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Avispa Midia

Exigen suspensión de obras de Tren Maya tras sentencia de Tribunal Internacional

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago

El tren maya, proyecto estrella del gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de comunidades mayas en el sur de México, concretando un ecocidio y etnocidio del cual es responsable el Estado mexicano.

Esta es la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quien urgió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la suspensión inmediata de las obras del tren para detener la devastación ambiental y la violación de derechos de las comunidades indígenas.

El veredicto, difundido el pasado miércoles (26), destaca el papel de los pueblos mayas, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. En contraste, “las obras del tren, algunas ejecutadas por el Ejército mexicano, lesionan derechos al agua, a la salud integral y a estar libres de contaminación”, remarca el veredicto.

La sentencia exige el cese al despojo de tierras ejidales, así como “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. El Tribunal también urgió al gobierno tomar medidas para la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se construye el proyecto.

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La sentencia del Tribunal es resultado de la audiencia realizada en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año, mediante la cual se vertieron testimonios y evidencias científicas que consideran “de modo irrefutable” las afectaciones contra la naturaleza y comunidades derivadas de las obras del tren.

El veredicto está firmado por 23 jueces honorarios de varios países del mundo. Entre los integrantes del Tribunal se encuentran juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes concluyeron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

Razones

En el informe presentado para sustentar el veredicto, el Tribunal asevera que las obras de construcción del tren resultaron en la tala de miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por daños a la biodiversidad de la región.

Entre otras consecuencias negativas resaltan la contaminación de acuíferos, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.

En torno a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denunció la falta de consulta para que el tren atraviese sus territorios, aunado a la militarización de la región para supervisar el proyecto.

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Desde el inicio de las obras, diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual modificó distintas veces su trazado original, sin que se hayan presentado ni comprobado el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.

Ante los amparos, AMLO declaró el tren, así como otros proyectos en el sureste mexicano, como de seguridad nacional, con lo cual ocultó información de las obras y bloqueó investigaciones sobre irregularidades. Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vía para el recorrido de un tren de carga, turístico y de pasajeros. El tren pretende atravesar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre del 2023, presentaba un avance de 58%, con un costo hasta ahora de 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.

Denuncias

Russell Pebá Ocampo, integrante de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, denunció la realización de una “falsa consulta”, e indicó que se violentaron leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas, previo al inicio de las obras.

“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.

Raúl Vera, ex obispo de Saltillo e integrante del Tribunal, señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.

El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación, señaló el sacerdote.

A su vez, Pedro Regalado Uc Be, también integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, celebró la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.

Como parte del veredicto, el Tribunal solicitó al Estado mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.

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FUNDAR.org.mx

(Español) Organizaciones respaldan informe del GIEI y se solidarizan con las madres y padres de los 43

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https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/07/Posicionamiento_organizaciones_resplado_GIEI-y-familias-43_270723.pdf

México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el Sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.

El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.

Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.

Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente;

1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulos, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoir.

2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad -más allá de las municipales- en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la MArina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Eston no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y e Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civies se queda corta frente al poder castrense del Estado Mexicano.

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Avispa Midia

(Español) Ecuador estrecha lazos militares y de conservación de la Amazonía con Estados Unidos

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Funcionarios ecuatorianos y militares norteamericanos durante la firma del memorandum.

Entre el mes de junio y julio, el gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, firmó con Estados Unidos (EEUU) un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y uno de conservación de la Amazonía. El convenio lo ejecutará la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su socio World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés).

En una ceremonia realizada en la sede del Departamento de Defensa de EEUU, el pasado 19 de julio, con presencia del alto mando del Comando Sur, la General Laura Richardson, así como el Subsecretario Adjunto de Defensa, Daniel Erikson, entre otras intancias militares del país norteamericano, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). Este MOU tiene por objetivo “fortalecer capacidades del sector de defensa” y “objetivos compartidos” relacionados con seguridad, según la embajada estadounidense en Ecuador.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, manifestó que se trata de reafirmar los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, en las que “participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador”.

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Avispa Midia

(Español) Ecuador recurre al ejército para que empresa canadiense pueda explotar oro

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.

Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.

Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.

Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.

Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.

Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.

La Plata

El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.

La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.

Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.

Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 20 julio 2023

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Noticias de abajo – 20 de julio 2023

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

  • SONORA: Liberan al preso político yaqui Fidencio Aldama, luego de siete años en la cárcel por defender su territorio. Desinformémonos
  • CDMX: Poliana para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad.
    La poliana es un juego, que se creó en la cárcel, por los prisioneros. Este juego sirvió para realizar un torneo para recordar a dos presos libertarios a Yorch y Brandi
    https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2023/07/13/poliana-para-recordar-a-nuestros-presos-y-ejercitar-la-solidaridad/
  • MÉXICO: Exigen que asesinato de defensor comunitario y radialista Samir Flores Soberanes sea revisado por un juez federal, denuncian que el juicio en Morelos ha sido una simulación, demandan que sea revisado ante fiscalía especial para la Libertad de Expresión.
  • CHIAPAS: José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas #PresosPoliticos https://frayba.org.mx/boletin_16_jose_diaz_BAEZLN
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Prensa Comunitaria

(Español) Crónica de un desalojo contra pobladores indígenas en Santa Cruz Barillas

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“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI | CIG | RvsR | Familiares, compañeras y compañeros de lucha

(Español) Pronunciamiento ¡Verdad y justicia para Álvaro Sebastián Ramírez!

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A nuestrxs compañerxs del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A nuestrxs compañerxs adherentes a la Sexta en México y el Mundo.
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal.
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

Se cumple un año de la ausencia del compañero Álvaro Sebastián Ramírez, indígena zapoteco, originario de la comunidad de Llano Maguey, municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, ex preso político y de conciencia, asesinado por motivos políticos. Hoy, su familia, compañeras y compañeros que lo acompañamos en diferentes momentos de su lucha, lo nombramos y queremos decir que su recuerdo está presente en nuestra memoria y seguiremos gritando ¡VERDAD Y JUSTICIA PARA ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ!

Para Álvaro, la vida fue su lucha y su lucha era parte de su vida, fue consecuente con su pensamiento y creía firmemente que otro mundo es posible. Por eso, se hace necesario recordar el trabajo organizativo que hizo antes, durante y después de estar privado de su libertad. En los años setenta y ochenta fue maestro bilingüe, también ocupó el cargo de regidor de educación en el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Agustín Loxicha. Vivió en carne propia la miseria y la pobreza extrema, sintió las injusticias que se cometían en contra de sus iguales. Ante ese contexto, Álvaro decía que “era necesario organizarse”, por eso, caminó durante años junto a su pueblo, desde abajo, para construir libertad, justicia y democracia.

Él, como otros disidentes políticos, fue desaparecido y torturado durante 11 días en una cárcel clandestina, fue encarcelado en diferentes penales de máxima seguridad del país y asesinado por sus ideas políticas contrarias al régimen y por haberse organizado con su pueblo para luchar y resistir frente al despojo, la explotación, al desprecio y la represión.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG

¡49 AÑOS EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA!

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A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MÉXICO

Comunidades indígenas a 19 de julio de 2023

Han transcurrido 49 años de impunidad e injusticia, casi medio siglo en el que comunidades indígenas incansablemente siguen buscando memoria, verdad y justicia para los desaparecidos del pueblo p’urhépecha:  José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, los cinco originarios de la comunidad indígena de Tarejero en Zacapu, Michoacán, México.

Ellos fueron detenidos, torturados y desaparecidos en el mes de julio de 1974 por el Ejército Mexicano y la entonces policía política, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), siendo trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en CDMX, por ser luchadores sociales, opositores políticos y soñadores de un mundo mejor.

Por casi cinco décadas, sus familiares, organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos y comunidades originarias han exigido justicia para la familia Guzmán Cruz, pero el Gobierno Federal ha respondido con negación, indiferencia y represión.

Hoy, el gobierno de la llamada 4T, continúa sin resolver las desapariciones forzadas por motivos políticos ocurridas durante la segunda mitad del Siglo XX, las desapariciones de los defensores de los bosques y del territorio de las comunidades indígenas y mucho menos, las miles de desapariciones acontecidas en los últimos sexenios. La impunidad e injusticia imperan en nuestro país y día a día la grave crisis de los derechos humanos aumenta. Si no hay justicia para los desaparecidos del pasado, mucho menos lo habrá para los del presente.

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Avispa Midia

(Español) Derrame de petróleo en el Golfo de México alcanza dos veces el tamaño de ciudad de Guadalajara

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de julio, diversos medios de comunicación alertaron sobre un incendio suscitado en la plataforma de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llamada Nohoch-Alfa, establecida en las aguas del golfo de México, en el estado de Campeche. No obstante, había pasado desapercibido un derrame de crudo acontecido cuatro días antes.

De acuerdo con una secuencia de imágenes satelitales, procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, el derrame de crudo inició aproximadamente entre el 3 y 4 de julio en la plataforma Balam que, hasta este día lunes (16), ha alcanzado una dimensión de 400 kilómetros cuadrados y el vertido podría extenderse hasta los 4,000 metros cúbicos.

Este desastre ambiental actualmente ha alcanzado una dimensión de más del doble de la ciudad de Guadalajara, pero “las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo”, han denunciado en conferencia de prensa una veintena de organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones temen que, por antecedentes de otros casos similares, el derrame pueda pasar desapercibido y sin cuantificar los daños. “Una revisión de la misma zona en el mes de junio permitió identificar otro derrame con una extensión aproximada de 270 km2” puntualizan los activistas en un documento que fue presentado ante la prensa.

En el mismo documento destacan que, solo en los últimos dos años existe un aumento de 152% de accidentes de PEMEX, siendo que “la industria fósil pretende normalizar el sacrificio de personas y territorios como accidentes producto de una error humano, cuando en realidad de trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70%”, señalan las organizaciones.

En el documento que presentaron las organizaciones llamado Recientes Incidentes Ambientales en el Área de Explotación Hidrocarburífera Cantarell en el Golfo de México (Junio/julio 2023), resaltan que el vertido de hidrocarburos y otros fluidos contaminantes se ha convertido en algo recurrente por parte de la paraestatal.

Las organizaciones reiteran que esto es un motivo más de porque “México no puede y no debe seguir apostando por un modelo basado en la explotación y el sacrificio de poblaciones y territorios. La crisis climática nos exige un cambio drástico de paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable de forma justa”, señalan las organizaciones.

Las activistas urgen el remplazo de la energía fósil como respuesta a la emergencia climática.

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Volcánicas

(Español) Protesta contra reforma constitucional en Jujuy: 500 años resistiendo al extractivismo minero

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Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

Por Avelén Correa Ruau

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.

“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”

Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.

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