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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Urge atender la actual crisis de desplazamiento en la región Frontera-Sierra de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de enero de 2024

Boletín No. 03 

Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas

  • 2 300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.
  • Exigimos a los Gobiernos federal y estatal, atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen.
  • El Gobierno de Chiapas niega se trate de un desplazamiento forzado.

En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.

El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.

El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.

A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.

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Padres y Madres de los 43 Ayotzinapa

Padres y Madres de Ayotzinapa convocan a la Asamblea Nacional Popular este 10 de febrero 2023

Hacemos una atenta invitación a todo el público en general para que nos
acompañen a la Asamblea Nacional Popular que se llevará acabo el 10 de febrero de 2024 en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa.
¡ Seguimos de píe hasta saber la verdad!
¡ Porque vivos se los llevaron,vivos los queremos!
Padres y madres de los 43
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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal | “Nos duele mucho el corazón al ver que la semilla de la muerte sigue siendo regada y cosechada en Chiapas con impunidad”

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
22 de enero del 2024

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Gracias a nuestro Papá-Mamá Dios, que nos permite vivir un año más para ver la luz de cada mañana y regalarnos el inicio de un nuevo pensamiento y un nuevo corazón en este año 2024, hoy nos encontramos otra vez juntas, juntos, aún en medio de la zozobra por la violencia. Como hace 26 años que decidimos que no podríamos dejar pasar un solo día 22 de mes sin traer a nuestra memoria, junto a nuestros ancianos guardianes y músicos tradicionales, a nuestras 45 hermanas y hermanos Mártires, más los 4 bebecitos inocentes que fueron ultrajados desde antes de poder nacer, cuando atacaron a sus mamás de la forma más terrible que se pueda imaginar. Nos reunimos otra vez para denunciar el crimen contra la humanidad cometido en esta tierra y señalar quiénes fueron los responsables de planear, organizar y llevar a cabo este horrible acto para intentar acabarnos y apagar nuestro grito de paz. Algo que, gracias a nuestro Creador-Formador y a los profetas que han sembrado y abonado en nuestra presencia, como jTotik Samuel Ruiz, los enviados de la muerte no pudieron lograr.

Es así como estamos cumpliendo 25 años de buscar entre nuestros socios, servidores y servidoras que desde la Mesa Directiva de nuestra organización nos relevamos año con año, desde 1998, para aceptar el encargo de organizar el clamor por justicia de Las Abejas y velar por el bien de nuestro pueblo, para hacer lo posible y lo imposible para que el sacrificio y el ejemplo de nuestros Mártires sirva para que no ocurran de nuevo eventos parecidos a lo vivido en Acteal, en ninguna otra parte del mundo, de nuestro país, ni de Chiapas.

Por eso nos duele mucho el corazón al ver que la semilla de la muerte sigue siendo regada y cosechada en Chiapas con impunidad, cobrando valiosas vidas y contaminando a su paso con sufrimiento para las familias que ven con impotencia cómo se imponen por la fuerza los criminales y sus aliados, arrasando a su paso con su tranquilidad, obligándolos a correr y dejar sus casas y pertenencias para ponerse a salvo.

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Avispa Midia

Colapso Humanitario en Gaza, menos del 25% de la ayuda llega a su destino

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En medio del colapso de una crisis humanitaria en Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informa que menos del 25% de las misiones de ayuda programadas han recibido la aprobación de Israel, lo cual ha provocado la mayor hambruna mundial.

Los gazatíes representan ya el 80% de las personas que sufren hambruna a nivel mundial, según datos de OCHA. Los relatores especiales y grupos de trabajo advierten, “hemos dado la voz de alarma sobre el riesgo de genocidio”, ya que Israel no solo está llevando a cabo bombardeos indiscriminados, sino que también está imponiendo conscientemente altos índices de enfermedades, desnutrición prolongada, deshidratación y hambruna.

El bloqueo de la ayuda humanitaria ha dejado a miles de personas sin acceso a los alimentos básicos, medicamentos y suministros vitales, principalmente al norte de Gaza.

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Durante los días transcurridos en lo que va de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), solo han permitido el acceso de siete de las 29 misiones de ayuda programadas. De acuerdo con la OCHA, en toda la región de Gaza sobreviven 15 panaderías y, de ellas, 6 se encuentran en el sur de Gaza y 9 en la zona central. Mientras que en el norte no hay ninguna.

Las restricciones de acceso a las misiones de ayuda humanitaria también han debilitado la funcionalidad de centros médicos, aumentando los riesgos para la salud. Hay 16 hospitales que siguen funcionando parcialmente en toda Gaza, nueve de ellos en el sur y siete en el norte.

“Algunas personas llevan días sin comer. Los niños no tienen ropa de invierno. No hay atención médica. […] El alcance de las necesidades es enorme”, explica Olga Cherevko, trabajadora de OCHA que se encuentra en Rafah en el sur de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza ha comunicado que la cantidad de fallecidos palestinos a causa del enfrentamiento entre Israel y Hamás ha sobrepasado las 25 mil personas. A pesar de los vehementes esfuerzos del gobierno israelí por debilitar a Hamás y liberar a más de 100 rehenes, la situación sigue siendo inédita en cuanto a víctimas mortales, devastación y desplazamientos en las décadas del conflicto.

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Tlachinollan

Protección e impunidad al ejército

El pasado viernes por la noche la juez del juzgado segundo de procesos penales federales del Estado de México, convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la juez sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.

El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo guerreros unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 20114 en Iguala, Guerrero. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la CoVAJ que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición.  Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.

Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, el mismo presidente de la república y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchará la buena imagen que tanto cuida el ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el ejército se ha negado a entregar, emplazó a la fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.

En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos 8 militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con guerreros unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La Juez Segunda de Procesos Penales Federales en el estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la Juez. Por su parte, el Juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la Juez de la causa citó audiencia a las partes. El ministerio público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión.  El primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la Juez de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la juez decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.

La Juez tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la juez impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a 8 acusados. No importó a la juez el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los 8 militares.

Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la república para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del poder ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos, es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus 6 informes.

Lo mismo acontece con la Comisión para la verdad y el acceso a la justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión. Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del ejército. El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de 8 militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Solo permanecen 5 militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 batallón de infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada. Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Solo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al ejército siguen vigentes en la 4T.

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Avispa Midia

Liberan a militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto Clayton Conn

Autoridades de México dan giro sorprendente sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, enfrentarán su proceso penal en libertad tras la revocación de la medida de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.

La decisión fue tomada por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló la prisión preventiva impuesta a los ocho militares vinculados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actualmente recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. La magistrada argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes.

César Omar González, abogado defensor de los militares, destacó que se espera que los acusados de complicidad sean liberados entre lunes y martes próximos. Adelantó que la decisión tomada por la letrada Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, cumplió con una sentencia de amparo que concede la libertad condicional a los militares para continuar con su proceso, pagando una fianza de 50 mil pesos cada uno. Así mismo deberán entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados.

Estos militares son parte de un grupo de 16 contra los cuales se ordenó la aprehensión en junio de 2023 vinculados a desaparición forzada y delincuencia organizada. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar, destacando que las decisiones judiciales no ponderan el derecho de las víctimas. El presidente de la Covaj, Arturo Medina, enfatizó que la determinación no exonera a los militares, quienes continuarán sujetos al proceso.

El caso Ayotzinapa, recordado por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, es un tema que sigue sin resolverse en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres atender el caso. Por consecuencia ha generando desconfianza hacia el proceso judicial.

La falta de transparencia militar y las recientes liberaciones han provocado la indignación de los padres de los normalistas, quienes exigen verdad y justicia. La incertidumbre persiste mientras la comunidad espera respuestas y acciones concretas en este caso que ha conmovido a México y al mundo.

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The Kurdish Center for Studies | Rojava Azadi

La fuerza aérea de Erdogan arrasa Rojava ante el silencio global

Fuente: The Kurdish Center for Studies – Dra. Hawzhin Azeez – 17 enero 2024
Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid


Una mujer kurda llora en el funeral de las víctimas asesinadas durante el bombardeo y la invasión turca de Serê Kaniyê en 2019. A muchos ahora les preocupa que el proceso se repita en otras partes de Rojava tras el actual bombardeo.

El régimen de Erdoğan en Turquía ha continuado su reinado de terror en la región kurda de Rojava, gobernada por la DAANES (Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria). La letanía de crímenes de guerra semanales de Ankara durante los últimos meses incluye bombardeos, ataques aéreos y ataques con drones incesantes en una amplia gama de sitios civiles. Para comprender el razonamiento detrás de su terror aéreo, sólo hay que mirar la historia reciente y los objetivos de política exterior neo-otomanista de Turquía en lo que respecta a las zonas kurdas del norte de Siria.

Por ejemplo, el ejército turco ya se ha anexado grandes extensiones de territorios kurdos en la región, incluida la utilización de sus aliados mercenarios yihadistas para ocupar Afrin en 2018 y Serê Kaniyê y Girê Spi en 2019. Ambas invasiones limpiaron étnicamente las regiones de kurdos en más del 80%, lo que resulta en cerca de un millón de personas desplazadas internamente.

En octubre de 2023, cuando comenzaron los bombardeos a niveles sin precedentes, los campos de refugiados de desplazados internos también fueron atacados, provocando terror e incertidumbre masivos. Pero esto también coincide con el manual anterior de Turquía, que es sembrar miedo entre los civiles kurdos con la esperanza de que huyan de la región. Desde octubre, Turquía ha iniciado una ronda integral de bombardeos repetidos contra infraestructuras esenciales como estaciones de agua, gas y electricidad . El objetivo es desplazar a los civiles, provocar un éxodo masivo y crear condiciones que hagan la vida insoportable en la región.

En las últimas 72 horas, varias aldeas y localidades civiles, incluidos graneros y depósitos de alimentos, han sido blanco de ataques aéreos turcos. Como resultado, periodistas, activistas y civiles de toda la región compartieron imágenes horripilantes de civiles heridos, almacenes destruidos y repetidos ataques a lugares no militares, incluida la política ilegal de doble toque de volver a atacar un sitio que había sido atacado previamente mientras los equipos de emergencia se apresuraban a apagar los incendios y tratar a los heridos.

En la aldea de Karbatli, en el distrito de Darbasiyah, la casa familiar de un civil llamado Khaled Heso fue bombardeada, lo que provocó que sus hijos Rojan y Jan, así como su esposa Ahlam, resultaran heridos. Mientras tanto, el periodista kurdo Hoshang Hassan publicó imágenes exclusivas de los bombardeos turcos contra las centrales eléctricas de Amuda, demostrando que Turquía está más interesada en arrasar las condiciones de vida: alimentos, agua, electricidad y refugio (viviendas).

El Centro de Información de Rojava (RIC) publicó un vídeo exclusivo que detalla los bombardeos turcos desde octubre, destacando los repetidos ataques contra civiles y sus tierras, hogares y propiedades con los bombardeos. Durante el período navideño, se produjo otra ronda de bombardeos masivos, en los que los ataques aéreos turcos alcanzaron una serie de infraestructuras civiles, incluidas fábricas, centros médicos, almacenes y más. En la cascada más reciente de ataques no provocados, 11 civiles murieron y decenas más resultaron heridos.

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ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

CHIAPAS, MICHOACÁN Y TLAXCALA SON MÉXICO | Pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la vida sobre los ataques a defensores del territorio por parte del Narco–Estado

LA AUTONOMÍA ES LA VIDA, LA SUMISIÓN ES LA MUERTE

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al CCRI-CG del EZLN
Gobierno Autónomo Local, GAL
Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ
Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
Al CNI-CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A a la Sexta nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos independientes
A la sociedad consciente, que resiste, lucha y se organiza.
A la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A las redes de resistencia y rebeldía nacional e internacional.
A los pueblos de México y el mundo
A la Europa insumisa digna y rebelde

Herman@s tod@s

El Estado Mexicano es omiso en su responsabilidad jurídica, respecto a la protección y seguridad, en materia de Derechos Humanos de l@s defensor@s del agua, la tierra, el territorio y la Madre Tierra, conforme a los Convenios Internacionales que ha suscrito.

La violencia estructural, sistemática y generalizada que se impone en todo el territorio nacional, se ampara en el “desarrollismo y la transformación de Cuarta”, que sólo justifican la militarización y su complicidad con el crimen organizado, quienes solo siembran muerte y destrucción en nuestras comunidades que se oponen al despojo no solo de la Madre Tierra sino de la vida.

Como ejemplo, baste señalar que el Estado Mexicano, no prevé y no protege, los derechos humanos y colectivos de quienes se atreven a oponerse a los megaproyectos de muerte, como se viene denunciando en diferentes comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el Estado Mexicano es quien violenta sistemáticamente:

La desaparición de los comuneros y defensores del territorio y bosques así como de los derechos de las comunidades indígenas en Santa Cruz Tanaco, Michoacán, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de quiénes desde el 2 de enero del presente año no se sabe de su paradero.

La ejecución extrajudicial de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano sin verdad, y mucho menos justicia, quienes realizaban la función de vigilancia y protección del territorio comunal ya que desde hace algunos años el llamado CJNG ha intentado invadir y controlar a la comunidad indígena Autónoma de Santa María Ostula.

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El Salto Diario

El artilugio del Estado palestino independiente

Sentada por Palestina en la Estación Central del Berlin el 19 de diciembre de 2023. Montecruz Foto
Un Estado para los palestinos como el que pueda haber en cualquier parte supondría la sentencia de muerte para el ideario sionista clásico. La solución de los dos Estados pertenece al terreno del ilusionismo político.
Por Ignacio Gutiperrez de Terán Gómez-Benita

Arabista en la Universidad Autónoma de Madrid

 

A lo largo de estos cien días ya de atrocidades israelíes en Gaza, uno de los principales argumentos —peculiares, como casi todo en el decálogo de la política exterior estadounidense para Oriente Medio— gira en torno a la “solución del Estado Palestino”. Así, en mayúsculas, porque lo enarbolan como el bálsamo de Fierabrás que habrá de poner fin a la “problemática” cuestión palestina y consolidar la “Paz”, también con letra capital. El comienzo de un nuevo texto, grandioso, para Oriente Medio, a lo grande: Estado, Paz, Estabilidad, Bonanza Económica, Libre Comercio en la Región, Coexistencia Pacífica, etc. El problema está en que el recurso al “Estado palestino” no deja de ser una forma de desviar el foco del asunto que hoy debería recabar la máxima atención: la barbarie, la sinrazón, la destrucción desatadas por el régimen de Tel Aviv en Gaza y los esfuerzos desplegados por los sectores más extremistas del Gobierno, el ejército y la sociedad israelíes por lograr uno de sus mayores anhelos, a saber, la expulsión del mayor número posible de palestinos.

La meta es desterrarlos de Cisjordania, que es lo que verdaderamente interesa al proyecto colonizador sionista; pero si se quitan de en medio unos cuantos cientos de miles en Gaza también les vale. Por lo pronto, entre muertos, desaparecidos y familias, heridos o desplazados que han conseguido salir de la Franja, y que muy probablemente ya no volverán jamás, van camino de los 50.000.

El relato sobre el Estado palestino se ha convertido en la cuestión fundamental que Antony Blinken, Lloyd Austin —antes de su ingreso en el hospital—, John Kirby y una nutrida lista de representantes estadounidenses “dicen” abordar en sus interlocuciones con los líderes árabes. Intentan convencerlos de que para “el día después”, que nadie sabe cuándo será habida cuenta de la fiera y organizada resistencia de las milicias palestinas, tendremos una nueva conferencia de paz y avances políticos que ellos, los líderes árabes dispuestos a la paz con Israel, puedan presentar ante su opinión pública.

Algunos del Golfo, como los emiratíes o los bahreiníes, que ya tienen acuerdos de paz con Israel, o los saudíes, que estaban preparándolos antes de la gran explosión del 7 de octubre, desean, tanto o más que el régimen de Tel Aviv mismo, acabar con Hamás y todas las facciones islamistas hostiles al modelo político y económico —un islam neoliberal en lo económico, autoritario en lo político— que, sobre todo, representa Arabia Saudí.

El problema es que no lo pueden decir a las claras, aunque a determinados dirigentes emiratíes, muy locuaces, se les nota con gran facilidad. Los círculos políticos israelíes destacan de vez en cuando que las potencias del Golfo piden —exigen— que en ningún caso se ponga fin a la operación de castigo colectivo en la Franja sin asegurarse antes de que Hamás haya perdido por completo su capacidad operativa; el propio primer ministro y criminal de guerra inconfeso, Benjamín Netanyahu, decía a principios de diciembre que los saudíes y los emiratíes estaban dispuestos a costear la reconstrucción de Gaza.

Tanto Riad como Abu Dhabi se abstuvieron de confirmar el anuncio, pero, y esto lo sabe cualquiera que siga la política regional árabe, unos y otros están más cerca hoy de las tesis estadounidenses-israelíes que de la defensa de las reclamaciones legítimas palestinas. Pero han de cubrir el expediente; y aunque cada vez actúan con más descaro, el Estado palestino independiente les serviría para justificar la aceptación incondicional del plan estadounidense para Oriente Medio. Llama la atención, en cualquier caso, que estos planes los suelen hablar entre ellos, dirigentes estadounidenses, israelíes y árabes de la zona, sin que haya presencia notable de interlocutores palestinos, en especial de los gazatíes. Ya se lo intentarán dar mascado, sin permitir ningún tipo de rechazo.

El problema está en que el plan ya lo han vendido varias veces; en buena medida, nos hallamos en esta situación hoy, en el contexto de la ofensiva más brutal y despiadada contra la población palestina desde 1948, gracias al fracaso de los acuerdos de paz firmados desde el fin de la primera Intifada a principios de los 90. Fracasaron porque partían de la prioridad de proteger los intereses del Estado israelí por encima de cualquier otra consideración y reducir al máximo las concesiones a los palestinos.

Estos, debido a la inoperancia, venalidad y egocentrismo de sus representantes, como bien relata Edward Said en sus escritos, desesperados, sobre el desastre de negociaciones como las del Proceso de Oslo —léase, por ejemplo, Gaza y Jericó. Pax Americana—, no supieron, o no les importó, conceder el sistema autonómico adulterado que desembocó en la Autoridad Nacional Palestina y en un delirante sistema de territorios A, B y C en los que los palestinos se convertían en rehenes de su propia demarcación, sometidos a los imperativos de seguridad de las fuerzas ocupantes y las necesidades de las colonias, en continua expansión desde entonces a pesar de estos acuerdos de paz.

Pero los estadounidenses, la mayor parte de las elites políticas árabes, autoritarias y mendaces, y, por desgracia, la propia Autoridad Nacional Palestina en Ramala, cuyos dirigentes harían cualquier cosa por mantener su ficción de poder e importancia política, necesitan este tipo de discursos. No se puede destruir un territorio de 360 kilómetros cuadrados y condenar a cientos de miles de personas al hambre, el frío y la desposesión sin vender la idea de que “todo esto se va a arreglar” cuando termine la guerra.

Sin embargo, los dirigentes israelíes actuales no comulgan con ningún proyecto de Estado palestino y, para desesperación de sus valedores estadounidenses, lo pregonan sin ningún rubor. Al presidente Biden le habría gustado lidiar en esta crisis con una elite política sionista más presentable y sutil, como la que representaban facinerosos de apariencia impoluta como Ben Gurion o Golda Meier, por ejemplo; no obstante, se ha topado con elementos del jaez de Bezalel Smotrich o Ben-Gvir, ministros actuales en el gabinete de Netanyahu. Estos, representantes del sionismo religioso, refractarios a cualquier tipo de ideología secularizadora y partidarios del discurso bíblico más apocalíptico, consideran que la única forma de asegurar un futuro próspero para Eretz Yisra’el (La tierra de Israel) pasa por expulsar a los palestinos. Lógico: saben que el sionista es un proyecto ante todo colonizador, supremacista y expansionista.

Por ello, propuestas que den lugar a “aventuras” como la Autoridad Nacional Palestina o el supuesto autogobierno suponen una aberración, por mucho que, en esencia, estén en las antípodas de un verdadero Estado palestino. Pero el sionismo siempre ha sobrevivido en la hipérbole, en la exageración victimista de los supuestos peligros que supone dar casi nada a los habitantes originarios de Palestina. Bueno, eso de originarios es un decir: Smotrich, ministro de Finanzas, suele decir que los auténticos palestinos son él y los suyos. Los palestinos “otros” son unos impostores, advenedizos, nómadas beduinos —qué pesados se ponen los nazisionistas con eso de que los palestinos son árabes que, como todos los demás, pueden vivir en cualquier parte del desierto—. Lo curioso es que la familia de Smotrich, con ese apellido tan eslavo, procede al igual que una muy buena parte de la población judía de la Palestina ocupada, de territorios lejanos y extraños.

En definitiva, los estadounidenses y buena parte de los simpatizantes occidentales del sionismo internacional muestran signos de abatimiento. La opinión pública internacional está reaccionando, según pasan los días, con mayor irritación ante el horror de las matanzas de civiles gazatíes; las hordas ocupantes se ven zarandeadas por un hatajo de milicianos que salen de sus guaridas con bazookas y lanzagranadas en chanclas y pantalón de chándal y, para colmo, los sudafricanos lanzan una causa internacional por genocidio, término utilizado ya por numerosos sectores para referirse a esta carnicería.

Nunca antes la posición internacional del sionismo había sido tan delicada. Para cualquier persona con sentido común lo que está haciendo la jauría que gobierna Tel Aviv habría sido motivo suficiente, desde hace meses, para armar un embargo internacional y una ristra de sanciones determinantes. Pero Israel es otra cosa y, teniendo en cuenta lo que estamos viendo hoy por hoy, su situación, por cuestionada e inestable, resulta inédita.

Por ello, los estadounidenses y asociados están forzando conflictos bélicos como el iniciado en la segunda semana de enero contra los huzíes en Yemen; o tratan de amplificar el efecto de los ataques de milicias islamistas en Iraq y Siria hablando de una escalada bélica en ciernes. Hay que desviar la atención tanto de las atrocidades israelíes como de los fracasos de sus fuerzas de ocupación, y mantener a la gente ocupada con otras cosas. Como el Estado palestino. Ya en 2020, la Administración de Donald Trump aireó su propuesta particular al respecto, para incentivar, una vez más, los acuerdos de paz araboisraelíes. Naciones Unidas también invitó en sus reuniones de la Asamblea General a ir por esta línea.

Nadie, empero, sabe en qué consiste este Estado palestino porque, de nuevo, los presupuestos de la teoría política saltan por los aires cuando Israel está de por medio. Es decir, un Estado palestino debería tener fronteras delimitadas y seguras, soberanía plena dentro de las mismas, independencia económica, fuerzas armadas propias y, en definitiva, todos los elementos que confieren la identidad que cualquier persona sensata supondría en un estado “normal”. Pero los confusos enunciados de Washington y sus aliados occidentales y árabes no hablan de erradicar los asentamientos ni del reconocimiento del derecho al retorno de los millones de refugiados y desplazados palestinos ni de un ejército propio ni una economía basada en la explotación y administración de los recursos propios.

Un Estado para los palestinos como el que pueda haber en cualquier parte supondría la sentencia de muerte para el ideario sionista clásico. En opinión de sus partidarios menos radicales, lo máximo a lo que se puede llegar es a algo parecido a lo que tenemos hoy con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, o el “caos controlado” en Gaza desde el bloqueo impuesto en 2007: una entidad que no controla absolutamente nada verdaderamente importante, sin fuerzas armadas ni aeropuertos ni capacidad para decidir quién sale o entra de su territorio, privada de jurisdicción sobre los asentamientos ni de control sobre las conexiones terrestres entre ellos.

Unos asentamientos que, por supuesto, se quedarían donde están. Por no poder, no pueden ni disponer del dinero recaudado por los impuestos pagados por los contribuyentes o incluso las ayudas procedentes del exterior. El régimen de Tel Aviv, como ha hecho recientemente, puede retener estas cantidades, siempre con el argumento incuestionable del derecho a la autodefensa, en este caso para evitar la financiación de grupos armados o cualquier actividad hostil a la ocupación.

He ahí la propuesta de eso que rimbombantemente llaman “de los dos Estados”. Una nueva añagaza con visos de mantener el conflicto enquistado durante tiempo indefinido. No es mala solución para las elites sionistas, acostumbradas a pescar en río revuelo y revertir crisis pasadas en su beneficio, como ocurrió con el día después de las dos intifadas (1987 y 2000). Entonces, la conmoción política y militar derivada de ambas revueltas populares se canalizó en procesos de negociación internacionales en los que la presión de Washington y aliados dieron lugar a tratados desastrosos para cualquier proyecto nacional palestino. Hoy se les está acabando el tiempo. Y muchos, incluso entre los aliados occidentales del régimen de Tel Aviv, se preguntan si mantener una estructura colonial tan anacrónica y, a la postre, inefectiva en Oriente Medio no está comenzando a resultar fastidiosa.

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Avispa Midia

Sin hallazgos, a un año de la desaparición forzada de defensores en Michoacán

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX

El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.

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