Escucha y/o descarga el cuarto capitulo de nuestro programa radiofónico El Fogón de las Palabras “Viaje de Honduras a México” FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.

Había una vez…

una niña, su papá trabajaba vendiendo nieves en su troco en Honduras.

Una señora, a ella le da mucho miedo cuando mira las combis de la migración en México, tiene miedo que la deporten.

Lo que mas me duele fue dejar a mi nieta, mi primera nieta.

Una no sabe si va a regresar o no…

Historias de vida de mujeres que salieron de su país “abriendo camino hacia nuestros sueños”. Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.

El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.

Desde El Fogón de las Palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.

El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios De Comunicación Comunitaria y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Fuente: Avispa Midia

En portada: Campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones en la Ciudad de México denuncian que albergues para personas migrantes de la sociedad civil se ven desbordados hasta en un 800% de su capacidad. “Están en condiciones de hacinamiento y se sostienen gracias al trabajo en red que se realiza y a la solidaridad recibida”, sostienen las agrupaciones y albergues para migrantes en un documento divulgado el miércoles, 17 de mayo.

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) y los albergues de la Ciudad de México que firman el documento se declaran en emergencia.

Desde octubre del 2022, las organizaciones han documentado el aumento de la afluencia de miles de personas en situación de movilidad, sobre todo de mujeres y familias con niñas, niños y adolescentes.

El aumento está vinculado, segundo las organizaciones, a los acuerdos migratorios entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que se hizo visible por grupos de personas con necesidades de protección internacional que se mantuvieron cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la alcaldía Cuauhtémoc. Además, implicó una sobresaturación de los albergues de sociedad civil en la CDMX que desbordó sus capacidades de atención.

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El Paso, Texas – The National Network for Immigrant and Refugee Rights expresses its deepest condolences for the families of the 39 migrants who lost their lives, and for the 29 migrants who were injured in a fire at a migrant detention center in Ciudad Juárez on Monday night.

We also use this opportunity to call attention to the dual and unequal nature of the migration regime that enables the mobility of those privileged to own passports and visas while controlling and criminalizing the mobility of primarily people of color, who are escaping poverty, climate, social, and military disasters.

The Instituto Nacional de Migración (National Institute of Migration) of Mexico confirmed there were a total of 68 men from Central and South America in the detention facility, indicating that every person detained was harmed or killed in the fire.

This tragedy, like the many others that have become a normal feature of our immigration and asylum systems,  will continue to happen if policymakers are unwilling to transition to rights-centered policies to address international migration. Despite the thousands of documented deaths, disappearances, and systematic human rights abuses, the Biden administration continues to enact policies that restrict access to live-saving protection, including asylum bans and outsourcing asylum responsibilities to other countries. International displacement and survival migration should not be criminalized and people in vulnerable situations should never be detained.

NNIRR stands in solidarity with the families of migrants who have perished, those who were injured, and the thousands of others who have disappeared or lost their lives along their migration journeys. Deterrence policies, militarization, and the criminalization of those internationally displaced cannot continue to be the default response to migration. We urge the Biden administration and governments in the region to  address the dual crisis of human rights and humanitarian protection at the border.

NNIRR joins our partners and allies in calling on the administration and congress to save lives and expand the availability of pathways for regular and safe migration, and to take measures that guarantee the full recognition of migrants’ human rights, their dignity, integrity, and well-being, regardless of immigration status.

Cover photo: Reuters

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Son por lo menos 40 migrantes muertos y 28 heridos tras un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas son centroamericanos (28 de ellos guatemaltecos), además de un ecuatoriano, un colombiano y 12 venezolanos.

El incendio empezó el lunes en la noche. Alrededor de las 9 pm, según algunos medios de comunicación, los migrantes empezaron a inconformarse pues en todo el día no les habían dado de beber. Ya el presidente López Obrador afirmó que la inconformidad se dio al enterarse que serían deportados. Como quiera que sea, a las 9:30 pm empezaron a quemar las colchonetas para forzar a los guardias a abrir la puerta, lo que resultó en la tragedia.

Muchas de las víctimas habían sido detenidas ese mismo día en un operativo del INM para retirarlos de las calles, donde vendían dulces o artesanías. Otras habían sido deportadas de Estados Unidos bajo el polémico Título 42, una antigua legislación que permite deportar a migrantes extranjeros, inclusive a los solicitantes de asilo, por motivos sanitarios, la cual fue utilizada por Donald Trump para expulsar a migrantes centroamericanos, alegando el peligro del coronavirus. En su campaña presidencial, Joe Biden prometió anular la legislación, pero, al contrario, se continúa aplicando.

Las deportaciones de Estados Unidos y la crisis económica y social centroamericana han transformado a Ciudad Juárez en una olla de presión. Sólo en 2022, 2.76 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de personas detenidas en la frontera saltó de 40 mil en diciembre de 2019 a más de 250 mil en diciembre de 2022.

Al mismo tiempo, las denuncias de las condiciones inhumanas en los centros de detención se han multiplicado, así como las protestas. A principios de este mes, más de 30 organizaciones y albergues publicaron un comunicado denunciando la creciente criminalización de extranjeros en Ciudad Juárez así como detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de agentes municipales.

En los próximos días, se tienen planeadas manifestaciones y protestos en varias ciudades, en repudio a la criminalización y abusos cometidos contra migrantes en el país.

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Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

• El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
• El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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• Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
• Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
• El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

México. 24 de enero de 2020.

Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.

Ayer, alrededor de 2000 personas (entre las que había mujeres, niñas niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) salieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate buscando una alternativa por el puente “Suchiate II” y se internaron en territorio mexicano sobre la carretera Ciudad Hidalgo – Tapachula, en el estado de Chiapas. En lo que identificamos como actos de intimidación, hostigamiento y persuasión, durante varios kilómetros la caravana estuvo flanqueada por elementos y vehículos de las fuerzas militares. Finalmente, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo, tras caminar diez kilómetros a pleno sol, se encontraron con el operativo liderado por la Guardia Nacional, basado en el abuso de la fuerza y con el objetivo de contener y detener a todas las personas integrantes de la caravana, omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez.

Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés. El operativo causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión. (Continuar leyendo…)

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• Organizaciones de derechos humanos desmentimos versión del INM respecto de operativo migratorio.
• INM y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste.
• Se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos

Metapa de Domínguez, Chiapas – 6 de junio de 2019.

La noche del pasado 4 de junio llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar el día 5 de junio un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, Chiapas. Muchas de ellas habiendo tramitado previamente desde el punto de frontera su regular estancia en el país. En un principio, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza, no obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de Monitoreo de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas (punto medio entre Ciudad Hidalgo y Tapachula), mismo que estaba acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de la Policía Estatal. Además, de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total, se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.

Dentro del grupo que se encontraba en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas, además de estar en un estado de desesperación y confusión. Las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Por otro lado, ocasionó que un grupo de unas 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndolas a mayores riesgos y vulnerando su integridad.

En este sentido, desmentimos la Tarjeta Informativa publicada por el INM momentos más tarde, la cual señala que “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.

Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó sólo a un último grupo de unas 50 personas que estaba esperando ser trasladado en autobuses. Se observó igualmente presencia de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.