(Español) Pueblos indígenas prohíben minería y obras del Proyecto Integral Morelos
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Fotos por Futuros Indígenas
Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).
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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.
Minería, al acecho
Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.
Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.
Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.
En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.
“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.
PIM
El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.
También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.
“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.
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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.
Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.
Decreto contra las violencias
Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.
Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta
Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.
La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.
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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.
(Español) A última hora, Senado discute acceso de militares extranjeros a México
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: Militares de EEUU y México en reunión de preparación para los ejercicios “Tradewinds 2022”
A pesar de que el gobierno de México se ha comprometido con los Estados Unidos para ser coanfitrión de los ejercicios militares denominados “Tradewinds 2022”, a última hora, el Senado de la república mexicana discute si se permite el acceso a 341 militares extranjeros a territorio mexicano. No obstante, una delegación de 84 militares extranjeros ya hizo acto de presencia entre los días 31 de enero al 5 de febrero en Chetumal, Quintana Roo, momento en que arrancó la primera fase de este programa militar.
Tradewinds es un ejercicio multidimensional centrado en la seguridad del Caribe que se lleva a cabo en los dominios terrestre, aéreo, marítimo y cibernético. Las fuerzas estadounidenses comandan estos ejercicios con las naciones participantes como un entrenamiento conjunto, combinado e interagencial.
Ver también: Comando Sur de EEUU realizará ejercicios militares en territorio de México
Desde el pasado 8 de abril, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el Oficio no. 100-125 a través de Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, para solicitar al Senado la autorización para permitir que 128 elementos de la Armada de México pudieran salir de los límites del territorio mexicano para poder participar en los ejercicios multinacionales “Tradewinds 2022”.
AMLO también ha solicitado que se permita el “ingreso de las tropas y buques militares extranjeros (341 elementos) para el mismo ejercicio”, que se llevara a acabo entre los territorios fronterizos de México y Belice del 7 al 21 de mayo de 2022, de manera simultánea.
El mandatario mexicano argumenta que la petición se desprende de una invitación que le hace el Comando Sur, uno de los diez comandos de combate unificado de los EEUU. “En ese sentido, hago de su conocimiento que se recibió invitación del Comando Sur de los Estados Unidos, para que México participe y organice de manera conjunta con Belice y el referido Comando, el Ejercicio Multinacional Tradewinds 2022”, justificó AMLO a Olga María del Carmen Sánchez Cordero, presidenta del Senado.
La presidenta presentó al parlamento esta petición el pasado 19 de abril, no obstante, solo se determinó que es de competencia de la fracción parlamentaria que se ocupa de estos asuntos, “la Comisión de Marina”, quien tiene en sus manos la última palabra para que las tropas puedan ingresar a México.
El acuerdo
Aunque el permiso se ha solicitado hasta este momento, desde el 31 de enero al 5 de febrero, en Chetumal, Quintana Roo, la marina mexicana, el Comando Sur e integrantes de Seguridad Pública de las regiones del Caribe, Centroamérica y Europa, realizaron reuniones previas para estos ejercicios.
Participaron 84 militares de las Fuerzas Armadas de 23 países tales como: Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, granadinas, República Dominicana, Reino Unido y Reino de Países de Bajos.
Esta es la primera vez que México es coanfitrión de Tradewinds, desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1984. Para este ejercicio se espera la participación de, al menos, 1,500 militares y civiles, de los cuales 341 pisarán territorio mexicano.
AMLO, en el documento que envió al senado, argumenta que este programa militar permitirá fortalecer la capacidad de las fuerzas armadas participantes, “para contrarrestar amenazas comunes, tales como el crimen transnacional y desastres naturales”.
El mandatario mexicano también sostiene que las fuerzas armadas de México ya han sido participes de estos ejercicios militares en otros países, al menos, en seis ocasiones. Parte de los 341 militares provienen de Belice, una sección de 24 elementos de las Fuerzas Armadas con 24 fusiles M4, calibre 5.56 milímetros (mm), y 32 pistolas Glock 19 mm, calibre 9 mm, todas ellas sin munición.
Mientras que de Colombia participaran 32 militares con las mismas armas, salvo el agregado de ametralladoras M-2HB/QCB, calibre 7.62 mm, también sin municiones.
