Por Eugenia López

Hace poco más de un año, el 25 de septiembre del 2019, se celebró en el Estado de Oaxaca una votación que dio fin a la criminalización de las mujeres por decidir sobre terminar con embarazos no deseados.

Con la modificación al artículo 12 de la Constitución local, así como a los artículos 312, 313, 314, 315 y 316 del Código Penal estatal, la nueva ley despenalizó la interrupción del embarazo o aborto hasta las 12 semanas de gestación, siendo Oaxaca el segundo estado del país en otorgar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Uno de los grandes cambios que ha permitido la ley es evitar que mujeres sean encarceladas por interrumpir su embarazo. Hasta antes de la modificación, en Oaxaca 20 mujeres habían estado presas por abortar y, había 49 carpetas de investigación relacionadas con abortos. Un año después, una de ellas sigue presa.

Si bien la nueva ley ya evita que mujeres sean encarceladas por interrumpir un embarazo durante los primeros 3 meses (cabe recordar que, en caso de que un embarazo se interrumpa después del plazo permitido, la nueva ley contempla sanciones de tres a seis meses de prisión, y hasta 10 años de cárcel a quien obligue a una mujer a abortar), todavía no existen garantías para que el acceso al aborto sea real, gratuito y respetuoso para todas las mujeres.

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.¹ La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.² Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

”Hasta que la Justicia Llegue”

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Convocatoria del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta: Arte de informacion y denuncia del Corredor Interoceánico.

Por la defensa de nuestras tierras, territorios, espacios de vida tanto en nuestros pueblos como en la ciudades, tejiendo redes de solidaridad, fortaleciendo luchas y resistencias.
PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LA SIERRA DE SANTA MARTA “TALIMALAKATSIKINAN NAKÚ” (Brigada de Arte Comunitario)

El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ordenó dejar sin efecto el título de concesión 238447, relativo al lote minero denominado Zapotitlán 1, que se otorgó a la empresa Minera Zalamera, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintitrés de septiembre del dos mil once, con una vigencia de cincuenta años. La sentencia fue emitida el 28 de febrero del 2020, notificada el 05 de marzo de este mismo año, en el juicio de amparo 1208/2018 y extiende su protección constitucional a los habitantes del pueblo indígena chontal que pudieran verse afectados con el título de concesión, por considerar que existe un interés
colectivo.

En su resolución, el tribunal reconoce que “el territorio es la clave para la reproducción material, espiritual, social y cultural de un pueblo indígena, constituyendo el derecho de mayor demanda por las comunidades y pueblos indígenas”. Argumenta que “el territorio implica un elemento material y espiritual que deben gozar de manera plena, con la finalidad de preservar su legado y transmitirlo a futuras generaciones”. Afirma que “la concesión causará una alteración o modificación al territorio como el agua, terrenos de siembra y pastoreo”.

Por otro lado, damos a conocer que, el Juez Cuarto de Distrito ha negado la protección y el amparo de la justicia federal contra los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera, declarándolos constitucionales, no violatorios de derechos humanos y que de ninguna manera nos causa perjuicio, ya que “la empresa minera titular de la concesión no puede disponer del territorio afectado por el lote minero de manera libre y autónoma, pues tal acción debe estar regulada por la legislación aplicable al caso”, argumentos que no compartimos porque sostenemos que son inconstitucionales.

En la misma resolución, el tribunal deja vigente la solicitud de concesión y ordena a las Autoridades Responsables “que previo a emitir la determinación correspondiente a la solicitud de la hoy tercer interesada para la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en el lote denominado Zapotitlán 1, se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborado por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para iniciar los estudios indicados”. Después de este estudio, ordena proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad de Santa María Zapotitlán, así como del resto de los habitantes del grupo indígena chontal que pudieran verse afectados con el título de concesión 238447, conforme a sus costumbre y tradiciones, considerando en todo momento lo métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”, en contradicción, deja libertad de jurisdicción a las autoridades responsables para resolver sobre la solicitud.

Manifestamos nuestro extrañamiento al Juzgado Cuarto de Distrito porque consideramos que no realizó un análisis integral de la demanda de amparo, las pruebas ofrecidas y los alegatos proporcionados. Advertimos la falta de un estudio jurídico de fondo sobre nuestro derecho a la autonomía y libre determinación que alegamos. Omisiones que serán objeto de impugnación.

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