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Avispa Midia

(Español) Incendios en Brasil: crímenes vinculados al crecimiento del agro negocio y minería

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Por Sare Frabes

Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã

Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.

Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.

“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.

Fuego

Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.

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Avispa Midia

México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio

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Por Santiago Navarro F

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

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La Verdadera voz del Amate

(Español) Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha German y Abraham Lopez Montejo de la organización La Verdadera Voz Del Amate

 

Arbelino Sanchez Perez

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Avispa Midia

(Español) Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

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Por Avispa

Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

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La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones de México y del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

27 de noviembre de 2021.

                                                  

 

A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha-peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano.

Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

Atentamente

La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                           sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo de 28 de noviembre 2021

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GLOBAL: El planeta esta más enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos países reportó violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.

WALLMAPU: Represión policíaca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.

CHILE: Restauración conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia

CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la policía montada contra  defensores de la tierra de la Nacion Wet’suwet’en. Its Going DOwn y SubMedia.

DESDE EL OMBLIGO

LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa régimen de excepción para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observación de la Caravana Migrante.
CHIAPAS: Continúan los ataques paramilitares contra comunidades autónomas zapatistas. RedTDT

JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs

MÉXICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.

Música:

Canto pal cerro – flor de espino

Libre incendiaria – Makila 69

Las balas – Comparsa BAM

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

(Español) ALERTA ANTE LA VIOLENTA OFENSIVA NEOLIBERAL DEL MAL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO (PRIMERA PARTE DE TRES)

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A los pueblos de México y del mundo,

A los medios de comunicación:

 

  1. Exigimos alto a la guerra contra los pueblos zapatistas 

Alertamos sobre la agudización de las agresiones paramilitares, la criminalización de la lucha a las comunidades que resisten y se organizan desde abajo y a la emisión de decretos orientados a la imposición de los proyectos capitalistas neoliberales, implementados por el mal gobierno federal mexicano, pasando por alto los derechos humanos y sus propias leyes.

Repudiamos las agresiones perpetradas el pasado 21 de noviembre a las 10:00 horas por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), de la comunidad San Antonio Las Flores, en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Moisés Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y La Humanidad”.

Ese día, a las 16:30 horas aproximadamente un grupo de paramilitares llegaron a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”, donde prendieron fuego a tres aulas. Esta escuela ya había sufrido un ataque armado el pasado 14 de octubre.

También el pasado 8 de noviembre de 2020, el mismo grupo paramilitar ORCAO secuestró y torturó a un compañero base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi.

El 14 de octubre hicieron un ataque armado en contra de la misma comunidad provocando el desplazamiento forzado de compañeros y compañeras

El 11 de septiembre de 2020 el grupo ORCAO secuestró a autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el 19 de septiembre.

El 22 de agosto de 2020 la tienda comunitaria el Arcoiris en el crucero denominado Cuxuljá fue saqueada y quemada.

Las agresiones paramilitares en contra de nuestros hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZLN, orquestadas desde el mal gobierno de Rutilio Escandón y desde el gobierno federal, buscan debilitar la resistencia y defensa de la madre tierra que los pueblos zapatistas han mantenido, y  debilitar la lucha por la vida que, desde la organización de abajo en todos los rincones de este país, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno soñamos y tejemos cada día.

Mientras en los pueblos zapatistas, con su lucha de cada día y con la construcción autónoma, dan avisos de esperanza al mundo, en los pueblos originarios vamos caminando despacio, defendiendo y sembrando autonomía, defendiendo la tierra colectiva, tejiendo la resistencia a la mercantilización de todo lo que integra nuestro territorio y a la imposición de los proyectos capitalistas, que en el mundo entero ponen en entredicho la prevalencia de la vida.

Por eso reconocemos a los pueblos zapatistas y su lucha histórica, como la esperanza de que no dejen de brotar resistencias y rebeldías en México y el mundo, que hacen nacer una luz en medio de la oscuridad capitalista y que apuestan a defender la vida colectiva.

Por eso somos uno y las comunidades zapatistas no están solas ni solos, por lo que llamamos al mundo a alzar la voz para exigir que cese la guerra en su contra, denunciando al mal gobierno y su corrupción neoliberal, que se vale de la guerra contrainsurgente, para tratar de callar el corazón colectivo que, latiendo, llama a defender la vida.

 

Atentamente

Noviembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de  Gobierno

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Prensa Comunitaria

(Español) Detrás del caso de Nanci Sinto podría haber una estrategia del MP para callar a voces opositoras

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Créditos: Nanci Sinto, activista maya kaqchikel fue detenida señalada del daño al patrimonio cultural. Foto Regina Pérez
Tiempo de lectura: 7 minutos
La activista Kaqchikel Nanci Sinto se suma a la larga lista de personas, entre políticos y defensores de derechos humanos criminalizados por Consuelo Porras, que podría tener como objetivo callar liderazgos y voces disidentes.
Por Regina Pérez

Un día antes de que las mujeres salieran a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a exigir el cese de la violencia en su contra, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, coordinó la detención de la activista maya Kaqchikel Nanci Paola Chiriz Sinto, señalándola de haber participado en las pintas al Congreso el 21 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021.

La captura de Sinto generó varias reacciones en las redes sociales, principalmente de solidaridad en las que varias personas criticaron el hecho de que se le detuviera cuando ella fue víctima del abuso policial que se vivió ese día y que hasta la fecha no se observan avances ni indicios de que el MP presente un caso contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes.

El delito bajo el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó la detención de Sinto y del pintor Juan Francisco Monroy fue el de depredación contra los bienes culturales. La jueza Lluvia Velásquez Soto los ligó a proceso y les otorgó arresto domiciliario, con la condición de pagar una fianza de Q5 mil.

El pintor Juan Francisco Monroy y la activista Nanci Sinto fueron ligados a proceso. Foto Regina Pérez

La audiencia que empezó a las 2:30 de la tarde culminó casi tres horas después. Fue una larga jornada en la que Sinto recibió varias muestras de solidaridad, tanto en la Torre de Tribunales como en las redes sociales. Al final del día y tras recibir la resolución de la jueza, una guardia del Sistema Penitenciario le quitó las esposas y fue puesta en libertad.

Visiblemente emocionada, Sinto abrazó a su hermano, quien la acompañó desde que llegó a la Torre de Tribunales. Afuera la esperaban varias personas para mostrarle su apoyo.

No obstante, aunque salió libre tendrá que enfrentar un proceso penal, que sigue su curso con la audiencia de etapa intermedia fijada para el 9 de febrero, donde el MP presentará los medios de investigación en contra de ella y de Monroy.

De acuerdo con declaraciones de Sinto, el allanamiento en su casa empezó alrededor de las 6 de la mañana. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el MP quisieron confirmar si ella estaba entre las personas detenidas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020, pues la única información que circulaba era la de un medio afín al gobierno.

Alrededor de las 11 de la mañana, la activista fue llevada a la Torre de Tribunales. En la carceleta dijo a los medios de comunicación que no era ninguna delincuente y que los que deberían ser detenidos son quienes violentaron los derechos de los manifestantes durante el 21 de noviembre de 2020. Ese día las fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en la Plaza de la Constitución, reprimieron y golpearon a periodistas, activistas y manifestantes frente al Congreso.

“Quiero decir que no soy ninguna delincuente, no le hice nada al Estado ni a nadie, más bien el que daña la vida digna de esta población es el mismo Estado y hoy quienes tendrían que estar presos están libres, y ojalá así como nos han ido a buscar a quienes manifestamos de forma legítima, así busquen a aquellos veteranos que defendieron el privilegio de las élites, que quemaron el Congreso, vehículos, a ellos también”, afirmó la defensora de derechos humanos de manera contundente.

Ella se refería a los disturbios provocados por militares retirados que el pasado 19 de octubre causaron destrozos dentro del Congreso y quemaron varios vehículos.

La detención de Sinto y Monroy se suma a otros casos similares ocurridos en 2021, como la captura del exsuperintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, el integrante de Centinelas, Misael Méndez, el manifestante Rudy López, acusado de depredación de bienes culturales, así como el acoso judicial contra periodistas comunitarios en El Estor y otros.

Rudy López, un manifestante mam fue detenido tras una manifestación el 12 de octubre señalado de dañar el patrimonio cultural. Foto Regina Pérez

Estrategia de silencio y mensaje de represión

El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue detenido en mayo pasado bajo varios cargos que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales, opinó que el caso de Sinto muestra que hay un mensaje continuo de represión por parte del Ministerio Público.

También podría ser parte de una estrategia de persecución y uso del derecho penal desde el MP para perseguir voces críticas al gobierno. “Ya se había publicado anteriormente que la Fiscalía que llevaba el caso de Nanci no estaba investigando a los policías, a la cadena de mando dentro de dicha institución o dentro del Ministerio de Gobernación, sino que únicamente se estaba dedicando a investigar a los manifestantes”, señaló Foppa al preguntar si este se trataba de un caso donde se usa el derecho penal para callar a opositores.

Esta situación, a su criterio, es preocupante, porque hay dos personas que durante las manifestaciones de noviembre de 2020 perdieron un ojo y que se supone que la Fiscalía debería de estar investigando esos hechos. “Sin embargo, lo que estamos viendo es que se están usando todas esas pruebas para perseguir y montar casos como el de Nanci, sinceramente veo que son casos muy mal armados…solo de ver las imágenes no creo que haya delito, no se daña el patrimonio con pintarlo”, manifestó.

Sinto dijo a Prensa Comunitaria que vincula su captura a la estrategia de silencio que el Estado quiere implementar contra la ciudadanía y la población en general, “en el sentido de que no nos sigamos organizando y que no sigamos manifestando en relación a los actos de corrupción y de violencia contra los derechos humanos en El Estor y en otros territorios Q’eqchi’, la aprobación del Presupuesto y la persecución contra jueces y periodistas…”.

La activista señaló que la estrategia del Estado para reprimir es estructural e histórica, “lo que están generando es perseguir a todas y todos, no necesariamente tienen que ser activistas, creo que hay una forma de reprimir a quienes no coincidan con la forma del Estado de vulnerar nuestros derechos, también se criminaliza de distinta forma a los ciudadanos o líderes, no quiero minimizar lo que me está sucediendo, pero sí hay otras estrategias muy violentas como lo que vemos en El Estor con los desalojos, es otra forma de criminalizar”, dijo.

Por su parte Foppa destacó que ve una intención y un mensaje continuo, permanente y sistemático de parte del MP de represión hacia las distintas personas que deciden manifestarse contra el Estado “y esto viene orquestado desde el gobierno, en contubernio con las altas autoridades del Organismo Judicial”.

La activista maya Kaqchikel también cree que hay una estrategia más sutil “que no deja de ser criminalización y violenta, es el uso del derecho penal”, refirió.

Norma Sactic, directora la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), considera que detrás de la detención de la activista está que el gobierno actual ha iniciado una persecución en contra de liderazgos. “Sabemos que hay medidas de control a todos los que estamos denunciando o haciendo acciones en este caso a favor de las comunidades, de poder fortalecer sus procesos organizativos, es una de esas acciones de monitoreo”, indicó.

Sactic también resaltó la militancia política de Sinto, quien fue secretaria nacional de Juventud del partido político de oposición Winaq, aunque actualmente ya no forma parte de dicha agrupación.

Entérese más aquí:

Objetivo es callar a la ciudadanía

Solórzano Foppa concordó con que este caso puede ser utilizado para infundir miedo en la población que manifiesta por sus derechos. “Ese es el objetivo fundamental y creo que lo que tenemos que tener claro y que no puede haber es retroceder, sabemos que no les queda más que tratar de utilizar el derecho penal para infundir miedo y temor en la población que ejerce su derecho legítimo de manifestación pero no podemos quedarnos callados”, indicó.

Sinto recibió muchas muestras de solidaridad tras su detención, gesto que agradeció. “Eso evidencia mi recorrido político, laboral, académico, también como sujeta política y defensora de derechos humanos, no soy una persona indiferente y ajena”, dijo.

Por otro lado, expresó su preocupación porque a otra persona que esté detenida por el mismo caso en que se le vincula a ella no tenga la misma presión social y con mayor facilidad se le puede dejar en soledad. “Hay que considerar que la represión va parejo, por supuesto quieren desarticularnos por ser líderes o defensores de derechos humanos, pero también hay personas individuales que se han organizado desde su indignación, entonces quieren callarlos”, afirmó.

Para Sactic, el mensaje de la Fiscalía a personas y colectivos es “aténganse a las consecuencias que esto puede pasar ante las diferentes manifestaciones, acciones públicas que se han hecho contra este gobierno, se ve claro que van a ir contra todos para poder callar las diferentes protestas que se vienen haciendo en las calles”.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Jorge de León indicó que otras personas están siendo investigadas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020. Además, dijo que están solicitando autorización judicial para acceder a perfiles en redes sociales de estas personas. “Existe una resolución judicial a través de la cual se faculta al MP a requerir información privada de las cuentas de redes sociales de dichas personas y de otras que están siendo objeto de investigación y que el MP vaya individualizando dentro de la presente investigación”, señaló.

Lo afirmado por el fiscal coincide con la línea que Consuelo Porras, jefa del MP, expresó de manera pública en septiembre pasado al indicar que pedir la renuncia de funcionarios o empleados públicos puede constituir un ilícito penal, esto en medio de masivas manifestaciones ciudadanas en su contra y del presidente Alejandro Giammattei, para solicitarle su renuncia.

En un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos (PDH) expresó su preocupación por estas detenciones. En el caso de Chiriz Sinto fue una de las personas agredidas en la manifestación del 21 de noviembre como quedó documentado en videos, redes y fotos. La Procuraduría señaló que ella fue vigilada e intimidada en su trabajo y vivienda por un año.

A la fecha, las investigaciones de esta y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos de manifestantes y periodista no presentan ningún avance en el MP, puntualizó Rodas en el comunicado.

Entérese más aquí:

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Avispa Midia

AMLO implementa un “régimen de excepción” para ejecutar megaproyectos

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Por Sare Frabes

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

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De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.

radio
Camino Al Andar

(Español) Demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

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 Ilustración: Dante Aguilera

El colectivo Llegó la hora de los Pueblos demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

En días recientes tuvimos conocimiento de nuevos ataques armados por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) en contra de la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, perteneciente al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”. Tenemos información de que, además de disparar en varias ocasiones contra casas de integrantes de la comunidad, los paramilitares incendiaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”. Estos actos son violatorios de los derechos humanos de la niñez zapatista y contribuyen a situaciones de trauma que afectan su salud física y mental.

Este nuevo ataque contra comunidades zapatistas forma parte de las agresiones sistemáticas y recurrentes que ha perpetrado el grupo paramilitar ORCAO, embestidas en las que se han documentado delitos como ataques armados, secuestros, tortura y desplazamiento forzado, por mencionar sólo algunos. En noviembre de 2020, en el contexto de otro ataque similar, las propias autoridades zapatistas señalaron que el grupo paramilitar ORCAO desvió recursos oficiales destinados a la construcción de una escuela primaria para la compra de armas de alto calibre.
En el colectivo Llegó la hora de los Pueblos demandamos el cese inmediato de estas agresiones, así como la investigación de redes de corrupción e impunidad que permiten el financiamiento y operación de grupos paramilitares como la ORCAO.

A los pueblos de México y del mundo los llamamos a observar, denunciar y solidarizarse con los pueblos ante la grave situación que acontece en el estado de Chiapas. A las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas y al EZLN les reiteramos todo nuestro aprecio, reconocimiento y solidaridad.

 Atentamente
 Llegó la hora de los Pueblos

Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN