A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

Con indignación denunciamos que este 21 de diciembre de 2025, comuneras y comuneros de la Comunidad Nahua de Milpa Alta fueron brutalmente agredidos por un grupo de choque que opera al interior de la comunidad y que es encabezado por LUIS LINARES CASTRO, corrupto pseudodirigente agrario en dicha comunidad que se ha enriquecido administrando para su beneficio los recursos y brigadas forestales del programa altepetl bienestar para el bosque manejado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior ocurrió cuando un numeroso grupo de comuneros y comuneras de los nueve pueblos que integran la Comunidad Nahua de Milpa Alta se manifestaron para tratar de frenar una consulta simulada que este siniestro sujeto y el Gobierno de la Ciudad de México, organizaron en el pueblo de San Francisco Tecoxpa (uno de los nueve pueblos que integran la Comunidad) para intentar imponer un proyecto del transporte colectivo cablebús en las tierras de Milpa Alta. En estos acontecimientos fueron brutalmente golpeadas cinco comuneras por un violento grupo de hombres que pertenecen a las brigadas forestales de JOSÉ LUIS LINARES; del mismo modo, cinco comuneros resultaron también lesionados, algunos incluso con fracturas.

Ante estos hechos indignantes que están generando confrontación y violencia al interior de la Comunidad de Milpa Alta y que se originan en el intento del Gobierno de la Ciudad de México por tratar de imponer un proyecto de infraestructura en el territorio de la Comunidad para forzar el despojo de sus tierras comunales y su integración forzada a la mancha urbana; ante las consultas simuladas orquestadas desde los gobiernos en complicidad con caciques y grupos de choque serviles a sus intereses, EXIGIMOS EL CASTIGO INMEDIATO DE JOSÉ LUIS LINARES CASTRO Y SU GRUPO DE CHOQUE, Y DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS VIOLENTOS ANTES DENUNCIADOS, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPORTE COLECTIVO CABLEBÚS EN LAS TIERRAS Y TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD DE MILPA ALTA.

Llamamos a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente, a levantar la voz exigiendo justicia para la Comunidad Indígena Nahua de Milpa Alta porque su lucha en defensa de la Madre Tierra es la lucha por a vida.

ATENTAMENTE

DICIEMBRE DE 2025.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A los pueblos de Milpa Alta.

A los pueblos originarios.

A quienes todavía escuchan.

Al medio día del 21 de diciembre del presente año, se intentó imponer una asamblea  extraordinaria en el poblado de San Francisco Tecoxpa. No fue una asamblea de la comunidad, sino una simulación: convocada sin legalidad, sin representación legítima y en abierta violación al artículo 27 constitucional, a la Ley Agraria y la Comunidad Agraria de Hecho Milpa Alta.

Se pretendía aprobar, por la fuerza y el engaño, el proyecto de la Línea 6 del Cablebús dentro de las tierras comunales del núcleo agrario de la Comunidad Agraria de Hecho Milpa Alta. Hoy no existe representación legal que pueda convocar a una Asamblea de Comuneros y Comuneras. Por lo tanto, lo ocurrido no fue asamblea, fue imposición.

Ante este intento, comuneros, comuneras, originarios y originarias de los distintos pueblos que conforman Milpa Alta acudieron a manifestar su inconformidad.

Fue entonces cuando la violencia apareció, dos compañeras fueron agredidas brutalmente  por solicitar salir del recinto tras comenzar a documentar con fotografías lo que ahí ocurría.

Ese acto detonó una serie de agresiones físicas perpetradas por hombres identificados como brigadistas de conservación ambiental, beneficiarios del programa Altépetl de la CORENADR, taxistas informales, y gente que ha participado o participa en funciones publicas y como beneficiarios de programas, quienes se acreditaban como comuneros de San Francisco Tecoxpa.

A golpes, empujones y amenazas, mujeres y hombres fueron atacados al exterior de la supuesta asamblea.

Mientras esto ocurría, representantes de la Casa de Gobierno, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de Concertación Política y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecieron presentes y permitieron, por acción u omisión, que la violencia se consumara. Su silencio fue complicidad.

Señalamos directamente a quienes se ostentan como “representación auxiliar” de bienes comunales de San Francisco Tecoxpa, Juan Morales Nava y José Luis Linares Castro, quienes en contubernio con instancias del gobierno de la ciudad han violentado los derechos agrarios del conjunto de la Comunidad de Milpa Alta, ejerciendo una agresión física, política y sistémica contra nuestros pueblos.

Decimos con claridad:

Lo ocurrido no fue una consulta culturalmente adecuada.

Las fechas, los tiempos y las formas de nuestros pueblos no permiten consultas cerradas,

aceleradas y manchadas de violencia.

No puede existir Asamblea de Comuneros hasta que se elija, conforme a derecho, una

representación legal del núcleo agrario de Milpa Alta.

También lo decimos fuerte y claro: no existe el núcleo agrario de San Francisco Tecoxpa.

Existe una comunidad comunal conformada por nueve pueblos, no por uno solo.

Fragmentar para imponer es una vieja estrategia del poder.

No permitiremos la normalización de la violencia, y menos cuando esta se ejerce contra las

compañeras, quienes fueron atacadas con dolo y brutalidad. Lo que hoy pretende el gobierno es imponer procesos que generan violencia en múltiples niveles y luego llamarlos “autodeterminación”. Pero la autodeterminación, para ellos, solo vale cuando los pueblos obedecen.

Un proyecto que se dice de movilidad no puede construirse sobre cuerpos golpeados, sobre mujeres agredidas, sobre comunidades fracturadas. Ningún proyecto puede llamarse progreso si deja sangre en el camino.

Exigimos justicia.

Exigimos atención integral para las compañeras y para el compañero que hoy se encuentra hospitalizado con fracturas derivadas de estas agresiones.

Exigimos el cese inmediato de la imposición.

Para que exista una verdadera asamblea deliberativa sobre el proyecto del Cablebús en Milpa Alta, esta debe ser legalmente convocada, y eso solo será posible cuando exista una representación agraria legítima, elegida por y para la comunidad.

Aquí seguimos.

No desde la violencia, sino desde la dignidad.

No desde el miedo, sino desde la memoria y la palabra colectiva.

Porque nuestros territorios no se consultan a golpes.

Porque la comunidad no se divide sin consecuencias.

Porque Milpa Alta no se vende, no se fragmenta y no se somete.

Nunca más una decisión sin los pueblos.

Nunca más una asamblea sin legalidad.

Nunca más violencia contra nuestras compañeras.

Atentamente,

Comuneros, comuneras, originarios y originarias

del núcleo agrario de la Comunidad Agraria de Hecho e Indígena de Milpa Alta

A las organizaciones de derechos humanos

A los colectivos solidarios con la lucha de Azqueltán

A los medios de comunicación

La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán hace un llamado urgente a mantenerse atentos, ya que el día de hoy, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, luego de que Manuel de Jesús Aguilar Herrera, autor material del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, solicitara la duplicidad del término constitucional.

Este proceso judicial se da en un contexto de hostigamiento e intimidación, pues en días recientes hasta 14 elementos policiacos acudieron a la comunidad con el objetivo de sembrar miedo y presionar a testigos y al pueblo de Azqueltán en general. Todo ello ocurre mientras los otros cuatro responsables del crimen continúan en libertad, gozando de un alarmante estado de impunidad.

Ante esta situación, reafirmamos categóricamente que no existe justificación legal alguna para la liberación de la persona detenida. Por ello, llamamos a romper el cerco de impunidad y exigimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como al Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Decimo Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, autoridad que resolverá la situación jurídica del asesino, que actúen conforme a derecho y garanticen los principios de verdad, justicia y no repetición.

Así mismo exigimos la inmediata detención de los autores materiales aun libres, así como una investigación que lleve a los autores intelectuales del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, para que se deje de proteger los verdaderos intereses que le arrebataron la vida, es decir, la ambición sobre nuestro territorio ancestral.

