derechos humanos
Tres años de desplazamiento, lucha y resistencia por la vida y el territorio
A tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5023 personas ocurrido en octubre de 2017, las mujeres y hombres que integramos el Comité Chalchihuitle, reafirmamos nuestro lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.
El gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al Presidente Municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones. Sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos 1237, y que nos organizamos en el Comité Chalchihuitle.
Durante estos tres años y hasta ahora siguen lat Chiapas Denuncia Pública.entes los ataques paramilitares de Chenalhó y el gobernador de ahora Rutilio Escandón Cadenas no ha cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón les exigimos que desarticulen, desarmen y castiguen a los grupos armados de Chenalhó, responsables de nuestro desplazamiento, del robo de nuestras pertenencias y la destrucción de nuestras casas, le exigimos el registro ante la Comisión de Víctimas y la indemnización de los daños ocas Chiapas Denuncia Pública.ionados por estos hechos de violencia.
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En este tiempo que llevamos de sufrimiento, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados del municipio de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en la comunidades colindantes entre ambos municipios.
A pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados. No hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables.
Queremos denunciar un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, sin que hasta el momento funcionarios del Estado hayan realizado acciones de prevención, investigación y seguridad. Desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.
Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle y por no querer retornar con los engaños del gobierno. Denunciamos que las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias.
Como Comité denunciamos que los grupos armados paramilitares no sólo atacan con armas de fuego, sino que amenazan constantemente a nuestras compañeras y compañeros que viven en la colindancia con Chenalhó, siguen los intentos de querer invadir con armas de fuego a las familias cercadas a la colindancia.
Queremos decir que nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto.
En Chiapas hay muchos grupos de desplazados por la violencia y represión del Estado y por grupos paramilitares. Les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables.
Agradecemos a los pueblos, organizaciones, al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y colectivos que durante estos tres años han acompañado nuestro caminar. Les decimos que como hombres, mujeres, niñas y niños, como defensores de derechos humanos que somos, seguiremos en nuestra apuesta de lucha y resistencia por la vida y el territorio.
Comité Chalchihuitle.
Chalchihuitán, Chiapas
28 de octubre de 2020
Publicado originalmente en: Chiapas Denuncia Pública.
Fotografía: Marissa Revilla (Global Press Journal), Danny Alveal (Ruta 35) e Isabel Mateos (CuartoOscuro).
En el Istmo de Tehuantepec, comunidades vigilan que su territorio se encuentre libre de minería
Comunidades Zoques, Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold.
Pobladores, comuneros y autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno federal a una de las filiales en México de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., denominado “La Jackita”.
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La movilización tuvo la finalidad de “verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”, así lo expresaron en un comunicado firmado, entre otros, por las autoridades de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapas, así como miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.
Con el título de concesión número 225472, el lote denominado “Jackita” abarca 1,499.88 hectáreas de superficie entre los municipios de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. Dicho polígono es parte de un proyecto más grande llamado “Santa Martha”, de 6,410 hectáreas de superficie en el que la empresa de origen canadiense Minaurum Gold Inc., tiene la intensión de extraer oro y cobre.
Para ello, el 23 de julio de 2020 ha presentado a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental (20OA2020MD038) para la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica, publicada el 13 de agosto del presente año.
Ante ello, las comunidades Zoques de San Miguel Chimalapa denuncian que “la empresa minera ha realizado incursiones en nuestro territorio de manera ilegal puesto que la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación”. Y exigen que la SEMARNAT no otorgue el permiso de exploración pues la empresa no cuenta con la autorización de las comunidades, quienes revindican su derecho al territorio y a la Autonomía.
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Asimismo, denuncian el ocultamiento de información por parte de SEMARNAT, pues la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca les ha negado acceder a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minaurum Gold S.A. de C.V., y exhiben las falsedades expuestas por parte del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quienes el 28 de septiembre de 2020, en conferencia oficial de prensa aseguraron que en los Chimalapas no existen concesiones mineras ni Manifestaciones de Impacto Ambiental.
“Lo real es que dicho documento si existe (…) y se encuentra en la SEMARNAT, que de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”, destacaron en el comunicado.
Por último, en el comunicado reconocen que la actividad minera es una amenaza para los ríos, la tierra y el aire de las comunidades. En específico “el proyecto minero “Santa Martha” que atenta a la cuenca del Ostuta, Espíritu Santo, y las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. Asimismo, retoman como ejemplo las afectaciones provocadas por otros proyectos mineros en el estado, particularmente en San José del Progreso y en San José de Gracia.