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El crimen se ha incrustado en los recovecos de la selva chiapaneca y avanza imparable por el estado, al amparo de omisiones, burocracia y falta de voluntad políticas de los gobierno . “Nos dejaron solos ante este problema”, denuncian autoridades comunales

Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
Fotos: Ángeles Mariscal

CHIAPAS. – En los dos años recientes, al menos en cinco ocasiones las autoridades de la comunidad Zona Lacandona, ubicada en la frontera de México con Guatemala, acudieron con funcionarios de los tres niveles de gobierno para pedir acciones que frenaran el avance de grupos del crimen organizado en esta región. Nadie les escuchó. Los grupos criminales se apoderaron de pistas de aterrizaje, controlaron caminos y expulsaron a pobladores de las comunidades rurales e indígenas.

Pero de esto poco hablan las personas afectadas. El miedo a las represalias es grande. Saben que han sido abandonados por el Estado.

El 20 de marzo pasado, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en esa zona había pistas clandestinas que eran usadas por cárteles de la droga, y habló de la participación de la población local.

La versión del presidente no sólo criminalizó a la población, sino que invisibilizó los llamados de auxilio que hicieron, señalaron autoridades de tres de las comunidades más grandes de la selva: Chankin Kinbor Chambor, Enrique Andrade Vázquez, subcomisariado de Frontera Corozal, y Emilio Bolom Gómez, subcomisariado de Nueva Palestina.

“Nos dejaron solos ante este problema”.

Chankin Kinbor Chambor, presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona

El narco que «borra fronteras»

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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El día de ayer, 17 de abril de 2023, grupos armados se enfrentaron durante más de ocho horas en San Cristóbal de Las Casas, tras el asesinato de Gerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que controlaba a los artesanos del mercado de Santo Domingo, y primo de Narciso Ruiz, quien controla el resto de los mercados de la ciudad, donde es sabido que se comercia con drogas, armas y “etnopornografía”.

Alrededor de las 11 am, al subir a su auto en las afueras de su casa en la zona norte de la ciudad, dos individuos en motocicleta realizaron varios disparos, que resultaron en su muerte. Casi inmediatamente, probables miembros de la Almetrach se concentraron para buscar a los asesinos y vengar la muerte de su líder, recorriendo las colonias de la zona norte en camionetas y motocicletas. Durante casi diez horas, la zona norte se vio inmersa en tiroteos con armas de grueso calibre, documentados por diversos testigos, que subieron los videos a las redes sociales, en los que perecieron por lo menos dos personas. También se reportaron vehículos y casas quemadas. Alrededor del Mercado Tiellemans, también se registraron balaceras, lo que causó el pánico en las calles del centro de la ciudad. La mayoría de los comercios cerró sus puertas, las escuelas cancelaron clases, y la población se encerró en sus casas.

A pesar de que el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, aseguró que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal tomarían el control de la situación, las fuerzas de seguridad del Estado brillaron por su ausencia durante casi ocho horas.

Numerosas son las denuncias que vinculan al alcalde de San Cristóbal al crimen organizado. Desde hace ya unos tres años, el estado de Chiapas ha visto un incremento dramático de la violencia por grupos de la delincuencia organizada, con la patente complicidad de diversos funcionarios de gobierno.

Alrededor de las 10 pm, personal de la 31 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía finalmente arribaron a la zona del conflicto y los grupos armados se replegaron.

La ciudad amaneció en un ambiente de tensa calma el día de hoy, con elementos del Ejército y Guardia Nacional custodiando la zona de conflicto.

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Por Isaín Mandujano | Chiapas Paralelo

Obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertaron hoy del aumento de la narcoviolencia en Chiapas y la descomposición social que se vive en al menos 28 municipios del estado.

Ante ello, pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para frenar también la persecución y las amenazas en contra la población civil ajena esta lucha por el territorio, pero sobre todo, demandaron que se cese la persecución contra defensores de derechos humanos.

En una conferencia de prensa, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro y su equipo pastoral de esta Diócesis, señalaron hoy que “se ha escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque en Chiapas”.

Indicaron que “la disputa del territorio en Chiapas va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales -como la reactivación de extracción minera; venta ilegal de madera, material pétreo y la gasolina-, la manipulación y el despojo de la dignidad de los pueblos originarios.

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Comitán, Chiapas. 5 de julio. Habitantes de la ciudad de Comitán y comunidades vecinas, organizaciones civiles, así como integrantes de diferentes confesiones de fe, acudieron este martes a la peregrinación por la Paz y la Justicia, convocada por el Pueblo Creyente de la zona sureste. Dentro de sus peticiones están: el cese a la violencia, el respeto a los derechos humanos y justicia para los pueblos y comunidades que están viviendo el desplazamiento forzado.

La actividad comentaron los organizadores, fue convocada a nivel estatal por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, quien en vida fue catequista y defensor de derechos humanos en el municipio de Simojovel e integrante de la Organización Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente de la mesa directiva en el año 2020.

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Pronunciamiento de la coordinadora anarquista de México en contra de las agresiones por parte de grupos paramilitares hacia las bases de apoyo del EZLN como parte de la campaña: Las artes y la ciencia contra todas las guerras.

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Firma la acción urgente aquí.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de mayo de 2022

Acción urgente No. 06

Continúan las acciones de violencia contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio

• Estado mexicano responsable ante las agresiones a poblados que ejercen la autonomía

De acuerdo a información recabada por las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en la comunidad Nuevo San Gregorio del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México (municipio oficial de Huixtán) y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”; refieren el incremento de violencia contra la comunidad lo cual pone en riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 08 de mayo de 2022, el grupo agresor nuevamente despojó parte del territorio de la comunidad Nuevo San Gregorio, además introdujeron ganado vacuno que destruyó la tubería de agua con la cual se abastecen las Bases de Apoyo EZLN. El 09 de mayo de 2022, continuaron las intimidaciones, el grupo agresor con machetes y resorteras mantuvieron una vigilancia constante, mientras las Bases de Apoyo EZLN arreglaban la tubería de agua. Ese mismo día el grupo agresor comenzó a medir el territorio,  fraccionando los últimos trabajaderos de las Bases de Apoyo EZLN. Ese día se documento la presencia de un vehículo tipo tsuru con la calcomanía de la organización Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (COMACH).

Todos los días el grupo agresor se mantiene presente en el territorio, provocando a las Bases de Apoyo con amenazas verbales, se despojó de la escuela secundaria autónoma y los potreros del ganado colectivo que ocasionó la muerte de 4 vacas, la destrucción del estanque de crianza de peces y la tala de árboles maderables y frutales, repercutiendo en perdidas económicas a las Bases de Apoyo del EZLN.

Lo anterior ha dificultado la siembra de cultivos y por ende a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, aunado al deficiente acceso al agua potable, así como a la educación de las niñas y niños.

Este contexto de agresiones a territorio zapatista se dan los hechos ocurridos del 2 y 5 de mayo de 2022, en la comunidad de Moisés y Gandhi dónde 83 Bases de Apoyo de EZLN se vieron obligadas a desplazarse de los poblados Emiliano Zapata y La Resistencia, luego del ataque perpetrado por un grupo armado con presencia en el territorio.

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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y NUESTROS TERRITORIOS CHIAPAS, MÉXICO
(Región Zoque, Mayo del 2022)

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Sierra Fronteriza, Costa y Altos de Chiapas nos autoconvocamos para reencontrarnos y compartir los procesos, desafíos y logros luego de nuestra última Asamblea realizada en 2021 el 13 de Noviembre en Acteal, Chenalhó.

Hoy, 07 de mayo del 2022 reafirmamos nuestra voluntad para seguir floreciendo y fortaleciendo nuestro camino como mujeres organizadas.

Agradecemos a las compañeras Zoques quienes nos recibieron con afecto y organización.
Queremos enviar saludos y abrazos a las mujeres zapatistas y pueblos autónomos del EZLN, y especialmente a las comunidades de Nuevo San Gregorio y a los poblados de la región Moisés y Gandhi del Caracol 10. Repudiamos los ataques del grupo paramilitar de la ORCAO que han dejado 83 niñas, niños, mujeres y hombres desplazados.

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por Magdalena Gómez

Las agresiones contra comunidades zapatistas en Chiapas por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) han permanecido impunes a lo largo de los años en los sucesivos gobiernos estatales. Se conocen los nombres de quienes han participado y, sin embargo, las redes oficiales de complicidad y acceso a recursos de la Orcao les han permitido continuar con acciones violentas contra diversas comunidades pertenecientes a las juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta situación está en ascenso justo en la etapa actual de la llamada Cuarta Transformación, con un gobernador del ahora partido oficial, Morena. El 19 de septiembre de 2021 el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN emitió un fuerte comunicado denominado “Chiapas al borde de la guerra civil”. En él se refirió a la Orcao como organización paramilitar al servicio del gobierno de Chiapas. Y denunció el secuestro por esta organización ocho días antes, de dos de sus integrantes, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno Patria Nueva Chiapas. Reconoció la labor de organismos de derechos humanos y la Iglesia católica progresista. Todo ello cuando la delegación zapatista se encontraba en la Ciudad de México para partir hacia la Europa insumisa. Fueron liberados en la fecha del comunicado. En el mismo, enumeró además las acciones desestabilizadoras de Rutilio Escandón, entre ellas agresiones a normalistas, violación de acuerdos con el magisterio democrático, alianza con grupos de narcotráfico cuyas bandas agreden sistemáticamente a las comunidades de Aldama y Santa Martha. Lo muy relevante de este posicionamiento, cuyo encabezado lo anunciaba, fue la contundente declaración: “Tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan. Es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea no habrá palabras, sino hechos”.

Reconocemos y valoramos que el EZLN, pese a las múltiples provocaciones recibidas a lo largo de los años, ha mantenido un respeto irrestricto al cese al fuego que se acordó y consigna la Ley para el diálogo, la reconciliación y la paz digna en Chiapas, que data de 1995. Ahora nos preguntamos si hay una clara intencionalidad política del gobierno chiapaneco por llevar al límite las agresiones al zapatismo y colocarlo ante la decisión de responder a los ataques armados que lejos de cesar, se incrementan. También sería importante establecer si Rutilio Escandón actúa por su cuenta o está avalado desde la Federación, y de paso recordamos que aún existe la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), cuyo silencio es abiertamente ominoso, por decir lo menos.

Apenas la semana pasada, la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq documentó el 2 de mayo el ataque y desplazamiento forzado de habitantes de las comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la junta de buen gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, en la demarcación del municipio oficial de Ocosingo. Nuevamente la Orcao, en acción contra las bases de apoyo zapatistas, liderados, lo señalaron, por Tomás Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, dispararon en contra de los habitantes de las comunidades mencionadas, provocando el desplazamiento forzado de 54 personas (11 familias), entre los que se encuentran menores de edad y personas adultas. Tres días después, la misma organización, atacó pasada la medianoche la comunidad San Felipe, y dispararon en la comunidad autónoma La Resistencia. Media hora más tarde “un grupo de agresores quemó la escuela autónoma zapatista y el garaje de un integrante de las BAEZLN; derivado de estos hechos 29 personas (cuatro familias) fueron desplazadas”. En total fueron desplazadas por la fuerza 83 personas bases de apoyo, 54 de Emiliano Zapata y 29 de La Resistencia. Ojalá no se recupere el artificio de “conflictos intracomunitarios”, al que recurrieron los gobiernos chiapanecos en el pasado. No sabemos hasta dónde puede llegar la captura del Estado por los poderes fácticos.

La situación nacional no goza de mejor salud. En varias regiones los pueblos originarios están siendo atacados por fuerzas que buscan ocupar sus territorios promoviendo el desplazamiento forzoso, mientras el Estado es omiso en garantizar sus derechos colectivos. Veamos a los rarámuris, a los pueblos de la región cholulteca en defensa del agua, peor aún, en ocasiones no obstante que ya han ganado juicios se obstaculiza su cumplimiento. Es el caso de la Marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika que se dirige a la Ciudad de México para exigir al Presidente de la República la restitución de sus tierras.

Es urgente una respuesta hoy desde el gobierno federal para que en efecto se marque la distancia con el pasado, en Chiapas y en todo México.