climate change
(Español) Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Foto de portada: Red de Comunicación Regional
En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.
En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.
“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.
Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.
Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras
El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.
“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.
Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.
Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.
“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.
En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.
En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.
Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.
(Español) Es urgente encontrar alternativas ante la falsa transición energética
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: Doña Lupe y su nieto recorren un área de su comunidad, El Bosque, donde yacían una escuela y casas. Ahora, solo quedan ruinas debido al avance del mar que amenaza con desaparecer totalmente al poblado pesquero ubicado en las costas de Tabasco. Foto: Aldo Santiago
Los objetivos que han asumido los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y corporaciones transnacionales, enmarcados en el Acuerdo de París como hoja de ruta a seguir para detener el aumento de la temperatura planetaria a 1.5 grados centígrados (°C) por encima de los niveles preindustriales, no se están cumpliendo advierte Naciones Unidas.
Con el Acuerdo de París se trazó como principal objetivo un proceso de descarbonización de la economía, entendido como la sustitución de los combustibles fósiles por nueva tecnología que emitiera menos gases de efecto invernadero, responsable del cambio climático, según la ONU.
Desde entonces, países y empresas han desarrollado acciones que las han llamado “transición energética” que, llevadas a cabo, deberían limitar, según el acuerdo, el calentamiento global a 1,5 °C, esto implica reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas advierte, en su informe 175 de Análisis Económico publicado este mes de septiembre, que no se están alcanzando los objetivos planeados. Incluso, ha proyectado sobre un escenario de temperaturas mundiales de 2 °C, 2,6 °C y hasta 3°C por encima de los niveles preindustriales. En este escenario se avisora una caída de hasta el 18% de la producción mundial de bienes y servicios reflejada en el Producto Interno Bruto munidal (PIB).
En entrevista para Avispa Mídia la ingeniera industrial Beatriz Olivera señala que esa advertencia es preocupante ya que supone que, “el mundo de alguna manera sigue anclado en los combustibles fósiles y es muy probable que no haya cambios en el corto plazo”, por tanto, no se estaría cumpliendo con el Acuerdo de París y tampoco con los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU.
Además de la posible caída en la producción mundial de bienes y servicios, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que este contexto podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas más de aquí a 2030, si no se adoptan medidas de adaptación al cambio climático y mitigación adecuadas. Aunque en 2019 las cifras ya destacaban un crecimiento de al menos 1300 millones de seres humanos en estas condiciones.
La ingeniera mexicana, quien participó en una investigación llamada Minerales críticos para la transición energética, arremete diciendo que, “deberíamos estar muy preocupados porque países como el nuestro (México) serán de los más impactados”, advirtiendo que las comunidades más vulnerables de este país ya están sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar, las sequías, las oleadas de calor y las inundaciones.
El costo de la “transición”
El Banco Mundial (BM) ha advertido que esta “transición” requiere al menos un aumento de casi 500% de más minerales hasta 2050, lo que implica mayor extractivismo en diversas geografías y, con ello, más impactos ambientales y sociales. Esta entidad financiera tiene clasificado al menos 24 tipos de minerales necesarios para el remplazo de la matriz tecnológica de combustibles fósiles a energías renovables, como los complejos de energía solar fotovoltaica y de concentración, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
Sin embargo, solamente los complejos eólicos, además de grandes cantidades de concreto, “1,200 toneladas por cada aerogenerador de 3 mega watts”, según la ingeniera Olivera, también requiere al menos 14 tipos de minerales como Aluminio, Bauxita, Bario, Boro, Cobalto, Tierras Raras, Cobre, Plomo, Níquel, Zinc, entre otros.
La tecnología solar ocupa casi los mismos minerales, además, del Cadmio, Estaño, Galio Germanio, Indio, Manganeso, Molibdeno, Plata, Selenio, Silicio y Telurio. Un total de 17 tipos de metales.
“Uno de los minerales que va a tener mayor demanda, a medida que se acelere la transición, será el cobre, el litio, grafito y cobalto. El litio es para las baterías de los automóviles. De manera que no se puede dejar de pensar en estos minerales cuando se habla de transición energética”, puntualiza la investigadora Olivera.
