En marzo de 1989, el obispo jTatic Samuel Ruiz decidió fundar en Chiapas un centro de derechos humanos que fuera acompañado por la Diócesis, pero independiente de ella, abierto a todos los pueblos del estado. Un centro que fuera no sólo para los pueblos, sino de ellos, en el contexto de represión, violencia y discriminación que se vivía en Chiapas y en muchas partes del país.

35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró su aniversario este pasado 18 y 19 de marzo con un encuentro de dos días en el que participaron muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Frayba ha acompañado desde hace años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en el estado, como deja claro el Posicionamiento del Frayba, leído por su directora, Dora Robledo. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de los migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que sólo ha traído más violencia y represión. Todo esto, en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal.

¿Qué hay que celebrar ante esta realidad? Mucho, nos revela este “Encuentro Entrelazando la Esperanza”, pues el propio contexto de violencia e impunidad ha fortalecido procesos organizativos y despertado la conciencia en muchos pueblos de la necesidad de defender el territorio y construir vida en tiempos de muerte.

Ceremonia de bienvenida

“Queremos vivir, ya no sólo sobrevivir”, dijo Lupita de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, durante la rueda de prensa al inicio del Encuentro. Don Raúl Vera, presidente del Frayba y sucesor de Don Samuel Ruiz, nos deleitó con su relato del compromiso de jTatic Samuel con la justicia y su convicción de que el corazón del Frayba deberían ser los mismos pueblos.

Rueda de Prensa:

A lo largo del día, escuchamos historias no sólo de atropello, sino de dignidad, resistencia y construcción de vida. Antonio Gutiérrez, de Las Abejas de Acteal, nos relató no sólo la larga historia de impunidad ante la masacre de Acteal, sino también el proceso organizativo, la creación de su autogobierno y el compromiso por una lucha no violenta. Los principios que guían a Las Abejas de Acteal son hoy un faro para enfrentar la violencia que vivimos: “amar, no odiar; revelar, no ocultar; defender, no vender; caminar en la luz, no en la oscuridad; perdonar, no violentar; entregar la vida, no quitarla”.

Son la injusticia y el atropello también lo que han impulsado otras importantes construcciones de autonomía y libre determinación en el estado, como el de la comunidad de San Francisco en Teopisca, el Gobierno Comunitario de Chilón y el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite). Libre determinación que, como explicó Lázaro Sánchez del Frayba, está plasmada como derecho de los pueblos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Foro 1 – Tierra, Territorio, Cultura y Autonomía:

¿Qué hacer frente a la impunidad que reina en el estado y en el país? Memoria, verdad y justicia, dice el Frayba y dicen los pueblos. En el segundo foro, las y los participantes relataron su lucha ante gravísimos casos de impunidad. Las estadísticas son reveladoras: según datos oficiales (probablemente incompletos), hay en el momento 114,928 personas desaparecidas en el país; sólo en Chiapas, se registran más de 14 mil personas desplazadas. Pero es en los testimonios de las víctimas que empezamos a entender la dimensión del dolor que significa vivir ante tal impunidad.

Magdalena González, hija de Antonio González, contó lo que ha significado para la familia la desaparición forzada de su papá por el grupo paramilitar Paz y Justicia en enero de 1999, cuando ella tenía seis años. Antonia Hernández, de la organización Xinich, habló sobre masacre cometida en la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2000 por un grupo paramilitar acompañado por la policía, y de la desaparición forzada de cuatro personas. Juan Pérez Pérez habló de la vida de su hijo Simón Pérez de Las Abejas de Acteal, su compromiso con la justicia y la vida, y su asesinato en julio de 2021. Salvador Gómez habló de los continuos ataques sufridos por varias comunidades de Aldama por parte de grupos armados de Santa Marta, y los asesinados, heridos y desplazados, ante la inacción del Estado. Se relató también la lucha del Colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, que como ha denunciado el Frayba, es utilizada sistemáticamente por las fuerzas policiales del estado para inculpar a personas inocentes de crímenes que no cometieron. Durante la sesión de preguntas y comentarios, escuchamos también el testimonio de Pascuala López, del Ejido Cuxtitali el Pinar, en las afueras de San Cristóbal: el asesinato de su hijo, los golpes y amenazas de muerte hacia ella, la quema de su casa, por un grupo criminal que ha venido cortando el suministro de agua de Cuxtitali y La Hormiga, ante la inacción del Estado.

