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Empresas fantasma obtuvieron 11 mil 492 millones de pesos en recursos públicos durante 20 años
Fuente: Avispa Midia
Por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab
Diseño de portada: Omar Bobadilla
Durante los últimos cuatro sexenios el gobierno mexicano ha otorgado más de 11 mil 492 millones de pesos en contratos con dinero federal a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fantasma, fachada, inexistentes o factureras.
Se trata de compañías que no contaban con la capacidad operativa ni los recursos para cumplir con los servicios que prometían. Sin embargo, accedieron a grandes sumas de recursos públicos por el equivalente a 1.5 millones de pesos diarios a lo largo de 20 años.
Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones de pesos en impuestos a estas mismas empresas, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.
Por primera vez, una investigación cuantifica de forma global cuántos recursos federales se entregaron a empresas fantasma a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Quinto Elemento Lab, en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó este análisis a partir de una base de datos en la que se cruzaron los contratos federales disponibles en CompraNet (2002–2022) con el listado más actualizado del SAT de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023. Dado que este registro se actualiza periódicamente, algunas empresas consideradas como definitivas al momento del análisis podrían haber sido excluidas en versiones posteriores.
Esta investigación revela un sistema de contratación que permitió —y toleró— la participación de empresas fachada durante dos décadas, sin consecuencias reales para los responsables, con pocas sanciones y menos denuncias: un fenómeno transexenal de consecuencias públicas.

El patrón transexenal
En las últimas dos décadas el gobierno federal ha mantenido una relación constante con EFOS. Los primeros registros de contratos con empresas fantasma se ubican desde la presidencia de Vicente Fox. En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando estas empresas obtuvieron más dinero federal. Con Enrique Peña Nieto se multiplicaron los convenios. Y, pese al discurso anticorrupción, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador siguieron contratando a firmas inexistentes y se desplomó la identificación que hace el SAT de estas compañías.

Entre 2002 y 2022, la administración pública federal firmó 3 mil 529 contratos con 834 EFOS, que operaron en promedio 8.1 años hasta ser detectadas. Muchas fueron contratadas en su primer o segundo año de existencia y lograron mantenerse activas incluso tras escándalos de corrupción o cambios de sexenio.
La mayoría de los contratos se firmaron antes de que estas empresas fueran oficialmente señaladas por el SAT, pero todas terminaron incluidas en el listado 69-B, que identifica a las EFOS definitivas.

Para comprobar si los servicios o productos contratados realmente se entregaron, Quinto Elemento Lab solicitó facturas y probatorios de una muestra de mil 311 contratos (el 37 por ciento del total, pero que concentraban el 66 por ciento del monto global). La revisión abarcó 87 EFOS, seleccionadas por haber acumulado más dinero, más contratos, o por haber sido contratadas cuando ya figuraban como empresas definitivas.
Los resultados son alarmantes: de los 7 mil 400 millones de pesos que representa esta muestra, solo se encontraron pruebas de cumplimiento en una cuarta parte (mil 241 millones). Para el 48.8 por ciento de los contratos (que representan más de 2 mil 698 millones), no hubo ninguna evidencia documental. Y para el resto, las respuestas fueron evasivas: expedientes perdidos por incendios o inundaciones, documentos ilegibles, información clasificada o incluso la negación de la existencia del contrato. Algunas dependencias entregaron facturas, pero admitieron no tener probatorios del servicio prestado.
Un sistema que permitió su existencia
El reparto del dinero tampoco fue equitativo: algunas empresas lograron hacerse de muchos contratos pequeños y otras acumularon grandes cantidades de dinero por medio de pocos convenios. Y apenas diez empresas fantasma concentraron casi la mitad de los recursos públicos que terminó en manos de EFOS.

El dinero público fluyó hacia estas compañías a través de 486 instituciones de los tres niveles de gobierno. El 90 por ciento de las secretarías de Estado y buena parte de las entidades paraestatales contrataron EFOS en algún momento. Incluso el SAT, autoridad fiscal encargada de bloquearlas, también les adjudicó contratos.
Y tan solo cuatro instituciones —la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— concentraron una cuarta parte del dinero total otorgado a empresas fantasma.
Las EFOS facturaron todo tipo de servicios: cursos, asesorías, mantenimiento, publicidad, renta de equipo, artículos de oficina, limpieza, mobiliario, ropa, maquillaje. A menudo, los contratos les fueron adjudicados de manera directa.

Casi la mitad del dinero destinado a estas empresas debía usarse para infraestructura esencial: construcción y mantenimiento de carreteras, mejoras en escuelas, equipo médico, medicamentos, redes de agua potable o pavimentaciones.
Sin embargo, en el peor de los casos no hay pruebas de que las obras o servicios se hayan realizado. En otros, existen documentos que sugieren su cumplimiento, aunque persisten dudas sobre sobrecostos o deficiencias en la calidad.

Así que esta no es una historia más de corrupción. Son dos décadas de contratos con dinero federal asignados a compañías inexistentes, que no debieron recibir esos fondos: una de las más grandes entregas transexenales de recursos públicos en la historia reciente de México.
Esta es la primera parte de “Fantasmas del erario”, una serie de reportajes de investigación presentada por Quinto Elemento Lab que documenta cómo las empresas fantasma se incrustaron en los procedimientos de contratación pública en México para obtener millones de pesos del erario mientras provocaron afectaciones directas a la sociedad mediante la simulación de servicios y obras o la ejecución de proyectos a sobrecosto o con deficiencias.
Solicitudes de refugio en México caen 56% en 2024: ¿Inoperancia de la COMAR o barreras deliberadas?
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, es señalada por la sociedad civil de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de no atender, ni dar certeza jurídica a las personas con necesidades de protección internacional que buscan refugio en México, luego de ser desplazadas de sus países por la violencia criminal, persecución del Estado y despojo de los territorios, principalmente.
Tapachula, estado de Chiapas, es un punto neurálgico en la ruta migrante hacia Estados Unidos, donde miles de personas procedentes de Centroamérica y otras regiones convergen para buscar la regularización de su estatus migratorio. La ciudad registra el mayor número de solicitudes de refugio en México y es escenario de frecuentes detenciones de migrantes, lo que la convierte en un punto crítico para la protección de derechos y la gestión migratoria en el país.
Durante el 2023, la Unidad de Política Migratoria reportó 229,379 detenciones de personas que clasificó en situación migratoria irregular en Chiapas, de las cuales, 70,665 sucedieron en Tapachula. Solo de enero a agosto de 2024 la cidra se superó con 315,887 detenciones; 114,131 ocurrieron en la citada ciudad. La estadística mensual de 2025, aún no está disponible debido a un proceso de reestructuración, se lee en el portal de la unidad.
En el recuento del abogado y defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, la migración disminuyó desde enero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero no se detuvo, las personas continúan llegando por las deportaciones desde Estados Unidos y buscan el refugio en México, pues regresar a sus países no es opción.
“La presión que ejerce Trump a México, arrastra al país a una política idéntica a la de él: racista, elitista y clasista. Lo que pasa en el norte tiene todo que ver con lo que sucede en la frontera sur (de México)”, refiere Villagrán sobre el acceso parcial al derecho de protección internacional.

Estadísticas versus realidad
La Comar reportó un total de 140,720 personas que solicitaron refugio en 2023. En 2024, la cifra disminuyó 56%, con 78,975 solicitudes contabilizadas, de las cuales, 50,742 se tramitaron en Tapachula y 14,367 en la Ciudad de México.
Del total de solicitudes que recibió la Comar en 2023, 41.8% fueron de mujeres y 19.1% niñas, niños y adolescentes, máxime de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y Afganistán. En 2024, los solicitantes fueron en su mayoría de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile.
La Red Regional de Protección (RRP) en el informe “Acciones realizadas en 2023”, que documentó el contexto de la movilidad humana de 2022 a 2024 en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, da cuenta de los cambios en las prácticas migratorias en México. Según el informe, las barreras en el acceso a la solicitud de asilo provocan esta disminución estadística.

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo.
Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM).
“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia.
Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega.
En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica.
Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados.
A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán.
Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”.
En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez.

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo.
Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM).
“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia.
Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega.
En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica.
Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados.
A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán.
Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”.
En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez.

“Es muy grave porque todo se hace en los juzgados federales, pero el migrante que no tiene para pagar un abogado queda fuera del asilo y refugio, aunque sea potencialmente un perseguido político, religioso, de la comunidad LGBTTTI u otro sector”, explica Villagrán, que acompaña alrededor de 20 casos ante los tribunales.
Pasan los meses y sin un documento que le de certeza, se encuentra en un limbo burocrático. “Es corrupción, el burocratismo hace omisión y la omisión es corrupción”, expone que estas prácticas han ido evolucionando en 10 años, “nada ha cambiado”.
Aunado a todo lo mencionado, si no cuentan con los documentos o el trámite correspondiente, las personas son más vulnerables a ser extorsionadas por la policía municipal y por agentes del propio INM o detenidos y deportados en la frontera de comunidad Honduras y Guatemala.
De manera reciente, la comunidad migrante contenida en Tapachula hizo pública una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que manifiesta su preocupación por la “emergencia social” en la frontera sur de México, que se agrava sin el acceso a los servicios básicos.
En el texto, destaca que la situación es particularmente preocupante y es necesario el apoyo del gobierno mexicano a través del Programa para el Bienestar, para acceder a necesidades básicas de alimentación, medicamentos, entre otras
También explica, a grandes rasgos, la compleja situación laboral en Tapachula y otras ciudades del territorio chiapaneco en las que encuentran varados. Buscan la manera de sobrevivir, pero, sin documentos, resulta más difícil conseguir empleo o bien, les pagan 80 pesos al día por trabajos pesados.
“Le solicitamos que se tomen las medidas necesarias lo más pronto posible para garantizar el apoyo a las personas que ya son beneficiarias del programa federal y que no reciben el recurso desde el primer mes de 2025”, dice el escrito.
La larga espera para regularizar su estancia en México, los mantiene en situaciones precarias, viviendo en los parques públicos, aceras y terminales de autobuses, bajo altas temperaturas.
“A partir del artículo 1o y 133 de la Constitución México está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros temas; con el Pacto de San José de la OEA y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, especifica Villagrán.
Entre los casos que acompaña Villagrán, una madre e hija con una condición de salud especial están en riesgo de ser deportadas por la dilación del trámite ante Comar.

La gallera
A principios de octubre de 2024, Julio Rodríguez, de 35 años de edad y origen venezolano, tomó la decisión de huir de su país junto a su esposa y su hijo, por la persecución que vivió por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Lastimosamente yo trabajaba cerca de los puntos de concentración de las manifestaciones pacíficas de la oposición al chavismo. Yo pasaba por ahí y salí en fotografías de un periódico en las que me catalogaron como alguien que hacía disturbios y tuve que abandonar Venezuela”, relata Julio para Avispa Mídia.
La travesía por cinco países hasta llegar a Guatemala fue a pie y por transporte público. Al pisar territorio mexicano fueron secuestrados y trasladados a una casa de seguridad que Julio recuerda como sombría y con ventanas totalmente tapadas. “No éramos los únicos, habían muchas más personas de diferentes nacionalidades y no podíamos huir porque los secuestradores estaban armados. Nos pidieron 100 dólares a cada uno para que nos llevaran a Tapachula y debíamos conseguirlo a como diera lugar”, recuerda.
Julio tuvo que rogar para que le aceptaran 260 dólares que habían reunido para llegar al norte de México. Aceptaron, “luego nos enviaron a otra casa donde nos pusieron un sello en el brazo con la imagen de un gallo, nos trasladaron a una gallera y luego caminamos por varias horas hasta llegar a unos taxis que nos llevaron a Tapachula”.
Desde que entraron a la llamada “Perla del Soconusco”, el 9 de diciembre, Julio comenzó a buscar trabajo e indagó sobre los trámites para la CBP One, pero cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, los planes de Julio y su familia cambiaron.
“Presentamos una carta ante Comar el 17 de febrero, nos debieron regresar un correo, pero nunca nos llegó. Entonces tuvimos que hacer un documento de apelación para que nos atendiera y, en eso, el defensor Luis García Villagrán nos está acompañando”.
Julio confirma que los abogados cobran sumas excesivas para llevar el proceso, pues al no contar con la nacionalidad mexicana, no pueden acceder al recurso sin un representante legal. “No es simple, nos ponen muros a pesar de estar huyendo de un país en crisis y Comar no nos escucha porque no le estamos pagando el trámite”.
Esto sucede a pesar de que México es uno de los siete países que participan en el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS), compromiso que fue adoptado en 2017, como contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados, entre otros acuerdos internacionales.
“La movilidad es multifactorial pero las personas que caminan por esta parte de México huyen de las pandillas, de las extorsiones, los secuestros, la criminalidad que incrementa en Honduras. La pobreza es un factor muy importante en El Salvador, no hay empleo. El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela siguen siendo de los países muy pobres y persiste una migración forzada, no tienen de otra”, enfatiza Villagrán.
En febrero de 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal y admitió el posible colapso del Sistema de Protección a Refugiados en México. Entonces se contabilizaron 14,596 solicitudes iniciadas, 60% no fueron atendidas (7,719) y por la suspensión de operaciones en su oficina de la Ciudad de México.
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