Cientos de personas se movilizan en Ciudad de México a 6 años del asesinato del indígena y activista Samir Flores Soberanes, quien se oponía a la construcción del complejo industrial Proyecto Integral Morelos, retomado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: caminoalandar.org
Ciudad Universitaria, a 19 de febrero de 2025
A la Comunidad Universitaria
A los firmantes de la Declaración por la Vida
A los pueblos de México y del Mundo
A las autoridades del Estado mexicano
A las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México
Este 20 de febrero se conmemora el sexto aniversario del asesinato de Samir Flores Soberanes, compañero, padre, esposo, amigo, comunicador popular, activista, defensor del territorio y de los derechos humanos. Samir se oponía junto a miles de personas, al Proyecto Integral Morelos (PIM), un proyecto que incluye un gasoducto, un acueducto y dos plantas termoeléctricas y que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Samir fue uno de los primeros defensores del territorio asesinados del nuevo régimen gubernamental. Su asesinato no sólo constituye un mensaje claro de una guerra neoliberal inacabada y continuada en contra de los pueblos y comunidades, también demuestra la criminalización y deshumanización de las personas que intentan frenar el despojo y la devastación de esa guerra.
Hoy hace 6 años, el 19 febrero de 2019, mientras Samir Flores se manifestaba contra Hugo Erick Flores (por aquel entonces superdelegado del gobierno federal en el estado de Morelos), sus compañeros acudían a una charla en Ciudad Universitaria con docentes y estudiantes para sumar argumentos en contra de dicho proyecto. Para ese entonces ya existía una estrecha relación entre Samir, el pueblo de Amilcingo, la lucha contra el PIM y la comunidad Universitaria de la UNAM. Al menos desde 2009, profesores y profesoras, estudiantes hombres y mujeres acudieron a Amilcingo para apoyar en proyectos pedagógicos y de comunicación. Estuvieron presentes también en 2017 para apoyar la limpieza y reconstrucción frente a las afectaciones que dejó el terremoto de septiembre de aquel año, e igualmente han apoyado a la comunidad en su rechazo del PIM con sólidos argumentos científicos.
Al día siguiente del foro del 19 de febrero, nos despertamos con la lamentable noticia del asesinato de Samir. Un crimen que todavía hoy permanece impune y que nos duele profundamente.
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Fuente: Avispa Midia
Por detrás de una taza de café de Nestlé y Starbucks se esconde una cruda realidad vivida por pequeños productores de café especialmente en las montañas de Chiapas y Veracruz, en México. Los caficultores, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios, que sostienen las cadenas de suministro de estas empresas, sufren bajo prácticas opacas violaciones a sus derechos humanos y una marginación sistemática que perpetúa la pobreza en las comunidades rurales.
Estas son algunas de las conclusiones de la investigación Explotación y opacidad: la realidad oculta del café mexicano en las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks, producida por Empower, en colaboración con Coffee Watch y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC),
Nestlé y Starbucks no adquieren el grano directamente de los productores, sino que acuden a comercializadoras como ECOM Agroindustrial Corp. Limited (ECOM), con base en Suiza, Neumann Kaffee Gruppe (NKG), basado en Alemania, y Louis Dreyfus Company B.V. (LDC), con sede en Países Bajos, que, por medio de sus subsidiarias en el país, compran directamente de los pequeños agricultores.
El precio del café lo fijan en última instancia Nestlé y Starbucks con base en la oferta y demanda del producto. A su vez, las acaparadoras controlan la compra directa con los caficultores, lo que les permite influir en los precios y condiciones de compra, “generalmente en detrimento de los pequeños productores”, dice el informe de la investigación. Estos últimos se encuentran en el eslabón más vulnerable de la cadena, pues se ven obligados a abaratar su producto.
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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F
Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera.
Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.
El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”.
Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.
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Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
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Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
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Fuente: Avispa Midia
Por Monserrat Flores
En portada: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Desde el primer día de su gobierno en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar anunció una nueva estrategia de seguridad con la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y fijó una meta de 100 días para “pacificar Chiapas”, sin reconocer la emergencia humanitaria que vive el Estado, las víctimas de la violencia criminal y otras demandas históricas en materia de Derechos Humanos.
Desde entonces las estrategias que coordinan la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido muy difundidas principalmente en medios de comunicación locales.
A la mañana siguiente de la toma de protesta (9 de diciembre) en Tapachula, el gobernador, el comisario, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron el banderazo al arranque operativo de 500 agentes especiales de la FRIP, con capacidades técnicas y tácticas, fuertemente armados, con 200 vehículos, 10 unidades blindadas y dos drones.
Esta estrategia de seguridad fue definida durante los primeros días de gobierno y, de acuerdo al fiscal, está enfocada en dos puntos: cambiar la percepción de inseguridad junto a las cámaras empresariales, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación; y en segundo combatir la incidencia delictiva de tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.
Se informó, además, que el presupuesto para la seguridad aumenta mil millones de pesos este 2025. Los argumentos son que los salarios de la FRIP son altos para que los elementos no puedan ser corrompidos e invertirán en inteligencia e investigación; y dieron a conocer que ya cuentan con cuatro helicópteros para patrullajes y ambulancia aérea.
El grupo de élite primero se presentó y realizó acciones en el Soconusco, continuó por la zona Costa y Centro, luego llegó a la Meseta Comiteca, los Altos, la Sierra Mariscal y la Frailesca. Entre otras actividades también patrullan las carreteras y se coordinan con la Policía de Investigación para los operativos Carreteras Seguras y Cero Impunidad, respectivamente.
Habitantes de la Sierra, contactados para este reportaje, manifestaron que el miedo y la incertidumbre continúan porque, aseguraron a Avispa Mídia, que los líderes de los grupos delictivos siguen libres y algunos caminan tranquilos por las calles.
“Muchos tenemos miedo de usar las carreteras o salir porque sabemos dónde tienen a la gente que secuestran, pero ahí no han entrado los Pakales (FRIP). Sabemos que algunos líderes huyeron a Guatemala, siguen sueltos”, dijo Luis, habitante de Frontera Comalapa.
Hace unos días, Óscar Aparicio Avendaño anunció que el trabajo en la frontera continúa y han dialogado con los Kaibiles, el grupo de élite del Ejército de Guatemala, para acordar la vigilancia espejo con el vecino país.
Hasta ahora las acciones en Chiapas han resultado, según informa el gobierno, en el rescate de personas secuestradas; desmantelamiento de cámaras de video vigilancia en las calles propiedad del crimen organizado en, al menos, cuatro municipios; hallazgos de fosas, cateos, decomiso de armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa, Juan Antonio “N”, y de Bellavista, Rosember “N”.
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El operativo de Comitán fue uno de los más mediáticos por la detención de 92 policías municipales y de otras 30 personas, el 15 de diciembre de 2024. Casi de inmediato, un total de 45 uniformados fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, así también Santiago “A”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, por delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
Karla Nicol Mejía Sosa, tiene 18 años, es de origen hondureño, cuenta con solicitud de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y fue detenida en los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Comitán, el pasado 15 de diciembre de 2024.
Karla Nicol era la encargada de los locales de la pequeña empresa donde labora y, cuando fue detenida, se dirigía a bordo de una motocicleta a la segunda sucursal para retirar las ganancias del día y cerrar.
“Mi sobrina me llamó y me dijo: Tía, ¿qué hago?, me están tirando bala, me arden los ojos. Por qué me están tirando gas, tía ¿qué hago? Le dije agarra la moto y corre para que avances más rápido. Escuché todo, en ese momento mi sobrina dijo: Esa moto es mía. Pero ella pensó que los policías la iban a ayudar y fue ahí cuando ellos la jalonearon porque se escuchó, y le gritaban: ¡Con quién hablas!, ¡a quién llamas!, ¡contesta! Y mi sobrina respondió: ¡No, no ya no hablo, ya no hablo!”, relataron a Avispa Mídia los familiares de Karla Nicol, quienes prefirieron omitir sus nombres.
“La trataron como si fuera delincuente y la detuvieron. Eran hombres, no policías mujeres como según dicen ellos (la FGE). Y quedó la llamada, luego se escuchó al fondo que personas gritaban desesperadas y los policías decían: ¡Todas las motos que vean ahí súbanlas, todas! Luego corté la llamada porque se escuchaba que los andaban revisando y si miraban la llamada la podían a perjudicar más”.
Los familiares narraron que acudieron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán y la única información que consiguieron es que los detenidos estaban en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a 146 kilómetros de distancia.
“Llegamos y nos dijeron que sí estaba en la fiscalía, pero que volviéramos al día siguiente y ahí estuvimos afuera, esperando desde temprano y no nos dieron noticia. Seguimos insistiendo por información y nada”.
Hasta 24 horas después les pidieron que hicieran una fila para recibir información, pues había más personas esperando. Les dijeron que Karla Nicol ya había sido llevada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para la primera audiencia.
Se trasladaron al penal de los Altos de Chiapas, pero no les permitieron verla. Después de muchas horas les dieron muy poco tiempo para verla y Karla siempre estuvo custodiada. “Solo me dieron tres minutos, pero no pude hablar bien con ella, solo logró decirme que la tratan mal, le repiten que es delincuente y la desnudaron. Es difícil todo el trauma que está viviendo porque ella es inocente”.
“Tenemos dos grabaciones, se ve cuando ella sale del local, se pone su casco acomoda la tara que lleva atrás la moto, se sube y se va. En la siguiente esquina se ve que está platicando con la vecina de otro local y se ve que igual, se va y no lleva nada ni machete ni palos como ellos [la autoridad] dicen”. La familia informó que todas las pruebas fueron presentadas por la defensa en una segunda audiencia sobre el caso, pero que sigue reuniendo evidencias.
Las pertenencias que traía ese día como celular, las llaves de los locales y dinero en efectivo quedó en manos de los policías que la detuvieron.
“Nosotros como familiares buscamos que la desvinculen, porque mi sobrina iba pasando y no es el único caso, pero nosotros estamos enfocados en ella. Las autoridades no nos dan información clara, nos mandan de fiscalía en fiscalía y se lavan las manos. Ahora consideramos que es un tema político, no de justicia”.
La familia aseguró que en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Comitán fueron omisos y se negaron a emitir algún pronunciamiento. “Nosotros no queremos reparación de daño, queremos que dejen en libertad a nuestra sobrina”.
A partir de los operativos que iniciaron el 9 de diciembre de 2024, hasta el 1 de febrero, la FGE de Chiapas dijo aAvispa Mídia que inició 336 carpetas de investigación por narcomenudeo, 181 por robo de vehículo, 144 por homicidio culposo, 74 por homicidio doloso, 26 por extorsión y 85 por ataques a las vías de comunicación, “incluye bloqueos”.
La inmediatez de las operaciones ha provocado preocupación en organizaciones por las posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“No pensamos que en 100 días se puedan dar resultados para poder ordenar un Estado golpeado, olvidado, sumido en la violencia. Es imposible. No hay un plan de gobierno que pueda hacer eso. Para ello es importantísimo el diálogo con las personas víctimas de toda esta violencia. Es una tarea de Estado, de todo gobernante y es transexenal”, precisó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), a Avispa Mídia.
Recalcó que la presencia militar, policiaca y, ahora, de los grupos especiales debe ser respetuosa de las garantías individuales de la población. En su trayectoria como defensor ha sido testigo del robustecimiento de las fuerzas públicas en otros Estados, que ha traído como consecuencia violaciones a los Derechos Humanos. “No pueden ser que cuerpos de seguridad de pronto se encarguen o se hagan cargo de delitos comunes o resguardando el orden de la seguridad pública”, dijo López Rodríguez.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Anaya Gallardo, consideró que el gobierno anterior dejó una situación de vacío institucional y, ahora, pareciera lo contrario. Pero especificó que esta presencia del Estado debe ser controlada, porque la guerra no es con la sociedad.
Otro punto señalado por el secretario ejecutivo la Red TDT es que el gobierno de Chiapas ha echado mano de todos los recursos mediáticos para difundir cada uno de los resultados obtenidos por los operativos de seguridad y colocó anuncios espectaculares, incluso en las carreteras, con imágenes de agentes de la FRIP.
En el último trienio, la Red TDT documentó un incremento de la violencia en Chiapas con graves consecuencias para la población. Para la red, la prioridad es reconocer la dimensión de la emergencia humanitaria y la atención a la población que es desplazada y reclutada forzadamente. Además, el avance substancial en las investigaciones por casos de desaparición, tortura, homicidio y desplazamiento, “es importantísimo”.
Así mismo, la desarticulación de los recursos con los que opera el crimen organizado es fundamental, es decir, identificar cuáles son aquellas fuentes financieras que tienen, pues no solo el aseguramiento de automóviles, cargamento y armas es relevante.
El gobierno federal anunció que parte de esta estrategia de seguridad es de investigación, pero, hasta ahora, la Red no ha identificado la incautación de cuentas bancarias o la detención de personas clave en el tráfico ilícito de sustancias en el país o en Chiapas concretamente.
Para López Rodríguez un cuerpo de élite o de policía no va a representar avances en el sistema de justicia. La mayor exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos es la investigación por los crímenes cometidos contra la población civil y, concretamente, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Es un hombre que goza de mi confianza plena y sus resultados los sentirá el pueblo de Chiapas en los próximos días”, dijo Eduardo Ramírez cuando presentó al secretario de Seguridad, piloto aviador de profesión, según el perfil que difundió el gobierno de Chiapas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es de Tuxtla Gutiérrez. Tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. A finales de 2024, Aparicio Avendaño renunció como subsecretario de Operación Policial de la SSP de Zacatecas.
A principios de diciembre, cuando tomó el cargo como secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una réplica de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se formó cuando él fungió como subsecretario Operación Policial.
La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde desaparición de personas hasta homicidios. “Aparicio tenía una encomienda muy similar en Zacatecas … entonces la comparación es obligada”, comenta Anaya Gallardo. Para el abogado, la experiencia con el grupo táctico en Zacatecas abre la probabilidad de riesgo de abuso de la fuerza también en Chiapas.
El 3 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los riesgos que puede traer a la estrategia de seguridad a nivel federal el nombramiento de Aparicio Avendaño como secretario de seguridad en un Estado avasallado por la violencia. Ella respondió: “todos tienen que pasar el examen de confianza… tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar”.
Mientras que también persiste la preocupación por los antecedentes del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La Red TDT, integrada por defensores de todo el país, firmó un documento en el que expresa el desacuerdo, junto a 60 organizaciones y más redes, a su nombramiento al representar un mensaje negativo para las víctimas de represión y tortura de Llaven Abarca.
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El fiscal ha tenido una carrera pública extensa, pero también ha sido objeto de críticas y controversias. Como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas. Además, ha sido señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en su cargo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
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