Atentamente

Diciembre de 2025

Comunidad indígena Autónoma Tepehuana y Wixárika, de San Lorenzo de Azqueltán,

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

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Ocosingo, Chiapas a 15 de diciembre  de 2025

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)
(EZLN)
A las Redes de Apoyo del CIG, Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de
Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía.
A Los Medios De Comunicación independientes y alternativos.
Al pueblo de México.

Hermanas y Hermanos reciban nuestros saludos desde estas tierras del sur de México, Nosotras y nosotros estamos luchando día con día para trabajar y no depender de los programas sociales del mal gobierno, pero en este momento estamos sufriendo el despojo de nuestros lugares de trabajo y de sostenimiento económico para nuestras familias.

Nosotros somos 35 personas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y algunos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), quiénes trabajamos y tenemos locales en un mercado, llamado Dr.Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria de la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.

En el año 2008 se conformo una coalición de locatarios y locatarias llamada, COALICION DE LOCATARIOS DEL MERCADO TRADICIONAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE OCOSINGO, CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, con la finalidad de tramitar un Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, en donde logramos que se dictará la sentencia a nuestro favor como locatarios y locatarias. Con esta sentencia realizamos nuestra escritura general en septiembre del 2008, fue así como nos convertirnos en copropietarios de nuestros locales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a sufrir despojos de nuestros locales, amenazas por parte de la mesa directiva de la coalición ya que hicieron y hacen uso de la corrupción, haciendo negocio con nuestros locales que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas.

Por esto queremos DENUNCIAR los siguientes hechos:
El 14 de septiembre del 2025- Nuestra compañera SARA TOLEDO SÁNCHEZ, maya tseltal, mujer viuda, quién cuenta con 6 hijos, una enferma de cáncer, fue despojada de su local, que es su lugar de trabajo, de sustento económico y para la atención de su hija enferma. Ese día le sacaron sus productos que vende, echando todo en los pasillos y posteriormente soldaron, cerraron los pasadores de sus cortinas para que ya no pueda abrir sus locales, lleva más de 82 días sin trabajar y hasta ahora las autoridades del estado no han resuelto nada.

El 13 de Noviembre de 2025.- los CC. Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad fuimos secuestrados al interior de nuestros locales por la coalición cerrando las puertas del mercado y dejándonos encerrados por varias horas. De este hecho tienen conocimiento la fiscalía y la delegación de gobierno.

El 23 de noviembre del 2025.- construyeron 2 bardas perimetrales de 2m de altura por 6m de largo, bloqueando los acceso de las cortinas de 4 locales que corresponden a MACARIA ENTZIN GÓMEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIZ, TOMAS LÓPEZ ENTZIN, quiénes son compañeros nuestros. Llevan 20 días sin poder laborar ya que no pueden abrir sus cortinas, teniendo pérdidas económicas.

El 24 de noviembre del 2025.- SILVIA REYES SÁNCHEZ con un grupo de pandilleros llegaron al local del compañero Enrique López Santiz para hacer destrozos, rompiendo 3 cámaras de seguridad de su local el primero fue a las 8:57 pm, el segundo y tercero a las 10:04pm esto fue con la finalidad de eliminar evidencias donde se que ella es la responsable de los delitos y de los daños.

Otros antecedentes de hechos realizados por la coalición es que desde el 10 de abril del 2012, de manera violenta despojaron de sus locales a nuestros compañeros Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, esto sucedió por que ellos no estaban de acuerdo con los actos de corrupción de la mesa directiva, se negaban a dar cuentas claras de los recursos económicos que administra el consejo de administración de la Coalición, así como de las escrituras que se le debe entregar a cada copropietario.

El día 14 de junio de 2013.- inician de nueva cuenta las por el consejo de administración en contra de nuestros compañeros QUIRINO GORDILLO HERNÁNDEZ, JUAN MENDOZA HERNÁNDEZ, VICENTE TOLEDO ALBORES, despojándolos de su locales. La razón de esto fue por estar pidiendo información de los gastos que se realizan en el mercado así como la entrega de sus escrituras de sus locales. La coalición les pidió la cantidad de $150,000.00 ( ciento cincuenta mil pesos 00.100 M/N) haciendo un total de un monto de $10,950,000.00 (diez millones, novecientos cincuenta mil pesos 00.100 M/N) por 73 locales que lo componen entre miembros del CNI y BAEZ, dinero que en su momento no sería comprobado ante el SAT.

En una protocolización de un acta de asamblea del 2013, en uno de sus incisos menciona que los gastos de juicios iban a ser costeados por los ingresos de los baños y que los directivos actuales y los que vinieran se comprometían a realizar todo tipo de tramites de legalización de documentación en proceso de estructuración y sin costo alguno para la firma, este punto fue desahogado por los directivo en la reunión del 18 de septiembre del 2023, aclarando QUE NINGÚN DIRECTIVO COBRA POR FIRMAR. También mencionaron que NO MAS Intimidaciones NI AMENAZAS A LOS COMPAÑEROS QUE RECLAMAN SUS DERECHOS LEGALES COMO LOCATARIOS DEL MERCADO EN LAS ASAMBLEAS. .

Aclarando que un grupo de personas de la coalición y que tenemos identificado con nombres y apellidos – NO RESPETAN LOS ACUERDOS que ellos mismo realizan y han protocolizado, el motivo de su actuar es por que han tenido jugosas ganancias económicas a través de las extorsiones que realizan con el despojo de locales, esto lo hacen en contubernio con funcionarios públicos. Durante mucho tiempo hemos sido víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, despojo de locales, nos han prefabricado delitos con tal de deshacerse de nosotros y puedan seguir con fechorias.

También hay amenas que ahora en diciembre a partir del 19 nos despojaran a todos de nuestros locales, que con mucho trabajo hemos podido tener para poder llevar el sustento a nuestras familias, con trabajo digno. Todo esto están haciendo porque jamás quisimos entrar a sus juegos corruptos.

Por esto queremos denunciar públicamente a Silvia Reyes Sánchez, Artemio Cruz Pérez, Lindoro Sánchez Culebro, Carlos Alberto Trujillo Kanter, Pedro Santiz Mena, Marcelo Santiz López, Miguel Angel Cuello Guillen y otros, por los daños y despojo de nuestros locales. Todo esto se generó por solicitar la firma de la mesa directiva para escriturar los locales, sin embargo ellos exigen por firma de cada local la cantidad de 300 mil pesos, siendo esto un robo.

Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades del gobierno del Estado de Chiapas para que se nos respete nuestro derecho al trabajo digno, a nuestros locales como fuente de sustento económico para nuestras familias y se de un alto a los despojos y daños de nuestros locales.

EXIGIMOS: La atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, RESPONSABILIZAMOS al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.

Hermanos y Hermanas de las diferentes geografías, les pedimos su solidaridad y que puedan estar atentos de lo que nos pueda pasar.

Nuestra Rabia No será Silencio. Nuestra Resistencia No será Apagada.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Por la Memoria, Por la Vida, Por EL COMÚN.

¡NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

Atentamente

LOCATARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y BASES DE APOYO ZAPATISTA EZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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Se cumplieron 12 horas del encapsulamiento ( 11 de la mañana) por parte de los granaderos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que impidieron la llegada de la “Faena internacionalista por el FIN a la criminalización” convocada por las Mujeres mazatecas por la Libertad. Está jornada de protesta y difusión fue convocada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Siendo esta la primera Faena Internacionalista realizada en la Ciudad de México con el fin de demandar justicia frente a las 200 ordenes de aprehensión fabricadas en contra de mas de 56 integrantes de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca, anunciadas a principios de año. No fue hasta las 9 de la mañana que el paso de la calle Pino Suárez fue liberado por los granaderos gracias a la presión realizada por los pueblos organizados de la Ciudad de México, activistas y medios libres que se hicieron presentes en respuesta a la represión.

Los cuerpos de granaderos ahora llamados Agrupamientos de Tareas Especiales que participaron en esta jornada represiva son: Centauros, Marcopolos, Faunos y Ateneas, los cuales se mantuvieron realizando amenazas y hostigamiento en contra de activistas y periodistas durante el encapsulamiento a la vez de que ocultaron los nombres que deben portar en el chaleco para evitar ser denunciados por las recurrentes faltas al protocolo de actuación.

El programa de la Faena Internacionalista continúa frente a la puerta de la SCJN, se les invita a asistir a las actividades de hoy a partir de las 16:00 hrs y a las de mañana 4 de diciembre a partir de las 12:00 hrs; se llevarán a cabo foros, presentaciones gráficas, proyección de documentales, presentaciones musicales, entre otras. El programa completo se encuentra en las redes de las Mujeres Mazatecas por la Libertad y de Presos políticos Eloxochitlan de Flores Magón.

A los pueblos indígenas de México y del mundo
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los colectivos, organizaciones y redes de resistencia de todos los continentes
A la sociedad civil solidaria con la vida de nuestro pueblo

Desde la Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, hacemos un llamado urgente, nacido del dolor, de la rabia y de la memoria viva de nuestro hermano y autoridad agraria Marcos Aguilar Rojas, asesinado el 26 de noviembre de 2025, y de nuestro compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravemente herido en la misma agresión.

Considerando:

Que nuestra palabra nace en un tiempo oscuro. El ataque que arrebató la vida de Marcos no fue un hecho aislado: es la consecuencia directa de décadas de agresiones armadas, invasiones de nuestras tierras comunales, ataques paramilitares, amenazas y una estructura completa de complicidad e impunidad, tal como lo demuestra el documento que hemos hecho público.

 Que la comunidad enfrenta hoy un peligro extremo. Los caciques y sus grupos de agresores —los pistoleros de antes y los pistoleros de ahora— se siguen reuniendo, patrullan nuestros caminos con total impunidad, protegidos por operadores judiciales, policías y funcionarios que bloquean investigaciones, encubren crímenes y garantizan la continuidad de las agresiones.

Que la violencia no es nueva ni aislada: es una estrategia de despojo territorial, que busca exterminar a la comunidad para apropiarse de miles de hectáreas comunales que, desde tiempos inmemoriales, pertenecen a nuestro pueblo.

CONVOCAMOS
a las
JORNADAS POR LA VIDA EN AZQUELTÁN
a realizarse del 6 al 10 de diciembre, con actividades en distintos territorios y geografías:

6 de diciembre

Rueda de prensa
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 12:00 horas

7 de diciembre

Velada por Azqueltán
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 18:00 horas, llevar veladoras

10 de diciembre

Movilización en la Ciudad de México
Movilización para acompañar a la comunidad de Azqueltán
Concentración: Torre del caballito, 11:00 horas

10 de diciembre

Movilización en la ciudad de Guadalajara
Concentración: El Santuario, 11:00 horas.

Convocatoria a la Acción Global

Llamamos a los pueblos originarios conscientes, a los colectivos y organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil nacional e internacional, a realizar acciones dislocadas en sus territorios, plazas, centros comunitarios, universidades, embajadas o consulados, del 6 al 10 de diciembre, para hacer resonar nuestras exigencias fundamentales y registrando las acciones que se vayan a realizar, a través del correo electrónico cnicomunicacion@gmail.com

Justicia para Marcos y Gabriel.

Castigo a los responsables materiales e intelectuales, y garantías de no repetición.

Seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, mediante la presencia permanente de cuerpos de seguridad federales que eviten nuevos ataques armados.

Urgente titulación de los Bienes Comunales, que el gobierno federal de México asuma su responsabilidad histórica y titule de forma definitiva los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán.

Desmantelamiento de la red de impunidad que protege a asesinos, invasores y caciques responsables del despojo, la violencia y la muerte.

Atentamente
Diciembre de 2025
Porque nuestra lucha es por la vida,
Por la memoria y por la tierra comunal.
Porque Marcos vive en cada paso que damos.
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán
Congreso Nacional Indígena

Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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