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Chiapas

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Desplazamiento forzado de integrantes de Las Abejas de Acteal

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  • Riesgo a la vida, integridad y seguridad de 4 familias tsotsiles del Congreso Nacional Indígena.

Cuatro familias de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), quienes son parte del Congreso Nacional Indígena, (CNI) fueron agredidas y desplazadas forzadamente de la Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

Según información con la que cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba,) el día 10 de agosto de 2019, aproximadamente a las 16.54 Hrs., un grupo de 200 personas de la colonia Miguel Utrilla, simpatizantes del Partido Verde Ecologista, atacaron violentamente a integrantes de Las Abejas de Acteal, testimonios refieren lo siguiente:

El día de hoy, 10 de agosto, autoridades de la Colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Barrio Rio Jordán, municipio de Chenalhó en compañía de alrededor de 200 personas simpatizantes del Partido Verde Ecologista, atacaron violentamente a 4 familias integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, así como a sus bienes materiales.

Aproximadamente a las 4.54 de la tarde pasaron a la casa de Alonso Jiménez Méndez, como no lo encontraron amenazaron con quemar la casa. A las 6.05 irrumpieron violentamente en la casa de Alonso Ruiz López, ex mesa directiva de 2018, ya dentro de la casa planeaban si destruir un tanque de agua o tirar la casa.

A las 6:22 de la tarde destruyeron la casa de Alonso Jiménez Méndez, a las 6:34 destruyeron la casa de Antonio Ramírez Pérez, ex mesa directiva. A las 6.57, se dirigieron a casa de José Ramón Vázquez Entzín, donde también se escuchó que estaban destruyéndola.

Este ataque se da en el contexto de la marcha-peregrinación que realizarán Las Abejas de Acteal, el próximo lunes 12 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplen 10 años de la liberación de los autores materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.

Es preciso recordar que la colonia Miguel Ultrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, es donde proliferaron los grupos armados en los 90’ y donde persisten las estructuras de aprendizajes violentos, de ahí surgieron los autores materiales que perpetraron la Masacre de Acteal. Además desde 2015 la situación ha sido recurrente, las agresiones hacia integrantes de Las Abejas de Acteal son cada vez con hechos de mayor violencia1.

En un contexto regional de espirales de violencia generalizada, con más de 7 mil víctimas de desplazamiento forzado, donde las acciones de los gobiernos estatal y federal son deficientes, el riesgo a la población se profundiza. Situación que se extiende en Los Altos de Chiapas, en municipios como Aldama, Chalchihuitán, entre otros.

Por lo anterior exigimos al Estado mexicano a:

Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos en el estado de Chiapas, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.

Atender la conflictividad de raíz, para detener los actos de agresiones, destrucción, hostigamiento y demás violaciones a los derechos humanos hacia integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

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CNI-CIG

(Español) 85 Aniversario del Ejido de Tila, Chiapas.

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Resolución presidencial
COMUNICADO

EJIDO DE TILA, CHIAPAS; MEXICO A 30 DE JULIO DEL 2019
A la opinión publica
A las organizaciones sociales no gubernamentales
A los medios de comunicación masiva nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
A la red contra la represión
A las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno
A la sexta nacional e internacional

Compañeros y compañeras de las diferentes organizacionales no gubernamentales, desde esta plaza ejidal del ejido Tila les enviamos un cordial saludo a todos y todas en la lucha de la defensa de la tierra y territorio.
La asamblea general extraordinaria celebrada el 21 de julio del 2019 en la casa ejidal conforme a nuestros usos y costumbres ubicado en la calle Francisco I. Madero sin número del barrio San Sebastián se acordó celebrar los 85 años de aniversario de la resolución presidencial del ejido Tila humilde y sencillamente marchando en las calles de nuestra población hasta llegar a la plaza. No podemos pasar por alto como se fue legalizando los documentos del ejido con amor y sentimiento recordamos que nuestros bisabuelos que caminaron en los caminos montañosos de Tila a Tuxtla Gutiérrez para hacer la entrega de la solicitud de fecha 3 de febrero de 1922 ante el general José Tiburcio Hernández Ruiz quien fuera gobernador en esos tiempos. Dicha solicitud se publicó en el Diario Oficial del gobierno del estado el 5 de abril del mismo año y se recabo el censo agropecuario el 21 de marzo de 1929 de los 836 individuos.

El 19 de mayo de 1932 el Ing. militar Manuel C. Paz comisionado para deslindar los 5405 hectáreas en la forma siguiente: 2938 hectáreas de terrenos nacionales y 2466 hectáreas de la finca Pensilvania que a la suma nos corresponde los 5405 hectáreas de terrenos ejidales a favor del ejido Tila, la entrega provisional se publica en el diario oficial del estado el 01 de junio de 1932 sola una vez de acuerdo con el art. 160 de la ley agraria en vigor. Cabe recordar el sufrimiento, el caminar bajo el sol, la lluvia, el hambre, el cansancio y el frio de esta forma fue dando fruto; así como, las oraciones de los principales elevando su petición hacia el creador del cielo y la tierra.

Así mismo recordamos la verdadera reforma agraria el 06 de enero de 1915 y la Constitución de 1917 bajo el art. 27 se dio las resoluciones presidenciales de todos los ejidos y bienes comunales. Gracias al Plan de Ayala favoreció a la devolución de las tierras a los pueblos indígenas, la libertad, democracia y justicia social sobre la tierra es de quien la trabaja y no para los hacendados o terratenientes y menos de utilidad pública, sino para los pueblos originarios.

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1934 y tiene conocimiento los 32 estados de nuestro país México. Las resoluciones presidenciales es fruto de la revolución mexicana en que miles y miles de campesinos derramaron su sangre, pero los corruptos volvieron a tomar el poder y como ejido Tila, los caciques miembros del ayuntamiento municipal en el año de 1943 iniciaron los registros de propiedad privada violando el art. 74 de la ley agraria que en los ejidos es inviolable (inalienable), imprescriptible e inembargable. Ilegalmente pagaron impuestos en la hacienda del estado los ejidatarios que fueron obligados a registrar sus casas y solares y esto lo damos a conocer públicamente para los que tengan oído que oigan y los que no que se hagan sordos, los que ven que lean.

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(Español) Agresión a la autonomía zapatista, denuncia el CDH Frayba

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México, 22 de julio, 2019. Un boletín difundido hoy por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (con sede en Chiapas, México) informa sobre el decomiso de dos camionetas de transporte autónomo zapatista el pasado 8 de julio.

Aquí, el boletín completo:

El 08 de julio de 2019, a las 9:00 Hrs., en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, México, la Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camionetas marca nissan que realizaban servicio de transporte autónomo. Esta acción representa otra agresión a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), en el contexto de hostigamiento militar a su territorio.

Los vehículos decomisados tienen la autorización de la Junta de Buen Gobierno Zapatista -Nueva Semilla Que Va a Producir-, del Caracol V -Que Habla Para Todos-, con sede en Roberto Barrios, municipio oficial de Palenque. El operativo estuvo coordinado por Armando Aguilar Vázquez, delegado del transporte de la región de Palenque.

De acuerdo con información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) la Fiscalía de Distrito Selva abrió carpetas de investigación en contra de los conductores de las unidades incautadas, quienes tienen más de 20 años de dar servicio a población de comunidades de Pueblos Originarios quienes necesitan viajar de territorios de influencia zapatista a la cabecera de Salto de Agua.

Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 06 de julio de 2019, manifestó: “… refrendamos nuestro respeto al Ejército Zapatista a pesar de las diferencias.”

Recordamos al Estado mexicano su obligación de cumplir con el respeto al derecho a la autonomía y la libre determinación de los Pueblos Originarios, tal y como lo establece el artículo 2do. de la Constitución mexicana, así como diversos tratados y declaraciones internacionales, una de ellas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: «Los Pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.»

Por lo anterior este Centro de Derechos Humanos exige al Estado mexicano:

  •  Cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de los Pueblos Zapatistas desistiéndose de los actos de criminalización contra los transportistas y el transporte autónomo.
  • Entregar los dos vehículos autónomos detenidos por la Delegación de Transporte con sede en Palenque.
  • Respetar el derecho a la autonomía y la libredeterminación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construcción civil y pacífica que realizan Bases de Apoyo de cientos de comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse para detener toda forma de hostigamientos y agresiones a la autonomía de los Pueblos Zapatistas, procesos organizativos colectivos que desde su cultura avanzan en la construcción de la Vida Digna, creando en sus territorios proyectos que garantizan en los hechos derechos humanos a comunidades históricamente discriminada.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 22 de julio de 2019

Boletín No. 16

 

Fuente: CDH Frayba

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Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

(Español) ¿Cuánto cuesta la justicia? A más de 80 días del inicio de la huelga de hambre en los penales de Chiapas

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¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo? ¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan? ¿Cuesta la vida la justicia?

Más de 80 días desde el inicio de este proceso de lucha en busca de justicia y libertad. Horas, días, semanas y meses de una sucesión de hechos que van desde la resistencia al desgaste; de la dignidad a la ignominia; de la apuesta por la vida y por la libertad, aún con el costo de estar dispuestos a entregar la vida misma por encontrarla.

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo?

¿Imaginas llevar más 15 años preso, y de esos 14 sin sentencia, haber perdido tu familia, no contar con ni un peso de ingresos en este tiempo, porque la cárcel te tiene secuestrado, y que la justicia te pida más de 18.000 pesos para poder acceder a la copia de tu expediente, y con ello a la posibilidad de tu defensa?

No lo imagines, ese caso se llama Adrián Goméz Jiménez está encerrado tras los muros del CERSS Nº5, lleva 83 días en lucha y en huelga de hambre; y la empresa privada que gestiona la “copiadora” del Juzgado de este penal le pide esa cantidad para poder obtener su expediente.

Y éste es sólo uno de los casos, imaginen a cuánto asciende la suma de todos los expedientes de nuestros compañeros en huelga de hambre. ¿Quién hace negocio con la justicia, quién se beneficia del encierro, a qué costo?

Para nuestros compañeros, la justicia les costó su proyecto de vida, sus ilusiones, sus apuestas a ese futuro que esperaban y por el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.

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Avispa Mídia

(Español) Gobierno de Chiapas insiste en proyecto de súper autopista; comunidades indígenas rechazan la construcción

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Durante la asamblea realizada en la cabecera municipal del municipio de San Juan Cancuc, el 23 de marzo pasado, habitantes de 43 comunidades tseltales  firmaron un acta de acuerdo donde rechazan otorgar los permisos para la reactivación de los trabajos técnicos del proyecto carretero entre San Cristóbal de las Casas-Palenque, Chiapas.
Asamblea de autoridades locales de Cancuc. Mayo, 2019.

El documento firmado por autoridades comunitarias, expresa el posicionamiento unánime contra la imposición del proyecto carretero del gobierno estatal. Además se desmiente el documento con fecha de 30 de julio del año 2014, que afirma tener el respaldo de los comuneros, mediente un acta de acuerdo que segun el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se levantó en este año. En este documento no solo se aprueba el paso de la carretera, sino que establece que cuenta con el apoyo de los comuneros. Y al ser deconocido por estas comunidades ” queda sin efecto dicho documento”, refiere el acuerdo de las acomunidades sobre la súbita aparición de esta acta de aquel año .

En contexto Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

“Los habitantes del municipio de San Juan Cancuc tienen sus terrenos con las medidas muy pequeñas que las conservan y son las únicas que nos dan para vivir el autoconsumo. Los terrenos afectados pertenecen a varias comunidades del municipio, no solo a la comunidad de Crusiljá y Yaxnail ya que son tierras comunales”, manifestaron las autoridades locales durante la asamblea en la cual también aprovecharon para denunciar la nula respuesta del gobierno estatal ante los escritos de inconformidad que las comunidades enviaron desde el 1 de abril.

Prioridades

Tras la victoria electoral en julio de 2018, el nuevo gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha enfatizado que la administración chiapaneca a su cargo priorizará el desarrollo de proyectos carreteros.

Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas en reunión con empresarios del estado sureño de México

“Lo que necesita Chiapas son carreteras, supercarreteras y caminos que comuniquen todos los pueblos con las principales ciudades del estado y esa será una prioridad del gobierno”, declaró Escandón ante empresarios chiapanecos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al vincularlo con otros planes de infraestructura en el sureste mexicano como el denominado tren maya.

En contraste al diálogo permanente entre gobierno y empresarios, los pueblos y comunidades del municipio de San Juan Cancuc no han recibido respuesta a sus escritos de inconformidad entregados en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Rechazo, no sólo en Cancuc

También ocho municipios de Chiapas se unieron a San Juan Cancuc en el rechazo de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque pues “el único beneficio que obtienen nuestras comunidades, es el despojo del territorio, y la destrucción de nuestra hermana madre tierra”, manifestaron integrantes de las parroquias de Yajalón, Candelaria, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sitalá y Chicomuselo que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).

“Nuestros pueblos originarios exigen que el gobierno actual, NO REGRESE AL PASADO, QUE ESCUCHEN NUESTRA VOZ, NUESTRAS DEMANDAS Y RESPETEN EL DERECHO DEL PUEBLO. El camino de la imposición y las falsas consultas destruyen la vida de nuestras comunidades. No queremos más destrucción a la Madre Tierra, y los más de 185 kilómetros que requiere la construcción de la supercarretera, nos despojará de nuestro territorio rico en agua, ríos, árboles y BASTOS RECURSOS NATURALES QUE ES EL INTERÉS PRIMORDIAL DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES Y EMPRESAS EXTRACTIVAS PARA EL SAQUEO DESMEDIDO DE ESTOS RECURSOS”.

 

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Frayba

(Español) Ayuno en solidaridad con presos en huelga de hambre en Chiapas

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  • Presos tsotsiles continúan lucha por su libertad desde los CERSS Núm. 05 y Núm. 10

A las 6 de la mañana, del día de hoy, 10 personas iniciaron un ayuno en exigencia de libertad para 7 presos tsotsiles que han denunciado violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos. Durante 12 horas permanecerán en plantón, sin consumir alimentos, sólo miel y agua, en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 05, (CERSS Núm. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Estarán en ayuno: 7 familiares de presos (Andrea Hernández Díaz, Elena Gómez Hernández, Carla Guadalupe Meza Méndez, Facundo Ruiz Gómez, Eva María Ruiz Pérez, Susana y Beatriz de la Cruz Ruiz); 2 integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Juan Pablo Nava y Jorge Abel Pérez Rodríguez; y Juan Pérez Álvarez, quien estuvo en prisión 16 años y obtuvo su libertad el pasado 14 de mayo.

El objetivo de esta acción de protesta es solidarizarse con 7 presos tsotsiles quienes continúan la lucha por su libertad a 83 días de que iniciaron una huelga de hambre. Posterior a un lapso de 30 días de ayuno, 5 de ellos reiniciaron la huelga de hambre el 14 de mayo de 2019: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo, Germán López Montejo (Desde el CERSS Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas) y Marcelino Ruiz Gómez. (Desde el CERSS Núm. 10, en Comitán de Domínguez).

Debido a la situación penitenciaria en la que se encuentran y por los días transcurridos sin alimentos ni atención médica adecuada, hay un deterioro importante en la salud física y emocional de los 5 presos en huelga de hambre1. Existe el riesgo de que su salud se agrave debido a la decisión de los presos de continuar en huelga de hambre ante la omisión del gobierno del Estado de Chiapas.

A la fecha, sus demandas no han sido debidamente resueltas. Un ejemplo es la falta de acceso a sus expedientes penales: El pasado 24 de mayo la familia de Juan de la Cruz Ruiz pagó 3.500 pesos para la entrega de la copia de su expediente; y por el de Adrian Gómez Jiménez les solicitaron 10 mil pesos. Esta situación intensifica las condiciones de discriminación a población económica y socialmente vulnerable.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre y sus familias en ayuno exigen al Estado mexicano: continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación2.

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Los Tejemedios.

(Español) Carlos Gónzalez Garcia – Foro contra la Militarizacion del terriotrio zapatista y del CNI 46 visualizaciones

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https://www.youtube.com/watch?v=cCyx42CPF88

Carlos Gónzalez Garcia – FORO CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS DEL CNI-CIG mayo 2019

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Frayba

(Español) Contrainsurgencia a Pueblos Originarios que construyen la vida digna

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A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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Frayba

(Español) Cese la violencia en Los Altos de Chiapas

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  • El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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Frayba

(Español) Ejército mexicano realiza actos de espionaje a defensoras del territorio en Chiapas

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  • Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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