
contrainsurgencia
(Español) La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de marzo de 2023
Boletín No. 08
La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas
- Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
- La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.
Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.
Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.
Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.
Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.
A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.
Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.
Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.
Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.
Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.
La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.
(Español) Desde Europa denuncian el desplazamiento forzado de las comunidades Zapatistas y exigen justicia
Fuente: Viaje Zapatista
Denunciamos el desplazamiento forzado a las Comunidades Zapatistas Poblado La Resistencia y Poblado Emiliano Zapata.
Desde Slumil K´Ajkemk´Op, lxs abajo firmantes denunciamos enérgicamente el ataque armado y el desplazamiento forzado en contra de habitantes de la comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, ubicada en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, en territorio del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
Los autores de estos delitos consumados y violatorios a los derecho humanos son los miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, quienes liderados por Tomás Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, realizaron disparos a corta distancia en contra de 54 Personas pertenecientes a 11 familias y provocaron el desplazamiento forzado de 83 personas, todas pertenecientes a las Bases de Apoyo Zapatistas, BAEZLN, quienes pacificas, se vieron obligadas a buscar refugio en el monte, abandonando todas sus pertenencias.
Los delitos fueron documentados por organizaciones independientes de derechos humanos en México.
Esta no es la primera agresión armada en contra de las BAEZLN por parte de la ORCAO, quien a pesar de ser una organización de corte paramilitar y violentar los derechos humanos de los habitantes, goza de la protección de los gobiernos local, regional y federal.
¡Esto ocurre en un gobierno que se autonombra democrático y que ha firmado los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos!
Desde nuestros respectivos territorios en toda la Europa Insumisa nos unimos a las demandas puntuales y apremiantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), las cuales son:
- Cese de los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi.
- investigaciones correspondientes, serias y profundas, a fin de sancionar los delitos señalados y las violaciones a derechos humanos.
- Generar las condiciones de seguridad para el pronto retorno de las 83 personas BAEZLN a sus comunidades.
- Reparación del daño al patrimonio de las familias desplazadas.
- Garantizar medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA.
- Investigar la portación de armas de fuego de integrantes de la ORCAO y se sancione a los culpables de las agresiones referidas en los informes.
Invitamos a todas las personas solidarias con las BAEZLN a firmar y difundir la Acción Urgente: https://redtdt.org.mx/ataque-armado-y-desplazamiento-forzado-en-territorio-del-ezln/
Para más información sobre los hechos ocurridos, consultar aquí: