paramilitares
Continúan ataques armados contra zapotecas mientras minería avanza
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.
Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.
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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.
El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.
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Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.
“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.
Minería, detrás de los ataques
Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.
“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.
Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.
Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.
Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.
Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.
Reconstrucción interrumpida
“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.
Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.
Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.
Dictan sentencia de prisión a coautor del asesinato de Berta Cáceres
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.
El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.
Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.
Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.
A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.
Faltan los autores intelectuales
El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.
Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.
Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.
Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.
La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.
También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.
Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.