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Sin Embargo

Chiapas: tierra de desplazados…por su propio gobierno

CHIAPAS: TIERRA DE DESPLAZADOS… POR SU PROPIO GOBIERNO

Por Sandra Rodríguez Nieto febrero 4, 2015 – 00:00h 5 Comentarios

Los conflictos no son el único motivo por el que cientos de indígenas chiapanecos abandonan sus poblaciones. La obra pública emprendida por el gobierno de Manuel Velasco Coello, principalmente los megaproyectos carreteros, han expulsado a miles de habitantes de sus pueblos.

En no pocos casos, un día llegan elementos armados con palos, machetes y rifles a la vivienda de alguna persona y la obligan, junto con su familia, a dejar atrás sus tierras, su historia y su poco patrimonio. Detrás de estas acciones, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, existe un motivo económico: el trazo de la autopista planeada entre las zonas turísticas de San Cristóbal de las Casas y Palenque, obra por la que miles de pobladores indígenas de al menos 10 municipios están siendo presionados para dejar o vender sus tierras.

En todos los casos de despojo existe el mismo patrón: operadores del gobierno estatal, apoyados por policías, en algunos casos, y siempre en la impunidad, atacan poblaciones de indígenas y simpatizantes zapatistas, forzándolos a dejar sus territorios.

Indígenas chiapanecos que se niegan a abandonar sus casas para dar paso a megaobras terminan muertos, segñun ONGS. Foro: CuartoscuroIndígenas chiapanecos que se niegan a abandonar sus casas para dar paso a megaobras terminan muertos, según ONGs. Foro: Cuartoscuro (Continuar leyendo…)
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Radio Zapatista

Padres de normalistas de Ayotzinapa rechazan versión de la PGR

En conferencia de prensa, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya más de cuatro meses, y el abogado Vidulfo Rosales, rechazaron ayer las declaraciones del procurador general Murillo Karam, exponiendo que:

  • No hay certeza científica de peritajes de PGR.
  • La declaración del “Cepillo” no es concluyente.
  • Hay denuncias de coacción en algunas declaraciones.
  • No hay ninguna mención del asesinato de Julio César Mondragón.
  • Todavía hay implicados de relevancia sin detener.
  • Hasta el momento  no hay  juicos por desaparición forzada de personas.
  • Existen  versiones encontradas sobre el lugar de ejecución y dónde fueron calcinados los estudiantes.
  • No se ha  investigado  la participación del Ejército.
  • Sólo se habla con certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos.
  • Existen  en el expediente dos versiones de los hechos que no han sido aclaradas ni confrontadas.

Escucha el audio de la conferencia de prensa:

(Descarga aquí)  
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    Kolectivo Zero

    Comunicado San Sebastián Bachajón, 16 de enero 2015

    Comunicado San Sebastián Bachajón 16 de Enero, 2015

    EN EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN
    ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA

    CHIAPAS. MÉXICO. A 16 DE ENERO DE 2015

    A las Juntas de Buen Gobierno
    A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
    Al Congreso Nacional Indígena
    A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
    A los medios de comunicación masivos y alternativos
    A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
    Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
    A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
    Al pueblo de México y el mundo

    Compañeros y compañeras, hacemos de su conocimiento que seguimos en pie de lucha por la defensa de nuestro territorio y contra el despojo del mal gobierno que mantiene sus policías en la tierras que nos pertenecen después de que atacaron a nuestros compañeros y compañeras con armas de grueso calibre y balas de goma. Pero nuestros compañeros y compañeras con valor, dignidad le dijeron a sus sicarios del mal gobierno que las tierras no se venden, que no queremos la fuerza pública y violencia en nuestra comunidad, solo queremos vivir tranquilos, no queremos sus proyectos de muerte y desplazamientos forzados.

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    Radio Zapatista

    Tribunal Permanente de los Pueblos: Anuncio Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”

    Este miércoles 16 de julio de 2014, se realizó en las oficinas del Frayba una conferencia de prensa para anunciar la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) México, Eje “Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia”.

    La preaudiencia versará sobre el Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94, el caso de la masacre de Viejo Velasco, la situación de las zonas Norte, Selva y Altos en Chiapas, con la participación de víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dió como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.

    Palabras en la conferencia de prensa:

    Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco (lee el texto aquí)
    (Descarga aquí)  

    Eréndira Sandoval, Eje Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos
    (Descarga aquí)  

    Alejandro Cerezo Contreras, Juez de la Preaudiencia (Memoria, justicia y reparación) (lee el texto aquí)
    (Descarga aquí)  

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    Frayba

    Ante la falta de justicia del Estado familiares de víctimas de la masacre de Viejo Velasco exigen verdad

    A 16 de julio de 2014.

    Buenos días a todas y todos los presentes, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa.

    Mi nombre es Diego Moreno Vázquez. Soy indígena chol, miembro de la Organización Xinich al igual que todos mis compañeros víctimas del presente caso. Soy promotor de salud. Vengo en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco.

    Esta masacre se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2006, cuando aproximadamente las 6:00 de la mañana, un grupo de aproximadamente 40 personas de la comunidad Nueva Palestina quienes iban muy bien armados, algunos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. Así también, estas personas eran acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial, estos policías iban armados con armas de alto poder algunas conocidas como “cuerno de chivo” y R-15; a su ves todos iban acompañados de otras autoridades.
    Todos éstos de inmediato rodearon la comunidad ubicándose en diversos lugares, para posteriormente entrar a las casas y robar las pertenencias de nuestros familiares que vivían en la comunidad Viejo Velasco.

    El resultado de este hecho violento fue: de 4 compañeros indígenas muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, este último del grupo agresor), 4 más resultaron desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo quien era mi padre, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López). Además se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad, sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente se refugiaron en la comunidad vecina Nuevo Tila.

    Ante la falta de justicia del Estado, nosotros los familiares nos dimos a la tarea de buscar a nuestros familiares desparecidos y el 6 de julio del 2007 juntó con la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos para el caso Viejo Velasco, recorrimos la ruta que va de la comunidad Paraíso hacia Viejo Velasco donde encontramos 2 osamentas, las cuales resultaron ser de Miguel Moreno Montejo quien era mi padre y de Pedro Núñez Pérez.  El gobierno nos decía que nuestros familiares habían agarrado sus mochilas y que se habían ido al norte de nuestro país. Fue hasta noviembre de 2011 que nos entregaron los restos y le dimos cristiana sepultura.
    Hasta el día de hoy continúan desaparecidos nuestros compañeros Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, los desplazados están prestando tierras o trabajando en distintos lugares para poder alimentar a sus familias. Así también 4 compañeros de la comunidad Nuevo Tila continúan con órdenes de aprehensión acusados de la muerte de nuestros familiares, siendo que no tienen nada que ver, al contrario ellos y la comunidad Nuevo Tila recibieron a la mayoría de los desplazados ese día. Estos 4 compañeros corren el mismo riesgo que nuestro compañero Diego Arcos Meneses, quien fue acusado falsamente por los hechos, permaneciendo casi un año en la cárcel acusado de la muerte de nuestros familiares, siendo que es un promotor de salud, como yo, que lo único que él hizo fue brindar apoyo a nuestros familiares.
    La masacre en la comunidad Viejo Velasco, que se presentará en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, se llevó a cabo en el contexto de la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad Lacandona y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada. A pesar de las denuncias de hostigamientos y amenazas de desalojo que sufrían las comunidades, el gobierno no hizo nada para evitar estos graves hechos. Además el modo de actuar de los agresores se enmarca dentro de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano desde el 1 de enero de 1994, con la puesta en marcha de su Plan de Campaña Chiapas 94’, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas.
    A casi 8 años de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, nosotros los familiares continuamos exigiendo justicia, castigo a las autores intelectuales y materiales de estos graves hechos y nuestro derecho a saber la verdad de lo sucedido, así como el paradero de nuestros familiares desaparecidos. Lo único que ha hecho el gobierno mexicano es seguir alimentando la impunidad.
    Es por eso que hoy, les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen el día 18 de julio del 2014, a partir de las 6 de la mañana en la comunidad Limonar municipio de Ocosingo, Chiapas; para la celebración de la preaudiencia del caso ante los Jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde testificáremos los sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidas. Así también contaremos con la presencia de familiares de los casos de Acteal y Zona Norte de Chiapas.
    Nuestras voces serán de exigencia de justicia y derecho a la verdad. Nuestra participación en la preaudiencia fortalecerá nuestros corazones para continuar con nuestra lucha de memoria y esperanza.

    Muchas gracias a todas y todos.

    Palabras de Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, durante la conferencia de prensa: Anuncio de la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”. 16 de julio 2014, 10 hrs., San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

    Fotos: Osamentas halladas en Viejo Velasco en julio de 2007, posteriormente identificadas por el Equipo  Argentino de Antropología Forense, en 2011, como restos que correspondían a Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. (Archivo Frayba)
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    Manuela Picq

    Autodeterminación como antiextractivismo: la resistencia indígena desafía las políticas mundiales

    Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

    Self-Determination as Anti-Extractivism: How Indigenous Resistance Challenges World Politics Print
    Written by Manuela Picq
    Monday, 02 June 2014 19:46
    This article was originally published in E-International Relations’ free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons License.

