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Ayotzinapa

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Avispa Midia

(Español) “Todo se vino abajo cuando se tocó al Ejército”, sostiene familias de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa

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Fuente: Avispa Midia

 

Sep 27, 2022 Tras 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el comité de padres y madres de los estudiantes marchó por las calles de la ciudad de México acompañado de organizaciones e individuos para exigir justicia en el caso acontecido en septiembre del 2014 en Guerrero. Durante mitin realizado en la plancha del zócalo capitalisno, lxs familiares demandaron investigación al Ejército mexicano, cuyos elementos están implicados en el crimen y su encubrimiento.

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Comité de Padres y madres de los 43

(Español) Ayotzinapa | A ocho años se vislumbran horizontes de impunidad

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Ayotzinapa , Guerrero a 26 de septiembre de 2022 .-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero a ocho años de que agentes del estado y criminales desaparecieron a nuestros hijos, seguimos de pie y con la frente en alto en su búsqueda permanente.

En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos. Un ejemplo de este temple y entrega por la causa es la de nuestro compañero Bernardo Campos que arriesgó su salud y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo.

A que las imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un estado decadente.

Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte el gobierno actual pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales.

Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor.

Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Se creen fuera del imperio de la Ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existían en su contra.

Como en el gobierno anterior las autoridades nos mienten, primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales entre ellas contra 16 militares, mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de su indolencia.

Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Se acude al fantasma de la infiltración e intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y digna rabia.

Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intestinas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso. De igual forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia. Se usa nuestro caso para que un poder del Estado golpee políticamente a otro, se culpan mutuamente por los fracasos judiciales, por su parte los perpetradores se engalan y tienen voz en los medios de comunicación. Mientras nosotros, como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad que acrecienta nuestro dolor y sed de verdad y justicia.

Las anteriores, son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre inexorable, los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadilas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad.

Pero desde aquí les decimos las madres y padres de los 43 y la normal ruralde Ayotzinapa, no lo permitiremos. Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.

Atentamente ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y madres de los 43

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Comité de Padres y Madres de los 43

(Español) No claudicaremos hasta tener verdad y justicia – Comité de Padres y Madres de los 43

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Ayotzinapa, Guerrero a 30 de agosto de 2022

El día 28 del presente mes ciertas personas convocaron a una marcha en Iguala para exigir la liberación de José Luis Abarca, uno de los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondiendo a la invitación de Pedro Segura empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo.

Al respecto manifestamos que la asistencia de estos padres fue a título individual, de ningún modo representaron al colectivo de los Padres y Madres de los 43.
A nuestro movimiento le queda claro la responsabilidad de José Luis Abarca en la desaparición de nuestros hijos, al tenor de los datos de prueba que obran en la investigación la cual indica debe ser sancionado con todo el rigor de la Ley por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y haber truncado 43 vidas de jóvenes que tenían la esperanza de ser maestros.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Ezequiel Mora Chora padre del estudiante Alexander Mora Venancio quien asistió a la citada marcha, donde perdiera la vida en condiciones que consideramos deben ser investigadas detalladamente.
A sus familiares ofrecemos nuestras condolencias y solidaridad.
Queremos destacar que Pedro Segura, por órdenes de la familia Abarca y otros grupos de poder, desde hace tiempo realizan acercamiento con algunos padres para intentar cooptar y dividirnos .
El colectivo de los Padres y Madres de los 43 se encuentra integro y de pie con la convicción intacta de seguir en la exigencia de lograr verdad y justicia. Los intentos de división orquestados desde los grupos del poder y las mafias no podrán detener nuestro caminar ni socavarán nuestra lucha. No es ni será la primera vez que sufrimos estas embestidas, ya en el pasado caciques y gobernantes lo han intentado sin éxito alguno.
El amor por nuestros hijos es infinito y nuestra lucha por la justicia es inclaudicable.

ATENTAMENTE.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Comité de Padres y Madres de los 43.

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Avispa Midia

(Español) Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.

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Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.

El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.

Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.

Infiltrado

El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.

López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.

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“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.

Jueces, obstáculo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.

Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.

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“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.

El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.

Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.

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Avispa Midia

(Español) Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa

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Por Avispa

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.

El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.

De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.

Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.

Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.

Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.

Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.

Desaparición forzada

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.

El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).

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Avispa Midia

(Español) Siete años entorpeciendo búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto por Ángel Huerta

Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.

Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año  los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios  no mostraban haber sido expuestos al fuego.

¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?  

Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.

Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.

Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.

En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).

Obstáculos en los procesos 

Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.

Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.

Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.

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Taller Ahuehuete

(Español) ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? | 7 años después #Ayotzinapa

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Por el dolor y la rabia.
Por la verdad y la justicia.
Por eso:
No claudicar.
No venderse.
No rendirse.
Por eso:
¡Verdad y Justicia!”
En solidaridad con las familias y comunidades de #Ayotzinapa.
Su rabia es nuestra rabia.
Su dolor es nuestro dolor.
Fotografía adaptada para la ilustración. La original le pertenece a Daliri Oropeza. Música por Dee Yan-Key, titulada “Gloomy Sky”. Audios por RadioZapatista y PetrohsW. Muchísimas gracias.
ahuehuete.org
Frente al gran capital, ¡una milpa en común!
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Avispa Midia

(Español) Pacto de silencio intenta borrar huellas del caso Ayotzinapa

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Por Ñanì Pinto

En portada: Librada Arnulfo, hermana de Felipe Arnulfo, uno de los normalistas de Ayotizanpa que fueron desaparecidos, participa en una protesta afuera de la Procuraduría General de la República. 26 de mayo, 2016, Ciudad de México.  Foto: Clayton Conn.

Este jueves (19), Andrés Manuel López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que, de 100 compromisos que dijo cumpliría durante su gobierno, ha cumplido con 98 de ellos, solo le resta, a parte de la descentralización del gobierno, “el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. A su vez, dijo el mandatario mexicano, que no es sencillo, porque se trata de “una red de complicidades y componendas”.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), puntualizó que está dando seguimiento a personas involucradas en el caso que habían evadido a la ley y, aceptó, que al menos ocho personas vinculadas al caso han sido asesinadas. “Claro, hay que entender el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero. Tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas, o este pacto de silencio para borrar toda huella del caso de Ayotzinapa”, sino que también una reorganización del narcotráfico, sostuvo Encinas.

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Estos asesinatos se han suscitado a casi siete años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, en que los estudiantes, de entre 17 y 25 años, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desparecidos. En esta acción participó el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y de forma inusual, la policía estatal y municipal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y, por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.

Encinas asevera que han sostenido una serie de reuniones con los familiares de los 43 estudiantes desparecidos y que a partir de la última semana de agosto evaluarán los avances con los familiares, junto a Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.

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Tlachinollan

(Español) Comunicado del Comité de Padres y Madres de los 43 | Nuestra lucha es genuina y por la vida

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  • Ayotzinapa, Guerrero a 15 de enero del 2021.- Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso de luchar por la presentación con vida de nuestros hijos, por los miles de desaparecidos en el país y por otras luchas de mujeres y hombres del campo y la ciudad que se libran a lo largo y ancho del país.

Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación y redes sociales que Felipe de la Cruz que acompañaba nuestra lucha se ha registrado como candidato para diputado federal por el Estado de Guerrero, por la vía plurinominal.

Al respecto manifestamos que está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política, sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales.

Mientras tanto, madres y padres continuaremos exigiendo al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen, al tiempo que acompañamos y nos solidarizamos con otras luchas de mujeres y hombres que desde abajo exigen justicia. Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia.

Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona lo realice.

ATENTAMENTE.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

Comité de padres y madres de los 43.

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Avispa Midia

(Español) Concesiones mineras vigentes en Oaxaca, el gran negocio de las mineras transnacionales

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Megastar Development Corp, Inomin Mines, G79 Gold79 Mines Ltd, Minaurum Gold se unen a la lista de más de 400 concesiones vigentes en Oaxaca

Por Daniel Arellano Chávez

En este espacio revelamos que la empresa transnacional Minaurum Gold tiene la intención de avanzar sobre las tierras de la selva de los Chimalapas, con una “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. Sin embargo, no es la única empresa interesada en territorios del estado de Oaxaca, y esto lo demuestra la intensa actividad de trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras realizada durante el mes de agosto de 2020, por las mineras G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development.

Medios especializados en el sector minero transnacional, publicaron el 5 de agosto: “Aura Resources Inc. se complace en anunciar que de conformidad con una resolución aprobada por su junta directiva el 28 de julio de 2020, la Compañía cambió su nombre a “Gold79 Mines Ltd.”, de esta manera concesiones mineras establecidas en Oaxaca cambian el nombre del titular, sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector.

Ver también: ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

Para tener idea de lo que ocurre con una sola concesión minera, el territorio de Taviche concesionado, con otras delimitaciones, nombres de lote u asociaciones derivadas para muestreos y exploraciones; ha estado en manos o interés de las siguientes empresas: Aura Silver Resources Inc, Intrepid Mines Ltd, Pan American Silver Corp, Minaurum Gold, Newstrike Capital Inc, Maverix Minerals, Fortuna Silver Mines.

Gary R. Thompson, ahora presidente de G79 Gold79 Mines Ltd declaró: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente y convertirme en un accionista importante de Gold79. Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas aumentando nuestro sólido equipo técnico y haciendo un seguimiento de los éxitos de exploración anteriores. Tres de nuestros proyectos prioritarios “.

El “Higo Blanco”

Entre los territorios que la nueva empresa minera presume como proyectos, se encuentran 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche. El proyecto minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es “propiedad” en 80% de otra empresa minera, llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD, las exploraciones realizadas con anterioridad en los años  2009 y 2011, señalan que existe una mineralización “robusta” de plata, significa que por cada tonelada de territorio, la empresa obtendrá de medio gramo a 1 gramo de plata, lo que en términos de explotación minera es redituable, además en el territorio existe oro aún en menor proporción por tonelada.

La Gitana y Peña Blanca

Inomin Mines por su parte compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020, pagando con un millón de acciones, 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1.5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión, lo que significa un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700%  en su valor financiero, sin embargo esta transacción no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni para la administración del gobierno federal.

En La Gitana, 38 barrenos perforaron las tierras de Yautepec encontrando oro y plata. Peña Blanca por su parte a unos escasos kilómetros presenta mineralización de oro y plata dentro de un sistema que alcanza una extensión de 9km.

Inomin Mines aún tiene que detallar sus planes para los proyectos, pero dijo que “sistemas mineralizados que no han sido sometidos a pruebas en Peña Blanca requerirán seguimiento.”, es decir se torna inminente una ola de exploraciones mineras en este territorio.

Rama de Oro, Magdalena y Yautepec

Megastar Developmen Corp por su parte anunció también en agosto de 2020, “que ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la Compañía puede adquirir una participación íntegra del 100% en los proyectos Rama de Oro, Magdalena y Yautepec (los “Proyectos”), ubicados en el estado de Oaxaca, México, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada Proyecto.”

Los gastos por el proyecto Rama de Oro fueron de US $ 350,000, los compromisos de gastos de Magdalena y Yautepec, ascendieron a US $ 310,000  y un agregado de US $ 12,500 al vendedor, quien es un director de otra Compañía minera, es decir un total de 672 MIL 500 Dólares, un equivalente a 14 millones 721 mil 25 pesos mexicanos, de los cuales una vez más ni la administración federal, ni las comunidades afectadas reciben un solo centavo.

“Nos complace tener la flexibilidad del tiempo adicional para cumplir con los compromisos de exploración en nuestros proyectos, dados los desafíos del mercado de 2019 y las restricciones de COVID-19 de 2020”, declaró Dušan Berka, CEO de Megastar. Esperamos reanudar el trabajo de campo para seguir avanzando en nuestros éxitos de exploración en las primeras etapas de estos proyectos de primer nivel “.

La forma de actuar de las empresas transnacionales es bien sabida, una combinación de corrupción, tratos clandestinos con autoridades que venden a sus pueblos, presiones de otros órdenes de gobierno sobre las comunidades, tanto desde el ámbito estatal y federal, hasta llegar al hostigamiento, la amenaza, la represión auxiliándose de fuerzas estatales y no estatales, hasta llegar al asesinato.

La empresa señala que en los territorios de Oaxaca, “los representantes de Megastar están volviendo a interactuar con los líderes comunitarios en cada una de las tres áreas del proyecto. Mientras tanto, se están finalizando los planes para las próximas etapas del trabajo de campo que darán seguimiento al exitoso trabajo de exploración realizado en 2019. La Compañía asesorará a los accionistas una vez que se haya establecido un plazo firme para este trabajo.”

En plena pandemia en un ambiente de creciente violencia y crisis económica en Oaxaca, las mineras transnacionales siguen generando ganancias con base a las concesiones mineras bajo su control. El oro batió un récord al transarse en US$2.061,50/oz en la sesión matutina del 7 de agosto en Londres, mientras que la plata alcanzó un máximo de siete años al cerrar en US$28,33/oz esa misma jornada.

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En Canadá se complacen con el anuncio de una nueva empresa minera, en Oaxaca los pueblos se mantienen a la expectativa sobre qué sucederá en sus territorios. “Nos están sentenciando a una muerte segura” afirmaron en su denuncia las autoridades de Magdalena Ocotlán, al señalar la contaminación ambiental por un derrame químico el pasado 10 de julio de 2020 y el anterior ocurrido en octubre de 2018, que legalmente para la empresa Fortuna Silver Mines solo tuvo por sanción, una multa por 800 mil pesos de parte del actual gobierno federal, la expansión de las mineras mantiene en alerta a las poblaciones de los Valles Centrales.

El Panorama Minero del  Estado de Oaxaca, documento publicado en los últimos días de 2018 por la actual administración del gobierno federal, reconoce 427 concesiones mineras vigentes; mientras estas no sean canceladas, la especulación financiera, que genera ganancias económicas para las corporaciones continuará, a la vez los pueblos que son afectados y muchas veces concesionados sin siquiera saberlo, seguirán en la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su territorio y por ende con la vida de sus habitantes, Oaxaca es un claro ejemplo de esta situación.

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