La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

Es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada. Lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos el 2 de abril a las 6:30 horas, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz.

Según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal (2). Entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.

Como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

El Frayba ha informado constantemente al Gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas. El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad.

Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután (3). En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin del control territorial en la región. Los patrones que ubicamos son a) ataques prolongados con armas de alto calibre b) ataques armados intermitentes c) amenazas de masacres d) vigilancia desde trincheras en la montaña, f) agresiones generalizadas a la sociedad civil g) actos violentos para generar terror h) comunidades sitiadas y i) asesinatos ejemplares.

Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a la vida, por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad.

Reiteramos la responsabilidad de las autoridades de atender de manera urgente e integral la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, aplicando de manera inmediata y urgente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente (4) y exigir al Estado mexicano un alto al fuego. Así mismo a solicitar que se realice una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la CIDH (5), así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados en Los Altos de Chiapas.

Negamos rotundamente que la militarización de las zonas de conflicto sea una solución, ya que patrones derivados de otros conflictos demuestran que dicha presencia recrudece la violencia y genera graves violaciones a los derechos humanos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
03 de abril de 2018
Boletín No. 10

1. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Presentarán Estudio psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal. 23 de noviembre 2017. Disponible. https://frayba.org.mx/presentaran-estudio-psicosocial-e-impacto-colectivo-de-la-masacre-de-acteal/

2. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama. 22 de marzo de 2018. Disponible en:

Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama

3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán. https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/

4. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de mayo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/

5 .Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. 24 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/15-18MC882-17-MX.pdf

Foto: Familias desplazadas de la comunidad de Kokó, municipio de Aldama, Altos de Chiapas. Fotografía: Carlos Ogaz.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Foto: C’ananlumtik, febrero de 2018. Danny Alveal Aravena

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado mexicano garantizar los derechos de comunidades en desplazamiento forzado e implemente acciones eficaces ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, México.

En la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo, se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a intregantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado Mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.

El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.

El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.

La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.

Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.

Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.

Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.

Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.

A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.

No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre.  Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez.  Lorenzo López Girón.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

• Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
• Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó
• Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo que emite esta Acción Urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres). Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

(Continuar leyendo…)

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

(Continuar leyendo…)

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó

Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

(Continuar leyendo…)

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.

a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados

b. Detención y castigo a responsables

c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

d. Confiscación de armas

e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.

a. Utilización y aplicación de protocolos

b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas

c. Instalación de campamentos específicos para desplazados

d. Ayuda humanitaria

e. Salud integral

f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

g. Reparación integral del daño

h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.

a. Rehabilitación de vías de comunicación

b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto

Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.

Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.

Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.

La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.

Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.

Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.

(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)

Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Escucha los audios de la conferencia de prensa aquí:

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:

Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio