario del asesinato de la defensora lenca Berta Caceres, quien dedicó su vida a la defensa de los territorios y los derechos de las mujeres frente a las violencias tanto estatales como empresariales, militares o políticas.

Fue en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando cuatro sicarios entraron a su casa, en la Esperanza, en el Oeste de Honduras, y la asesinaron por defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por un proyecto de represa hidroeléctrica conocido como Agua Zarca y liderado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Tras el asesinato de Cáceres, la construcción de la central hidroeléctrica fue paralizada. El proyecto sigue sin avanzar hasta la fecha, pero el riesgo sigue vigente ya que la concesión otorgada es por 50 años.

“Para nosotras sigue siendo una amenaza latente”, sostuvo su  hija mayor, Berta Züñiga, quien encabeza ahora el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que Cáceres coordinaba antes de su muerte, para el diario El País.

La lucha sigue 

A cinco años de la muerte de la indígena Lenca, su fuerza y espíritu se mantienen vivos, y el COPINH sigue activo a pesar de la pandemia.

“Son muchas las circunstancias que nos dan un escenario complicado y desesperanzador. Pero aquí es necesario que nosotras sigamos con la labor de transformar la realidad de Honduras, así como de dignificar la memoria de los mártires”, declaró la joven.

Despojo por megaproyectos en aumento

En los últimos años, los conflictos relacionados con el control de la tierra y del agua han aumentado en toda la región. De acuerdo con el informe Territorios en Riesgo II de Intermón Oxfam, 112 hidroeléctricas ya están operando en Honduras, y 300 más están en proyecto, 25 de las cuales están dentro de áreas protegidas y otras 34 se ubican en territorio lenca.

Como si fuera poco, en enero pasado, el Gobierno hondureño aprobó y anunció la construcción, la ampliación y la operación de 14 represas, justificando su decisión por los recientes huracanes llamados Eta e Iota que causaron daños en el país. Con el decreto ejecutivo PCM 138-2020, las represas hasta fueron declaradas megaproyectos priorizados de interés nacional, como una medida para la contención de inundaciones.

Represión y criminalización

La represión tampoco ha parado en el país centroamericano. Desde el asesinato de Berta Caceres en 2016 y según Global Witness, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Honduras. “Lastimosamente, en estos cinco años más bien ha empeorado todo. Cuando comenzamos

este trabajo en pro de la justicia el objetivo era aportar a la no repetición de los crímenes en contra de las personas que están defendiendo los territorios. Pero, actualmente, siguen dándose las circunstancias de persecución y de criminalización por parte del Estado y las grandes empresas. No hay una voluntad política y eso va a tardar más tiempo del que nosotras hubiésemos deseado”, comenta Zúñiga.

radio
La Zarzamora

(Español) Mujer brasilera presa en CDF San Miguel, en Huelga de Hambre Seca para estar con su hija en riesgo vital

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Mujer brasilera presa en CDF San Miguel, en Huelga de Hambre Seca para estar con su hija en riesgo vital

Karina Alves Do Santos, presa migrante oriunda de Brasil, se encuentra realizando una huelga de hambre de carácter seco (ni alimentos, ni líquidos) desde el 3 de marzo, en el CPF de San Miguel, Santiago, exigiendo se respete su libertad y deportación dictada hace 3 meses.

La cruda medida de protesta tiene por objetivo exigir que se concrete su deportación hacia Brasil, en donde se encuentra su hijita de 3 años hospitalizada por un tumor y en riesgo vital. Esta situación la ha llevado a tomar la desición de poner en riesgo su propia vida para lograr estar junto a su pequeña.

Karina quien lleva 13 meses privada de libertad, manifiesta que su única intención es que se concrete su deportación antes que cierren nuevamente las fronteras, por motivos sanitarios.

En estos momentos la mujer lleva 8 días sin ingesta de líquidos ni alimentos, lo cual la mantiene dentro de los límites corporales de resistencia a tal medida de protesta, la que tiene un plazo de entre 8 a 21 días antes de generar una falla multisistemica.

En entrevista con el medio radiofestival.cl el doctor Gonzalo Cruz, profesor de Fisiología de la Universidad de Valparaíso e investigador del Centro de Neurobiología y Fisiopatología Integrativa (CENFI), se refiere a las consecuencias de las huelgas de carácter seco:

El sistema cardiovascular es el primero que comienza a resentir la falta de agua. Disminuye la presión sanguínea y aumenta la frecuencia cardiaca para compensar la baja de presión. Luego, comienza a fallar el riñón y en este punto se empiezan a acumular desechos tóxicos en el cuerpo, siendo inminente la falla de varios órganos al mismo tiempo”.