    Indigeneity is an unusual way to think about International Relations (IR). Most studies of world politics ignore Indigenous perspectives, which are rarely treated as relevant to thinking about the international (Shaw 2008; Beier 2009). Yet Indigenous peoples are engaging in world politics with a dynamism and creativity that defies the silences of our discipline (Morgan 2011). In Latin America, Indigenous politics has gained international legitimacy, influencing policy for over two decades (Cott 2008; Madrid 2012). Now, Indigenous political movements are focused on resisting extractive projects on autonomous territory from the Arctic to the Amazon (Banerjee 2012; Sawyer and Gómez 2012). Resistance has led to large mobilized protests, invoked international law, and enabled alternative mechanisms of authority. In response, governments have been busy criminalizing Indigenous claims to consultation that challenge extractive models of development. Indigenous opposition to extractivism ultimately promotes self-determination rights, questioning the states’ authority over land by placing its sovereignty into historical context. In that sense, Indigeneity is a valuable approach to understanding world politics as much as it is a critical concept to move beyond state-centrism in the study of IR.

    The Consolidation of Indigenous Resistance against Extractivism

    Indigenous peoples are contesting extractive projects in various, complementary ways. Collective marches have multiplied as an immediate means of resistance throughout the Americas. In 2012, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador led thousands of people on a 15-day, 400-mile March for Life, Water, and the Dignity of Peoples, demanding a new water law, the end of open-pit mining, and a stop to the expansion of oil concessions. Within days, a similar mobilization took over Guatemala City. The Indigenous, Peasant, and Popular March in Defense of Mother Earth covered 212 kilometers to enter the capital with nearly 15,000 people protesting mining concessions, hydroelectric plants, and evictions. In Bolivia, various marches demanded consultation as the government prepared to build a highway within the Indigenous Territory and National Park Isidoro Sécure (TIPNIS). From Canada’s Idle No More movement to the protests against damming the Xingú River Basin in Brazil, Indigenous movements are rising and demanding they be allowed to participate in decisions affecting their territories.

    Protests are at the core of global Indigenous agendas. In 2013, the Fifth Continental Summit of Indigenous Peoples of the Abya Yala encouraged communities to step-up resistance in light of the threat posed by state-sponsored extractivism. This is what Indigenous women were doing when they walked from Amazon territories to Quito, Ecuador, denouncing government plans to drill without consultation in the Yasuní reserve. Local protests are not trivial or irrelevant in world politics. Rather, they are part of a larger effort to transform local concerns into international politics.

    Indigenous peoples have remarkable expertise in international law and are savvily leveraging their rights to consultation and self-determination guaranteed in the ILO Convention 169 (1989) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (UN General Assembly 2008). They have won emblematic legal battles at the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), at times obliging states to recognize Indigenous territorial authority. In the decade-long case of Sarayaku v. Ecuador, the IACHR upheld the right of free, prior, and informed consent with a binding sentence against the Ecuadoran State for allowing a foreign oil company to encroach on ancestral lands without consultation during the 1990s. A 2011 petition by communities of the Xingú River basin led the IACHR to order Brazil’s government to halt the construction of the Belo Monte Dam. The Mayan Q’eqchi’ expanded jurisdiction by taking Hudbay Minerals to Court in Canada for crimes committed at an open-pit nickel mine in Guatemala. In Canada, two Manitoba First Nations used their own legal systems in 2013 to serve eviction notices to mining companies operating illegally on their land.1

    International pressure is significant, yet states frequently eschew what they perceive to be uncomfortable mechanisms of accountability. Courts may validate Indigenous resistance, and UN reports warn against the catastrophic impact of extractive industries, but Brazil continued to build the Belo Monte Dam and Peru’s government did not consider suspending the Camisea gas project of drilling 18 wells on protected territories that have been home to Amazonian peoples in voluntary isolation (Feather 2014). Nevertheless, states that evade prior consultation obligations only foster Indigenous inventiveness. In the absence of official mechanisms of consultation, people establish autonomous ones. Local communities of the Kimsacocha area took matters in their own hands after years of being ignored, demanding Ecuador’s government consult them on a mining project in the highlands. In 2011, they organized a community-based consultation without the authorization of the state that was nevertheless legitimized by the presence of international observers (Guartambel 2012). The community voted 93% in favour of defending water rights and against mining in the area. Autonomous forms of prior consultation are increasingly common in Latin America. In Guatemala alone, there have been over sixty community-based consultations since 2005 (MacLeod and Pérez 2013).