El BM estima que la demanda de estos minerales se disparará conforme avanza el cambio de matriz tecnología. La demanda del litio aumentará en un 488% y casi de forma similar el grafito ascenderá a 494%, mientras que el cobalto en 460%, según los datos de esta instancia financiera.
¿Quién pierde y quién gana?
Por su parte, a las grandes corporaciones y a las principales económicas del mundo, lo que más les preocupa es la disminución del crecimiento económico mundial. Se justifica acelerar la inversión en energías renovables para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía.
El pasado mes de junio, los integrantes de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, alianza militar de países de Europa y Norteamérica), debatieron diversos temas, entre ellos, los llamados “minerales críticos y tierras raras” que requiere la “transición energética”. Certeramente pusieron especial atención en el cobre, litio, níquel y cobalto, resaltando que su demanda “ya es muy elevada y aumentará a medida que avance” el reemplazo tecnológico, advierten.
Además, la OTAN destaca que la demanda no necesariamente está cubierta, es decir, hay escasez, por eso son considerados críticos. En todo caso, “si no se produce un cambio sustancial en la oferta, los precios de estas materias primas preciosas se dispararán, y los países podrían tener que tomar decisiones difíciles sobre si destinar estos insumos al sector de la energía sostenible o al de la defensa”, reza el documento publicado en julio pasado.
Siguiendo estos mismos lineamientos, la ONU hace hincapié, “por encima de todo, la transición energética es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y que, con ello, se espera que “cambie la estructura del comercio internacional y los flujos de capital”.
El bloque de la OTAN tiene claro que los países que controlen estos suministros “adquirirán probablemente una enorme influencia en el mercado y, presumiblemente, también diplomática”, haciendo alusión que tienen un gran desafío por delante, que es China. Este país asiático, en 2022, figuró como el principal productor de tierras raras cubriendo el 70% del mercado, seguida de Estados Unidos, Australia, Myanmar y Tailandia, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
La investigadora Olivera argumenta que no hay que esperar que las soluciones provengan siempre de las élites, sino que debemos de tomar partido en el asunto y buscar soluciones desde abajo, como las cooperativas o redes de solidaridad.
Por eso es importante “que nosotros no hablemos de transición energética sino de transformación, porque tenemos que reinventar, reconfigurar la nueva manera de producir y de generar energía; es posible, pero nos falta creatividad”, dice la ingeniera.
Olivera considera que esta llamada “transición” es lo más próximo a una mera sustitución de tecnológica. “Quienes perdemos somos las poblaciones, los países, la gente que está en los territorios donde se van a extraer estos minerales. Gana un puñado de élites. Así como las personas que van a poder acceder a un auto eléctrico (…), y pues las empresas, las mismas de energía renovable”, que serán las que delimiten los márgenes del nuevo mercado.
Para los miembros de la OTAN, el objetivo es claro, “con el tiempo, las industrias energéticas sostenibles repartirán el mercado y el poder político de formas diferentes y a veces inesperadas. Los países productores de los minerales críticos necesarios para la producción de baterías y la generación eléctrica adquirirán nuevas fuentes de riqueza e influencia”, reza el documento derivado de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Tras esta reconfiguración de una nueva división internacional del trabajo definida a partir de esta “transición”, hay países y empresas que serán beneficiados y hay quienes seguirán sufriendo las externalidades negativas de esta nueva oleada. “Es un modelo injusto y muy poco democrático que va a apuntar a profundizar desigualdades que de por sí ya existen en los países. Creando incluso, lo que algunos están llamando como zonas de sacrificio, lugares donde se extraen tierras raras, cobalto, etc.”, resalta Olivera.
Para Olivera estas llamadas zonas de sacrificio, “se van a profundizar en aras de un desarrollo sustentable o más limpio, creando otras zonas que serán las beneficiadas, lo que es totalmente injusto”, por ello, arremete la investigadora, “es urgente pensar alternativas desde abajo”.