Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

AL PUEBLO DE MEXICO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Cantó cuando temblaba el silencio.
Tendió el abrazo del río
para besar su corriente sin poseerlo.
Sembró su voz y sembró la chispa,
tuvo raíz como la verdad,
no se cosió los ojos,
abrió la puerta del horizonte,
calavera de agua,
cenzontle roto….

Fragmento de “A Samir Flores”, Lu Schaffer

La organización campesina de la sierra del sur Tepetixtla, Coyuca de Benítez (O.C.S.S) e integrante del congreso nacional indígena-consejo indígena de gobierno.

Exigimos justicia a Siete años sin Samir Flores Soberanes y la verdad y la justicia no llegan. Pesada ausencia en nuestros corazones. Siete años llenos de indiferencia, de mentiras, de tretas, de dilaciones, de encubrimientos, desde el poder.

El 16 de febrero pasado, se inició el juicio contra Javier “N”, “el Temalaco”, cinco años después de su detención. Es el único detenido como probable autor material del asesinato de Samir Flores y su juicio fue aplazado más de cuatro veces.

No se ve que investiguen quien ordenó su muerte. Quienes son él o los autores intelectuales. Quieren reducir todo a la búsqueda de un autor material. Todo apunta a que nos tratan de engañar con otro teatro.

Creemos firmemente que deben ser investigados Hugo Erick Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona y hasta el que en su campaña electoral prometió (y no cumplió) que no permitiría que en la tierra de Zapata se implantara el Megaproyecto Integral Morelos, Andrés Manuel López Obrador.

Donde está la congruencia de los que muy seguido usan la palabra “justicia” o slogans publicitarios como “Por el bien de todos, primero los pobres”

Con el Plan México nos muestran un panorama de más contaminación, más despojo en nuestros pueblos, más extracción de nuestros recursos, más riquezas para unos cuantos, más dependencia norteamericana, mas violencia para ver quien o quienes se quedan con las ganancias generadas a costa del sufrimiento de nuestros pueblos.

Pero no vamos a claudicar, seguiremos exigiendo justicia con el ejemplo de vida y lucha que Samir dejó entre nosotros.

También exigimos que cesen las agresiones, calumnias, asesinatos y todo tipo de violencia contra los compañeros y las poblaciones integradas en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata en Guerrero (CIPOG-EZ), por parte del grupo paramilitar “los ardillos” y sus patrocinadores políticos y economicos.

Adelante con la digna lucha de el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en el estado de Morelos.

POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR
(TEPETIXTLA, COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO)
(O.C.S.S)

En sentencia histórica para la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca, Tribunal Federal confirma la inocencia de Miguel Peralta en todas las acusaciones en su contra y determina la inexistencia de un delito clave

• La sentencia reconoce, por primera vez en más de una década de acoso judicial, la inexistencia de la tentativa de homicidio contra la presunta víctima Elisa Zepeda Lagunas.
• Al considerar el contexto de los hechos, el Tribunal calificó los testimonios acusatorios como carentes de credibilidad y sinceridad.
• Miguel deberá ser absuelto de manera definitiva por la Tercera Sala Penal de Oaxaca de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
• Además de Miguel, las y los defensores mazatecos que todavía cuentan con órdenes de aprehensión y procesos penales por ese delito inexistente, deben ser absueltos.

Distintas geografías, 02 de marzo de 2026. El día 25 de febrero de este año se publicó la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca en el Amparo Directo 631/2022, que absuelve a Miguel Peralta Betanzos de todas las acusaciones en su contra luego de un proceso de más de once años. Este reconocimiento es coherente con estándares internacionales de debido proceso, presunción de inocencia y protección de personas defensoras indígenas.

El amparo otorgado obliga a la Tercera Sala Penal de Oaxaca a confirmar la inocencia y libertad absoluta de Miguel por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además, por primera vez en el proceso, hay una determinación judicial que niega la existencia de este último delito, supuestamente cometido en contra de Elisa Zepeda, y considera el contexto en el que ocurrieron los hechos para calificar los testimonios acusatorios como desconfiables, carentes de sinceridad y sesgados por la simpatía al grupo caciquil, lo que evidencia su intención de incriminarlo.

Para Miguel esto representa una pequeña ventana donde a lo lejos se puede observar la libertad; un espacio por donde podemos salir de este encierro, pues aunque estemos libres seguimos limitados en muchos sentidos. Hemos logrado una pequeña batalla en esta gran afrenta contra el estado y sus representantes. Nuestra comunidad ha vivido en carne propia el racismo institucional, la dilación sistemática, la persecución, la criminalización, la fabricación de delitos, la tortura, el desplazamiento forzado y la cárcel. Una vez más se ha confirmado que las mentiras que nos mantuvieron tras las rejas se están desvaneciendo, ya no tienen forma de sostener esta falacia que crearon para someter a nuestro pueblo y tomar el control político y económico. No dejaremos de resistir hasta que todas las personas perseguidas de Eloxochitlán sean absolutamente libres.

Para la comunidad, que ha estado sujeta al hostigamiento judicial y a la devastación del río Xangá Ndá Ge por parte del grupo caciquil, esta sentencia confirma, por un lado, la persecución y la fabricación de delitos con el objeto de inhibir la organización comunitaria y la defensa del territorio. Por otro lado, abre la puerta a la justicia para el resto de las personas injustamente procesadas, pues se convierte en criterios sólidos externos para exigir la liberación de 12 de las personas defensoras exiliadas y 5 más, sujetas aún a proceso penal por esos mismos delitos. Además, la sentencia permite combatir la estigmatización y represión que aún prevalece sobre toda la comunidad criminalizada que, en el año 2025, fue nuevamente objeto de más de 200 órdenes de aprehensión, lo cual significó un recrudecimiento de la persecución por parte de los tres poderes del estado de Oaxaca.

Este patrón de judicialización masiva contra personas indígenas defensoras refleja prácticas de criminalización que han sido documentadas en distintos contextos contra pueblos indígenas que ejercen su autonomía y defienden su territorio.

Es importante recordar que Miguel Peralta ya había obtenido su libertad en octubre de 2019, luego de una extenuante defensa, por no haber señalamientos directos en su contra. Sin embargo, las supuestas víctimas apelaron y esa sentencia fue revocada en marzo de 2022 por la Tercera Sala Penal de Oaxaca; esto lo ha obligado a mantenerse en el exilio por cuatro años. Desde entonces, buscó arrebatarle al Primer Tribunal Colegiado la confirmación de su inocencia y libertad absoluta, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2024 devolvió el caso a ese tribunal para que resolviera con perspectiva intercultural.

Durante más de un año de tramitación ante el Tribunal Colegiado, se aportaron alegatos, pruebas y escritos de amicus curiae que obligaron a los magistrados a entrar al estudio de fondo. A raíz de dos peritajes antropológicos de contexto, el tribunal reconoció la existencia de un conflicto socio-político que derivó en “grupos antagónicos”. La sentencia deja claro que las testimoniales de quienes mantienen alianzas con el cacicazgo, según los propios peritajes, dejan entrever “la pretensión de involucrar [a Miguel] como parte del grupo contrario”. La sentencia es contundente al señalar inconsistencias y contradicciones graves en las pruebas que se han usado contra decenas de personas perseguidas y exiliadas de la comunidad mazateca.

Este caso ha evidenciado cómo el sistema penal puede ser utilizado como mecanismo de castigo contra quienes defienden su territorio y ejercen su organización comunitaria propia. La criminalización de Miguel Peralta y de la Asamblea de Eloxochitlán no es un hecho aislado, sino parte de un intento de debilitar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, manteniendo la devastación del río.

Esperamos que, sin mayor dilación, la Tercera Sala Penal acate esta resolución, dicte la absolución definitiva y permita que, tras más de una década de proceso, se termine la persecución y se abra paso a la justicia.

Agradecemos su difusión,
Miguel Ángel Peralta Betanzos
Mazatecas por la Libertad
Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta
The Indigenous Peoples Rights International (IPRI)

Foto de portada: Elizabeth Díaz

A LAS MUJERES QUE LUCHAN
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, a 2 de marzo de 2026.

El día de hoy se cumple un año del nacimiento del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán (CSMIM), conformado por compañeras autoridades tradicionales, Consejeras de Gobierno, Jefas de Tenencia, Comisariadas Comunales y Ejidales y mujeres indígenas que luchan, es por ello que alzamos la voz en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, jornada global de lucha, reflexión y movilización para visibilizar las desigualdades, la violencia de género, las injusticias en contra de las mujeres y en general, por un mundo más justo.

En este contexto, pedimos la LIBERTAD de nuestra hermana MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA, quien desde el 5 de junio de 2024 fue privada de su libertad, DETENIDA INJUSTAMENTE, mujer indígena originaria de la comunidad de Ocumicho, defensora de los bosques, impulsora de los derechos de las mujeres, p’urhépecha enraizada en su comunidad, en la cual día tras día trabajaba por el bien común.

Exigimos al Poder Judicial de Michoacán que cese de criminalizar a las defensoras del medio ambiente, y que conceda la libertad a Maricruz, toda vez que proteger a la Madre Naturaleza y luchar por el Territorio y los derechos de las Mujeres NO ES UN DELITO.

NO A LA REPRESIÓN, NO ALA DISCRIMINACIÓN, las mujeres no debemos de ser blancos fáciles de un sistema de justicia racista, clasista y deficiente, que las autoridades judiciales no esperen años para que Mari obtenga su libertad. A la compañera Maricruz la esperan sus raíces, su comunidad, su familia, pero sobre todo, sus hijos, ella es padre y madre, mujer autónoma y trabajadora, debe de estar al lado de sus hijos forjando su educación y el devenir de su comunidad.

Maricruz merece como todas las mujeres, el derecho de vivir en paz y libre de violencia en todos los espacios que habitamos, el derecho de que nadie nos cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, patrimoniales, económicos o sexuales. Todas las autoridades deben de condenar la violencia en contra de las mujeres y aplicar las medidas apropiadas para erradicarla.

El caso de la compañera María Cruz Paz Zamora, ejemplifica como este sistema en que vivimos., reprime, encarcela y aísla a las mujeres por ser indígenas, por ser pobres y por luchar. Libertad para la defensora de los bloques Maricruz.

CONSEJO SUPREMO DE MUJERES INDÍGENAS DE MICHOACÁN #CSMIM

Foto de portada: CSIM

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

Descarga el Boletín No. 2 en PDF(203.95 KB)

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “¡𝐒𝐢́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐍𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨!”
El caso de la supercarretera SCLC – Palenque, Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas invita al

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “¡𝐒𝐢́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐍𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨!”
El caso de la supercarretera SCLC – Palenque, Chiapas.
𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨 de 2026, 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐫𝐬.
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚́𝐬
(Gral. M. Utrilla, Centro, 29200, San Cristóbal de Las Casas)

Participan:

• Modevite Chiapas
• Centro de Derechos Indígenas A.C.
• CEMCA-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
• Frayba Derechos Humanos
• DESMI A.C.

🔴 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

JORNADAS ZAPATISTAS
«Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos»
22 DE FEBRERO DE 2026,
Caracoles de Nuevo Jerusalén, Patria Nueva, Tulan Kau y Jolja

Imágenes de Terci@s Compas Zapatistas

NIEGAN LIBERTAD EN AUDIENCIA AL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ, MIENTRAS SE AGRAVAN LA SALUD DE LAS 8 FAMILIAS DESPLAZADAS DE JOTOLA, MPO. CHILON, CHIAPAS 

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

20 de febrero de 2026

El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón Agustín López Pérez, en complicidad con el grupo paramilitar ORCAO y el Ministerio Público, negaron la libertad al compañero Francisco Moreno Hernández en audiencia de vinculación a proceso, al argumentar que dejarlo en libertad podría representar un riesgo para las supuestas víctimas que lo acusan.

Mientras, las 8 familias desplazadas por el grupo paramiliar ORCAO encabezado por Juan Cruz Mendez, en compañía y con la protección de la Guardia Estatal de Chiapas, INPI y Tribunal Agrario, comienzan a sufrir de enfermedas por las condiciones y grave situación que estan viviendo.

Por lo que hacemos responsable a los tres niveles de gobierno, el Tribunal Agrario, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial del Estado de las graves violaciones continuadas que estan sufriendo nuestros hermanos indígenas tzeltales del Congreso Nacional Indígena en Chiapas.

Manteniendo preso a nuestro hermano Francisco Moreno Hernández por un supuesto despojo de dos ejidatarias del ejido de Jotalá y supuestamente del panteón del ejido, cuando dichas tierras nunca han sido ocupadas por nuestros hermanos y, en cambio, fueron desalojados de las tierras recuperadas en 1994 que mantenían en posesión y con trabajo común desde hace mas de 30 años. Presentando un corrupto peritaje topográfico e inspección judicial sobre tierras que no son las que poseen los compañeros del CNI y con ello justifican el despojo agravado del que los acusan, el cual nunca les fue notificado de la apertura de la carpeta de investigación con el pretexto de que, esta muy lejos la zona y en la región se encuentran organizaciones zapatistas que se ponen muy agresivas.

Hacemos un llamado a nuestras hermanas y hermanos de México y el mundo para que exijan la libertad inmediata de nuestro compañero del Congreso Nacional Indígena Francisco Moreno Hernández y el regreso de nuestros hermanos a las tierras que les pertenecen, debiendose garantizar las condiciones adecuadas para su regreso.

¡LIBERTAD PARA FRANCISCO MORENO HERNANDEZ!
¡REGRESO DE NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS DESPLAZADOS A SUS TIERRAS!
¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDIGENA

JORNADAS ZAPATISTAS
«Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos»
21 DE FEBRERO DE 2026,
Caracoles de Roberto Barrios, La Unión, Jacinto Canek y Dolores Hidalgo

Imágenes de Terci@s Compas Zapatistas

Jobel, Chiapas, México, a 19 de febrero de 2026.

A los Pueblos Zapatistas

A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes.

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos.

A las personas que luchan y resisten en todo el Mundo.

Pronunciamiento conjunto

A treinta años de los Acuerdos de San Andrés, la memoria viva de los pueblos originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida, traicionada y silenciada. Hoy, en el marco de las manifestaciones por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, reafirmamos la lucha por la vida, la tierra y la dignidad.

Samir fue asesinado por defender a su comunidad frente al despojo y la imposición de megaproyectos de muerte. Su voz se une a la de miles que han caído en el camino de la resistencia, y su ausencia nos convoca a multiplicar la fuerza colectiva contra un sistema que privilegia el capital sobre la vida y que convierte la Madre Tierra en mercancía.

Treinta años después, los Acuerdos de San Andrés son la traición continuada. El EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y los Bienes Comunes.

Con ello se mantienen suspendidas las puertas del diálogo y la paz, y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, que el zapatismo ha levantado durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente.

Ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés. Se mantienen las exclusiones fundamentales: el derecho al territorio, el respeto a los Bienes Comunes y la autonomía plena de los pueblos. Es clara la negativa del Estado mexicano a reconocer derechos completos y efectivos que asuman la deuda histórica, ya que persiste un modelo extractivista que niega la vida de los pueblos. Frente a ello, honramos y celebramos las tres décadas del Congreso Nacional Indígena. Y el caminar de la resistencia que se ha traducido en la construcción de autonomías reales, en la organización comunitaria y en la defensa de la memoria como herramienta de lucha.

Denunciamos que el modelo neoliberal y capitalista es incompatible con la vida digna de los pueblos. Frente a la imposición de proyectos de muerte, hoy día es vital la defensa del territorio y la construcción de horizontes colectivos donde la justicia, la memoria y El Común sean el fundamento. La Madre Tierra no es propiedad ni recurso: es raíz, es vida, es futuro.

Hoy decimos:

Samir vive en la lucha de los pueblos.

La dignidad de los pueblos originarios es semilla de futuro.

La Madre Tierra y El Común no se venden, se defienden.

Vida al Congreso Nacional Indigena y Concejo Indigena de Gobierno.

Frente al sistema de muerte, afirmamos la vida, la comunidad y la rebeldía como caminos de emancipación.

Firman

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión. Elcor.

Lumaltik-Herriak

Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán

Antsetik Ts’unun (colectiva autónoma de mujeres defensoras)

Las Artemisas. Colectiva