Mujeres y hombres campesinas y campesinos de San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México 13 de noviembre del 2025.
A las y los Defensores de Derechos Humanos.
A los Medios de Comunicación Alternativos.
A la Sexta Nacional e Internacional.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI).
A las Organizaciones que buscan la paz con Justicia y Dignidad.
Hoy celebramos 20 años de lucha y resistencia por nuestra identidad, nuestra tierra y territorio conformado por hombres, mujeres, niñas y niños. En esta celebración traemos también a la memoria y lucha de nuestros ancestros y ancestras que desde 1850 resistieron a tratos discriminatorios e inhumanos. Ante esas injusticias, en el año 1995 fortalecidos de la fuerza de los que nos antecedieron decidimos recuperar nuestras tierras que por derecho nos corresponde y este logro se formalizó el año 2005. En este caminar de lucha y resistencia en el año 2009 nos adherimos a la otra campaña y actualmente somos miembros del Congreso Nacional Indígena CNI.
Firmes en nuestro compromiso de lucha por construir nuestra autonomía y libre determinación reconocida en los tratados internacionales y en nuestra constitución Política de México, hoy estamos aquí de nueva cuenta para pronunciarnos y darles a conocer lo siguiente:
Queremos decirle a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que seguiremos en pie de lucha para defender nuestras tierras y nuestro territorio en contra del capitalismo, la explotación y la invasión.
Exigimos a los tres niveles de gobierno respeto a nuestra lucha y autonomía
¡Alto a la violencia generalizada que causan desplazamiento, desaparición y asesinato de inocentes!
¡Alto a la criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de quienes defendemos el territorio y la madre tierra!
¡Alto a la guerra contra pueblos Zapatistas!
¡Alto al crimen organizado y justicia para nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez!
¡Paz a nuestro Estado de Chiapas, México y al mundo entero!
Seguiremos luchando para fortalecer nuestra autonomía por la unidad y exigir paz y justicia.
“Si a la vida no a la muerte”
¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!
Atentamente
Campesinas y campesinos organizados de San Francisco municipio de Teopisca, Chiapas-México
A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo, A la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo, Al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro, Al Fiscal del Estado de Jalisco Salvador González de los Santos, A la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, A los medios de comunicación
Desde la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal.
Hace unos días, denunciamos la incursión ilegal de grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto “dueño” les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban.
Días después, el 11 de noviembre, el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso al predio denominado El Sabino Quemando, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal, sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar.
Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado, han sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos.
Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo.
Para nosotros, la tierra no es mercancía: es vida, historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo siga existiendo.
La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación.
Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a “lesiones”, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque.
En los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posesión colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblos tepehuano y wixárika.
Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
Nuestro silencio habla en la oscuridad.
Aquí siguen:
Con su palabra que es fuego en el camino.
Alzan la voz coral donde emerge la paz de los cuatro rumbos
Trece cielos que tocan el instante
Diáspora de verdad y justicia
Luz que ilumina los caminos.
Fragmentos de Poesía del Libro: El
Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal
A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.
Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.
Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.
Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.
La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.
Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.
El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.
A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.
Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.
Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos. Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio. Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
Por Rocío Heredia | Avispa Midia Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán
La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.
Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.
Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.
Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.
Ataques pasados
En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.
PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.
Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.
Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?
En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.
El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana.
El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias.
El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.
Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza.
“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.
Proyectos de ley contra educación intercultural
En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe. Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.
“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).
En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.
En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones.
Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense.
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial, opina este antropólogo y comunicador mexicano con amplia experiencia como investigador en varios territorios mexicanos.
Francisco De Parres Gómez es un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana donde, desde hace años, se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas ha publicado publicó el libro Poéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) así como Arte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022).
Coordinó tambiénInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En su investigación actual, De Parres analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.
¿Cuál es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con el Zapatismo y movimientos sociales? Como ha observado Raúl Zibechi en casos afines, el sexenio de AMLO mostró que los llamados gobiernos progresistas suelen golpear con mayor dureza a los movimientos. MORENA no abrió un espacio amplio para la diferencia, sino un multiculturalismo acrítico funcional al sistema, centrado en la categoría de “ciudadanía”. Aunque México reconoce 68 pueblos originarios, no se implementaron políticas diferenciadas para pueblos indígenas y afrodescendientes según sus territorios. Se impuso, además, la espectacularización, el racismo y la exotización de la política hacia los pueblos: una apropiación simbólica de demandas zapatistas y retorno al indigenismo de Estado. Pese al discurso de ser un triunfo “de abajo”, se desdeñó al Zapatismo, al movimiento feminista, a madres y padres buscadores, a periodistas críticos y a migrantes.
En lo estructural, se profundizó el neoliberalismo: corporativización de movimientos, ruptura del tejido comunitario y atomización clientelar de recursos. Los proyectos “Sembrando Vida”, que fue rebautizado en comunidades como “sembrando envidia/latas” por sus efectos divisorios y ambientales, y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no resolvieron de raíz la precariedad. Aunque prometió regresar al ejército a los cuarteles, la institución más favorecida presupuestalmente fue la militar y la presencia armada se normalizó. La gobernabilidad se basó en “mesas” asimétricas, cooptaciones y asistencialismo: la “cuarta transformación” no desmontó las estructuras del neoliberalismo, las reforzó bajo el discurso progresista. El zapatismo, por su insistencia en la autonomía y la crítica frontal al Estado, sigue siendo la voz más incómoda. El saldo no es una ruptura sino la confirmación de que el Estado, incluso en versión progresista, sigue siendo colonial y asfixia a los movimientos que desbordan sus márgenes de control; los cambios duraderos nacen desde los pueblos.
¿Y qué tal la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? A finales del año pasado declaró que con los zapatistas hay respeto, pero que defenderá el proyecto de MORENA. El sistema luce el rostro de una mujer científica sin alterar la lógica del poder. Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal: no planea desmontar la acumulación ni el “progreso” capitalista. Mantiene la narrativa de inclusión mientras se profundiza la militarización y la colusión Estado–crimen. Recurre a frases zapatistas y puede parecer que los movimientos llegaron al gobierno, pero lo que avanza es el extractivismo, el control poblacional y la subordinación comunitaria. En vez de priorizar salud y educación, se robustecen dispositivos de control como la CURP con biométricos como mecanismos de vigilancia.
Como con AMLO, hay que situarla en la reconfiguración global: policrisis (clima, economía, guerra) a las que el imperio responde extendiendo la muerte para sostener la acumulación. El Subcomandante Galeano advirtió que los misiles que hoy caen en Gaza podrían caer mañana en nuestras ciudades si no se cambia de rumbo. El Zapatismo propone otro horizonte: un internacionalismo de los pueblos y las diferencias. En 2021, la “Travesía por la Vida” recorrió 19 países europeos y enlazó luchas del pueblo Sami, okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y migrantes. La trampa actual es creer que la transformación vendrá desde arriba: continúan megaproyectos, deuda ecológica y militarización con retórica de derechos; las alternativas reales nacen desde abajo. Mientras el Estado se militariza y vigila, los pueblos siguen construyendo caminos de autonomía y de vida.
¿Podemos centrarnos en la seguridad en Chiapas? ¿Hubo ataques directos del Estado en territorio zapatista con Obrador o Sheinbaum? En meses recientes, el poblado autónomo zapatista Belén, en el Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo), sufrió despojo violento. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció incursiones desde abril de 2025 con participación de grupos civiles acompañados por Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía estatal, presentadas como “conflicto agrario”. Hubo quema de casas, robos y despojo documentado incluso por canales oficiales. Es clave: las tierras habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; cerca se levanta un quirófano autónomo de acceso comunitario. Es otra incursión con presencia militar en gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera, en abril de 2025, terminó con la liberación de dos bases de apoyo por presión social. Todo confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como ‘Frayba‘, reportó al menos 13 bases de apoyo desplazadas y afectaciones a campesinos no zapatistas de la milpa común; el objetivo es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización con cuerpos de élite como las FRIP o “pakales”. A las violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones) se suman prácticas de control: fotogrametría aérea sobre comunidades autónomas; vínculos de grupos de entrenamiento policial con el Mossad revelados por Guacamaya Leaks; y, durante el festival Rebel y Revel (Arte), patrullajes de la Guardia Nacional ante miles de personas.
“El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional“
La guerra también opera con balas ideológicas: campañas que difunden absurdos como el “uranio” en territorio zapatista para estigmatizar e aislar. Los propios zapatistas han descrito Chiapas “al borde de la guerra civil”; el Frayba lo documenta reiteradamente. El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas.
Jalisco ahora controla la frontera y la disputa con Sinaloa arrecia. ¿Cómo afecta a Chiapas y a las comunidades? El asedio del crimen organizado —ya señalado por el Subcomandante Moisés— hoy se entrelaza con operativos estatales y despojos “legales”. La pugna CJNG–Sinaloa convierte la frontera sur en corredor logístico para drogas, armas, trata y extorsión, mientras el Estado vigila, patrulla o irrumpe en zonas autónomas con pretextos agrarios. El resultado es un cerco múltiple: violencia criminal, militarización oficial y destrucción del tejido comunitario. La estética narco (corridos, lujo ostentoso, hipersexualización) penetra simbólicamente la vida cotidiana, intentando sustituir la lógica del común por la del miedo y el consumo. El caso Belén ejemplifica cómo este tablero criminal–estatal presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente.
El panorama se agrava con fenómenos como el primer cártel indígena, el Cártel de Chamula, integrado por pobladores tzotziles y señalado por el “etnoporno” en el que mujeres indígenas son abusadas y videograbadas, extremo de la violencia colonial y patriarcal sobre cuerpos indígenas y femeninos, ahora capitalizada en clave delincuencial. El crimen organizado funciona como corporación del capitalismo: no es desvío del orden, es parte de la acumulación por desposesión militarizada y delincuencial (como plantea Gilberto López y Rivas), inserta en cadenas globales de lavado. La frontera sur opera como corredor migratorio, ruta de drogas, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social. El crimen organizado debe entenderse, como una de las corporaciones más eficaces del capitalismo. En este panorama, la autonomía zapatista es un acto radical de defensa de la vida.
Sobre la “guerra civil” y los grupos armados: ¿hay confrontaciones directas entre zapatistas y estos grupos? No hay reportes de enfrentamientos abiertos entre el EZLN y otros actores, pero sí ataques sistemáticos y operativos de despojo que erosionan la base material de la autonomía (quema de casas, robo de cosechas, destrucción de proyectos colectivos), hoy con participación de fuerzas estatales y paramilitares. Históricamente operaron Máscara Roja, Los Chinchulines y “Paz y Justicia”; en tiempos recientes, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) intensificó agresiones. Se han documentado envenenamientos de estanques comunitarios, muerte de ganado y destrucción de cultivos. No es violencia “espontánea”: es una estrategia de desgaste para forzar dependencia del Estado o sometimiento a poderes locales.
¿Los paramilitares tienen relación con el Estado? Sí, estructuralmente. Desde los noventa, la contrainsurgencia promueve o tolera grupos “civiles” y ejecuta despojos con cobertura militar–policial–ministerial. Belén lo ilustra: incursiones con Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía; resoluciones exprés; despojos difundidos incluso por vías oficiales. Así se externaliza la violencia y se blinda la impunidad, instalando la idea de que la autonomía es “ilegal” y que el común puede privatizarse. Es necropolítica contemporánea: decidir quién vive y quién es expulsado.
El imperio de la muerte aspira a ser total, pero la lección zapatista —para ciudades y periferias, para Occidente y el Sur global— es clara: incluso en la guerra se construyen Otros mundos. En Chiapas no sólo se disputa el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente una vida más allá del capital.
Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial. Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones. Lo que se presenta como un conflicto local en realidad es una pieza clave de la necropolítica capitalista que busca borrar cualquier alternativa que ponga la vida y la autonomía por encima del lucro.
Jérôme Baschet, en su libro La experiencia zapatista, describe que la reciente transformación de las instituciones autónomas invirtió la pirámide y daba mayor poder a las comunidades locales. ¿Cómo evalúas estos cambios? Estos cambios se anunciaron en el marco del 30 aniversario del levantamiento, en 2024, y representan un ejercicio sumamente interesante dentro de la construcción de la sociedad autónoma zapatista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Antes, varios pueblos formaban una comunidad, varias comunidades un Municipio Autónomo y, a su vez, varios municipios conformaban un Caracol. Sin embargo, después de años de práctica, las propias comunidades reconocieron que esa estructura no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”. Hubo fallas y, en ocasiones, una concentración de poder en las Juntas de Buen Gobierno. Por eso decidieron descentralizar, devolver la toma de decisiones a las bases y fortalecer el nivel comunitario. Así nacieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), donde las resoluciones se toman de manera más directa y cercana a las necesidades del territorio.
Los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas
Yo interpreto esta transformación como una profundización radical de la autonomía. El territorio zapatista nunca fue homogéneo ni compacto: hay pueblos enteramente zapatistas, y otros donde solo una familia mantiene la adhesión al EZLN. Los GAL permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas, pero las particularidades ahora dependen de cada sujeto colectivo. Esto permite que la autonomía se viva de manera más flexible y encarnada en la realidad cotidiana de cada comunidad, sin depender de una estructura centralizada que pueda volverse rígida.
Las coordinaciones ya no estarán en manos de las 12 Juntas de Buen Gobierno, sino que se articularán a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no significa una disolución de la autonomía, sino una redistribución y una expansión de su alcance. En este sentido, la reorganización se puede leer también como una estrategia de defensa territorial, de diversificación de las economías y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser cultivada por cualquier persona o comunidad siempre que no esté ligada al crimen organizado o a los grupos paramilitares. Así, la estructura no solo se abre, sino que extiende la lógica comunitaria de resistencia a otros pueblos, aunque no se reconozcan como zapatistas.
Pienso que los GAL encarnan apertura, no se trata de levantar muros de pertenencia, sino de tejer redes de cuidado y resistencia que protejan el territorio frente a las múltiples amenazas. Después de tres décadas de caminar la autonomía, el EZLN ha demostrado que no tiene miedo de transformar sus propias estructuras, de reconocer errores y de reinventarse a sí mismo. Esa capacidad de autocrítica es, en sí misma, un gesto revolucionario. Mientras los Estados reproducen jerarquías coloniales y se aferran a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar.
A los colectivos solidarios que han acompañado nuestra lucha
A los medios de comunicación
A unos días de que nuestra Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, celebre el 12º aniversario del nombramiento de autoridades autónomas, surgen nuevos ataques por parte de supuestos pequeños propietarios que pretenden arrebatarnos la tierra, por lo que una vez más, y las veces que sean necesarias, decimos que la tierra que hemos defendido desde hace siglos, no se vende: se defiende.
Denunciamos que el día 4 de noviembre, personas armadas a bordo de una camioneta Ram color gris —dos de ellas, portando un gafete que no mostraron, asegurando ser policías investigadores, pero no dijeron su nombre o cargo, ni mostrar documento alguno— intentaron desalojar a compañeros comuneros que trabajaban en distintos puntos de nuestra comunidad. Amenazaron de muerte, robaron bienes y buscaron desalojar a quienes trabajaban la tierra comunal.
Alrededor de la 10:30 horas llegaron al predio comunal conocido como El Sabino Quemado, sin notificar a los comuneros titulares de dicho predio y sustrayendo una motobomba de 5 caballos de fuerza, buscando después a los comuneros en sus casas para advertirles verbalmente que “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños” y que “el juicio agrario les vale madre”, que si los encontraban dentro del predio, los iban a detener. Sin embargo, el paraje Sabino Quemado, y la posesión otorgada mediante acuerdo de la asamblea general hace tres años, es parte de la posesión tradicional legítima de esas tierras, que desde tiempos inmemoriales ha estado bajo el resguardo de la comunidad.
Más tarde, cerca de las 11:30 horas, las mismas personas llegaron a la cabecera comunal, al predio conocido como Cueva del Mosco, donde otros dos comuneros trabajaban escarbando un pozo. “¡Lárguense, hijos de su puta madre!”, les gritó uno de los agresores mientras les apuntaba con su arma. “¡Y no corran porque me los quiebro!”, añadió, picándole con el rifle la espalda a uno de los compañeros.
Los comuneros también fueron víctimas de robo. Bajo amenaza, los obligaron a cargar materiales y herramientas de construcción en la camioneta que traían. Incluso los forzaron a levantar las motocicletas que ellos mismos habían tirado instantes antes, para que condujeran delante del vehículo hasta la cabecera municipal, donde los hicieron descargar los bienes robados en la agencia del Ministerio Público.
Exigimos la inmediata e incondicional devolución de los siguientes bienes sustraídos por los supuestos policías:
14 costales de cal
1 costal de cemento
1 carretilla
4 palas
3 talaches
1 cizalla
2 marros
1 martillo
1 cuchara de albañil
1 niveleta
1 pinza
2 cintas métricas
1 azadón
5 kg de alambre recocido
3 kg de clavos
1 barra
1 motobomba de 5 caballos de fuerza
Hacemos responsable de la integridad de los compañeros agredidos a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco, donde presuntamente se habrían ordenado estas acciones ilegales. Desde ese momento, y hasta la emisión de este comunicado, se nos ha negado información sobre la supuesta carpeta de investigación.
Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de nuestros terrenos comunales, que pertenecen al pueblo tepehuano y wixárika, y que se encuentran en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, pues somos los dueños ancestrales e históricos de nuestro territorio, amparado por el título virreinal del año 1733.
Hacemos un llamado a los pueblos originarios de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos y medios solidarios que han acompañado a Azqueltán, para que nos mantengamos alerta y, en la medida de nuestras capacidades y voluntades, hagamos visible la voz de que nuestra comunidad, San Lorenzo de Azqueltán, NO ESTÁ SOLA.
Atentamente
Desde el fondo del Cañón de Bolaños
¡Nunca más un México sin nosotros!
Noviembre de 2025
Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de
Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores
A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
Comunicado urgente:
Con profundo dolor y rabia, denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.
Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como Los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades.
En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa; y han convertido a las comunidades del CIPOG-EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria.
No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena.
Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.
Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace en la tierra herida.
Desde nuestras geografías, llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.
La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán. Porque nuestra raíz es profunda, y porque nuestros muertos, nuestras compañeras y compañeros caídos, nos enseñaron a no tener miedo.
ATENTAMENTE NOVIEMBRE DE 2025 POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
Este 2 de noviembre, en San Cristóbal de Las Casas, diversas organizaciones e individuos recordaron a los muertos zapatistas que, con sus vidas, dejaron el legado de tierras recuperadas el 1 de enero de 1994, en las que desde entonces se ha estado construyendo la autonomía: salud, educación, justicia y mucho más. Hoy esa construcción pacífica se expande mediante la práctica que los zapatistas llaman “el común”, para incluir a comunidades y personas no zapatistas de cualquier parte que buscan transformar las relaciones sociales y construir juntas un mundo más justo y más digno.
Ante eso, el gobierno de la 4T se empeña en destruir toda alianza que se oponga a la lógica capitalista, extractivista, empresarial del proyecto desarrollista que, desde la visión de los pueblos, sólo beneficia a las grandes empresas, de la mano de los intereses del crimen organizado. Esto, entregando documentos de “propiedad” a individuos y organizaciones ajenas sobre tierras recuperadas por el EZLN desde 1994, provocando conflictos agrarios, despojando tierras y desplazando poblaciones, con la participación activa del ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales y el aparato jurídico del Estado.
En el evento, se leyó el siguiente pronunciamiento, firmado por colectivos, organizaciones e individuos de muchas partes de México y del mundo.
Pronunciamiento por La Vida y El Común
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A 02 de noviembre de 2025.
A los Pueblos Zapatistas A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) Al Congreso Nacional Indígena A la Sexta Nacional e Internacional A las Redes de Resistencia y Rebeldía A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes. A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos. A las personas que luchan y resisten en todo el Mundo.
Este 02 de noviembre, con nuestra dignidad organizada y nuestros corazones unidos, nos manifestamos para recordar a todas las personas del mundo que han caído en las luchas por la libertad de sus pueblos y para exigir que se detenga la Guerra Contrainsurgente contra los Pueblos Zapatistas.
Denunciamos que ha pasado ya más de un mes, desde que la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), nos alertó del proceso de despojo legalizado, que realizan los 3 niveles del mal gobierno, en el poblado Belén, ubicado en el Caracol 08 Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo en Chiapas, sin que hasta el momento se de solución a favor de las Bases de Apoyo del EZLN, a quienes legítimamente pertenecen esas tierras. Por el contrario, se sigue con la narrativa de una dotación/restitución de tierras. Con la maña de entregar a extraños documentos de propiedad sobre tierras recuperadas por el EZLN desde 1994.
La clase política en el poder, cínicamente, dice que su 4T representa un cambio profundo. Pero nosotras y nosotros lo que vemos en este ataque, es la continuidad de viejas tácticas contrainsurgentes que el EZLN ha enfrentado desde su levantamiento armado: 1)la creación de supuestos conflictos agrarios para enfrentar al EZLN con población civil, a la cual se le ofrecen tierras zapatistas como botín, 2)quema de casas, robo de cosechas, desplazamiento forzado, 3)intervención a sus territorios usando al ejército, policiáss estatales y municipales, 4) uso del aparato jurídico para legalizar sus crímenes, 5) uso de las instituciones agrarias para legalizar despojos.
Esta vez, de manera cínica y criminal, se busca detener el avance de la nueva propuesta de lucha por la vida, que el EZLN comparte con el mundo. Propuesta a la que llaman: “EL COMÚN”. Las comunidades zapatistas nos invitan a reconocer que, la tierra no debe tener dueños sino tener cuidadores. Pues nos encontramos frente a efectos dañinos ocasionados a la madre Tierra que aunados al avance de la violencia del crimen organizado y al aumento de las guerras en el mundo dejan un resultado dramático entre pobreza y hambrunas que viven grandes mayorías mientras que muy pocos pueden disfrutar de lo que es portadora la naturaleza. Nos encontramos frente al avance de la destrucción, ese es el modelo de desarrollo capitalista.
Por eso El COMÚN, planteado por los zapatistas, invita a personas no zapatistas que tienen necesidad de trabajar la tierra, a hacerlo junto a ellas, ellos y elloas, cambiando la idea de ‘tu tierra ‘ o ‘mi tierra’.
El COMÚN es una práctica de SIEMBRA.
SIEMBRA MEMORIA al reconocer que hubo un tiempo en que ancestras, ancestros y ancestroas de los Pueblos Originarios, a los que pertenecen las bases de apoyo del EZLN, reconocieron la tierra como un bien compartido. El trabajo era realizado en común y sus frutos repartidos. Se ponían reglas propias para convivir en respeto y vivir de manera digna.
SIEMBRA FORMAS MÁS JUSTAS DE SER Y ESTAR EN EL MUNDO, al volver a una mirada, sentimiento y pensamiento que pone la vida colectiva por encima del enriquecimiento de unos pocos.
SIEMBRA LIBERACIÓN pues su práctica, es la semilla de otra relación entre las personas y con la Madre Tierra. La de cuidar, sembrar, compartir, sin patrón, ni permiso. Con lo que se crece ahí: milpa, café, hortalizas, ganado, educación, salud, derechos de las mujeres, etc., se puede sostener la vida sin depender del gobierno y, cada vez menos, del capitalismo. O sea que, se trata de la construcción de una base material para la libertad verdadera.
Es a eso, a la construcción de formas de vida y de gobiernos autónomos a lo que el mal gobierno y los otros intereses capitalistas le tienen tanto miedo. Porque los Pueblos Zapatistas son ejemplo para la humanidad de que es posible ser libre, autogobernarse, autodefenderse, organizarse, articularse con diferentes, desde formas comunitarias, priorizando la palabra, la construcción de acuerdos y defendiendo sus territorios del saqueo del desarrollismo extractivista y la violencia criminal. La Autonomía Zapatista es ejemplo de que es posible construir otros mundos que resistan al capitalismo y por eso buscan destruirla.
Por todo lo anterior:
Reiteramos que las tierras del poblado Belén le pertenecen a las Bases de Apoyo del EZLN, por derecho ancestral como Pueblos Originarios, por haberlas recuperado desde 1994 y porque son quienes por más de tres décadas las cuidan y respetan.
Exigimos se detenga este despojo legalizado y cualquier otro tipo de acto contrainsurgente contra los Pueblos Zapatistas.
Nos mantenemos en alerta e invitamos a todas las organizaciones, colectivos y personas de buen corazón a seguir protestando ante cualquier ataque al EZLN y sus Bases de Apoyo.
Declaramos que hoy, nuestra memoria viva, camina un corazón, pasos y rumbo que tiene una raíz profunda en lo que representa el alzamiento zapatista. Lo que representan los Pueblos Zapatistas y la generación de compañeras, compañeros y compañeroas que decidieron poner un ¡Ya Basta! a la muerte impuesta y recuperar a la Madre Tierra. Quienes pusieron su vida como hilo para la memoria viva de nuestros pueblos originarios y de las nuevas generaciones.
Les invitamos a que busquemos formas de sembrar la semilla del COMÚN en nuestras vidas, para que florezca nuestro compañerismo. La lucha es nuestra y nuestra la posibilidad de ser libres. Las, los, loas zapatistas no están solos.
Nuestra rabia no será silencio. Nuestra resistencia no será apagada. La vida no se rinde, nuestros corazones y muchos más le abrirán paso. Por la memoria, por la vida, por EL COMÚN.
