Tapachula 22 de octubre de 2018

Durante la observación realizada el día de hoy por las organizaciones trabajando en frontera sur reiteramos nuestro compromiso de continuar monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para
responder a la emergencia humanitaria derivada por las crisis en Centroamérica, en particular en Honduras.

Han pasado tres días y al menos 200 personas incluidas niñas, niños y adolescentes, permanecen a la espera en el Puente de Guatemala-México sin condiciones dignas, a la intemperie y sin ayuda humanitaria gubernamental, con las afectaciones físicas y emocionales que esta situación conlleva.

La asistencia humanitaria sigue estando condicionada a la detención migratoria en la Feria Mesoamericana.

Sigue sin haber transparencia negándose la información sobre las personas detenidas lo que propicia la separación de las familias, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre afectando el estado general de las personas. Las condiciones de detención
migratoria en ningún caso son aceptables para niños, niñas y adolescentes.

En Tapachula, después de la conferencia de prensa las personas que forman parte del éxodo partieron rumbo a Huixtla, Chiapas. En el camino, se hacen evidentes las consecuencias de lo sucedido en días previos en el desgaste de las personas; de manera visible se observa que niños y niñas presentan cuadros de salud como conjuntivitis, golpes de calor, deshidratación, diarrea, tos, fiebre y cada vez son más frecuentes los signos de agotamiento en la población adulta.

Como efecto del hostigamiento y la tensión de las que han sido sujetas en la última semana, se constata el estado de alerta y de desconfianza, por ejemplo, ante la posibilidad de descansar en un recinto amplio pero cerrado, las personas decidieron dormir en otros espacios ante el temor de ser cercadas y detenidas.

Una vez más la población ha dado grandes muestras de solidaridad, a pesar de los crecientes discursos de criminalización y xenofobia.

Parte de la emergencia se mueve con el éxodo y paralelamente en el Puente Guatemala-México y en Tapachula persisten las situaciones de riesgo en el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país o que son detenidas por su situación migratoria, así como el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos.

Hoy atestiguamos con mucho dolor lo que ayer advertimos; un joven de 22 años cayó de un vehículo en movimiento y perdió la vida buscando salvarla. Retomamos lo dicho en la rueda de prensa “sabemos que México es un cementerio, por eso estamos viajando juntos”

Firman. Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Otros Mundos Chiapas, Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Videos: Radio Zapatista

Actualizaciones sobre denuncia de hechos durante el Éxodo Migrante en la Frontera Sur de México

Tapachula, Chiapas a 21 de Octubre de 2018

El pasado 26 de Septiembre se cumplió  un año más de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas  de Ayotzinapa.  Como cada 26 de mes y como cada año desde hace ya 4,  los padres y madres de los estudiantes normalistas  acompañados por estudiantes, organizaciones civiles  y sindicatos , realizaron una nutrida marcha que partió del Ángel de la independencia  al Zócalo de la capital.

Registro visual y sonoro de la  marcha y mitin :

Registro visual realizado por Heriberto R .

Registro sonoro: Testimonios del abogado y de los padres de los 43  estudiantes normalistas :

El pasado 19 de septiembre un grupo de sujetos sin identificar (cargadores y golpeadores), acompañados por un cuerpo de 400 granaderos, desalojaron a la comunidad Otomí quienes mantenían un campamento en las calles de Roma 18 y Liverpool en la delegación Cuauhtémoc de la CDMX. El violento desalojo dejó 15 personas de la comunidad heridas, la destrucción del campamento y el robo de pertenencias, entre éstas, la mercancía que la comunidad vendía para el sostén sus familias. Cabe señalar que la comunidad Otomí mantenía la posesión del inmueble desde hace aproximadamente 15 años. Tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el inmueble fue dañado y presenta riesgo de colapso, por lo que las 70 familias que habitaban el espacio desde hace más de 365 días, instalaron un campamento en las puertas del predio.

El desalojo tuvo lugar mientras se realizaban los preparativos para el mega simulacro,  se rememoraba la solidaridad de la sociedad civil, se recordaba a los que “no debieron morir” y se alistaban las manifestaciones en el marco de la exigencia de reconstrucción por parte de los damnificados unidos;  quienes tras un año de lucha, han ventilado la ambición de las inmobiliarias al pretender lucrar con la tragedia y han evidenciado la falta de transparencia del gobierno local y federal, en la administración y distribución de los recursos.

Tras el desalojo, la Policía Bancaria Industrial PBI resguarda el interior del inmueble: las rocas, los muros derrumbados, la basura acumulada y las ventanas, son su misión. En la periferia del predio; la comunidad se organiza, prepara la olla común, cuida a sus heridos, convoca a asamblea, distribuye comisiones, participa en las movilizaciones e intenta recuperar lo que les fue arrebatado.