Doctor Gonzalo Cruz.

Según antecedentes recopilados por La Zarzamora, Karina se encuentra con problemas renales, propios de una disfuncionalidad e infección renal. Por este motivo el día miércoles 10 fue trasladada al hospital penal, en donde constataron su nivel de deshidratación y mal estado de salud en general.

Ya al tanto de todos estos antecedentes se hace indispensable la difusión de este caso y la presión social, para lograr que Karina Alves pueda estar con su hija y que se concreten las resoluciones legales, sin excusas burócratas e indolentes de las instituciones involucradas.

La vida de Karina y su hija están en riesgo, por lo que se hace un llamado a todas colectivas de mujeres y feministas, a las organizaciones vinculadas a la cárcel y a las entidades de DDHH pertinentes a hacerse presentes y aportar en la denuncia y agitación de este nuevo caso de vulneración hacia una mujer migrante privada de libertad.-

radio
Avispa Midia

(Español) En Haití, se sigue profundizando la crisis tras el “autogolpe de Estado” de Jovenel Moïse

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Miles de haitianos y haitianas marcharon el domingo 28 de febrero en la capital Puerto Príncipe y en varias otras localidades de provincias para decir no a la permanencia del presidente Jovenel Moïse en el poder, que consideran un regreso a la dictadura. También protestaron contra la inseguridad y el brutal aumento de los secuestros, y expresaron su rechazo hacia la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su país.

Desde el inicio de febrero, la oposición y gran parte de la población de la isla están denunciando la decisión del Presidente Jovenel Moïse de quedarse en el poder hasta 2022.

Según la Constitución de Haití, el período presidencial comienza el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones, que se celebran cada cinco años. El mandato del presidente comenzó en 2016, tras una elección que ganó en octubre de 2015. Sin embargo, el resultado de esa elección de 2015 fue impugnado por acusaciones de fraude electoral, lo que llevó a una nueva elección, organizada en noviembre de 2016, que también ganó Moïse. El mandatario argumenta ahora que su mandato no termina hasta el  7 de febrero de 2022, contando cinco años a partir de febrero de 2017, cuando asumió el cargo tras las elecciones de noviembre de 2016.

El conflicto de interpretación fue resuelto por el Consejo Judicial Supremo de Haití, el cual dictaminó el 6 de febrero que el mandato de Moïse expiraba ese día, haciendo una interpretación restrictiva del Artículo 134 inciso 2 de la Constitución de 1987, y estableciendo que la presidencia de Moïse culminó el pasado 7 de febrero, a cinco años de realizadas las elecciones que en 2016 lo llevaron al poder.

A pesar de la decisión del CJSH, Moïse se ha negado a dejar el poder hasta la fecha. Cabe señalar que la OEA (Organización de Estados Americanos) y el gobierno de Estados Unidos han aceptado esta interpretación, aportando su apoyo a Moïse.

El 7 de febrero, el ministro de Justicia de Haití, el director interino de la Policía Nacional y varios agentes de seguridad de la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional detuvieron a 18 personas acusadas de conspiración contra el gobierno. Moïse afirmó que los arrestos se basaron en información de los servicios de inteligencia sobre un presunto intento de derrocar a su gobierno. En respuesta, sectores de la población empezaron a acusar a Moïse de estar orquestando un “autogolpe de Estado”.

El 8 de febrero, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil designaron a otro juez del Tribunal de Casación, Joseph Mécène Jean-Louis, presidente interino. Este último aceptó este nombramiento para convertirse en “Presidente de Haití con carácter provisional y transitorio”. Con esa iniciativa, la oposición y la mayoría de la población exigen no sólo la salida inmediata de Moïse sino que se inicie una “transición de ruptura” con el actual régimen, con cambios profundos en la organización del país.

Sin embargo, el mismo día, Moïse emitió un decreto ordenando la “jubilación” de tres jueces del Tribunal de Casación: Dabrésil, Jean-Louis y Wendelle Coq Thélot. Los acusó de haber “intentado llegar a la oficina presidencial sin pasar por una elección.”

El 11 de febrero, Moïse nombró por decreto a tres nuevos jueces del Tribunal de Casación – Octélus Dorvilien, Louiselmé Joseph y Pierre Harry Alexis – sin respetar los procedimientos previstos por la Constitución.

Una crisis esperada

Lejos de ser una sorpresa, la crisis actual es la continuación de una crisis mucho más profunda en la isla caribeña, la cual se vio reflejada desde 2018 por una ola de movilizaciones sin precedentes, en rechazo a la corrupción, la pobreza, las desigualdades y el régimen encarnado por Jovenel Moïse.

Leer también Rebelión en Haití ⇒ “Lo que estamos viviendo es una crisis del capitalismo y del imperialismo estadounidense»

Ante los hechos, Jovenel Moïse respondió con desprecio y represión. Además, el 26 de noviembre de 2020, firmó dos nuevos decretos que sirvieron para crear una agencia de inteligencia y para tipificar
como “terrorismo” los actos de vandalismo.

La situación siguió deteriorándose especialmente en términos de inseguridad con el fuerte aumento de los asesinatos y secuestros por parte de bandas armadas.

Violencia paramilitar

El alza de violencia que se vive en las calles haitianas corresponde justo con el periodo de protestas que inició en 2018. En los últimos años, varios grupos armados se fueron consolidando con el objetivo de desmovilizar a la población y controlar la insurrección.

“Lo que observamos en el país son altos índices de violencia política organizada. Nos referimos con esto a que los actores de la violencia más flagrante en el país -notablemente grupos criminales, bandas armadas, paramilitares- son actores orgánicamente ligados al poder político, al Estado y a los poderes internacionales. La mayoría de estos grupos han sido montados y financiados por senadores, ministros y presidentes, cuando no directamente estimulados por las potencias imperialistas”, explica Lautaro Rivara , en una nota intitulada Siete tesis equivocadas sobre la situación en Haití, publicada por La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).

Leer también ⇒ Gobierno de Haití instrumentaliza la pandemia para reprimir a la población

Como lo detalla Rivara, “el gobierno ha tejido una firme alianza con una suerte de coalición de grupos delincuenciales denominado el ‘G9’, el cual co-gobierna hoy el territorio haitiano en ciertas regiones, incluso con un dominio más sustantivo que el del propio Estado. Ya no basta la panoplia de fundaciones, agencias de cooperación, ONG’s coloniales e iglesias neopentecostales norteamericanas que han intentado cooptar y desmovilizar a los movimientos rurales y urbanos, difundiendo teorías coloniales, teologías mercantiles y concepciones pseudo desarrollistas, y compitiendo por lo que consideran una clientela cautiva. El poder duro pero invisible se ejerce a través del fomento del narcotráfico, el crimen organizado y el paramilitarismo.”

Intervencionismo y relaciones neocoloniales 

A pesar de la magnitud de las protestas y de las obvias violaciones a los Derechos Humanos orquestadas por el poder, Jovenel Moïse sigue gozando del apoyo de la llamada “comunidad internacional”.

Ese apoyo casi incondicional es representativo de una larga historia de injerencia en el país por parte de países como Estados Unidos, Francia, Canadá, así como de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y grupos de interés como el Core Group -conformado por los países autodenominados ‘amigos de Haití’, la mayoría europeos, con intereses mineros, migratorios, financieros o geopolíticos en el país.

“El auge del llamado ‘intervencionismo humanitario’ en la post Guerra Fría, o de ideologemas parecidos como la ‘responsabilidad de proteger’ (R2P por su acrónimo en inglés) o el ‘principio de no indiferencia’, se han plasmado, en el laboratorio haitiano, en las innumerables misiones civiles, policiales y militares que desembarcaron en la costa occidental
de la isla, desde la pionera MICIVIH [Misión Civil Internacional en Haití] en el año 1993, hasta la tristemente célebre  Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización en Haití (MINUSTAH) durante el período 2004-2017″,
detalla Rivara.

El 15 de Octubre de 2017, la MINUSTAH cambió su nombre al de Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH), y pasó a ser una ‘misión de mantenimiento de la paz más pequeña’. Dos años después, la ONU anunció el final de la misión militar que duró más de 15 años, para transicionar hacia una misión política con la instalación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), que sigue vigente hasta la fecha.

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En el marco de su ‘misión de paz’, la ONU y el Core Group no sólo se dieron a la tarea de participar de la seguridad pública sino que también se dedicaron a ‘acompañar’ los procesos electorales, ya sea para la organización de elecciones presidenciales, legislativas o municipales.

“En realidad eso significó decidir quién debe o no ser elegido, a través de fraudes electorales”, afirmó el abogado y activista Guy Laurore Rosenez en entrevista para Avispa Midia.

El actual régimen encabezado por Jovenel Moïse y el Partido Haitiano Tèt
Kale
, más conocido como ‘régimen PHTK’, es el producto de esa política
intervencionista.

“Quienes desde el norte global gustan señalar y medir los déficit democráticos de los países periféricos (…) suelen detenerse en señalar la cantidad de gobiernos y presidentes que Haití ha tenido en los últimos años, como inequívoco síntoma de inestabilidad política. Sin embargo, suelen no mencionar que desde el año 1957, todos los gobiernos de Haití -con la salvedad del primer gobierno del cura progresista
Jean-Bertrand Aristide y más tarde el de su delfín René Préval- llegaron al Palacio Nacional con la mediación, la intervención, el golpe o la ocupación por parte de las sucesivas administraciones norteamericanas, hayan sido estas demócratas o republicanas”, detalla Rivara.

radio
Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Presos mapuche en Angol iniciarán huelga seca, tras cien días en huelga líquida

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Nosotros, los 3 comuneros que llevamos 99 días de huelga de hambre desde la cárcel de Angol le queremos comunicar al pueblo Nación mapuche y a la comunidad Chilena e Internacional lo siguiente:

Ante la insensibilidad y oídos sordos de las autoridades políticas y judiciales de este país, respecto a nuestras peticiones. Anunciamos que vamos a recrudecer nuestra medida para ser escuchados y que iniciaremos una huelga de hambre seca a contar de las 8 de la mañana del día 10 de marzo con el único fin de que se acoja nuestro petitorio que es el siguiente:
1.- Pedimos juicios justos, derecho a que se valoren nuestras pruebas y argumentos y se eliminen las pruebas falsas y los falsos testimonios basados en prejuicios y racismo.
2.- Que se respete nuestro derecho como mapuche a ser considerados comuneros, independiente del módulo donde estemos recluidos, respetando nuestra cultura, otorgándonos los derechos que nos reconoce la Ley y los tratados internacionales en cuanto a visitas y las cosas y alimentos que nos pueden hacer llegar nuestros familiares. Que se respete nuestra cultura y prácticas médicas, dejando que nos visite nuestro machi.
3.- De acuerdo al primer punto del juicio justo, que se nos permita mantener el principio de la presunta inocencia hasta que se pruebe lo contrario, por lo que se nos debe permitir cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar hasta el juicio oral.
4.- Que se nos permita probar que las acusaciones del fiscal Vásquez están basadas en suposiciones y prejuicios, el juez debe dar valor a los informes que justifican nuestros argumentos, por ejemplo informes de la doctora sobre la incapacidad de Felipe Espinoza.
5.- Pedimos que un organismo independiente como el Colegio Médico sea nuestro garante para hacer de mediador.
Esperando que estas peticiones lleguen a todos los oídos receptivos de nuestro pueblo mapuche y del pueblo Chileno solidario.
Atte.
Patricio Lican Manquel
Juan Lican Manquel
Felipe Espinoza H.
9 de marzo del 2021, cárcel de Angol.

radio

(Español) Bolivia | Agenda nacional feminista rumbo al 8M

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Desde el dolor profundo que se nos hace carne, desde la indignación que sentimos que ya se hace insuficiente, después de haber perdido y seguir perdiendo a nuestras hermanas en las calles,  las casas, nuestros barrios, universidades…

Nos vamos juntando, nos vamos acuerpando, nos estamos curando, nos regalamos ternura, organizamos nuestras rabia, dolor e indignación para salir a gritar a las calles porque nos estamos dando cuenta que el miedo que nos infundieron desde niñas ya no es un medio de defensa, protección o seguridad…Tomamos las calles, nos plantamos frente a juzgados, en las puertas de las oficinas de la policía para recordarles su complicidad en estos crímenes de odio; su pasividad en atender los casos de violencia, exigimos justicia…

Y desde la organización de la Digna Rabia les compartimos la AGENDA NACIONAL FEMINISTA para el 8M.

COCHABAMBA

  • Hasta el 6 de Marzo, CONVOCATORIA AL MICRÓFONO ABIERTO Facebook: Colectivas Al Sur
  • 8 de Marzo OCUPACIÓN FEMINISTA Plazuela Sucre De: 11:00 a 16:00
  • 8 de Marzo MARCHA Universidad Mayor de San Simón 17:00

 

EL ALTO

  • 6 de Marzo ASAMBLEA Café Ukamaú, calle Arturo Valle Hrs: 15:00
  • 8 de Marzo MITÍN Juzgados ( Cruce Viacha) De: 08:00 a 10:00

 

LA PAZ

  • 8 de Marzo MARCHA Montes (Altura C.O.B)  10:30 Hrs
  • 8 de Marzo MARCHA Zona Sur (Curva de Olguín) 16:00 Hrs.

 

SANTA CRUZ

  • 8 de Marzo PLANTÓN Plaza Principal 24 de Septiembre  16:00 Hrs.

 

SUCRE

  • Hasta el 5 de Marzo, CONVOCATORIA GRÁFICA LAYQAYQUNAFEMZINE@GMAIL.COM
  • 5 de Marzo CHARLA Zoom/Facebook: 8M Sucre 19:00 Hrs
  • 8 de Marzo PLANTÓN Plaza 25 de Mayo  18:30 Hrs

 

TARIJA

  • 8 de Marzo MARCHA Y MITÍN Concentración: Casa CreArt (Domingo Paz esq. Campero) Plantón: Parque Bolívar, desde las 15:30 Hrs.

radio
Avispa MIdia

(Español) Rumbo al 8M: Campaña y encuentro contra el feminicidio desde Abya Yala hasta Kurdistán

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Por Avispa

Foto por Mayra

Frente a las políticas feminicidas del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán lanzó la campaña internacional contra el feminicidio denominada “100 razones para juzgar al dictador por sus políticas feminicidas”.

Durante 100 días, del 25 de noviembre (Día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres) hasta el 8 marzo, se hace visible el feminicidio de una mujer kurda bajo el régimen dictatorial turco. Sin embargo, estos feminicidios se cuentan en miles y se siguen perpetuando bajo órdenes del Estado turco y alianzas con el Estado Islámico.

El objetivo de la campaña es doble. En una primera fase se tiene como objetivo recoger 100 mil firmas a nivel internacional para sentar bases jurídicas y sociales para juzgar al dictador Erdogan como feminicida. En una segunda fase interpelar a las instancias internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional de La Haya para que el feminicidio sea reconocido como un crimen contra la humanidad, en la misma dimensión que el genocidio.

Para firmar haz click aquí.

Aumento de la violencia hacia las mujeres a nivel mundial

Actualmente la violencia hacia las mujeres en Turquía está aumentando hasta en un 1400%.

Las medidas represivas del gobierno dictatorial de Erdogan ponen en peligro la libertad y la vida de las mujeres y dificultan que se auto-organicen políticamente, en una sociedad radicalmente democrática, con sentido comunitario y con perspectiva ecológica. Las políticas represivas son llevadas a cabo mediante ataques políticos, psicológicos, sociales, encarcelamiento masivo de mujeres, tortura y feminicidio perpetrados por el aparato estatal y sus brazos armados hacia las mujeres organizadas que construyen otras alternativas de vida.

En México, la violencia feminicida ha aumentado durante esta pandemia. Hubo un aumento hasta más de 300% en las llamadas de auxilio por violencia de género. Además, el informe presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sobre el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, alerta sobre la situación del feminicidio en México (11,217 mujeres y niñas asesinadas), la violencia sexual, la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes (20,431 desaparecidas), así como sobre la normativa y la política pública que obstaculiza el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

El Movimiento de Mujeres de Kurdistán llama a levantar la voz y a articularnos desde la resistencia y la construcción de otra justicia y autonomía ante la opresión del sistema patriarcal, incorporado en los Estados que a nivel mundial nos asesina por ser mujeres.  Para el Movimiento, “la violencia del sistema patriarcal contra las mujeres se mantiene de diferentes formas en diferentes contextos. Los delitos contra la mujer no se pueden dividir en categorías no relacionadas, como “violencia en zonas de conflicto”; “violencia doméstica”, “violencia laboral”. Su suma total es la opresión sistemática.”

Convocatoria

A iniciativa de la Autónoma de Mujeres y Disidencias del Comité de Solidaridad con Kurdistán, en la Ciudad de México, y Mujeres y La Sexta, en conjunto con el Movimiento de Mujeres de Kurdistán y en colaboración con colectivas feministas en México, Bolivia, Colombia y Argentina, convocan este próximo fin de semana del 6 y 7 de marzo al Encuentro virtual contra el feminicidio desde Abya Yala hasta Kurdistán y a una serie de proyecciones vinculando la lucha de madres, defensoras de derechos humanos y activistas de México, Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia, Bolivia y Kurdistán.

Las colectivas manifiestan: “Ante la violencia feminicida, queremos vivir plenamente en nuestros territorios y vincularlos desde la fuerza de la lucha que vamos generando como mujeres y disidencias.”

La iniciativa contará con la participación de Berta Zúñiga Cáceres, Coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Amalfi Bautista, hermana de Cristina Bautista, activista colombiana, líder comunitaria del pueblo Nasa de Colombia asesinada en el 29 Octubre del 2019, Miriam Miranda, líder Garífuna de la Organización Fraternal Negra de Honduras defensora de los derechos humanos en fuerte resistencia, Araceli Osorio, madre de Lesvy Rivera Osorio en lucha contra la impunidad del feminicidio, Gabriela Schvartzman, feminista paraguaya y defensora de Derechos Humanos, participante de la campaña internacional #EranNiñas desde Paraguay, Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio, quien ha encabezado incontables actos de protesta contra la violencia machista como madre para la justicia contra el feminicidio de su hija y un saludo por parte del III Encuentro Nacional de Mujeres de CNI. Además en un segundo momento se abrirán diálogos grupales. También estará presente Alessia Dro representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina.

El domingo 7 de marzo se llevará a cabo el estreno en México del documental Sara: toda mi vida fue una lucha sobre la vida de la revolucionaria kurda Sakine Cansiz asesinada en París por las fuerzas secretas turcas en París. Esta película y el corto-entrevista a la señora Lourdes García, madre de Norma Dianey, joven desaparecida desde 2018, darán inicio al Ciclo documental sobre violencia feminicida en colaboración con la Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa.

Consulta el programa de los eventos en:

Encuentro de mujeres contra el feminicidio. Desde Abya Yala hasta Kurdistán

Página del Comité de Solidaridad con Kurdistán -CDMX

Por: Ro

radio
Noticias de abajo

(Español) Noticias de abajo 4 de marzo 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS
MUNDO RUMBO AL 8M
CHILE: Mujeres y disidencias, cambiaron los nombres de las estaciones del Metro de Santiago con demandas feministas en la previa al llamado a huelga para este 8 de marzo, el Día de la Mujeres. La Zarzamora Colectiva
KURDISTAN: Crece la violencia contra mujeres por el estado Turco feminicida de Erdogan, ante la situacion de extremo machismo nuestras compañeras kurdas nos comparten lo que han hecho en la jornada rumbo al 8M. Kurdistan America Latina. La Zarzamora
ARGENTINA: Mujeres trabajadoras luchan contra el machismo y el elitismo capitalista en la salud y llaman a tomar las calles el 8M. La Izquierda Diario
GRECIA: Facebook está censurando a cualquier persona, grupo o página que publique algo relacionado con la huelga de hambre del preso politico Dimitris Koufontinas. Enoughisenough14
MEXICO ECUADOR COLOMBIA: A 13 años del asesinato de 4 estudiantes del la UNAM en Sucumbios Ecuador porel ejercito de Colombia.
Por Grupo de solidaridad con familiares de victimas

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
QUINTANAROO: La Red Feminista Quintanarroense deja la congresa, argumentan que hay avances en la depenalizacion del aborto por parte de las autoridades. Redes
PUEBLA: Lay ley Agnes esta aprobada gracias al esfuerzo de trans feministas y feministas Puebla es la entidad numero 14 que respeta los derechos transgenero.
GUERRERO Y CDMX Ningun agresor al poder protesta contra la impunidad y machismo del mal gobierno al ignorar a las victimas de abuso sexual por parte de Felix Salgado Macedonio. Protestas en el metro.
CDMX : EL Congreso Nacional Indigena convoca al Tercer Encuentro de Mujeres el 6 Y 7 de marzo en la TomaINPI en CdMx. CNI
MEXICO: Invitan a encuentro virtual de mujeres contra el feminicidio. Mujeres y la sexta
MORELOS: Se preparan en Huexca para exigir respeto al río Cuautla en Día Mundial del Agua 22. Desinformemonos
MICHOACAN: Agresiones y amenazas contra la comunidad de Santa Fe de la
Laguna por recuperación de tierras. CNI
OAXACA ISTMO: Mujeres organizan cooperativas para sobrellevar la pandemia en Oaxaca. Desinformemonos
CDMX: #FuimosTodas: CNDH criminaliza a madre de víctima de agresión sexual. Somos el medio
CDMX: Detienen a dos compas tras participar en protesta por la libertad de Tiara, siguen en proceso.

