tierra y territorio
La niñez indígena: entre la pobreza, la exclusión y la discriminación, oficialmente nada que celebrar #CSIM
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y DE MICHOACÁN
A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 30 de abril de 2026.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos e instituciones religiosas, constituido por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Mazahuas, Nahuas y Afromexicanos, manifestamos colectivamente lo siguiente:
Contrario al discurso oficial, pese a los múltiples actos y celebraciones que realizan el día de hoy todos los niveles de gobierno y con independencia del partido político que ocupa la administración pública, la niñez indígena continúa viviendo entre la pobreza, la exclusión y la discriminación, no tenemos nada que celebrar, ni mucho menos nada que aplaudir.
En México, de acuerdo con su cultura, se autoidentifican 3.8 millones de personas de 3 a 11 años, como indígenas (Fuente: Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 / INEGI), de las cuales, 1 millón es hablante de algún idioma indígena y 280 mil no hablan castellano o español.
En nuestro país, el 84.8% de la población indígena de 3 a 17 años, vive en situación de pobreza; el 47.9% de la niñez indígena vive en situación de pobreza extrema; el 36.1% de las niñas y niños indígenas viven en situación de carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; el 21.8% de la población indígena menores de edad, viven en situación de rezago educativo; el 55.5% de la infancia indígena vive en situación de carencia por acceso a servicio de salud y el 40.5% de la población infantil indígena vive en situación de carencia por calidad y espacios de vivienda (Pobreza Multidimensional 2016-2024/ INEGI).
El promedio de la escolaridad para hablantes de una lengua indígena es de 6.3 años; el 46,4 % de la niñez indígena no concluye la educación básica, y apenas el 9,4% de los jóvenes indígenas pueden iniciar el nivel medio superior y superior (Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 / CONEVAL); por otro lado, el 60,5 % de la población indígena comienza su vida laboral a partir de los 12 años (El Mundo Indígena 2025 / IWGIA).
En este contexto, el presupuesto para fortalecer las políticas públicas dirigidas a la niñez indígena, en lugar de incrementar, decrecen, como lo ejemplifica la reducción del monto asignado al “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” del ramo Entidades no sectorizadas, que sufrió un recorte de 22% en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Presupuesto de Egresos de la Federación entre 2025 y 2026 (Situación de los derechos de la infancia y adolescencia indígena en México /REDIM).
Los pueblos y comunidades originarias tenemos la responsabilidad de luchar por nuestra niñez, misma que representa nuestra raíz ancestral, la semilla cultural, la esperanza colectiva y el fuego de nuestros pueblos “Sueñen en grande niñas y niños indígenas que nuestro presente es de lucha, para que ustedes levanten las banderas de las futuras victorias»
Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pronunciamiento a 16 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, la impunidad como política de Estado en México
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
A los mecanismos internacionales de derechos humanos
A los pueblos de México y del mundo
A la opinión pública nacional e internacional
Han pasado 16 años desde el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010 en el camino hacia San Juan Copala, Oaxaca.
Dieciséis años no han sido suficientes para alcanzar justicia.
Pero sí han sido suficientes para evidenciar algo más profundo:
el fracaso estructural de las instituciones de justicia en México y la responsabilidad directa del Estado en la reproducción de la impunidad.
El caso de Bety y Jyri no es únicamente un expediente sin resolver.
Es un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado.
A lo largo de estos años, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no solo han fallado, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias.
Hoy, este caso debe ser entendido no como un hecho del pasado, sino como una advertencia vigente.
LA IMPUNIDAD SE REPRODUCE
Los asesinatos y desapariciones de personas defensoras continúan ocurriendo.
El caso de Sergio Rivera Hernández, defensor del río Coyolapa desaparecido en la Sierra Negra de Puebla, es un ejemplo doloroso de cómo la impunidad se mantiene viva. Su desaparición forzada sigue sin resolverse, evidenciando la incapacidad y falta de voluntad del Estado para garantizar verdad y justicia.
En el contexto actual del gobierno de Salomón Jara Cruz, se han registrado nuevos hechos de violencia contra defensores del territorio, que reflejan la continuidad de un patrón:
– Agresiones y asesinatos que permanecen sin esclarecimiento.
– Desapariciones forzadas sin verdad ni justicia.
– Falta de garantías reales de protección para comunidades en resistencia.
– Un entorno donde la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Estos hechos no son aislados.
Son la expresión de un continuo histórico de violencia e impunidad, donde el Estado no solo es incapaz de proteger, sino que termina siendo parte del problema.
EXTRACTIVISMO E IMPUNIDAD
La violencia contra las comunidades y sus defensores está profundamente vinculada a la imposición de proyectos extractivos.
En el territorio mixteco, las concesiones mineras continúan siendo una amenaza directa contra la vida, el agua y la autonomía de los pueblos. Estas concesiones han sido otorgadas sin el consentimiento de las comunidades, generando conflictos, despojo y violencia.
La impunidad en casos como el de Bety Cariño, Jyri Jaakkola y Sergio Rivera Hernández no puede entenderse sin este contexto de intereses económicos y políticos que priorizan el extractivismo sobre la vida.
UN LLAMADO INTERNACIONAL FRENTE A LA IMPUNIDAD
Frente a este escenario, el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola debe ser asumido como un caso paradigmático de impunidad en México.
Por ello, demandamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:
– Que se pronuncie públicamente sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.
– Que visibilice la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetuación de este ciclo de impunidad.
– Que dé seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México.
Asimismo, exigimos la cancelación de las concesiones mineras en territorios de la Mixteca, por representar una amenaza estructural a los derechos de los pueblos indígenas.
MEMORIA QUE DENUNCIA, MEMORIA QUE RESISTE
Nombrar a Bety, Jyri y Sergio no es un acto simbólico.
Es una denuncia viva.
Es recordar que en México se puede asesinar o desaparecer a quienes luchan por la vida y que, después, no pasa nada.
Pero también es afirmar que los pueblos no olvidan.
Que la memoria es una forma de resistencia.
Y que frente a la impunidad, la dignidad sigue organizándose.
¡BETY, JYRI Y SERGIO VIVEN EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!
¡ALTO A LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL!
¡CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS!
¡EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE!