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Sobre el centro de capacitación finca alemania y el ataque sufrido en el 12 de febrero

PRONUNCIAMIENTO POR LA LIBERTAD DE MIGUEL PERALTA, PRESO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA

Después de 3 años dos meses de la detención del compañero Miguel Peralta, el día lunes 9 de julio de 2018, el colectivo Los Otros Abogadoz acudieron al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para entregar las conclusiones de inculpabilidad dónde se demuestran las múltiples irregularidades que ha habido en el proceso que mantienen preso a Miguel.

Luego de que 2 de los 8 testigos de la familia Zepeda Cortés no se presentaran a los interrogatorios, a pesar de ser citados en diversas ocasiones durante más de dos años, el 14 de diciembre de 2017, se solicitó el cierre de instrucción al haber concluido el desahogo de pruebas. Esta etapa, previa a la sentencia, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, no debía tardar más de una semana; sin embargo, le llevó al secretario de acuerdos Jesús Reynaldo Canseco más de 6 meses para acordarlo, siendo un ejemplo más de que su justicia ni es pronta ni expedita. Y una clara muestra de que este juzgado precedido por el juez Juan León Montiel, secretario de acuerdos Jesús Reynaldo Canseco y el ministerio público Porfirio Bernardino Sánchez, le sirve a una familia caciquil, que mantiene el control político más allá del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón.

A partir de la celebración de la audiencia final, es el juez Juan León Montiel, quién tiene la decisión de dejar en libertad al compañero Miguel, por ello es crucial que le exijamos, que no mantenga más su encierro, porque fuera de la línea política que pesa sobre él y los 7 presos más de Eloxochitlán, no hay una razón jurídica que lo sostenga.

Por ello, les hacemos un llamado para que realicen cartas exigiendo al juez, que la sentencia no demore y que por supuesto, sea de libertad. Les pedimos que las envíen al correo solidaridadelox@gmail.com para que puedan ser entregadas al juzgado antes de la audiencia final, fecha en que el juez dará por terminado el proceso e iniciará el tiempo para que dicte sentencia. Se estarán recibiendo hasta el 21 de julio.

Así mismo, les convocamos estar al tanto de la situación y que desde sus formas continúen exigiendo la libertad de Miguel y los presos de Eloxochitlán.

Que la solidaridad no sea sólo palabra escrita.

Abajo los muros de las prisiones!

Familiares y amigxs de los presos de Eloxochitlán de Flores Magón
Los Otros Abogodoz

11 de julio de 2018.

Bruno Avendaño Martínez (hermano de Lukas Avendaño) desapareció el 10 de mayo en Tehuantepec, Oaxaca. Hasta la fecha las autoridades no han implementado el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas.

 Celebran familiares de los normalistas la valentía de los magistrados y agradecen a la CIDH por abrir caminos para la verdad.

Ciudad de México, 07 de junio de 2017. Ante la sentencia inapelable de un tribunal colegiado federal, que ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora especial, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le exigieron al titular del Poder Ejecutivo federal una señal de que cumplirá lo ordenado por los magistrados. 

“Los 43 padres sabemos perfectamente que es el mismo gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión”, sostuvo don Mario González, quien recordó que la sentencia es de obligatorio cumplimiento y acusó la actitud ambigua de la PGR al decir que no comparte el criterio del tribunal.

En conferencia de prensa, las familias resaltaron que la sentencia del tribunal nacional da la razón a lo que ellas han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales. “Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada”, sentenció la señora María Elena Guerrero.

Los representantes legales de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, CNDH y organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de las irregularidades en el caso. Además, recordaron, el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas.

“La Comisión es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”, demandó la señora Blanca Nava. Los representantes legales destacaron que la sentencia establece que la CNDH y las víctimas tienen la facultad de nombrar a quienes integrarán la comisión, y que expresamente se recomienda al GIEI.

Ante las dudas suscitadas en la opinión pública, el jurista Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, precisó que la comisión especial de investigación tiene pleno fundamento en el derecho internacional, “que también es parte de nuestro marco jurídico. Es falso que sea ilegal ordenar su creación”.

A pregunta expresa, las familias indicaron que la posible liberación de personas que participaron en hechos por violación al debido proceso es producto de deficiencias de la PGR y puede afectar su derecho a la verdad, por lo que pidieron que esa instancia adopte medidas para que no se pierda la información que esas personas pueden tener.

Las familias resaltaron la coincidencia entre el informe de la CIDH –que acusó falta de profundidad y resultados, así como lentitud en la investigación oficial- y la “devastadora” sentencia del tribunal, que señaló que la investigación de PGR carece de imparcialidad, independencia y autonomía, no ha sido eficaz y tiene sesgo hacia una teoría del caso sin asidero.

“Conocer la verdad es nuestro derecho, como dijo ayer la CIDH. El Estado está obligado a garantizarlo. Agradecemos a la comisionada Esmeralda, al comisionado Vargas y a todos los comisionados y comisionadas por acompañar nuestro caminar”, finalizó doña Cristina Bautista.