    Contesting States of Extraction

    Indigenous resistance has been the target of severe government repression, ranging from judicial intimidation to assassinations of activists. Mobilizations against the Congo mine in Cajamarca, Peru, led President Ollanta Humala to declare a state of emergency and unleash military repression. An estimated 200 activists were killed in Peru between 2006 and 2011 for resisting extractivism (Zibechi 2013). Colombia’s government, in turn, declared protests against the mining industry illegal. In Ecuador, about 200 people have been criminalized for contesting the corporatization of natural resources. Many have been charged with terrorism. Violent repression against TIPNIS protesters in Bolivia revealed that even Evo Morales, Latin America’s first elected Indigenous president, is willing to use force to silence demands for consultation. Various activists opposing the multinational mining giant AngloGlod Ashanti have been assassinated. Argentina’s Plurinational Indigenous Council, which calls for an end to extractivism, has recorded eleven assassinations since 2010. The Observatory of Mining Conflicts in Latin America (OCMAL) estimates there are currently 195 active conflicts due to large-scale mining. Peru and Chile lead the list with 34 and 33 conflicts respectively, followed by Mexico with 28, Argentina with 26, Brazil with 20, and Colombia with 12. Mega-mining alone affects nearly 300 communities, many of which are located on Indigenous territories.

    This wave of intense criminalization indicates the expansion of the extractive frontier. In Peru, where anti-extractivist unrest toppled two cabinets under the Humala government and led to the militarization of several provinces, mineral exploration expenditures increased tenfold in a decade. In 2002, 7.5 million hectares of land had been granted to mining companies; by 2012 the figure jumped to almost 26 million hectares, or 20% of the country’s land. Nearly 60% of the province of Apurímac has been granted to mining companies. In Colombia, about 40% of land is licensed to, or being solicited by, multinational companies for mineral and crude mining projects (Peace Brigades International 2011). According to OCMAL, 25% of the Chile’s territory was under exploration or operation as of 2010. In 2013, Mexico’s government opened the state-controlled energy sector to foreign investment, changing legislation to allow private multinationals to prospect for the country’s oil and natural gas resources for the first time since 1938.

    The problem is that governments are largely licensing Indigenous land. In 2010, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues reported that Colombian mining concessions had been awarded in 80% of the country’s legally recognized Indigenous territories. Colombia’s government has 8.8 million hectares of Indigenous reserves designated as oil areas and granted 168 mining licenses on Indigenous reserves in 2011. Extractive industries lead to evictions, toxic waste, and resource scarcity, creating conflicts over water, soil, and subsoil. Open-pit mining uses unsustainable amounts of water. The controversial Marlin mine, partly funded by the World Bank in 2004, and today fully owned by Goldcorp, uses in one hour the water that a local family uses over 22 years (Van de Sandt 2009).2 In Chile, mining consumes 37% of the electricity produced in the country – which will reach 50% in a few years – compared to 28% for industry and 16% for the residential sector. This requires the Chilean State to continually expand energy sources, thereby accelerating displacement and the transfer of agricultural land to hydroelectric projects.

    Conflicts against extractivism should not be dismissed as only concerning Indigenous peoples. They encompass larger debates about the role of extractivism in politics and contest a development model based on the corporatization of natural resources. In particular, they reveal the continuous role of resource exploitation as a strategy to finance states. Governments are prioritizing extractive industries as key engines of growth, although there is ample evidence that extractive industries create relatively few jobs. President Juan Manuel Santos promised to turn Colombia into a mining powerhouse because it attracts quick investment. Opening Ecuador to mega-mining financed much of President Correa’s third re-election. In fact, his unexpected policy shift to approve drilling within the Yasuní Reserve is explained largely by his government’s urgent need for cash. China, which holds over 35% of Ecuador’s foreign debt and financed 12% of its budget in 2013, buys about 60% of the country’s oil and is expected to pre-buy Yasuní oil (Guevara 2013).

    Indigenous claims against extractive projects contest a world system based on predation and usurpation. In Guatemala, mining is managed by long-standing political elites and inscribed in the colonial genealogy of power. In many instances, the entrepreneurs promoting mining today are the scions of the same oligarchical families that have controlled Indigenous land and peoples for centuries (Casaús 2007). The political economy of extractivism encompasses global inequalities of exploitation, within and among states. About 75% of the world’s mining companies are registered in Canada, and most operate in the so-called Global South (Deneault et al. 2012). Extractive industries in the North rely on alliances with national elites to exploit natural resources of peoples and places historically marginalized from power politics.

    Indigeneity as a Way to Rethink International Relations

    Claims against extractivism are ultimately claims to the right of self-determination. The unilateral expropriation of land for mining today is a continuation of the Doctrine of Discovery. It conceptualized the New World as terra nullis, authorizing colonial powers to conquer and exploit land in the Americas. It also paved the way for a paradigm of domination that outlasted colonial times to evolve into a broader – and more resilient – self-arrogated right of intervention embodied by the modern state (Wallerstein 2006). Today, the idea of “empty” lands survives in extractivist practices. Large-scale mining by multinational corporations perpetuates the human abuse and resource appropriation initiated by Spanish colonizers centuries ago in the Bolivian mines of Potosi. International rights to self-determination may have replaced Papal Bulls, yet the political economy of looting natural resources on Indigenous lands continues, now in the name of development.

    In this context, Indigeneity is a privileged site for the study of international relations. First and foremost, the extent and sophistication of Indigenous political praxis is relevant to any explanation of world politics. The rise of anti-extractivism as a politics of contestation against state exploitation calls for alternative sites of governance, such as the Inuit Circumpolar Council (Shadian 2013). Indigenous claims are shaping political practice, framing international legislation, and destabilizing assumptions about stateness. They seek the redistribution of rights as much as the uprooting of the concentration of power in the state. In that sense, Indigenous claims to consultation challenge the authority of states over natural resources as much as Westphalian forms of sovereignty.

    Second, Indigeneity disrupts state sovereignty (Ryser 2012). The UNDRIP became the longest and most hotly debated human rights instrument in UN history because the expansion of Indigenous rights is intrinsically related to issues of state authority over territory. Rights to self-determination entail the recognition of plural forms of territorial authority in competition with states. Indigeneity is attributed to peoples who have historically been excluded from projects of state-making. Yet it contributes much more than making visible historically excluded groups. It refers to a politics that both precedes the state and lies outside of it. It is the constitutive “other” of the modern state, marked by a co-constitutive history that explains why Indigenous politics vary depending on different processes of state-formation. Consequently, Indigeneity is vital to a discipline dedicated to studying relations among states precisely because it is intrinsically related to state-formation. Standing outside of, and prior to, the state makes Indigenous standpoints valuable in terms of thinking critically about world politics and imagining what post-national political assemblages may look like (Sassen 2008).

    Finally, Indigeneity is a strategic perspective in expanding scholarly debates on what constitutes IR. Indigenous experiences complement and broaden official national histories with forgotten or repressed narratives (O’Brien 2010), thus expanding methodological assumptions on how to do IR (Jackson 2010). Its precedence over the modern state encompasses alternative worldviews to think about the international beyond stateness. Indigeneity thus defies core epistemological foundations about power. In particular, it historicizes the state and sovereignty, moving away from Eurocentric conceptions of the world (Hobson 2012) and breaking with the discipline’s unreflective tendencies (Tickner 2013). The vibrancy of Indigenous struggles not only confirms the inadequacy of the state, echoing calls to provincialize Europe’s political legacies (Chakrabarty 2000), but it also provides concrete experiences of what the international can actually look like within and beyond the state (Tickner and Blaney 2013). Indigeneity is therefore doubly valuable for world politics. In addition to contributing alternative praxis of the international, it instigates critical theory to expand disciplinary borders.

    Conclusion

    Indigeneity is a valuable category of analysis for world politics. Indigenous experiences offer a fuller understanding of the world we live in. Integrating indigenous perspectives in the study of IR speaks to the ability to extend our political practice beyond the ivory tower. It is not a category of analysis that concerns merely Indigenous peoples, just as racism is not a matter for people of African descent only, or post-colonial studies the domain of previously colonized societies. The entire thrust of Indigeneity is that the non-state is the business of the state, and that there are alternative pathways available to decolonize the discipline.

    Stripping IR of its state-centrism invites us to reflect upon the entrenched colonialism of international relations. Indigenous perspectives will hopefully inspire scholars to adventure beyond the conventional borders of the discipline. After all, opening an alternative locus of authority is nothing short of revolutionary.

    Article originally published in E-IR’s free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) license

    References
    Banerjee, S. (2012) Arctic Voices: Resistance at the Tipping Point. New York: Seven Stories Press.
    Beier, J.M. (2009) International Relations in Uncommon Places: Indigeneity, Cosmology, and the Limits of International Theory. New York: Palgrave Macmillan.
    Casaús, M. E. (2007) Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores.
    Chakrabarty, D. (2008) Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
    Cott, D.L.V. (2008) Radical democracy in the Andes. Cambridge: Cambridge University Press.
    Deneault, A., Denis, M. and Sacher, W. (2012) Paradis sous terre: comment le Canada est devenu la plaque tournante de l’industrie minie`re mondiale. Montre´al: E´cosocie´te´.
    Feather, C. (2014) Violating rights and threatening lives: The Camisea gas project and indigenous peoples in voluntary isolation. Moreton-in-Marsh, United Kingdom: Forest Peoples Programme.
    Guartambel, C.P. (2012) Agua u oro: Kimsacocha, la resistencia por el água. Cuenca, Ecuador: Universidad Estatal de Cuenca.
    Guevara, F. E. (2013, December 10) “La explotación del Yasuní: reprimarizacioón de la economía del Ecuador.” Opción- Ecuador.
    Hobson, J.M. (2012) The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory 1760-2010. Cambridge: Cambridge University Press.
    Jackson, P.T. (2010) The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. New York: Routledge.
    MacLeod, M. and Pérez, C. (2013) Tu’n Tklet Qnan Tx’otx’, Q’ixkojalel, b’ix Tb’anil Qanq’ib’il, En defensa de la Madre Tierra, sentir lo que siente el otro, y el buen vivir. La lucha de Doña Crisanta contra Goldcorp. México: CeActl.
    Madrid, R.L. (2012) The Rise of Ethnic Politics in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
    Morgan, R. (2011) Transforming Law and Institution: Indigenous Peoples, the United Nations and Human Rights. Burlington, Vermont: Ashgate.
    O’Brien, J.M. (2010) Firsting and Lasting: Writing Indians Out of Existence in New England. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press.
    Peace Brigades International. (2011) “Mining in Colombia: At What Cost?” Colombia Newsletter, 18: 1–47.
    33
    Self-Determination as Anti-Extractivism
    Ryser, R.C. (2012) Indigenous Nations and Modern States: The Political Emergence of Nations Challenging State Power. New York: Routledge.
    Sassen, S. (2008) Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton: Princeton University Press.
    Sawyer, S. and Gomez, E.T. (2012) The Politics of Resource Extraction: Indigenous Peoples, Multinational Corporations and the State. New York: Palgrave Macmillan.
    Shadian, J.M. (2013) The Politics of Arctic Sovereignty: Oil, Ice and Inuit Governance. New York: Routledge.
    Shaw, K. (2008) Indigeneity and Political Theory: Sovereignty and the limits of the political. New York: Routledge.
    Tickner, A.B. (2013) “Core, periphery and (neo)imperialist International Relations.” European Journal of International Relations, 19(3): 627–46.
    Tickner, A.B. and Blaney, D.L. (2013) Claiming the International. New York: Routledge.
    UN General Assembly. (2008) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples resolution / adopted by the General Assembly. 2 October 2007, UN. Doc. A/RES/61/295.
    Van de Sandt, J. (2009) Mining Conflicts and Indigenous Peoples in Guatemala. The Hague: Cordaid.
    Wallerstein, I.M. (2006) European Universalism: The Rhetoric of Power. New York: The New Press.
    Zibechi, R. (2013, October 27) “Latin America Rejects the Extractive Model in the Streets.” Americas Program. Available at: http://www.cipamericas.org/archives/10983 (Accessed 29 January 2014).Endnotes
    1 A delegation from the Red Sucker Lake First Nation descended on the work camp of Mega Precious Metals, Inc., a mineral exploration company, to stop them from working and demand that they vacate the land immediately. The Mathias Colomb First Nation issued a similar order to Hudbay Mining and Smelting Co., Ltd. and the Province of Manitoba.
    2 According to the company’s own social and environmental impact report, the Marlin mine consumes about 250 thousand liters of water every hour (MacLeod and Pérez 2013).

    radio
    La Jornada

    Todavía andan libres los asesinos de Bety Cariño y Jiry Jaakkola

    Aún sin cumplir, detención de asesinos de los activistas Bety Cariño y Jaakkola

    Por Fernando Camacho Servín
    jue, 24 abr 2014 16:47
    bety.jpg

    En imagen de 2010, diputados perredistas salen del Zócalo con una caravana que transportaría ayuda al municipio autónomo de San Juan Copala. Foto Carlos Ramos Mamahua

    México, DF. Pese a tener claramente identificados a los responsables del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el gobierno federal se ha negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión que hay en contra de ellos, por lo que los familiares de las víctimas iniciarán una jornada de protesta para obligar al gobierno a cumplir su responsabilidad.

    Karla Michel Salas, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, indicó en rueda de prensa que al menos 13 personas ya han sido identificadas como presuntos autores del homicidio, luego de una investigación realizada por la fiscalía general de Oaxaca, pero a pesar de ello ni las autoridades locales ni las federales las han detenido.

    “Sabemos sus nombres y que algunos de ellos incluso son servidores públicos, pero se niegan a cumplimentar las órdenes de aprehensión” con el argumento de que no pueden entrar a la zona controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuyos miembros habrían asesinado a las dos víctimas.

    Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, lamentó por su parte que desde la muerte de su compañera y del activista finlandés –ocurrida el 27 de abril de 2010, cuando fueron atacados a tiros mientras se dirigían en caravana hacia la comunidad de San Juan Copala–, son los familiares de ambos quienes han realizado las investigaciones, en lugar de las autoridades.

    Para llamar la atención sobre el tema y obligar a las autoridades a actuar, Omar Esparza se pondrá en huelga de hambre a partir del 29 de abril ante la sede de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, a donde llegará en marcha desde la representación del estado de Oaxaca en el Distrito Federal.

    Previamente, el 27 de abril dará inicio en redes sociales una campaña sobre el tema y el 28 se realizará un foro en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

    radio
    Radio Zapatista

    Liberación de feminicidas en Chiapas

    El pasado 1° de abril de 2014 fue excarcelado, por orden del juez Mariano Domínguez Hernández, Elmar Darinel Díaz Solórzano quién le dio un tiro en la cabeza a Tatiana Trujillo Rodríguez, el 19 de abril de 2010, en Ocosingo Chiapas. En otro acto de injusticia, el 19 de febrero de 2014, el juez Juan Carlos Alfaro Cruz otorgó el auto de formal libertad a Romeo Pumian Flores, quien asesinó a Citalli del Lourdes Molina Aguilar el 29 de junio de 2013 en Tuxtla Gutiérrez. A cuatro años del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez, y  en el segundo aniversario del de Itzel Yanet Méndez Pérez, familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos siguen exigiendo justicia, para ellas y las demás asesinadas en Chiapas.

    Ante lo anterior, se realizó el lunes 21 de abril de 2014 una conferencia de prensa en las oficinas del Frayba (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas), por invitación de:

    • Familiares de Tatiana Trujillo Rodríguez
    • Familiares de Citlalli del Lourdes Molina Aguilar
    • Familiares de Itzel Yanet Méndez Pérez
    • El Observatorio Nacional de Feminicidio
    • Alerta Popular Permanente contra la Violencia de Género y el feminicidio en Chiapas

    Escucha y/o descarga los audios de la conferencia de prensa:
    (Continuar leyendo…)

    radio
    CRAC-PC

    Denuncia urgente de las comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia CRAC-PC

    Al pueblo de Guerrero y de México
    A la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad
    Al Congreso Nacional Indígena
    A la prensa nacional e internacional
    A las organizaciones de derechos humanos

    El día de hoy, jueves 26 de septiembre de 2013, ciudadanos y ciudadanas de comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, acompañados por nuestras autoridades comunitarias, llevamos a cabo la decisión y el mandato de las asambleas comunitarias en el sentido de recuperar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, casa de los pueblos me´phaa, na savi y mestizos de la Costa Montaña que durante 15 años de esfuerzo y sacrificio hemos mantenido como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

    Informamos que un primer contingente de ciudadanos y ciudadanas encabezados por nuestros Comisarios Municipales y Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de las comunidades de Arroyo Faisán, Santa Cruz del Rincón, Arroyo Hoja de Venado, Rio Iguapa, Jicamaltepec de la Montaña, Pascala del Oro, Cerro Zapote, Tlaxcalixtlahuaca, Llano Silleta, El Carmen, Potrerillo del Rincón, La Parota, Coyul Chiquito, Pajarito Grande, Buena Vista, Colonia Guadalupe, Cerro Cantón, Santa Cruz el Mesón, Llano Guaje, Miahuichan y San Luis Acatlán, fuimos reprimidos por las fuerzas especiales y Policías Comunitarios pagados por los malos gobiernos y respondiendo al mando de Eliseo Villar Castillo.

    Estos Policías Comunitarios y las fuerzas especiales encañonaron y golpearon con culata a ciudadanos y ciudadanas civiles, siendo que ninguno de nuestros compañeros bajo armado. Incluso hicieron disparos al aire quedando como prueba tres casquillos calibre 22. Resultado heridos los compañeros Eusebio de Aquino Herrera, Magdaleno Ponce Mendoza y Ángel Mendoza Díaz.

    El supuesto coordinador Eliseo Villar se refugió al interior de las oficinas y mandó traer más grupos de policías de Hondura Tigre, Arroyo Cumiapa y Loma Romero. También llegaron familiares suyos y vecinos de Yoloxóchitl, así como dos Comisarios de las comunidades de Tuxtepec y San José Vista Hermosa, negándose a entregar la Casa de Justicia y dando como respuesta la oferta de convocar a una próxima Asamblea Regional, instancia que esta agotada desde el 23 de febrero de 2013 y que fue destruida como espacio de reflexión y diálogo por ellos mismos.

    Reunidos en Asamblea a las afueras de la Casa de Justicia y considerando que estas personas, las que secuestraron la institución de nuestros pueblos, y quienes hoy dicen ser coordinadores no tienen ninguna calidad moral ni ética, considerando que nuestros pueblos demandan recuperar la Casa de Justicia que es de todos, como parte de la reconstitución integral del Territorio Comunitario, decidimos montar un campamento a las afueras de nuestra Casa de Justicia y esperar a los nuevos contingentes de ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos.

    Informamos que el acuerdo de nuestra Asamblea extraordinaria fue de no caer en provocaciones y que siendo esta acción de carácter civil hacemos responsable a Eliseo Villar de cualquier represión que pueda ocurrir en contra de nuestros pueblos. Le pedimos respetuosamente a Policías Comunitarios de otras regiones de la Costa Chica, integrados en los últimos meses a la coordinadora que encabeza Eliseo, pagados por el gobierno y credencializados por la SEDENA, así como a Policías Comunitarios integrados a la coordinadora de El Paraíso en el municipio de Ayutla, reprimidos el mes pasado por fuerzas gubernamentales, a no prestarse a la represión contra nuestro movimiento y respetar el proceso de reconstitución de nuestra de Casa de Justicia hasta lograr la plena legitimidad de todos los grupos de Policías Comunitarios, coordinadores y consejeros que son cargos de servicio al pueblos y que deben ser nombrados y ratificados en su Asamblea Comunitaria y en la Asamblea Regional.

    Hacemos un llamado a al pueblo de Guerrero y de México, a la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de lucha, a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa nacional e internacional a estar atentos a la integridad de nuestros pueblos y a no caer en el engaño de quienes han acusado a nuestras autoridades de ser traidores, paramilitares, pistoleros, grupos de choque todo esto sin ningún fundamento.

    Somos Autoridades Comunitarias, Consejeros, ciudadanas y ciudadanos de pueblos me´phaa y na savi que fundamos el 15 de octubre de 1995, hace casi 18 años, en la Comisaria Municipal de Santa Cruz del Rincón nuestra Policía Comunitaria, proyecto que hemos construido y cuidado con muchos esfuerzos y sacrificios en todo este tiempo.

    Damos fe…

    C. Comisario Municipal de Arroyo Faisán.
    C. Comisario Municipal de Santa Cruz del Rincón.
    C. Comisario Municipal de Arroyo Hoja de Venado.
    C. Comisario Municipal de Rio Iguapa.
    C. Comisario Municipal de Jicamaltepec de la Montaña.
    C. Comisario Municipal de Pascala del Oro
    C. Comisario Municipal de Cerro Zapote.
    C. Comisario Municipal de Tlaxcalixtlahuaca.
    C. Comisario Municipal de Llano Silleta.
    C. Comisario Municipal de Potrerillo Cuapinole.
    C. Comisario Municipal de El Carmen.
    C. Comisario Municipal de Potrerillo del Rincón
    C. Comisario Municipal de La Parota.
    C. Comisario Municipal de Coyul Chiquito.
    C. Comisario Municipal de Pajarito Grande.
    C. Comisario Municipal de Buena Vista.
    C. Delegado Municipal de Colonia Guadalupe.
    C. Delegado Municipal de Cerro Cantón.
    C. Delegado Municipal de Santa Cruz el Mesón.
    C. Delegado Municipal de Llano Guaje.
    C. Comisariado del Ejido de Buena Vista y anexos.
    C. Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz del Rincón.
    C. Comisariado de Bienes Comunales de Tlaxcalixtlahuaca.
    C. Comisariado del Ejido de San Luis Acatlán y anexos.
    C. Comisariado del Ejido del Carmen.
    C. Comisariado de Bienes Comunales de Miahuichan
    C. Consejo de Vigilancia de San Luis Acatlán.
    C. Consejo de Vigilancia de Tlaxcalixtlahuaca.
    C. Consejo de Vigilancia de Santa Cruz del Rincón.
    C. Consejo de Vigilancia de Buena Vista.

    radio
    Koman Ilel

    “No voy a pedir el indulto porque soy inocente. Lo que yo pido es un acto de justicia y nada más.” Alberto Patishtan

    Vídeo de la conferencia de prensa ofrecida por el Profesor Alberto Patishtán el 13 de Septiembre después de conocer el fallo que le niega la libertad por parte del Tribunal Federal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez