La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco hace público el presente comunicado. Externamos este texto como una denuncia pública ante la criminalización del Estado, en especial de la Alcaldía Xochimilco, hacia la defensora del territorio Hortensia Telésforo, a quien buscan criminalizar por su participación activa en las actividades comunitarias del San Gregorio y en especial por su participación en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco.
Exigimos a la Alcaldía Xochimilco que desista esta criminalización, pues la Tlamachtiloyan, antes biblioteca comunitaria, pertenece al pueblo originario de Atlapulco por decreto presidencial y su recuperación es una demanda que se mantiene desde la represión de diciembre de 2022 por la usurpación de este espacio por parte de la administración de José Carlos Acosta.
¡La defensa del territorio y la autonomía, no son un crimen! ¡Aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estaremos! ¡Fuera la alcaldía, viva la autonomía!
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac
A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos indígenas de México y del mundo
Y a la sociedad en general
Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.
El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.
Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.
Ante esta situación, exigimos:
1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.
2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.
3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.
4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.
Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.
En portada: Manifestación contra la participación de Deutsche Bahn en el proyecto ferroviario y portuario GPM, frente a su sede, en Berlín. 31 de mayo de 2024. Foto: Stefanie Hess.
La empresa Grão-Pará Maranhão (GPM), de capital portugués, está llevando a cabo la construcción de un complejo industrial y portuario privado – el Terminal Portuario de Alcântara (TPA) -, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas – descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados-. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente a 87% de los territorios quilombolas de la región.
El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del cerrado, como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno, a China, Europa y EEUU.
Desde hace ocho años, GPM avanza con el proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental.
“La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar [costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo.], además de la expulsión de comunidades de sus territorios”, sostiene un comunicado del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una de las 18 organizaciones que hacen parte de la Articulación Anti Proyecto Grão Pará-Maranhão (Anti GPM). La Ilha do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.
Vista de los manglares de la bahía de São Marcos y la isla de Cajual, al fondo. Foto: RdR/ Klaus Schenck.
El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, que se adentraría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará seis comunidades indígenas (territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Akroá Gamela, Arariboia, Awa, Caru y Pindaré), dos comunidades quilombolas (Alcântara y Tanque de Valenca), así como 16 comunidades resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades (Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, São Bento, São Vicente Ferrer, Olinda Nova do Maranhão, Matinha, Viana, Pedro do Rosário, Penalva, Monção, Zé Doca, Governador Newton Bello, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão, Açailândia).
Ubicación del terminal portuario TPA en la isla de Cajual y el muelle en la bahía de São Marcos en el Océano Atlántico.La zona de mareas de la mitad norte de la isla está bordeada de manglares. Elaborado por RdR usando Google Earth + TUBS CC BY-SA 3.0 DEED.
“Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes, como atropellamientos y mutilaciones, que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región”, informa el Cimi.
Presión Social
La organización Salva la Selva, que hace parte de la Articulación Anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto.
El 31 de mayo de 2024, organizó una manifestación frente a la sede de la empresa, en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Salva la Selva, en un comunicado, sostiene que el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. “El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que ‘deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto’”.
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto.
Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas “para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica”. La petición está abierta desde 1 de agosto de 2024 y ya lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo.
Inversiones
El GPM busca actualmente inversores y préstamos para llevar a cabo el proyecto ferroviario y portuario. La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, confirmó, en respuesta a una consulta escrita por Salva la Selva, que su delegación se había reunido con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM).
En abril de 2024, la embajadora de la UE encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa incluyó una visita al actual puerto de exportación de Itaqui, situado cerca de la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, justo enfrente de la Ilha de Cajual. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla donde se construirá el puerto.
En este contexto, artículos aparecidos en la prensa en Brasilsugieren que el GPM podría llegar a financiarse a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. Dicho fondo pretende financiar hasta 2027 con 300.000 millones de euros, proyectos que resultan estratégicos para la UE en todo el mundo.
De acuerdo con un levantamiento de Salva la Selva, la página de Global Gateway dedicada a Brasil y la hoja informativa sobre el país de Global Gateway de abril de 2024 identifican cuatro “iniciativas emblemáticas”, entre ellas “Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para reducir las carencias de infraestructuras existentes y conectar Brasil con Europa”.
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
¡LOS ÚNICOS DERROTADOS SON LOS QUE DEJAN DE LUCHAR!
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO
¡Lucha por los que ya no pueden luchar!
¡Resiste por quienes ya no pueden resistir!
¡Exige memoria, verdad y justicia por los desaparecidos!
Comunidades originarias de Michoacán a 30 de agosto de 2024.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, por medio del presente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada , que no es un día de conmemoración, sino de lucha, declaramos conjuntamente lo siguiente:
México vive una crisis de derechos humanos, es el país de las desapariciones, oficialmente existen más de 115,570 desaparecidos (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 30/Ago/24), la República Mexicana es el país de la injusticia e impunidad, empezando por las instituciones gubernamentales que históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad (Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico).
En este contexto, en la denominada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, en 1974 fueron detenidos, torturados y desaparecidos 7 compañeros habitantes de los pueblos originarios, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como José Luis Cruz Flores, todos originarios de la comunidad de Tarejero, al igual que Rafael Chávez Rosas de la comunidad de Caltzontzin y Doroteo Santiago Ramírez de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio.
Las desapariciones forzadas de la familia Guzmán Cruz, fueron denunciadas ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante medio siglo esta familia p’urhépecha, ha luchado contra la desmemoria, la impunidad y la injusticia, actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH, donde presentaron el caso en octubre del 2006, fue declarado admitido en julio de 2013, se realizaron las audiencias finales en julio del 2017, pero a la fecha, aún se espera el dictamen de fondo.
Por ello, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el #CSIM, realizamos el día de hoy la Jornada de Lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos P’urhépecha, tomando 6 carreteras federales:
1) Carretera Cheran-Zamora en Acachuén.
2) Carretera Cheran-Uruapan en Aranza.
3) Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.
4) Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.
5) Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.
6) Carretera Uruapan-Los Reyes en Nuevo Zirosto.
Pliego petitorio:
▪️Exigimos que la CIDH emita el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán Cruz; Que se cumpla cabalmente la sentencia del Juicio de amparo 565/2018-I del Juzgado Noveno de Distrito del caso del compañero Rosendo Radilla Pacheco y que la Secretaria de la Defensa Nacional abra sus archivos sobre la guerra sucia.
▪️Demandamos una mesa de trabajo con el Gobernador de la entidad, toda vez que el Gobierno de Michoacán miente, discrimina y no resuelve los problemas de los pueblos indígenas, manteniendo múltiples pendientes en materia de seguridad, educación, obra pública, justicia, salud y transporte.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Este martes 27 de agosto se llevó acabo la última reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras este encuentro los padres y madres decidieron romper el diálogo y han resumido que la búsqueda de sus hijos ha sido un “total fracaso”. “La posición de los padres es que ésta ya es la última reunión, no vemos condiciones de una próxima reunión”, puntualizó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.
A pesar de la desilusión y el cansancio, los familiares de los estudiantes no dejarán de luchar. Este 26 de septiembre están llamado a una protesta masiva en la ciudad de México, para recordar que, a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue viva. Mario César González, padre de uno de los estudiantes, invita a la sociedad a unirse en esta marcha, enfatizando la necesidad de mantener la sensibilidad hacia el caso de Ayotzinapa.
“Esperemos que la marcha sea grande, para que vean que todavía hay sensibilidad hacia el caso”, concluye Mario César, con la esperanza de que, algún día, puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.
¿Dónde se quedó el caso?
Era el invierno del año 2018 cuando AMLO se había reunido con los familiares de los 43 estudiantes, también participaron organizaciones de derechos humanos de México y extranjeros. En ese momento el mandatario informaba que, mediante un decreto, se había creado la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). “Les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, afirmó con toda seguridad el presidente de México, a quien le resta casi un mes para concluir su mandato.
Lo que reflejan los familiares es una total frustración, ya que lo que AMLO llamó de “justicia”, solo se convirtió en una falsa promesa. César González, con una mezcla de dolor y amargura, expresa que, aunque se abrieron varias líneas de investigación, todo se estancó al momento en que las investigaciones se inclinaron hacia la participación del Ejército.
“El caso iba caminando, pero cuando se llegó al Ejército, ahí se estancó todo. El presidente de la República lo que hizo fue darle todo el apoyo al Ejército”, remarca el padre del estudiante.
Incluso, menciona Mario César al equipo de Avispa Mídia, el presidente les pidió pruebas “y eso no nos corresponde, son ellos quienes tiene que investigar”, agrega, aún así, “le presentábamos las pruebas, pero él solo las descalificó,” comenta.
Las familias de los estudiantes no solo están frustradas, sino enojadas, porque el compromiso del presidente se ha desvanecido. Además de ello, “se han convertido en cómplices al defender a quienes participaron en los hechos y al desacreditar a los equipos de investigación independientes”, menciona el padre de Gonzáles Fernández.
Es así que, más de una decena de militares relacionados con el caso, ya han sido puestos en libertad, como el general José Rodríguez Pérez, acusado en informes de la CoVAJ-Ayotzinapa de haber dado la orden de desaparición de los estudiantes y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy goza de libertad condicional. Esta orden fue dada en julio pasado por la jueza Raquel Duarte Cedillo, del distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.
Parte de la acusación sobre el general se fundamenta en las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los líderes de Guerreros Unidos. El que lo hayan liberado “es una burla para todos los que hemos buscado a nuestros hijos,” afirma con indignación Mario César.
El sello del gobierno del cambio
Las familias habían exigido la presentación de más de 800 expedientes, pero el gobierno nunca les dio una respuesta certera. “El presidente dice que no existen. La Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] dice que ya los entregó”.
Además, los familiares de los estudiantes han denunciado que el gobierno ha manipulado a una fracción de los padres y ha intentado dividir su organización. “Hay un líder que antes andaba con nosotros que ha manipulado a cuatro padres, luego los presentan en la mesa de la comisión de búsqueda. A ellos nosotros los desconocemos. Para nosotros esta es una estrategia de divisionismo por parte del gobierno para debilitarnos y que dejemos de buscar a nuestros hijos”, dice Mario Cesar.
Así, el sello de aquel gobierno que prometió justicia para el caso Ayotzinapa, hoy concluye como un “gran fracaso y, peor aun, termina diciendo mentiras porque no tiene la forma de cerrar el caso de los 43 estudiantes”.
Mario Cesar concluye diciendo, “nosotros vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos, por ello seguimos llamando a la solidaridad; este gobierno ha sido igual que el anterior”.
A la lucha por la vida, por la defensa, resistencia, rebeldía por la defensa de la Madre Tierra y Territorio.
Hermanos y hermanas, niñas y niños, abuelos y abuelas, y a todos aquellos que nos acompañan y pueden leernos y conocernos desde otros lugares de Chiapas, México y del resto del mundo, les extendemos una cálida bienvenida a este 5to aniversario e inauguración de nuestro espacio de lucha, resistencia y rebeldía en defensa de nuestro territorio. Nos llena de alegría verles, queremos que ustedes sean parte y compartirles nuestras vivencias, experiencias y dolores en esta lucha que nos une.
Hoy queremos conmemorar nuestra resistencia y lucha de lo ocurrido el 4 de agosto de 2019, en donde fuimos sujetos de actos de agresiones, hostigamientos e intimidaciones en nuestra comunidad por ser de un pueblo originario tseltal, por ser defensores de derechos humanos, guardianes de la vida y nuestra postura política como integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), violentando nuestro derecho a la autonomía y al territorio, hoy decimos no al olvido, si a la resistencia y lucha, acá seguiremos.
Sabemos que, enfrentamos una tormenta que cada día destruye la naturaleza y la vida, nuestra vida. Por eso, les invitamos a luchar y resistir juntos y juntas por un mejor mañana para nuestros hijos e hijas.
Nuestra lucha es de todos y todas. Juntos podemos defender nuestros pueblos de todo aquello que nos cause mal. Por eso, hacemos un llamado a:
A Defender Nuestra Derechos
A Defender Nuestra Tierra
A Defender La vida de Nuestros hijos e hijas
La apuesta a una Lucha No violenta, nos sumamos una lucha no violenta, pero firme y decidida. Queremos construir un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.
Acompáñanos en esta lucha justa. Juntos podemos hacer la diferencia.
ATENTAMENTE.
Colectivo “tsijilba bij” (Nuevo Camino), CNI Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas.
Memoria, Vida y Resistencia de los Pueblos en defensa de la tierra y el territorio
Quinto aniversario de lucha, resistencia y defensa de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino) de Agua Clara pertenecientes al CNI.
Las comunidades y pueblos originarios actualmente enfrentan una profunda vulnerabilidad frente a las autoridades del gobierno mexicano que restringen su autonomía y libertad, a menudo se ven obligadas a someterse a políticas externas que desestiman su modo de vida. La imposición de normas estatales y la falta de reconocimiento de sus derechos humanos debilitan su capacidad para autogobernarse y preservar sus tradiciones. Esta dinámica discriminatoria del gobierno perpetúa la marginación y el despojo de sus recursos, socavando su identidad cultural y bienestar colectivo.
Así también, las personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos y comunidades originarias enfrentan serias dificultades, incluyendo criminalización, el hostigamiento y el desprestigio de su labor. A menudo, sus esfuerzos por proteger y promover los derechos de sus comunidades los colocan en el centro de ataques por parte de actores estatales y privados interesados en sus tierras y recursos. Son frecuentemente acosados judicialmente, amenazados, en un intento por silenciar su voz y deslegitimar su trabajo, buscan erosionar la confianza en su labor y desalentar la defensa de los derechos fundamentales de sus pueblos.
No podemos dejar de visibilizar las violaciones a derechos humanos y permisibilidad del gobierno estatal, de los sucesos del 4 de agosto de 2019, cuando un grupo de personas encabezadas por autoridades ejidales, agredieron físicamente a habitantes de Agua Clara, territorio de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), pertenecientes al Pueblo Tseltal, parte del Congreso Nacional Indígena, los agresores sitiaron y realizaron disparos de armas de fuego, no obstante se resistió de manera digna a la agresión y se ha construido desde abajo un proceso de autonomía.
En el marco del quinto aniversario de memoria, resistencia y lucha por la defensa de la vida y el territorio, les felicitamos por su valiente lucha, resistencia, el fruto simbólico es la inauguración de su nuevo espacio como memoria viva. Su compromiso y visión en el horizonte de construcción de alternativa son un ejemplo inspirador de fortaleza y dignidad que no solo celebra su pasado, también fortalece su futuro, preservando la rica herencia que los define.
Han forjado, con esfuerzo y sufrimiento su sendero en medio de esta guerra contra los pueblos originarios. Su trabajo en protección de los derechos humanos, en estrecha relación con el Congreso Nacional Indígena, así como su propuesta de reconstitución de los pueblos y su sólida postura antisistémica, configuran una intensificación de su caminar. Este empeño busca modificar el sistema actual, en el que los muchos mundos que habitamos sean una realidad alcanzable.
Que sigan floreciendo en su camino hacia la autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos.
Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, llevada a cabo por operadores vinculados a José Antonio Rivero Larrea, dueño de la minera Autlán, quienes intentaban imponer el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Azalan en la Sierra Negra de Puebla.
Sergio Rivera Hernández es, sin lugar a dudas, una víctima de la guerra contra los pueblos y de los intereses económicos que prevalecen en este país. Como defensor del agua y del territorio, su presencia ha sido constante a lo largo de la resistencia y la lucha digna en México.
Exigimos la localización, ubicación y presentación con vida de nuestro hermano. Demandamos su retorno seguro a casa.
Sergio Rivera Hernández: PRESENTE. Porque vivo se lo llevaron, y vivo lo queremos.
En portada: Vecina de San Juan Chapultepec, Oaxaca, mostrando el agua que recibe de la red pública. Foto por Santiago Navarro F
Las lluvias que han abarcado los Valles Centrales de Oaxaca, al sur de México, durante los últimos dos meses, han sido capaces de borrar temporalmente la experiencia de las intensas olas de calor, la sequía y la falta de agua que ha padecido esta entidad. Pero la realidad “no es así”, alerta Juan José Consejo del Instituto Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (Inso).
“Tenemos más de 8 mil años en los Valles. (…) Ahora vivimos una crisis de agua que pone en riesgo la viabilidad de la ocupación humana en este territorio”, señala el director del Inso, una de las 28 organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano/comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA).
La discusión pública sobre la crisis hídrica en Oaxaca se reavivó en las últimas semanas tras la declaración del gobernador de este Estado, Salomón Jara Cruz, quien presentó ante la presidenta electa Dra. Claudia Sheinbaum, la propuesta de reanudar la construcción de la Presa Paso Ancho para “dotar” de agua a la zona metropolitana de Oaxaca, que incluye 22 municipios.
Hace 12 años, en 2012, las obras para la construcción de esta presa fueron iniciadas en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega – en la zona suroeste del estado, en la transición de los valles centrales de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur – con el entonces gobernador Gabino Cué. En 2014 las obras fueron suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Además de Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió desechar la autorización que implicaba la afectación de una superficie de 1.0251 hectáreas, porque “no presentó información técnica y documentación legal”. En su momento esta acción fue emprendida contra la empresa que llevaba la obra, Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. Las autoridades documentaron en su momento que ya se había afectado una superficie de 2.0174 hectáreas de vegetación de selva baja caducifolia y de encino.
Este proyecto fue retomado desde el pasado mes de enero de 2024, en el Congreso de Oaxaca, donde el ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra López, secretario de infraestructuras, detalló que esta obra debería ser considerada como uno de los “proyectos que proponemos obtenga la categoría de proyectos estratégicos” ya que, según, “pudiese ser la solución para atender de manera definitiva en el largo plazo el agua en la zona metropolitana (de Oaxaca)”.
Para Consejo una crisis tan compleja no puede ser resuelta por una obra, un decreto, aunque así lo suelen hacer los políticos. “Requiere de un conjunto muy bien elaborado de medidas de carácter legal, técnico, administrativo, económico. Alguna vez nos referimos a estos proyectos fracasados que tratan de revivir como regreso de los zombis. Se trata de cosas ya muertas que quieren volver a caminar”, sostiene.
Las organizaciones reunidas en el Observatorio exigen que se hagan públicas las informaciones sobre el proyecto y que se respete el derecho de las comunidades de ser informadas y consultadas. “No hay la información siquiera de dónde va a estar ubicada, cuántos municipios tiene que cruzar el acueducto [alrededor de 90 km] y lo que implica para estos municipios. Además, no sabemos qué va a pasar con las comunidades que están río abajo de la presa, porque el agua se va a retener por medio de la obra”, señala Mauricio del Villar Zamacona, del Foro Oaxaqueño del Agua.
“Tenemos que conocer el proyecto”, dice Consejo, pero hay elementos característicos de proyectos cómo estos que “seguimos viendo como elementos insalvables”. Por ejemplo, son obras muy caras y suelen tener un tiempo de vida corto en relación con lo que cuesta construirlas, “no rebasa 20-25 años, después se vuelven inútiles”.
Inequidad agrava la crisis
La posible reactivación del proyecto se da en una coyuntura a nivel nacional en donde hay diversos movimientos sociales que están pugnando, “sobretodo por el papel que está jugando la Comisión Nacional del Agua al impulsar este tipo de proyectos que son proyectos cuya viabilidad está en tela de juicio”, sostiene Nadir Hernández, de la organización Flor y Canto. “Sobretodo porque siguen generando esquemas de inequidad en el acceso al agua. Es decir, se le sigue dotando de agua a las empresas, a las grandes urbes, y quienes siguen sufriendo el despojo de agua en sus propios territorios son las comunidades y pueblos indígenas. Ellos son los menos beneficiados en estos tipos de proyectos”.
Otra demanda es la revisión del sistema de concesiones de agua. “Es un sistema que está diseñado para el despojo de agua. Otorga a grandes concesionarios, grandes empresas, a particulares, el acceso y libre aprovechamiento de las aguas del subsuelo. Esto ha generado la mala distribución”, agrega Hernández.
Los políticos, principalmente, utilizan el argumento de que “no hay de otra, hay que traer agua de otro lado”, ironiza Consejo, para justificar las grandes obras. “Quisiera enfatizar que, sí, tenemos de otra, yo mas bien diría, de otras. En realidad, desde hace mucho tiempo se ha propuesto un conjunto de medidas para atender de manera adecuada el problema del agua que son mas baratas, en muchas ocasiones mas rápidas que esta obra, y sin dudas son más sensatas desde el punto de vista social y ecológico”, explica.
Enmarca algunas de ellas. Conservar las esponjas, las zonas de captación de agua que todavía existen en los Valles Centrales; activar proyectos y programas de cosecha de lluvia; reparar las redes de agua potable; asegurar que el agua se limpie y se evite ensuciar; establecer sistemas de ahorro de uso y reciclamiento del agua. “Lo que quiero enfatizar es que, sí, tenemos propuestas concretas a presentar en una discusión que debe ser pública y abierta para enfrentar un problema que nos toca a todos”.
¿Dónde está?
Villar Zamacona sostuvo que el Observatorio tuvo acceso al valor del presupuesto que se está ejerciendo en 2024 para el tema del agua en Oaxaca. “Hay una bolsa importante de dinero relacionada con el agua. Alrededor de 8 mil millones de pesos. No sabemos exactamente en qué se está ejecutando este recurso”.
Te puede interesar – Fracaso Millonario: La historia oculta del agua potable en OaxacaTambién sostuvo que al final de febrero de este año hubo una conferencia por parte del gobierno del Estado, donde se dijo que a principios del año que entra, 2025, debe iniciar la obra de Paso Ancho.
En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir. Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.
En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.
Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.
Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.
Labores de extracción de material pétreo durante enero del 2024.
Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.
Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.
Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.
Transporte de la Propaeo utilizada por los inspectores durante su visita al banco de materiales “El Barrancón” el pasado 15 de agosto del 2024.
Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.
Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes – quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.
Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada.
Imagen satelital del banco de materiales “El Barrancón” ubicado en Loma Lope, Oaxaca.
Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.
Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.
Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.
Reclamos
Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.
En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.
La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca.
Loma del Estero Guié se localiza al suroeste de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.
En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.
En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal.
Convoy de volteos
Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.
Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.
Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.
Acceso al Banco Pétreo Irregular justo antes de subir el Puente Estero Guié.
Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.
*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.
