El pasado 22 de mayo de 2017 a las 6 de la mañana, el campesino Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, de la comunidad de Cruztón, recibió un tiro en la sien. Llevaba dos horas atrincherado en el cementerio junto con otros compañeros, adonde habían ido para defender el local que, desde hace casi un siglo, ha sido el espacio sagrado donde yacen sus muertos. Desde hace más de un año, un grupo armado del vecino ejido Guadalupe Victoria, que se autodenomina Nuevo Guadalupe Victoria, ha intentado despojarlos a ellos, y a la comunidad vecina de Nueva Libertad, del cementerio y las tierras aledañas, que incluyen algunas pequeñas propiedades.
Cuatro horas duró la balacera, con armas de alto calibre posicionadas estratégicamente en varios puntos, demostrando muy probablemente que el grupo atacante tiene formación militar. Fue en un momento de cierta calma cuando Rodrigo Guadalupe decidió levantarse para observar, y así recibió el impacto de bala.
Sus compañeros entonces llamaron a una ambulancia de Venustiano Carranza, pero ésta fue interceptada en Guadalupe Victoria por un grupo encabezado por el agente municipal Eleuterio Bautista Aguilar, que los campesinos de Cruztón identifican como uno de los líderes del grupo armado. Entonces se pidió otra ambulancia, esta vez de Teopisca, que viajó acompañada por una camioneta de Protección Civil. Ambas, sin embargo, fueron interceptadas a 100 metros de donde estaba Rodrigo Guadalupe por un grupo fuertemente armado, que las forzó a retirarse.
Así, Rodrigo Guadalupe, activista tsotsil adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y miembro de Semilla Digna y del Congreso Nacional Indígena, falleció a las 7 de la mañana. (Lee la denuncia de Cruztón.)
Desde entonces, los hostigamientos por parte del grupo armado se han incrementado. El 16 de junio volvieron a ocupar el cementerio y las tierras aledañas, montando cinco puntos de vigilancia, con 5 o 6 personas fuertemente armadas en cada uno. Al mismo tiempo, cortaron el suministro de agua a la comunidad de Nueva Libertad, dejando a 40 familias sin acceso al líquido vital. Un día después, cortaron el cable de alta tensión que provee electricidad a Cruztón. El 18 de junio, intimidaron a pobladores de Nueva Libertad que se dirigían a Cruztón, con tiros al aire. Y dos días después, bloquearon el camino que da acceso a la comunidad de Cruztón, dejándolos incomunicados durante 10 horas.
Cruztón: una historia de lucha por la tierra
Los campesinos de Cruztón han vivido en esas tierras por generaciones. Antes del levantamiento zapatista de 1994, las tierras de Cruztón pertenecían a la finca Mispía, que años después fue rebautizada como finca Nazareth, propiedad de la familia Villafuerte, de la Ciudad de México. Dicha finca fue dividida en cuatro partes –Nazareth (el casco), Jerusalén, Cruztón y Guadalupe–. A los campesinos de Cruztón los Villafuerte les entregaron la tierra con escritura pública.
Pero en 1994, campesinos de Guadalupe Victoria, haciéndose pasar por zapatistas, les arrebataron 395 hectáreas de su territorio. Un año después, el gobierno, con el afán de detener las tomas de tierras a lo largo del estado, compraron las tierras para entregarlas a los campesinos. Pero por un supuesto “error” burocrático, el gobierno las entregó al grupo invasor.
En 1997 los campesinos de Cruztón intentaron recuperar sus tierras, pero fueron fuertemente reprimidos por policías y militares, según testimonio de los propios campesinos, y después de eso se desorganizaron.
En 2005 el EZLN publicó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y en 2006 los campesinos de Cruztón se adhirieron a la Otra Campaña. Un año después, decidieron recuperar las tierras que les habían arrebatado en 1994, incluyendo el manantial, fuente importantísima de vida para la comunidad.
La recuperación de las tierras motivó una fuerte represión policíaca en tres diferentes momentos de 2008, con detenciones, amenazas a mujeres y niños, órdenes de aprehensión y la instalación de un campamento a poca distancia de sus tierras. Pero la solidaridad no se hizo esperar. En julio de ese año, una caravana nacional e internacional de observación llegó a Cruztón y denunció las violaciones cometidas por el gobierno.
Todo parece indicar que lo que está por detrás de la represión es el oro. En 2007, la minera canadiense Radius Gold, por medio de su subsidiaria Geometales del Norte, adquirió más de 48 mil hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza, en concesión para explotarlas durante 50 años. La concesión coincide con tierras de Cruztón y otras comunidades y ejidos de la región. (Ver La Jornada, 8 de julio de 2008 y Reporte de actividad minera de Otros Mundos.)
El hostigamiento por parte del gobierno continuó en 2009, con amenazas de un ataque militar y acusaciones de tráfico de armas, drogas y migrantes. Pero la presión nacional e internacional surtieron efecto, y en julio de 2009 el gobierno resolvió a favor de los adherentes de Cruztón por medio de un convenio de finiquito, en el que el grupo invasor desistía de cualquier reclamo sobre las tierras.
Pero los conflictos no pararon. En 2011, la comunidad de Cruztón denunció nuevas amenazas de desplazamiento por parte de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC). Al mismo tiempo, en abril de ese año se presentan personas desconocidas diciendo que los había mandado la Procuraduría Agraria, supuestamente porque allí había tierras disponibles. Y al parecer una persona de nombre Guadalupe Cruz, de Teopisca, comienza a formar un grupo para “vender” tierras de Cruztón a terceros y así crear conflictos.
En 2013 empieza el conflicto en las tierras actualmente en disputa. Se trata de un área entre Guadalupe Victoria y Cruztón, donde se encuentran varias pequeñas propiedades, el cementerio y el manantial que provee de agua a las comunidades de la región. Ese año, el grupo de Guadalupe Victoria, que afirma que se trata de tierras pertenecientes a su ejido, coloca banderas en 12 pequeñas propiedades con la intención de apoderarse de ellas.
Dos años después, el 16 de abril de 2015, dicho grupo invade tres pequeñas propiedades en esas tierras, y tres semanas después cierra el paso de Cruztón a Venustiano Carranza y detiene a varios compañeros durante dos horas, amenazándolos con armas largas. (Ver denuncia de Cruztón.)
Pero es el 1 de febrero de 2016 cuando el grupo invasor clausura el acceso al cementerio común. Tres meses después, el 10 de mayo de ese año, los adherentes de Cruztón deciden recuperar el cementerio sagrado. Ese mismo día, Agusto de la Cruz Pérez, de Cruztón, es secuestrado por el grupo armado, golpeado, colgado durante una hora y amenazado.
Y ahora, el asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.
Actores y motivos: un panorama complejo
No queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nuevo Guadalupe Victoria ni cuándo se formó, aunque, según denuncias de la comunidad de Cruztón, desde marzo de 2003 ya había amenazas de invadir 12 pequeñas propiedades en las tierras en disputa. En aquella época, el grupo se identificaba como perteneciente a la OCEZ-RC, aunque ahora dicha organización se deslinda de ellos e incluso exige una investigación de los hechos del 22 de mayo pasado. En un comunicado reciente, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) los reconoce como miembros de su organización y acusa nada menos que a los adherentes a la Sexta agredidos de la comunidad de Cruztón de ser paramilitares.
El grupo armado está conformado por 30 familias y, según información obtenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la asamblea ejidal de Guadalupe Victoria los desconoce. Vale decir que las armas de dicho grupo son de alto calibre y de uso exclusivo del ejército y que, como dijimos arriba, todo parece indicar que tienen conocimiento de tácticas militares. La mayoría de las personas identificadas como líderes del grupo armado por los adherentes a la Sexta de Cruztón son los mismos que ya en 2015 los mismos campesinos identificaron como los líderes de la invasión de tres pequeñas propiedades en el territorio en disputa.
Como decimos, no queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nueva Guadalupe Victoria. Pero las concesiones mineras en la región, los intereses económicos que ellas implican y la historia de amenazas, violencia y represión estatal apuntan a la trillada estrategia del Estado para apoderarse de tierras indígenas y campesinas: enfrentar a organizaciones y comunidades para desestructurar la resistencia y permitir el paso de proyectos extractivos.
El escenario se complica con la denuncia de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) de que, en un recorrido por los predios invadidos, encontraron un sembradío de marihuana. Estando el cementerio en la cumbre de un cerro desde donde se divisa claramente todos los alrededores, se puede asumir que uno de los móviles para las acciones del grupo armado es el control territorial, no descartando que se trate de un grupo con vínculos al crimen organizado.
Por otra parte, las agresiones suceden al momento en que el Congreso Nacional Indígena (CNI) conforma un Concejo Indígena de Gobierno y elige a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, que se presentará como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. Y coincide también con una serie de actos de violencia, represión u hostigamiento contra comunidades del CNI y, en particular, contra comunidades que conforman a Semilla Digna (un espacio organizativo del CNI en Chiapas), del cual Cruztón es parte. Como es sabido, una de las razones para conformar el Concejo Indígena de Gobierno es la destrucción y violencia que sufren los pueblos originarios del país a manos de las industrias extractivas en complicidad con el crimen organizado y el Estado.
Este próximo domingo 9 de julio, una caravana viajará a la comunidad de Cruztón para solidarizarse con los compañeros agredidos y sobre todo con la familia de Roberto Guadalupe, y para visibilizar esta escalada de violencia.
Foto: @ap
