A 16 de julio de 2014.
Mi nombre es Diego Moreno Vázquez. Soy indígena chol, miembro de la Organización Xinich al igual que todos mis compañeros víctimas del presente caso. Soy promotor de salud. Vengo en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco.
El resultado de este hecho violento fue: de 4 compañeros indígenas muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, este último del grupo agresor), 4 más resultaron desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo quien era mi padre, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López). Además se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad, sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente se refugiaron en la comunidad vecina Nuevo Tila.
Muchas gracias a todas y todos.
Palabras de Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, durante la conferencia de prensa: Anuncio de la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”. 16 de julio 2014, 10 hrs., San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Un caso paradigmático dentro del contexto urbano en la aplicación de la Guerra Integral de Desgaste en Chiapas
Continuamos exigiendo Justicia
El 10 de junio de 1999, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cerca de las 12:00 de la mañana, mientras José Hidalgo Pérez (en adelante José), estaba trabajando en su negocio de venta y compra de autos, el Teniente de Infantería Juan López Vázquez -experto en inteligencia castrense y en labores de contrainsurgencia- sacó mediante engaños a José de su negocio, quien lo llevó a entregar con otras personas, a un lugar donde lo mantuvieron desaparecido durante 14 días. La entonces Procuraduría del Estado de Chiapas presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados. Según informe de la investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trató de un caso de esqueletización artificial y forzada, practicada por profesionales. Esta acción tuvo como finalidad infundir terror a los seres queridos de la víctima y a la población en general.
José Hidalgo, de 38 años de edad, era miembro del Movimiento Ciudadanos Sancristobalenses por La Paz (Ciuspaz), teniendo un papel activo en cuanto apoyo directo al movimiento social.
Los restos recuperados dan cuenta que fue una Ejecución Extrajudicial, con señales claras de tortura y sadismo, constituyendo graves violaciones a los derechos humanos, siendo un Crimen de Lesa Humanidad, puesto que implica una violación múltiple en un contexto de guerra. Por lo que se violaron derechos humanos esenciales, de carácter inderogable y protegidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los tratados internacionales.
Como es del conocimiento público, este descomunal crimen fue perpetrado en el contexto del conflicto armado no resuelto en Chiapas y cuando prevalecía un ambiente de provocación durante el período del Ex Gobernador Roberto Albores y del Ex Presidente Mariano Díaz Ochoa, el 10 de junio de 1999, fecha simbólica de la represión practicada por el sistema político mexicano, desde la masacre estudiantil en 1971 conocida como “El halconazo del jueves de Corpus” hasta la incursión militar en El Bosque y Chavajeval en 1998, y fueron los hechos de la cual se derivó la detención arbitraria del profesor Alberto Patishtán en el año 2000, entre otros hecho lamentables.
Debido a la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y detuvo al militar, principal implicado como actor material, pero debido al contubernio entre autoridades, regresó la investigación a la Procuraduría del Estado de Chiapas, misma que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustanciadas que dieron como resultado la libertad absoluta del militar Juan López Vázquez en menos de un año (Toca 739-C/200), con lo que se perdió un eslabón importante de la indagatoria. A partir de entonces, no hay ningún detenido y el ministerio público no ha continuado con las investigaciones, a pesar de nuestras gestiones y de su obligación legal de hacerlo.
El señalamiento especial a la familia Hidalgo Pérez se debe a que desde los primeros días de 1994, varios de sus miembros se incorporaron a las iniciativas ciudadanas para exigir una solución pacífica y política al movimiento zapatista, y a la promoción de la participación social en su natal San Cristóbal de Las Casas; por lo que, al no existir ninguna otra explicación fundada razonablemente para que se diera la desaparición de su familiar, y sobre todo, por las circunstancias en las que se dieron los hechos, por las amenazas y hostigamiento de que fueron objeto antes, durante y después de estos sucesos, ASUMIMOS QUE LA DESAPARICIÓN, EJECUCIÓN, ESQUELETIZACIÓN Y OCULTAMIENTO DEL CUERPO DE JOSÉ HIDALGO ES UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS EN INSTANCIAS CIUDADANAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO.
Por consiguiente, 14 años de impunidad en el presente caso, constituye un grave incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad de procurar e impartir justicia, como un signo preocupante de la falta de voluntad de los gobernantes para caminar hacia la búsqueda de la convivencia pacífica a través de la institucionalidad en Chiapas. La falta de resultados lleva el grave mensaje de impunidad y de peligro de que hechos como éste se repitan, sobre todo en los actuales momentos en que vuelven las tensiones en la región.
Por ello, exigimos:
1.- Que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo del Lic. Raciel López Salazar, reactive la indagatoria del caso de José Hidalgo Pérez para que dé a conocer la verdad de los hechos y que sean castigados los autores intelectuales y materiales de este descomunal crimen, entre los que se encuentran Ex funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y particulares en contubernio con el Estado;
2.- Que sea entregado, a sus familiares, el cuerpo completo de José Hidalgo Pérez, para darle cristiana sepultura.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 10 de junio de 2013
Atentemente:
Familiares y amigos de José Hidalgo
Disculpas, este artículo está sólo en inglés
(Article and photos by Jonathan Treat, March 18, 2012)
“One thing is clear: this was a political hit. Bernardo was murdered because he dared to speak out.” (Dawn Paley)
(At the gravesite of Bernardo Vasquez, “Stop the Assassinations”)
In the dry and dusty town of San José del Pacifico, south of Oaxaca, Mexico, a funeral was held on March 17 for Bernardo Vasquez, a slain community leader who actively opposed a Canadian silver and gold mining project in his community. During the somber event, attended by roughly 300 members of this Zapotec community, the collective grief, solidarity and resistance was palpable. Fear also hung in the air; some people held placards proclaiming their resistance in front of their faces to avoid being photographed.
(Bernardo’s mother and family grieving their loss)
The fear is understandable – Bernardo Vásquez was the second anti-mining activist to be shot dead in the past two months. Three others at the scene of the assassination of Vasquez were also shot and remain in serious condition.
WHY THE VIOLENCE?
Why all the bloodshed in this small Zapotec community? The common thread connecting the victims of the recent violence is that – together with a coalition of people from other nearby communities – they were all actively opposing the presence of the Canadian company, Fortuna Silver Inc.’s “Trinidad/Cuzcatlán” silver and gold mine in their community in the Ocotlán valley, about 45 minutes outside of Oaxaca City.
(“Berna, We Will Always Rembember You. You Fought for Us”)
Bernardo Vásquez was killed on March 16 when he and two passengers were ambushed at an intersection near his community. His brother Andrés and friend Rosalinda Canseco remain hospitalized in serious condition. In an interview at the hospital, Rosalinda’s father said doctors are concerned they may have to amputate her leg.
PREVIOUS KILLING OF BERNARDO MENDEZ
Two months ago, the now dead Bernardo Vásquez was denouncing the murder of Bernardo Mendez, a friend and colleague also opposed to the Trinidad/Cuzcatán mine. During a press conference on January 23, as spokesperson for a local coalition of people opposed to Fortuna Silver’s mine, Vásquez denounced the shooting death of Méndez that had occurred several days earlier. That murder happened when a group of people confronted a work crew constructing a water pipeline in San José. The people suspected the project would divert the arid community’s scarce water resources to the mine. An argument ensued and municipal police arrived on the scene and opened fire into the crowd. Bernardo Méndez later died of 7 gunshot wounds. Abigail Vásquez, sister of Bernardo Vázquez (killed March 16), was seriously wounded in the January killing.
During the press conference, Vázquez and the Coalition of People United in the Ocotlán Valley (COPOVU) held the Vancouver-based Fortuna Silver and it’s local Trinidad/Cuzcatlán mining activities directly responsible for the murder and other related violence, and called for the suspension and removal of all the mining company’s activities in San José. The anti-mining group also called for the cancellation and removal of the mining project.
FORTUNA SILVER DENIES ANY LINKS TO ITS ACTIVITIES AND THE VIOLENCE
Mining officials dismissed allegations that the mine was diverting water from the community, and denied any links between the recent violence and their mining operation in San José del Progreso. In response to COPOVU’s accusations that the mine is responsible for the violence in San José, CEO Jorge Ganoza called the allegations “misinformation”.
“We, as a company, and our team in Oaxaca, are saddened by these senseless and continued acts of violence in the town of San José, related to a long-standing political struggle for local power”, he said in statement published by Canadian media. “It is in no way related to our activities or involves company personnel…”. Several Oaxaca state government officials in press releases repeat this version of events, but critics point out to a long history of violence in local communities since Fortuna Silver first arrived on the scene in 2006.
HISTORY OF MINE-RELATED VIOLENCE
In 2009, roughly three hundred opponents to Fortuna Silver’s mining operation participated in a blockade of the entrance to the Trinidad/Cuzcatlán. After 40 days, the blockade was brutally broken when some 700 police stormed into the community in full anti-riot gear, with automatic weapons, tear gas, attack dogs and a helicopter. People were beaten and more than 23 people were arrested; some were detained for three months.
In 2010, the mayor of San José, along with another municipal official, was killed in a confrontation between residents supporting and those opposing the mine. A local priest supporting anti-mining activists was brutally beaten and detained.
The ongoing violence has divided and created a tense, fearful atmosphere in the once peaceful community. One local activist who has been involved in resistance to the mine from the beginning estimated that the vast majority of residents were opposed to the mine when it started originally arrived to break ground in the community. The ongoing repression and intimidation – coupled with bribes to prominent members of the community – has reduced the number of residents who actively resist the mine. Nonetheless, he estimated that roughly half of the community is opposed to the mine, and many others are against the mine but fearful of openly resisting the mining project.
WHY THE OPPOSITION TO THE MINE?
In the arid Ocotlán valley of Oaxaca, as in many parts of the state, water is a scarce and precious commodity. Residents opposed to the mine argue that processing silver and gold is water-intensive puts their local aquifers at risk.
Their argument has strong precedent. Another Oaxacan community with years of painful experience with mining operations, Calpulálpam, had its water supply devastated by the Canadian “Continuum” mine there. Aquifers were disrupted and local resident report that 13 local streams completely dried up due to mining in their community. Local springs were also so polluted by chemicals used to process ore that livestock were dying from the contamination. The devastation was so flagrant that the Mexican Federal Environmental Protection Agency eventually ordered the mine to suspend all activities.
Thus the violent confrontation in January between the group of local residents and workers installing a water pipeline is understandable. The actual motives behind the project remain unclear; transparency about public works in San José is sorely lacking. While Fortuna Silver continues to flatly deny any link between purported municipal potable water project and mining activities, many local residentS remain unconvinced. And Mexico’s three leading national newspapers, including the respected daily La Jornada, all reported that the disputed water pipeline was indeed related to the mining operation and all linked the violence to tensions in the community around the mine’s activities there.
HUMAN RIGHTS AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS SPEAK OUT
In a recent statement by the Oaxacan Collective in Defense of Territories, an umbrella organization made up of prominent human rights and civil society organization, issued a statement on March 16, the day following the ambush of Vázquez and his two companions. The declaration points out that Vázquez had repeatedly alerted state and federal authorities – since 2008 – of the risk of violent confrontations due to the initiation of mining operations by Fortuna Silver without the consent of the community, as legally required by international accords signed by Mexico. The statement says that the members of the anti-mining coalition COPUVO repeatedly complained that the mining company was financing armed groups in the community with the endorsement of the municipal president of San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez. The collective’s statement says argues that the lack of justice and application of law by government officials has created a dangerous atmosphere of impunity in San José. The statement closes with a demand for the immediate departure of the Trinidad/Cuzcatlán mine.
EULOGY FOR BERNARDO VÁSQUEZ
In a eulogy for Bernardo Vásquez, Dawn Paley, an independent Canadian journalist, wrote:
“Bernardo Vasquez was a clear spoken Zapotec activist, a brother, son, and cousin, who dared to stand up against a mining project in the territory of his people. He was well aware that a paramilitary group was operating in San José Progreso, Oaxaca, and that it was organized to snuff out opposition to a gold mine , owned by Vancouver based Fortuna Silver. … One thing is clear: this was a political hit. Bernardo was murdered because he dared to speak out, ignoring the climate of fear imposed upon his people.” (http://vancouver.mediacoop.ca/story/another-activist-murdered-organizing-against-canadian-mine/10243)
THE STAKES ARE HIGH, BUT THE STRUGGLE CONTINUES
Fortuna Silver’s $55 million Trinidad/Cuzcatlán mine began its production in September last year and projected to produce 1.7 million ounces of silver and 15,000 ounce of gold in 2012. Future conflicts are likely as the mine expands its operations in its 58,000 hectares holdings just south of Oaxaca City in coming years, particularly in light of the ongoing impunity enjoyed by local officials and hired guns in San José.
During the funeral, many residents expressed their concerns that the lack of justice for those responsible for the recent shootings has created an atmosphere of impunity that is likely to foster more bloodshed.
(The Funeral Procession)
But in spite of the fear and intimidation, the March 17 funeral clearly illustrated that anti-mining activists from San José together with other surrounding communities affected by the mine, will continue on in their resistance. Indignation and defiance hung in the air. Just before Vasquez’s coffin was lowered into the ground, a friend said: “They can cut a flower, but they cannot stop the Spring.”
(Jonathan Treat is a journalist, professor, activist and founding member of the non-profit organization SURCO (University Services and Knowledge Networks of Oaxaca), www.surcooaxaca.org. He works with SURCO as Academic Director and Coordinator of Delegations looking at issues related to the defense of indigenous territories in Oaxaca and Chiapas. Jonathan: jonathantreat2002@yahoo.com)
******************
WHAT TO DO – WRITE & KEEP ON WRITING
Please keep on keeping on sending copies of this information, and your own letters, to Canadian and American politicians and government officials, and to your local media. North American resource extraction companies are operating around the world with the full support of North American governments. Please send copies to pension funds across North America – like the Canada Pension Plan – that are invested in most North American resource extraction companies around the world, with no concern for environmental, health or human rights concerns.
FORTUNA SILVER
Suite 650, 200 Burrard Street
Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L6
T: 604.484.4085
TF: 866.719.8962
http://www.fortunasilver.com/s/ContactUs.asp
*****************
La muerte en la impunidad de Miguel Nazar Haro nos llama a reflexionar sobre diversos temas. Por un lado, la historia, la recuperación de la memoria en donde vemos que él nunca estuvo sólo, que siempre fue una pieza más en un sistema de terror de Estado y criminalidad. De éste contexto nos habla Pável Uranga.
Por otro lado, también es preciso recordar la digna lucha de las madres y familiares y reconocer su camino, para saber que su lucha es la de todos y todas. De ésto nos habla Pável Ramírez, de H.I.J.O.S. México.
Los desaparecidos nos faltan a todos.