Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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Por Vanessa Garcìa Navarro

^{En portada: Familiares y organizaciones civiles se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, Honduras, en contra de la medida de prisión preventiva de los ocho defensores del río Guapinol. Foto: Cejil}

Hace más de 26 meses ocho activistas hondureños: Arnol Alemán, Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Cedillo, Orbin Hernández, Porfirio Sorto, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, quienes se organizaban en la defensa de su territorio contra la industria minera, fueron encarcelados de manera “preventiva”, a conveniencia del dueño de una empresa multimillonaria quien los consideraba un obstáculo para sus negocios extractivistas.

Recientemente, los esfuerzos de las familias de los activistas y organizaciones a nivel internacional, nacional y estatal se habían tornado en una oportunidad para, por fin, liberar a sus seres queridos; no obstante, la respuesta no fue la deseada.

Guapinol por el Agua y la Vida

En 2014, los mecanismos hondureños otorgaron-sin consultar como correspondía a los habitantes de Guapinol- dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.

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“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

Por Ñanì Pinto

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

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Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

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¡Como Ya Basta! Milano nacimos en el Aguascaliente de Oventik en 1996, dos años después de la liberación indígena del 1 de enero de 1994, y hemos apoyado la lucha zapatista en 25 años de lucha común: brigadas de trabajo u observación en Chiapas, colaboraciones políticas, solidaridad concreta. Todo hasta hoy, que hemos tenido la responsabilidad y el honor de acoger a una delegación de comp@s, durante 10 días, en Casaloca, en Milán, elegida como sede permanente de la etapa lombarda de la Gira Zapatista.

Así, semanas de reuniones, preparación y luego el esfuerzo físico para preparar una digna bienvenida a los compañeros de la lucha de estos años, por primera vez en Italia. Cansancio recompensado por días de intenso intercambio con la delegación de hombres y mujeres del EZLN y del CNI.

Como dijo uno de los delegados en la reunión pública del día 17, ésta es la esencia del Compañerismo:

“…desayunar y cenar juntos antes y después de las etapas lombardas en las otras ciudades, contar y contarse en un ambiente distendido y de convivencia, siendo conscientes de que lo que se cuenta tiene un valor político preciso de comparación e intercambio de ideas y experiencias de mundos distantes en los mapas, pero en absoluto separados.”

Nuestra reunión del domingo 17 de octubre, que coincidió con el 18º aniversario de la ocupación de Casaloca, fue un momento de recuento detallado de la historia de las comunidades indígenas y su explotación y la necesidad de crear autonomía incluso a través de acciones ilegales y conflictos. Hubo muchas preguntas sobre cómo funciona la autonomía en la práctica por parte de las realidades presentes y de los asistentes a la reunión.

También había muchos jóvenes presentes, los cuales no sabían nada o casi nada de la experiencia zapatista por cuestiones de edad. Junto con el compaginismo, esto es lo que nos quedará de estos días. La transmisión de la propia historia y de las experiencias de rebeldía, la memoria que se perpetúa y se cuenta para cambiar la realidad y renovar las luchas a través de generaciones de jóvenes que no se resignan al estado de cosas existente.

Culo. ¡YaBasta! Milan
Centro social de Casaloca

Por Vanessa Garcìa Navarro

^{En portada: Presentación de los impactos socioambientales en la Cuenca del Atoyac-Zahuapan por el Padre Rubén García Muñoz (diciembre de 2019). Falleció en diciembre de 2020 por problemas renales. Foto: Martín Álvarez Mullally / OPSur}

El discurso de “atraer inversiones para generar más empleos, disminuir la pobreza y alcanzar el desarrollo” se ha ido difundiendo y fortaleciendo en las últimas tres décadas en México, sobre todo después de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), los cuales representan una invitación para explotar al país.

Según indica el informe de la Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México -iniciativa nacida de organizaciones sociales mexicanas relacionadas a la Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales de México (ANAA) y el Transnational Institute- el territorio mexicano es para múltiples empresas trasnacionales un paraíso industrial, mientras que para sus propios habitantes se está convirtiendo en un infierno ambiental.

Es un hecho que la industrialización – sobre todo, aquella mal regulada – produce contaminación (del suelo, el aire y el agua), genera desechos tóxicos, ocasiona enfermedades y muerte; además del despojo de miles de personas que son forzadas a desplazarse para abrir cancha a las empresas, muchas veces privadas y extranjeras. No obstante, estas problemáticas mayúsculas no se visibilizan y, peor aún, se les niega el estatus de emergencia sanitaria y ambiental pese a ser evidente la situación.

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México realizó una investigación enfocada en seis puntos alrededor del país, en la cual desmenuzó información vital para la comprensión del problema: las industrias establecidas, los estragos ocasionados al medio ambiente y las consecuencias en la salud de los pobladores de aquellas zonas.

Zonas estudiadas

Cuenca del río Santiago (Guadalajara)

Aquí yacen dos de los corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma (con más de mil empresas orientadas a la manufactura) y Ocotlán-El Salto (con aproximadamente 700 empresas orientadas a la rama metalúrgica, metalmecánica, química y farmacéutica, automotriz, eléctrica y de alimentos y bebidas.

Según datos recabados en seis poblaciones cercanas al rio Santiago, más de medio millón de personas se encuentran expuestas a la contaminación ambiental, es decir, la tercera parte de los que habitan al margen del lago Chapala y del río Santiago.

Estudios demuestran que el 40% de las infancias de Juanacatlán contenían arsénico en el cuerpo, mientras que el 93% albergaban plomo. En la ciudad de El Salto 98% de las infancias guardaban cadmio en sus cuerpos.

Cuenca de la Independencia (Guanajuato)

La industria predominante es la agroalimentaria. El mercado estadounidense es el mayor beneficiario de la excesiva explotación acuífera de la zona. Medio millón de personas son afectadas por los malos manejos de desechos que producen que el agua extraída contenga fluoruro, arsénico, sodio, magnesio y otros minerales dañinos para la salud humana. La población tiene tendencia a presentar enfermedades renales crónicas (ERC), requerir de trasplantes renales y fluorosis dental.

Cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital (Hidalgo y Norte de la Ciudad de México)

La industria cementera, extractivas y refinerías son la predominantes, dejando tras de sí aguas industriales residuales que son desechadas en el río Salado y el río Tula. Lamentablemente, el ciclo de aquel líquido no termina en los ríos, puesto que es reutilizado para la agricultura.

Hay un millón de afectados, quienes reportan cáncer que ha atacado diversos órganos, malformaciones congénitas, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal entre otras enfermedades.

Igualmente, hay ocho cementeras que incumplen la normativa ambiental y suman estragos en la zona.

Cuenta del Atoyac-Zahuapan (Puebla)

Operan 20,400 empresas entre las cuales destacan las del ramo petroquímico y manufacturero. Entre los años del 2002 al 2016, por la inadecuada recolección de residuos sólidos y sus constantes descargas de aguas residuales industriales, así como del propio municipio, se han ocasionado 906 abortos espontáneos, 26,477 muertes por cáncer y 4,379 decesos por insuficiencia renal. Del 2015 al 2019, en promedio, cada dos hora y media moría una persona por neoplastias relacionadas a órganos genitales femeninos o cánceres relacionados a la sangre.

Cuenca Libres-Oriental (Puebla)

Los megaproyectos enfocados a las plantas eólicas y minas son el mal que aqueja la zona, ya que, no conformes con haber acaparado las tierras, desplazando a las comunidades originarias de las zonas, también sobreexplotan los mantos acuíferos y posteriormente descargan sus desechos en el río Atoyac. El agua contaminada se usa posteriormente para la cuestión agrícola.

También están presentes las megragranjas porcícolas pertenecen a la empresa estadounidense “Granjas Carroll” y algunos invernaderos que suelen utilizar cañones antigranizo para proteger su propia producción a expensas de privar de agua a los cultivos de campesinos locales.

Istmo de Tehuantepec Norte (Veracruz)

El Corredor Industrial- Uxpanapa, que resulta ser uno de los más antiguos e importantes de Latinoamérica se encuentra en Coatzacoalcos. Predomina la industria petroquímica y química que viene ligada con la contaminación del agua y en consecuencia a daños a la salud de la población.

Los países europeos que han implantado sus industrias en México y han causado los efectos negativos en la salud de la población y el medio ambiente anteriormente expuestos son Alemania, Bélgica, Países Bajos, Estado Español, Reino Unidos, Suiza, Francia. Las actividades que desempeñan van desde la fabricación de fórmula infantil, piezas automotrices, tequila, productos químicos y generadores eléctricos entre otros.

Entre las empresas destacables por el daño que causan a la población mexicana y su medio ambiente están: Syngenta (comercializadora de plaguicidas de alto riesgo) y Nestlé (que se dedica a la producción de comida para bebés, para mascotas, medicina, sopas, cereales, salsas, dulces, agua embotellada y café), Lafarge Holcim (productora de cemento), Bayer (que es una productora farmacéutica e igualmente productora de pesticidas y semillas transgénicas), BASF (empresa de química y agrícola), Iberdrola (propia del sector energético) y la Volkswagen (gigante automotriz).

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México demuestra con su estudio que atraer y retener a la industria sin prevenir ni atender las emergencias sanitarias y ambientales es un error garrafal en el cual los tres niveles (municipal, estatal y federal) del gobierno mexicano deberían intervenir de manera oportuna y responsable. Lamentablemente, las denuncias hechas en la investigación fueron lograda gracias a la organización de las propias comunidades afectadas, tristemente no por que el gobierno tomara cartas en el asunto. El único recurso ahora es difundir esta información, ejercer presión sobre el gobierno y exigir que se desarrollen y se hagan cumplir programas y protocolos adecuados para el manejo de esta crisis que ya esta presente dejando tras de si muerte y enfermedad para el planeta y su gente.

El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.

Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.

Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.

Mientras escribimos este editorial, en la mañana del 23 de octubre, fuerzas antimotines del ejército y la policía, acompañados ya por dos helicópteros, se disponían a arremeter por la fuerza contra los pobladores que mantienen cerrado el paso a los camiones en protesta porque sus legítimos representantes no han sido tomados en cuenta en la preconsulta popular para avalar la operación de la mina.

Eso precisamente, la operación de la mina, es la primera ilegalidad con que el Estado de Guatemala ha protegido la operación rusa en El Estor, ya que una sentencia de 2019 de la Corte de Constitucionalidad, proclamada en firme en 2020, prohibió toda actividad minera porque la empresa irrespetó el derecho a consulta con las poblaciones originarias establecido en la ley de Guatemala.

A pesar de la sentencia, el Estado nunca hizo algo para detener la operación minera ilegal. Hoy, por el contrario, el gobierno, bajo el mando de Giammattei, se embarca en una nueva ilegalidad al reprimir a los Q’eqchi’ para garantizar la operación rusa. Todo esto ocurre, además, luego de que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló que el Ministerio Público investigaba posibles sobornos entregados por los rusos directamente al presidente y de que, tras la entrega de esos dineros, el Estado aprobara más licencias mineras.

Los comunicadores de Gobernación, de la Policía, y medios afines al gobierno en este caso han intentado instalar la narrativa que los pobladores de El Estor mantienen bloqueado el acceso al municipio, lo que impide la actividad económica normal. Eso es mentira. Prensa Comunitaria ha constatado, con presencia constante en el terreno, que los pobladores solo impiden el paso a los camiones de la minera; el resto de vehículos siempre han tenido paso libre.

El viernes 22 de octubre, tras un nuevo montaje de pretendida negociación policial liderado por la jefa de la PNC en Izabal, al menos 200 antimotines intentaron escoltar la entrada por la fuerza de un camión cargado de carbón. Para hacerlo, los policías intentaron dispersar a los protestantes con gases lacrimógenos. Al frente de todo había un pick up en el que viajaban cuatro rusos. Prensa Comunitaria documentó la arremetida y pudo constatar que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y que su objetivo último era garantizar el paso del camión: cuando vieron que no iba a ser posible, desistieron.

La urgencia de la PNC, y a partir de este 23 de octubre del ejército, no es otra que garantizar el suministro de carbón sin el que la mina rusa no puede seguir funcionando, según constató Prensa Comunitaria en El Estor. De acuerdo con los informes que hemos recabado, ya en la mina están echando mano de las reservas de carbón.

No es por garantizar el derecho al tránsito porque este ha discurrido con normalidad durante las protestas. No es por el beneficio económico del pueblo Q’eqchi’ en El Estor. Es por proteger a los rusos a cuya minera el Estado de Guatemala ha permitido operar ilegalmente durante dos años y con quienes, según las investigaciones truncadas del MP, el gobierno Giammattei ha hecho tratos oscuros.

Para garantizar esa protección, el Estado de Guatemala, una vez más, se alista para reprimir a su propio pueblo. 

Por Vanessa Garcìa Navarro

^{Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.}

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.