Canadá participará con 83 elementos y el buque llamado Harry Dewolf HMCS “que significa, navío canadiense de su majestad, en referencia a la reina Elizabeth II del Reino Unido”, un tipo de embarcación que ha brindado apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Los militares de EEUU son 100 y portaran las mismas armas, además de equipo táctico de la Guardia Costera y el buque USCGS “ISAAC MAYO”. También, de Reino Unido, se suman el buque llamado Medway y 24 militares más, el buque Pelikaan de Países Bajos, con 26 militares armados; nueve elementos más de Surinam y dos de Guayana.
En 2017, el jet Gulfstream IV (C20-F) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), ingresó a territorio mexicano, aterrizando en el hangar de la Marina en la frontera sur en la ciudad de Tapachula, Chiapas. En esta aeronave viajaba Lori Robinson, la entonces jefa del Comando Norte de Estados Unidos y Kurt Tidd, ex comandante del Comando Sur, así como la Embajadora, Roberta Jacobson. Fue una reunión con autoridades mexicanas. De acuerdo con fuentes del medio británico, Reuters, los asistentes pidieron el anonimato.
Inversiones de EEUU
Mientras se crea el escenario de un teatro de operaciones bélicas en el mar Caribe, EEUU y Canadá pretenden reafirmar y reforzar los acuerdos de seguridad con el gobierno de AMLO, ya que, aparte del ejercicio Multinacional Tradewinds 2022, también se le suman las operaciones de la iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte (NAMSI por sus siglas en inglés), que comprenden procedimientos normalizados en un tiempo de reacción mínima, con los cuales responden a las amenazas y operaciones marítimas.
NAMSI es coordinado por EEUU, Canadá y la Armada de México, como parte de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), un acuerdo establecido desde el año 2008 entre los tres países. México seguirá participando cada año en los programas militares NAMSI.Aunque la alianza no solo es de seguridad de América del norte, también implican acuerdos comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inició en julio del 2020, que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
Además, el mandatario mexicano se reunió este 22 de abril, en el estado de Veracruz, con políticos y empresarios de los Estados Unidos y Canadá para llevar a cabo la Cumbre de Desarrollo del Istmo en San Juan de Ulúa, donde se anunció la apertura de este territorio franco a la inversión nacional y extranjera.
Previo al evento, el mandatario mexicano, en su conferencia de prensa, expreso que, el “Plan del Istmo”, que incluye toda la región sur-sureste de México, participan el secretario de la Defensa y Marina, porque “la secretaría de Marina es la encargada de atender toda la zona del Istmo y el proyecto en general”, para cuidar casi mil kilómetros de vías férreas.
Mientras tanto, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que en 20 días se estarán licitando 800 kilómetros del tren del Istmo de Tehuantepec para su rehabilitación, puntualizando que ya hay “seis empresas que están concursando”.
Durante esta reunión el embajador estadounidense, Ken Salazar, también anunció que la empresa cervecera Constellation Brands invertirá, en el sureste mexicano, mil 300 millones de dólares. “Va a crear dos mil empleos directos, más de diez mil empleos indirectos y mil 300 millones de pesos en inversiones”, señaló el embajador.
Ken Salazar también sostuvo que EEUU ve un futuro compartido en la región Sur-Sureste de México. En la Cumbre también hicieron acto de presencia más de 30 empresarios norteamericanos, canadienses y mexicanos, de las industrias automotriz, de autopartes, alimenticia, energética, química, transporte, logística y comunicaciones.
Entre ellos estuvieron representantes de: Cargill; American Chamber of Commerce México; Constellation Brands México; Pacific Limited; Invenergy; AES México; EDP Renewables para América del Norte; AECOM; Kansas City Southern Mexico; Freightliner & Detroit Diesel; AT&T; FedEx; TC Energy, entre otros.
Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunció a las empresarios participantes en esta cumbre que los 10 predios para los parques industriales están listos para que puedan inicar con sus actividades. En conjunto abarcan 3,378 hectáreas. También agrego que “en el norte del Istmo es muy factible que se desarrolle un corredor energetico, dada la vocación de la zona donde tenemos gas, pétroleo, petroquimica”.
El embajador estadounidense por su parte, calificó esta Cumbre como “histórica”, ya que según él, “es muestra del compromiso de nuestros gobiernos con la prosperidad de su gente. Junto con sus inversiones, las empresas estadounidenses apoyan el desarrollo del capital humano mexicano y de la economía digital”.
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“A través de la inversión estamos avanzando las prioridades conjuntas de Estados Unidos y México para abordar la prosperidad económica del istmo y de México”, dijo el embajador, mientras tanto, la decisión del Senado, en cuanto a la presencia de militares extranjeros a territorio mexicano, esta por decidirse.