radio
Avispa Midia

(Español) Honduras | Por supuesta usurpación de tierras detienen a dos integrantes de la OFRANEH

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Por Angel Huerta

El miércoles (3) la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) alertó sobre la detención de Marianela Solorzano y Jennifer Solorzano, ambas de la OFRANEH, acusadas de usurpación de tierra. Jennifer fue detenida por elementos de la policía el día 3 cerca de las 18h30, mientras conducía hacia el municipio de Santa Fé. Al enterarse, su hermana Marianela se presentó en el mismo día en las instalaciones de la posta policial en donde también fue detenida por supuestamente contar con orden de captura.

Marianela Solórzano es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer Solórzano es defensora de los territorios ancestrales garífunas. Sus detenciones se dan en el marco de continuas agresiones y persecución en contra del pueblo garífuna, organizado en la OFRANEH.

Diversas organizaciones en Honduras e internacionales se pronunciaron por la arbitraria  detención y responsabilizaron al gobierno del presidente Juan Orlando de lo que le pueda pasar a Jennifer Solorzano y Marianela Solorzano, además se declararon en alerta, señalaron que “¡No son delincuentes, son defensoras!”. Estas detenciones se dan en el contexto de que hoy se lleva a cabo la audiencia de supervisión de cumplimiento, ante la Corte Interamericana, de las sentencias de las comunidades Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Honduras ya que las comunidades no habrían contado con un título de propiedad sobre su territorio tradicional que fuese culturalmente adecuado. Además señalan la falta de una consulta previa, libre e informada respecto a la adopción de decisiones como la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos, la creación de un área protegida y la regulación de ventas de sus tierras comunitarias.

¡Basta ya!

La OFRANEH, representantes de familiares y garífunas crearon el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz – SUNLA. El comité, que será dirigido por un consejo directivo, realizará mesas de trabajo de derechos humanos, donde participarán familiares de las víctimas, expertos en investigación criminal y abogados, involucrados en el caso de Triunfo de la Cruz.

SUNLA es una palabra garífuna que en español significa ¡basta ya!. Este espacio se crea en un contexto de violencia y graves violaciones de los derechos humanos al pueblo garífuna, donde las comunidades sufren una elevada violencia. En menos de dos años ha dejado 40 personas asesinadas, sectores desplazados forzadamente y las desapariciones de cinco jóvenes de quienes desde hace 7 meses no tienen información de las investigaciones estatales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) forman parte de este comité. Desempeñan el papel de intermediarias entre el comité y las instituciones del gobierno, en el proceso de investigación.

El 18 de julio del 2020 treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras, y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos. A siete meses del ocurrido no ha habido avances y el gobierno se niega a entregar información sobre la investigación.

El 29 de octubre de 2003 la CIDH recibió una petición presentada por la OFRANEH contra la República de Honduras. La misma fue admitida el 14 de marzo, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros. Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación. “Después de la sentencia de la Corte, los integrantes más visibles se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”, ha denunciado la organización garífuna.

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(Español) VIDEOS / La Lucha feminista de Berta Cáceres

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marzo 1, 2019

Hacer #JusticiaFeministaParaBerta significa abonar, cuidar y continuar sembrando las semillas de cambio que su camino y su palabra nos heredaron. Por ello, al cumplirse 3 años de su siembra las invitamos a escuchar de nuevo su voz y a llenarse de la fuerza, la dignidad y la sabiduría que emanan de sus palabras.

La Lucha feminista de Berta Cáceres (2)

¿De dónde proviene la fuerza, la conciencia y la rebeldía feminista de Berta Cáceres? Berta nos lo cuenta…

La Lucha feminista de Berta Cáceres (3)

A lo largo de su vida, Berta enfrentó múltiples ataques por el hecho de ser una mujer defensora de los derechos humanos del pueblo y las mujeres lenca. Muchos de estos ataques presentaban componente de género y se dirigían directamente contra su ser mujer.

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