Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Detonaciones en la mina San Xavier, propiedad de New Gold, en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México. La empresa canadiense, que comenzó la explotación desde 2007, actualmente maneja el discurso de la “minería responsable con el medioambiente”, pese a que sus operaciones desplazaron a la mayoría de los habitantes de los alrededores. Foto: Aldo Santiago.}

La transición energética es una de las políticas económicas de urgencia que han implementado la mayoría de los gobiernos en el planeta, para hacer frente a lo que han llamado como “cambio climático”. Aunque los territorios y la división internacional del trabajo se vienen reconfigurando de diversas formas en el planeta, en América Latina se siguen reproduciendo los viejos esquemas del despojo y el saqueo.

Las altas temperaturas han tomado por asalto a diversas poblaciones del planeta. Otras más se han visto inundadas de forma inusual. Las pérdidas van desde inmuebles, cosechas, cientos de fallecidos y bosques enteros arrasados por el fuego o el agua. Mientras que algunos han sentido el infierno en la piel, para otros más, esta realidad les queda remotamente distante de su confort. La idea que se ha vendido sobre el “cambio climático” o “calentamiento global” es que el mercado lo resuelve todo, claro, con renovadas cadenas productivas de mercancías y servicios que se enmarcan en lo que hoy se conoce como “desarrollo sostenible o sustentable”.

Desde organizaciones ambientalistas, gobiernos, círculos académicos, pero principalmente el mundo empresarial, atañe el problema a la vieja matriz energética de los combustibles fósiles y como solución se plantea la implementación de las llamadas “energías renovables”. Es decir, en nombre del “cambio climático” se ha comenzado a perfilar una nueva cadena de montaje que pretende cambiar todo para que todo siga igual. Ya que, como lo describe Samir Amin, el principio de la acumulación capitalista, aunque se pinte de sustentable, es sinónimo de “crecimiento exponencial”, y éste, “como el cáncer, lleva en sí la muerte” (Amin, 2009).

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CENTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

Cuentan los vecinos que eran las primeras horas de la mañana cuando, de una camioneta cerrada, descendieron autoridades del municipio de Santa Lucia y, sin palabra alguna, “comenzaron a disparar contra los manifestantes y entonces todos corrimos y buscamos refugio”, dice una vecina que se presenta como Soledad Martínez.

La señora Martínez, comenta que unos minutos después todos los manifestantes se reorganizaron, pero también las autoridades junto con policías municipales. “Ahí volvimos a avanzar con cohetones y piedras, entonces corrieron. Ya cuando llegamos cerca de la camioneta algunos compañeros le prendieron fuego y empezó una tronadera. Eran las balas que había dentro de la camioneta”, agrega Martínez.

A 14 años de estos acontecimientos, ahora se sabe que quien dio la orden de utilizar estas armas fue el sobrino del presidente municipal de Santa Lucia en ese momento, Manuel Martínez Feria.

Ese día Brad llegó a este lugar y en las primeras imágenes que registra se aprecia que la camioneta de estas personas ya estaba casi calcinada, a lo lejos se pueden observar a personas disparando contra los manifestantes. “Brad se iba cubriendo con las llantas de los camiones mientras estaba grabando”, comparte Javier Santis.

La trifulca duró horas, hasta que las personas armadas se fueron replegando hacia la presidencia municipal. “De pronto se escucha que el compa dice me dieron, me dieron”, comparte Javier.

Varios manifestantes lo cargaron y comenzaron la búsqueda de un doctor y de un carro. En el camino uno de sus colegas guardó la cámara que se le iba cayendo de las manos, una vecina recogió uno de sus zapatos que, varios meses después, le fue entregado a la madre de Brad.

Minutos después lo subieron a un vehículo Volkswagen que llevaba varios días sin circular y con poca gasolina. Desesperadamente iban intentando esquivar las barricadas, las piedras, los palos. Mientras intentaban hablarle a Brad para que no se durmiera. De pronto el carro se apaga, la gasolina se había acabado.

Las personas que decidieron ayudar al periodista se desesperaron y pidieron ayuda al chofer de una camioneta que pasaba por donde se quedaron varados, que, tras varios minutos de explicación, “decidió llevarlo, pero ya no pudo llegar”, cuanta Jazmín López.

Justicia

Momentos después de este asesinato, en la terminal de autobuses ADO fueron interceptados algunos de los participantes armados del municipio, pero fueron liberados tiempo después.

Ese 27 de octubre, el gobierno que aún presidia Ruiz Ortiz desplegó, a través de la policía y de diversos grupos de civiles armados conocidos como el “escuadrón de la muerte”, operativos para intentar retomar el control de la ciudad.

Con la muerte de Brad, se justificó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa internacional, la intervención de la policía militar, que ese momento era la Policía Federal Preventiva (PFP), que arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes para retomar el control de la ciudad.

Según la denominada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) reveló que el saldo de este conflicto fue de 26 asesinatos, entre ellos, el periodista Brad Will.

Las instancias de gobierno encargadas de impartir justicia a nivel estatal y federal inculparon y llevaron presos a personas inocentes y con líneas de investigación sin fundamentos. Mientras que, los policías que aparecen disparando directo hacía dónde se encontraba Brad, así como de otros manifestantes que también fueron asesinados durante estas protestas, no fueron inculpados de ninguna responsabilidad.

Pero esto no es novedad. La sociedad Oaxaqueña sabe bien que estas instancias no funcionan porque son juez y parte. El asesinato de Brad aún no se ha saldado, por el contrario, se ha sumado a un sin fin de activistas y periodistas asesinados en México que han quedado en la impunidad.

Brad, una luz

Después de que fue asesinado el periodista independiente, su fotografía figuraba, junto a la de los otros caídos en esta “insurrección popular” en un altar con ofrendas, con el fin de festejar y recordar a los seres queridos durante el día de los muertos. Esa ofrenda simbólica estuvo en una de las úlimas barricadas que quedaban, la de 5 señores, la cual protegía Radio Universidad. La PFP ya casi había recuperado la mayor parte de la ciudad, pero, en torno a esa ofrenda, cientos de personas se reunieron de todas partes y salieron a defenderla, reduciendo con ello el potencial de la policía.

Desde entonces, en varios altares, de muchas familias oaxaqueñas, sigue figurando la imagen de Brad Will. Pero, también, su referencia camina con varios jóvenes que ejercen el periodismo independiente. Detrás de varias cámaras, grabadoras y bolígrafos está la figura de Brad Will. Por ello, en memoria, desde Avispa Midia, a la 2ª generación de la escuela de comunicadores y comunicadoras independientes para jóvenxs indígenas y de barrio a realizarse en 2021, se la ha bautizado con el nombre de “2ª generación Brad Will”.

El día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2022, asesinaron a Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reyna, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; el asesinato se materializó en la comunidad de Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reyna y La Humedad de la misma municipalidad.

Filogonio Martínez Merino fue comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en el período 2008-2011 y defensor del Río Verde durante 15 años contra el Proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y el proyecto Río Verde.  Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever):  Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, crímenes que se cometieron a principios del año 2021 y que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy.

 El año pasado Filogonio Martínez Merino solicitó, en su carácter de autoridad y por mandato de la asamblea comunitaria, medidas cautelares colectivas para la comunidad de Paso de la Reyna al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Medidas cautelares que aún están vigentes.

Por lo anterior, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que inicie la investigación correspondiente. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a la comunidad de Paso de la Reyna y a la familia del defensor.

“Ríos para la vida, No para la muerte”
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 26 de octubre de 2022.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER
Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA

Desde el sexenio de Felipe Calderón, México inició un camino de violencia y disputa territorial que se ha venido recrudeciendo y que ha llegado a niveles alarmantes, haciendo del país la nación más peligrosa para la defensa del territorio y para el periodismo en el mundo. A esto se le suma la crisis global provocada por la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania y sus terribles consecuencias para la economía mundial y la seguridad alimentaria, provocando nuevas formas de violencia.

Ante esto, la Plataforma para la Construcción de Paz en México organizó el Foro Internacional por la Construcción de Paz en México, que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (ve el programa y l@s participantes aquí).

Las reflexiones propuestas en este foro son una contribución importante para sentipensar la espiral de violencia en la que nos encontramos y vislumbrar caminos posibles hacia la construcción de la paz.

Mesa 1 – Claves para la construcción de paz: una reflexión global

Para poder construir la paz, es necesario primero reflexionar sobre lo que significa la violencia desde enfoques locales hasta globales. Las mesas 1 y 2 incursionan en dichas reflexiones. Marta Ruiz, desde su experiencia como ex comisionada de la Comisión de la Verdad en Colombia, hace un recuento de los procesos de violencia en ese país. Así como la much@s de l@s ponentes, critica la participación del Estado en la reproducción de la violencia. Ante el argumento de que la violencia se reproduce gracias a la ausencia del Estado, ella afirma que, al contrario, la violencia se recrudece justamente cuando hay presencia del Estado, en su íntima relación con el crimen organizado y el paramilitarismo. Asimismo, identifica a la política de la “guerra contra las drogas” como un gran error histórico, que deja de lado una compreensión mucho más amplia de los factores sistémicos de dicha violencia y que conduce a la militarización y a la multiplicación de las violencias.

Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional, también desde la experiencia colombiana, habló del cambio radical del crimen organizado en ese país desde la época de Pablo Escobar al presente, con la diversificación de las áreas de actuación y el papel de los cárteles transnacionales de origen mexicano ahora como distribuidores internacionales de la droga. Pero entender la violencia de los diferentes agentes del conflicto colombiano implica entender lo que él llama “institucionalidad extractivista”, la reproducción de la ilegalidad como una tradición nacional, en la que las élites se aprovechan de la violencia, intimidación y cooptación para apropiarse de los recursos nacionales.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con participación en línea, apuntó hacia la lucha organizada de los pueblos como la única salida para la violencia. Nuevamente, criticó la asociación entre violencia y seguridad, que conduce a la militarización y al control por parte de las fuerzas del Estado y deja de lado los ejes fundamentales de justicia restaurativa, salud, educación, vivienda digna, trabajo, unidad en la diversidad, etc.

Mesa 2 – Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?

¿Cómo entender la violencia y el Estado? ¿Es posible la política sin violencia? Según Max Weber, el Estado mantiene (o debe mantener) el monopolio de la violencia. Sin embargo, en América Latina sabemos lo que eso significa: violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y el ejército, el uso de dichas fuerzas para beneficio de los intereses de las élites dominantes y la íntima relación entre el Estado y el crimen organizado. La violencia, dijo Jenny Pierce, del London School of Economics en el Reino Unido, es rentable para el Estado, y la política del “enemigo interno” sirve para esos fines. El resultado es la violencia crónica que padecemos: guerra, narco, feminicidios, migración, violencia obstétrica por discriminación y la terrible mortandad de los hombres jóvenes pobres en Latinoamérica. Como caminos posibles hacia la construcción de la paz, sugiere lo que llama la “ilustración emocional”, a diferencia de la “ilustración racional” del Iluminismo; o, como dicen los pueblos mayas en Chiapas, el corazonar o el sentipensar. Al mismo tiempo, repensar la seguridad como una propuesta comunitaria: la seguridad humana, y no la seguridad del Estado.

Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, habló de la “zona gris de la criminalidad”, o sea, la intersección entre el Estado y la criminalidad. Una intersección que, explicó, se construyó en los 1970 con la guerra sucia en México. La guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón multiplicó los cárteles y la violencia (de 5 cárteles pasamos a más de 200), al decapitar a las organizaciones criminales, que como resultado se dividieron en muchas facciones. Por otro lado, la zona gris se amplió muy considerablemente, llevando a una “guerra de todos contra todos”, un crecimiento de las economías ilícitas, que trafican con los recursos humanos y naturales, una feroz competencia por la gobernanza criminal, con violencia generalizada contra autoridades y candidatos locales, y violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y pequeños empresarios. Para hacer frente a esto, es necesario, como primer paso, identificar los actores y las estructuras criminales.

Como ilustración de lo que es posible hacer desde la sociedad organizada para enfrentar la violencia, Francisco Huaroco Tomás relató la experiencia de lucha y organización de Cherán K’eri en Michoacán, donde en 2011, a partir de un movimiento de mujeres para enfrentar a la delincuencia, decidieron expulsar a los partidos políticos y conformar la ronda comunitaria, un modelo de seguridad proveniente de los antepasados, enfocado en la autonomía y el autogobierno. Por otro lado, en 2015 se inició un proceso de prevención del narcomenudeo, trabajando con jóvenes en las escuelas.

Mesa 3 – Prácticas restaurativas, diálogo y reconstgrucción del tejido social

En el camino de prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social, Lenin Torres relató la experiencia de CIAS por la paz (Centro de Investigación y Acción Social), fundado en 2015, y que ha trabajado en los municipios de Tancítaro, Cherán y Tangacícuaro en Michoacán; Parras, Coahuila; Huatusco, Veracruz; Celaya y Guanajuato capital en Guanajuato; y, Chalco en el Estado de México. Lina Ibáñez por su vez relató la iniciativa “Diálogos improbables” en Colombia, que se ha propuesto establecer diálogos con todas las fuerzas participantes en espacios en conflicto. Y Abel Barrera, del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, relató la experiencia de la policía comunitaria de guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), que ha logrado frenar la explotación minera en partes del territorio guerrerense.