Foro 2 – La lucha contra la impunidad: Memoria, verdad y justicia:

El tercer y último foro se dedicó a la memoria, la resistencia y las esperanzas. Aquí se relató la experiencia del Pueblo Creyente de Chiapas, surgido en la década de 1990, un amplio movimiento que es parte de la Diócesis de San Cristóbal, inspirado por jTatic Samuel Ruiz, fundamentado en una visión liberadora del cristianismo, creado como respuesta a la represión.

Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo por Don Samuel Ruiz fue el Congreso Indígena de 1974, que sentó las bases para una concientización de los pueblos y preparó el camino, entre otras cosas, para el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diez años después. Dolores González, del Consejo Directivo del Frayba, relató la historia y el significado de dicho Congreso. Y finalmente, Fray Ceclio Ek habló sobre el recién fundado Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, en territorio zoque.

Foro 3 – Memoria, Resistencias y Esperanzas:

Ante la violencia generalizada e impune que se multiplica por el estado (y el país), el Frayba y los pueblos y organizaciones que fundamentan su caminar nos enseñan que no todo está perdido, que entre la barbarie (y en respuesta a ella), se construyen alternativas de vida, de cuidado, de justicia, memoria, verdad y paz.

Canción para el Frayba

Las Mañanitas

Ceremonia de Clausura:

Ciudad de México, 03 de febrero de 2024
Acción Urgente 002/2024

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

• Un nuevo repunte de violencia en la región bajo la permisividad del Estado.
• Urge prevenir y garantizar el derecho al territorio, a la libre determinación y autonomía.

Lee la denuncia de la Asamblea de Colectivos de Gobierno Autónomo Local zapatista, Caracol 10, Zona Patria Nueva.

El pasado 19 de enero de 2024 fueron desplazadas forzadamente 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran diez niñas y niños. El desplazamiento fue cometido por un grupo de más de 40 integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) quienes portaban armas de fuego, machetes y palos.

Durante la agresión fue destruida la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas de lámina y madera, quemaron libros de los promotores de educación, además de robar una tienda. La comunidad fue despojada de diversos bienes materiales: animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar.

De acuerdo con la información recibida, el día 17 de enero del 2024 la comunidad fue amenazada. El grupo agresor llegó al poblado zapatista de La Resistencia, portando palos y machetes. En este momento manifestaron que las BAEZLN tenían dos días para abandonar sus viviendas. En la misma región, el 19 de enero de 2024, 54 personas de la ORCAO de Sacrificio La Esperanza llegaron a quemar un potrero de las BAEZLN del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo.

Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado Mexicano. Por información recibida en esta oficina, documentamos que el 14 de enero de 2024 el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista “Arcoíris” ubicada en el entronque carretero Cuxuljá.

Recordamos que las agresiones de la ORCAO hacia el EZLN han sido una constante en la zona de Moisés y Gandhi, lo que ha ocasionado  una continuidad de violaciones graves a derechos humanos en la región como son desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio.

El 5 de mayo de 2022 la comunidad La Resistencia fue desplazada forzadamente en un ataque similar, dado a conocer por este organismo. El día 23 mayo de 2023, Jorge López Sántiz BAEZLN vecino de Moisés y Gandhi fue víctima de una agresión armada que puso en grave riesgo su vida.

Exigimos al Gobierno Federal y del estado de Chiapas:

Se garantice el respeto al territorio de las BAEZLN, a su libre determinación y autonomía, así como a una vida libre de violencia

Se realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia y adoptar acciones encaminadas a la reparación del daño y a iniciar un proceso de justicia.

Solicitamos que accionen de manera urgente a las siguientes autoridades:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente Constitucional de México
amlo@presidencia.gob.mx

Lic. Luisa María Alcalde
Secretaría de Gobernación
atencionciudadana@segob.gob.mx 

Lic. Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República
ofproc@pgr.gob.mx

Lic. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Lic. Olaf Gomez Hernandez
Fiscal General del Estado de Chiapas
correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Correo: presidencia@cedh-chiapas.org

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

– * –

Lee también:

La larga historia de violencia paramilitar e impunidad de la ORCAO

Todas las entradas sobre la ORCAO en Radio Zapatista

A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de información nacionales e internacionales,
A los organismos defensores de Derechos Humanos,
A los diferentes niveles de gobierno de México,
A la sociedad civil nacional e internacional,

El pasado 1 de febrero de 2024, alrededor de las 17.30 horas, un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal. Atacó una casa de la encargatura de la Cofradía y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.

En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio.

Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardias Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población.

Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Es importante señalar que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra Guardia, sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes.

¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento.

Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG.

Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región!!

SANTA MARÍA OSTULA, A 2 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

• El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  
• Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023^[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas^[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia^[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.^[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.^[5]

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La población de la Región Frontera y Sierra de #Chiapas nos necesita. Alrededor de 2 300 personas de los municipios de Socoltenango, Chicomuselo y La Concordia salieron intempestivamente de sus hogares huyendo de la violencia de la delincuencia organizada.

Posicionamiento a un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de contar con un plan de búsqueda integral con análisis de contexto tanto en la investigación como en la búsqueda, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

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Testimonio en audio de un poblador del ejido de Nueva América, Chicomuselo:
(Descarga aquí)  

La mañana de este martes 16 de enero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ingresaron con violencia a varias comunidades del municipio de Chicomuselo, resultando en el desplazamiento forzado de cientos de familias, según denunció en un comunicado la Sociedad Civil de Chicomuselo (ver abajo).

Desde hace dos años, estas comunidades se encuentran en el fuego cruzado de una guerra feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan la región fronteriza con Guatemala. Miles de personas han huído, perdiendo todas sus pertenencias, ante la violencia y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Ante eso, las fuerzas armadas han sido omisas, permitiendo enfrentamientos como el ocurrido el 4 de enero, que duró más de siete horas y en el que murieron unas 20 personas. En la región hay bloqueos permanentes de la delincuencia organizada, secuestros, cobros de piso y de paso, asesinatos y reclutamiento forzado sistemático, ante la inacción de las fuerzas armadas, que sin embargo violentan a la población.

En ese contexto, quienes permanecen en la región se han organizado para resguardar sus comunidades, impidiendo el paso tanto al crimen organizado como a las fuerzas armadas, cuya complicidad es evidente.

Ante la llegada del Ejército y la Guardia Nacional, los pobladores pidieron que se retiraran e intentaron dialogar, explicando las razones. La respuesta fue la violencia, con gases lacrimógenos, piedras, golpes y, según un testigo, la detención de por lo menos dos personas, cuyo paradero se desconoce. Al entrar en las comunidades, los militares destruyeron las pertenencias de los pobladores.

Las familias huyeron como pudieron, dejando todo atrás, llevando a los enfermos en carretillas, caminando por las montañas hacia la presa La Angostura. Sin embargo, allá los lancheros también huyeron, por lo que la gente quedó atrapada a la orilla de la presa sin tener a dónde ir.

A continuación, el comunicado de la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, y más abajo, el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE).

Chicomuselo, Chiapas a 16 de Enero 2024.

COMUNICADO URGENTE
NUESTROS PUEBLOS NO SON CAMPO DE BATALLA
¡ALTO A LA VIOLENCIA!

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerza armadas, quienes se están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles.

Hoy, 16 de enero de 2024, cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de diversas comunidades ubicadas en la franja de la presa: Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez del municipio de Chicomuselo, Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango y Nuevo Resplandor del municipio de la Concordia, Chiapas, se encuentran huyendo por el ingreso de las fuerzas armadas: Ejército y Guardia Nacional, quienes se están violentando a la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades tras un enfrentamiento que se dio el día de ayer, 15 de enero, entre cárteles, alrededor de las 9:00 pm. por esta región. Las fuerzas armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron en el ejido de Nueva América, quitando las cercas con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los cárteles. Tiraron gases lacrimógenos y amenazaron a la población, señalando que a algunos los tenían ubicados.

La gente de estos ejidos, que evitaban el paso al Ejército y a la Guardia Nacional, pidieron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles por qué habían cercado, pero éstos se negaron a dialogar y los violentaron. La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.

Actualmente se reportan ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.

La población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales y mantienen secuestrado al pueblo y a ellos nos les dicen nada. Por qué violentan a las comunidades en resistencia. Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con cassetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos.

SOCIEDAD CIVIL DEL PUEBLO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.

Ocosingo Chiapas a 16 de enero de 2024

COMUNICADO URGENTE
Justicia y Seguridad para Chicomuselo

Con una enorme indignación, como coordinación del MODEVITE queremos manifestarnos ante el comunicado urgente de Chicomuselo enviado el día de hoy en el que se narra el ataque de las fuerzas armadas, quienes violentaron a la población en el ejido Nueva América, con gases lacrimógenos y amenazas, lo cual ha ocasionado miedo, desconfianza y la huida de familias enteras.

Es inconcebible que los elementos de seguridad del 101 batallón de infantería actúe violentamente contra la población que meses atrás ha denunciado abiertamente la presencia de células delictivas y que hasta el momento no se ha resuelto el problema de raíz.

Basta de criminalizar a la sociedad civil organizada

Basta de la omisión al grito de dolor del pueblo de Chicomuselo

Basta de la ineptitud e ineficacia de las autoridades correspondientes para
resolver esta situación que es ya más que urgente

Exigimos solución inmediata a esta violencia suscitada por parte de las fuerzas
armadas.

Exigimos seguridad y diálogo con las comunidades organizadas.

Por un Chicomuselo en paz y libre de violencia

Coordinación General
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

En el ejido Tila, este viernes, 12 de enero, a las 7:15 pm, miembros de un grupo narcoparamilitar conocido como Autodefensas KARMA asesinaron a Carmen López Lugo, ex presidente del consejo de vigilancia (2018-2021) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Este asesinato es una violencia más en una larga lista de agravios cometidos por este grupo delincuencial, que según los ejidatarios tiene vínculos con el ayuntamiento, con el grupo paramilitar Paz y Justicia y con otros grupos del crimen organizado.

Dicho grupo es liderado por la regidora plurinaminal del ayuntamiento municipal, Adelaida Martínez Parcero, y su hermano José Rodrigo Martínez Parcero, en coordinación con el supuesto comisariado Eduardo Gutiérrez Martínez, impuesto ilegalmente con falsificación de firmas, incluyendo las de ejidatarios ya fallecidos, como han denunciado los ejdiatarios repetidas veces.

El ejido Tila tiene una larga historia de lucha por la tierra, en particular para recuperar 130 hectáreas, ilegalmente despojadas en la década de 1980, donde se encuentra el poblado de Tila y donde de manera inconstitucional se asentó el ayuntamiento municipal. Fue desde ese ayuntamiento que, en la década de 1990, se coordinaron las actividades paramilitares del violentísimo grupo Paz y Justicia, como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado ante el levantamiento zapatista. Es esa una de las razones por las que los ejidatarios han luchado tanto por recuperar esas 130 hectáreas y expulsar al Ayuntamiento. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado recurrió a todo tipo de argucias para incumplir con la determinación.

Así, en diciembre de 2015, cansados de los atropellos a la justicia, los ejidatarios decidieron expulsar al ayuntamiento de sus tierras por su propia cuenta, iniciando así un proceso de autonomía en la práctica. Se estableció el autogobierno según los usos y costumbres, se adquirieron vehículos para la recolección de basura, se puso en práctica la justicia autónoma y demás áreas de la autonomía. Ese mismo mes, los ejdiatarios denunciaron la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia por parte del presidente municipal Édgar Leopóldo Gómez Gutiérrez.

A pesar de que en septiembre de 2018 la Suprema Corte dictaminó la restitución de las tierras, el gobierno de Chiapas se ha rehusado a ejecutar la sentencia, recurriendo a una estrategia que combina imposición de autoridades ejidales espurias mediante falsificación de firmas, violencia directa por parte de grupos narcoparamilitares y una campaña de desinformación, de la mano del Comité Digna Ochoa, que culpa a las autoridades autónomas de la propia violencia cometida por dichos grupos, incluso acusándolos de pertenecer al EZLN. Es importante resaltar que dicho Comité Digna Ochoa ha sido vinculado tanto al grupo paramilitar Paz y Justicia como a los paramilitares de Santa Marta en Chenalhó, que durante años aterrorizaron a las comunidades de Aldama.

Desde hace ya varios años, el grupo delincuencial vinculado a los Martínez Parcero y al supuesto comisariado ejidal Eduardo Gutierrez Martínez ha realizado innumerbles agresiones, asesinatos, secuestros y destrucción de propiedad, como denunciado en un comunicado del pasado 23 de octubre de 2023, entre otros. En noviembre de ese año, el grupo Autodefensas KARMA atacó con armas de grueso calibre las casas del presidente del consejo de vigilancia y del ex comisariado ejidal, incendiando esta última, y posteriormente atacaron la casa ejidal. En el centro del poblado, muy al estilo del crimen organizado, colocaron una manta advirtiendo a los ejidatarios a abandonar el pueblo en un plazo de 12 horas.

Todas esas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de gobierno, sin ningún resultado.

La violencia continúa. El día de ayer, mientras se realizaba la misa por el fallecimiento de Carmen López Lugo, tres personas fueron atacadas a tiros en una carnicería, falleciendo por lo menos una de ellas. Como siempre, en las redes sociales, se culpó a los ejidatarios autónomos, en consonancia con la campaña de desinformación.

La situación de violencia en el ejido Tila llega a niveles alarmantes en este inicio de año electoral, en el que los diferentes grupos del crimen organizado luchan por posicionarse en las diversas estructuras de gobierno. Mientras eso, los ejidatarios resisten con todo en contra. Cabe a la sociedad civil no caer en los juegos de desinformación y defender un proyecto de autonomía que ha sido ejemplo para toda la zona norte del estado de Chiapas, tan golpeada desde hace 30 años por la violencia paramilitar y, ahora, narcoparamilitar.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó en favor del activista. Dijo que debía ser liberado porque los cargos en su contra fueron fabricados en represalia por su activismo.

El juez Julio César Victoria Gómez condenó a 58 años y 4 meses de cárcel al indígena Versaín Velasco García, habitante de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Él y su familia fueron expulsados de la comunidad y luego acusados de diversos delitos, por personas vinculadas con el tráfico de personas y droga, que operan en la región.

15 de diciembre de 2021, Versaín fue víctima de un intento de linchamiento por parte de un grupo armado, junto con policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Su yerno Fredy Gómez Sántiz fue desaparecido durante la agresión; una de las mujeres de su familia sufrió abuso sexual.

Un día después, él y su familia, unas 34 personas, tuvieron que abandonar la comunidad para evitar ser asesinados. En la cabecera municipal de Ocosingo denunció ante la Fiscalía de Chiapas la agresión y desaparición de su yerno; en represalia, lo acusaron del homicidio de un policía.

A su hija Isaura Velasco, y a su esposa Antonia Aguilar Solorzano, las acusaron de robo con violencia agravado; ellas estuvieron encarceladas un año hasta que, por falta de pruebas, lograron su libertad.

Versaín se consideraba defensor de derechos humanos; la población acudía a él en busca de ayuda y asesoría cuando sufría un abuso de autoridad. Meses antes de su detención denunció la colusión que había entre autoridades locales y grupos dedicados al tráfico de personas y droga en la zona selva, donde se encuentra Nueva Palestina, la comunidad más grande de Ocosingo.

“Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tuvieron encerrados 12 días -en una cárcel que hay en Nueva Palestina-, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, su hijo.

A dos años de su detención, el juez Julio César Victoria Gómez sostuvo una audiencia durante tres días, para dictar sentencia. Este viernes, Moctezuma Velasco explicó que en la misma se omitió considerar las pruebas de la agresión que sufrió Versaín y su familia, también se desestimó los testimonios a personas de la comunidad, y las irregularidades que hubo en la detención.

Este viernes por la tarde, el juez dijo que la sentencia contra Versaín Velasco era de 58 años y 4 meses de prisión. “No es justo todo esto, ¿para qué sirve entonces toda la supuesta justicia en la tierra. No es justo, no es justo que el estado esté a favor de estos asesinos y paramilitares”, dijo su hijo al saber la sentencia.

La familia Velasco actualmente se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, ha denunciado formalmente las agresiones que ha sufrido. Hasta el momento han interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.

También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz. Tampoco ha habido una respuesta favorable.

El pasado lunes, dos días antes de la audiencia, La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó a favor de Versaín Velasco. En sus redes sociales publicó una imagen de él con el siguiente mensaje: “Seguiré de cerca el juicio del defensor Versain Velasco García en Chiapas, México este lunes. Los cargos en su contra parecen falsos, fabricados en represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos. Debe ser liberado”.

A continuación, el comunicado de prensa firmado por: Las cinco familias de Nueva Palestina Ocosingo, familiares de Versain Velasco García, Comité Chalchihuitle, de Desplazados Forzados de Chalchihuitán Chiapas, Comité de Solidaridad por la libertad y justicia para Versain Velasco y su Familia.
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Ante la impunidad que impera en nuestro país para muchísimas familias, padres y madres buscadoras, hermanas y hermanos, esposas y esposos, hijos y amigos, que con el dolor esperan tener información del paradero de sus familiares, en medio del desierto de falta de verdad y justicia.

Convocan a la semana de acción global por Ricardo y Antonio.
Del domingo 14 al 21 de enero del 2024.

El 15 de enero del año pasado, el Compañero Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario de su pueblo de Aquila, municipio Nahua de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada en los límites entre Colima y Michoacán, en Cerro de Ortega, por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero. A un año de este lamentable hecho, las familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos continuamos esperando una respuesta por parte del Estado mexicano.

En estos tiempos, bajo la amenaza de las fuerzas de la codicia y las ganancias, las cuales nivelan las montañas, desarraigan las selvas y los bosques, apresan los ríos y envenenan las aguas, creando desiertos de desesperación frente a las familias buscadoras de la verdad y justicia.

Súmanse para exigir

¡Medidas de emergencia para encontrarlos! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No más impunidad!

A todos aquell@s que se esfuerzan por construir otro mundo mejor, uno de libertad, justicia, democracia y dignidad, les hacemos un llamado para que junt@s unamos nuestras fuerzas organizando acciones desde su localidad y con sus diferentes formas de lucha (como manifestaciones, marchas, repartición de volantes, foros públicos, teatro, concentraciones informativas, cartas y cualquier otra actividad).

Convocatoria accion mundial por Ricardo y Antonio-un año de desaparicion forzada