Mesa 4 – La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz

En la última mesa, se conjuntaron educación, espiritualidad y periodismo, como elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en la sociedad. Pietro Ameglio, activista y luchador social, enfatizó la necesidad de reflexionar (no sólo describir, sino analizar) como requisito para la acción. Nuevamente, criticó la asociación paz y seguridad, en vez de pensar la paz como justicia verdadera y dignidad. El Estado, explicó, necesita cuerpos aterrorizados incapaces de pensar. Nuestra tarea, al contrario, es de pasar del terror al miedo; el miedo siendo una herramienta que nos ayuda a sobrevivir y que, a diferencia del terror, no inmoviliza, sino que nos impulsa a actuar.

Marcela Turati habló de los grandes desafíos que enfrenta el periodismo en el país más peligroso para ejercer dicho oficio en el mundo, las carencias materiales y la inseguridad. Ante ese panorama, relató las muchas iniciativas vinculadas a la Red de Periodistas de a Pie, integrada en su mayoría por mujeres periodistas. Periodismo de investigación sobre las masacres de migrantes; historias de búsqueda de desaparecid@s; el proyecto Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte, que buscó rescatar historias de lucha y resistencia en medio de la mortandad de la guerra contra el narco; talleres sobre cómo cubrir el dolor (y cómo manejar el propio dolor), y la convocatoria Periodismo desde lo posible: historias desde los territorios.

Finalmente, Monseñor Rodrigo Aguilar, actual obispo de San Cristóbal de Las Casas, habló sobre la espiritualidad desde la visión cristiana.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.}

Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.

En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.

“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).

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Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.

Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de octubre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se acerca la temporada más importante del año para nosotros, los días que compartimos alimento, palabra y vida con nuestros seres queridos ya fallecidos, que vienen a reunirse con nosotros y nos escuchan de cerca en lo que les pedimos y les contamos. Por eso, empezamos a preparar nuestro corazón y nuestras ofrendas. Especialmente a nuestros 45 hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas mártires, más los cuatro bebés que no los dejaron nacer, queremos ofrecerles lo que tenemos y que hemos ido juntando en el año: la esperanza de justicia y la convicción de que seguimos en el camino que nos abrieron para luchar por la paz y en la cual ofrendaron su vida. A nuestros mártires queremos agradecerles que nos hayan mostrado este camino, porque hay muchos cruceros en donde el mal gobierno ha querido perdernos, pero no ha podido extraviar nuestras almas, porque nuestros mártires son quienes nos guían y le cierran el paso a las desviaciones que nos ofrecen, como abandonar la organización, vendernos o aliarnos con criminales.

Hoy más que nunca necesitamos cosechar los frutos de la semilla que nuestros mártires sembraron entre nosotras y nosotros, para ser capaces de organizar una alternativa no violenta a los principales problemas que vivimos en nuestras comunidades, como la toma de las armas para resolver conflictos y la búsqueda de dinero fácil, caiga quien caiga.

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Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
20 de Octubre de 2022.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.

En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

21 de octubre de 2022
Hermanos, hermanas de México y del mundo, como es de su conocimiento las comunidades del CIPOG-EZ, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI), viven la violencia de los grupos delincuenciales, aunado al silencio del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ese sentido, colectivos y organizaciones varias de la Sexta, hemos dado acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.

En esta ocasión, estaremos yendo a las comunidades del CIPOG-EZ a partir del día 22 de octubre de 2022, por lo que les pedimos estar atentos y atentas a cualquier situación, pues como saben, en nuestras últimas visitas se presentaron situaciones irregulares, pero gracias a la amplia difusión hemos salido avante. Además, vamos en el contexto de la reciente desaparición de Celso Cocotzin Tolentino de 24 años, de la comunidad de Alcozacán, desaparecido por el grupo narco-paramilitar el pasado 18 de octubre en el municipio de Chilapa gobernado por Aldy Esteban Román.

Es por eso que les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas de México y del Mundo, a que a través de cartas, correos, carteles u otra cosa, cada quien de acuerdo a su creatividad, modos y formas, llamen a los 3 niveles de gobierno a cumplir con su deber de brindar seguridad y proteger a quienes acompañamos a nuestros hermanos y hermanas. Los llamamos a que le digan al mal gobierno que no estamos solos, solas.

Sin más, les agradecemos a quienes han acompañado nuestro paso.

Atentamente:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA