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Camino Al Andar

Tejiendo Resistencias: El Encuentro del CNI con la Brigada Nacional de Búsqueda

Por R. Aída Hernández Castillo

Fotos: Cecilia Lobato, Colectivo Regresando a Casa Morelos.

El domingo 17 de octubre tuvo lugar en Oaxtepec Morelos, un encuentro histórico entre los colectivos de familiares de desaparecidos articulados en la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de dos de los movimientos sociales más importantes del país, en defensa de la vida. Desde distintas estrategias y espacios de resistencia, estos hombres y mujeres se han convertido en el principal contrapeso a las violencias múltiples que están destruyendo el tejido social de nuestras comunidades.
Haciendo eco a la iniciativa lanzada en julio pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de promover una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, el CNI se acercó a los colectivos de familiares de desaparecidos que se encuentran en Morelos en el marco de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. El 31 de julio pasado 756 comunidades zapatistas se pronunciaron por el SI, como respuesta a la pregunta de si “estaban o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Este llamado nos planteó el reto de imaginar y promover dicha campaña, desde movimientos que no siempre comparten sus perspectivas políticas, ni estrategias de lucha, pero que coinciden en denunciar los entramados de violencias y las complicidades estatales con las mismas, así como en apostarle al trabajo de reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos comunitarios.
 Si bien en varios espacios de encuentro organizados por los zapatistas habían participado familiares de personas desaparecidas –como fue el caso del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en diciembre del 2019– se trata de la primera vez que el EZLN hace un llamado a una campaña nacional de apoyo a las luchas de estos colectivos.
Por su parte del Congreso Nacional Indígena, ha venido denunciando la desaparición y asesinato de varios de sus líderes en distintas regiones del país, como fue el caso del dirigente yaqui Tomás Rojo, desaparecido el 27 de mayo de mayo de este año, y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Vicam, Sonora, unos días después. Así como los asesinatos de los activistas yaquis Luis Urbano y Agustín Valdez durante ese mismo mes. También se movilizaron en torno a la desaparición en septiembre pasado de José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, bases de apoyo zapatistas e integrantes de una Junta de Buen Gobierno, quienes aparecieron con vida después de haber sido secuestrados por grupos paramilitares vinculados a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Sin embargo, existen cientos o miles de desaparecidos indígenas en el país, que no tienen militancias políticas ni vínculos con el CNI, cuyas familias no han contado con las redes de apoyo para denunciar ampliamente estas violencias. Sus nombres y casos se han perdido en el anonimato, y hasta ahora el movimiento indígena en el país no ha logrado documentar, ni denunciar los nombres de los miles de desaparecidos y desaparecidas, cuyas vidas han sido truncadas por las violencias extremas, muchas veces perpetradas por actores estatales que deberían de protegerlos.

Por el lado de los colectivos de familiares de desaparecidxs en el país, tampoco se ha visibilizado la identidad étnico-cultural de las personas cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas, ni de los familiares que buscan a sus hijos e hijas en regiones indígenas. Es decir que la desaparición de personas, se ha diluido en los múltiples agravios denunciados por el CNI, a la vez que la identidad indígena, tampoco ha sido considerada ni en las bases de datos oficiales, ni en las de los colectivos de familiares. Es por esto que el encuentro entre el CNI y la Brigada Nacional de Búsqueda, no solo representa un momento histórico en la articulación de dos luchas que resultan fundamentales para el país, sino que también abre la posibilidad de visibilizar las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidxs.(Las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidos en México – A dónde van los desaparecidos (adondevanlosdesaparecidos.org)

El encuentro

En una hermosa noche de luna llena, representantes del CNI de distintas regiones del país levantaron sus voces con consignas de apoyo a los familiares de desaparecidos. Integrantes del CNI de Morelos dieron la bienvenida y hablaron de sus luchas contra el Proyecto Integral Morelos, recordándonos que la muerte del activista indígena Samir Flores continúa impune. Las mujeres otomíes de la comunidad migrante a la ciudad de México, que han convertido las antiguas instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, hablaron con la fuerza verbal que las caracteriza haciendo suyo el dolor de las madres, esposas, hermanas de personas desaparecidas. Las Organización de Pueblos Unidos por la Vida de Puebla, que desde marzo pasado mantienen cerrada la embotelladora de agua Bonafont, hablaron del vínculo que existe entre la defensa del agua y la defensa de la vida. Los compañeros de la región totonaca de Veracruz, compartieron los impactos que la desaparición de personas y la violencia del crimen organizado han tenido en sus comunidades. Las presentaciones fueron acompañadas por consignas que hermanaban sus luchas.
Por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda se aprovechó para presentar el informe de la Quinta Brigada que se realizó en los municipios de Poza Rica y Papantla en febrero del 2020. Después se les explicó a los representantes del CNI en que consiste esta estrategia de lucha que combina la búsqueda de los y las desaparecidas, con la información y sensibilización de la sociedad civil. Se trata de un movimiento de familiares de personas desaparecidas que desde el 2016 ha realizado seis brigadas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Guerrero, con el acompañamiento de activistas solidarios que han hecho suyo su dolor y sus luchas. Vino después una ronda de presentaciones en la que representantes de distintos estados dieron testimonio de los agravios cometidos contra ellas, sus familias y sus comunidades. No fue posible que hablaran representantes de los 160 organizaciones que participan en esta ocasión, pero quienes hablaron lo hicieron desde una voz colectiva, pues los y las desaparecidas son ahora hijos e hijas de todas.
Se explicó la estrategia de trabajo, a través de distintos ejes que han llevado sus voces a catorce municipios morelenses. Unas visitan escuelas y con la fuerza de su testimonio contribuyen a la construcción de una cultura de paz con las nuevas generaciones; otras trabajan desde el eje de Iglesias que articula a una comunidad ecuménica, que se propone re-educar y sensibilizar a sus propias autoridades eclesiásticas y comunidades de fe, que en la mayoría de los casos no han estado a la altura de la crisis de derechos humanos que enfrentamos; Sin perder la esperanza de que sus familiares puedan estar vivos, se realizan búsquedas en penales, en donde también se llama a los y las internas a compartir cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. “No se buscan culpables, solo buscamos a nuestros tesoros” repiten una y otra vez, tratando de apelar a la conciencia de quienes pudieran tener información.

Otras más han tomado picos y palas, para hacer lo que han venido haciendo a todo lo largo y ancho del país: buscar a “sus tesoros” en cañadas, arroyos, terrenos baldíos. Han sido ellas, quienes sin ninguna certificación, se han convertido en expertas forenses y han encontrado muchas de las 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos, que reportó recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda. Otro grupo ha concentrado su trabajo en fiscalizar los procesos de identificación humana, que en este estado han sido un ejemplo nacional de ineficiencia y complicidad con las fosas de Jojutla y Tetelcingo. https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/015a1pol.

 

Los representantes del CNI también compartieron la historia de 25 años de lucha, durante los cuales han enfrentado los discursos y prácticas que en nombre de un supuesto “progreso y desarrollo” pretenden despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Era evidente que en ambas luchas se ha enfrentado una necropolítica que ha tenido continuidad, sin importar el color de los partidos que nos gobiernan. Cerrar la primera semana de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda, con un diálogo con el CNI, visibilizó la estrecha relación que hay entre las políticas de muerte que se apropian de los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las que han convertido el país en una gran fosa clandestina. Los pueblos indígenas articulados en el CNI y las familias de la Brigada están tejiendo una red de resistencias en defensa de la vida que confronta silenciamientos y complicidades estatales.

Como Colectivo por el Florecimiento de los Pueblos, nos hemos unido también al llamado del EZLN a articular esfuerzos en una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, creando espacios de encuentro entre distintos movimientos que luchan por la defensa de la vida a través de la Serie Diálogos de Resistencias, que co-organizamos con Mujeres y Sexta. En este espacio han participado también familiares de personas desaparecidas, representantes del CNI, defensoras de migrantes, familiares de víctimas de feminicidio, defensoras del territorio (https://www.facebook.com/ColectivoCaminoalandar/videos/255793346431186/). Sabemos que hay aún mucho camino por andar, pero estamos seguras de que estos primeros diálogos son ya la semilla de las comunidades de resistencia que nos urge construir para confrontar las políticas de muerte que atentan contra nuestros cuerpos y territorios.

 
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Colectiva La Zarzamora

Enfrentamiento entre Comunidades lavkenche e Infantes de Marina tras provocación militar

Por:La Zarzamora/Fotografía: Aukin

Durante la tarde de este 19 de octubre comunidades mapuche de la franja lavkenche, comunicaron que se produjo un enfrentamiento entre pu weichafe y militares, luego de que las fuerzas represivas destruyeran una barrera de control sanitario levantada por las comunidades en Wentelolen como medida preventiva en territorio que ha desarrollado una larga lucha de reivindicación, recuperación y control territorial.

El enfrentamiento se habría producido en el territorio lleullueche entre Wentelolen por el norte y Curapaillaco por el sur, en el cual pu weichafe habrian confrontado la provocación tanto de policías como de militares.

Se hace una llamado a organizaciones de DDHH a estar al tanto de estos hechos y a hacerse presentes. Así mismo se llama a los medios libres a que entreguemos la mayor cobertura posible en esta “nueva pacificación” del WallMapu.

COMUNICADO URGENTE

Hoy 19.10.2021 a las 14: 30 hrs, empezaron los enfrentamientos de las comunidades contra Carabineros de Chile y efectivos del ejército……

Urgente llamado a observadores de derechos humanos y medios alternativos…

Se informa que se estarían produciendo enfrentamientos entre agentes del Estado y las comunidades en el Wallmapu, zona lavkenche.

Solicitamos estar atentos, ya que se están viendo las primeras consecuencias de la militarización de la Macrozona Sur.

Comunidades de LLeu-Lleu
Vocero de la CAM

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Avispa Midia

El pueblo de Wixárika inaugura clínica autónoma

Por Ñanì Pinto

La Comunidad Autónoma Wixárika-Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, convoca a las jornadas por la vida que ocurrirán entre 5 y 7 noviembre, en la misma comunidad, en conmemoración de los 8 años del nombramiento y reconocimiento de sus autoridades agrarias autónomas.

“El 10 de noviembre de 2013, pueblos originarios de diversas geografías de la región occidente de México, se dieron cita en nuestra comunidad para celebrar la asamblea regional del Congreso Nacional Indígena, en la cual, mediante un acta, fue reconocido nuestro gobierno agrario autónomo, por las autoridades de los pueblos ahí presentes, fecha que hemos conmemorado pagando a nuestra madre tierra y pidiendo por la vida del territorio”, expresan los pueblos en un comunicado.

Durante las jornadas habrá la inauguración de la clínica autónoma de la comunidad. Por medio de la solidaridad, la comunidad obtuvo apoyo para la construcción y obtención de equipamiento. “Hemos nombrado promotores y promotoras de salud que se capacitarán para salvar vidas, atender emergencias médicas y conocer del uso tanto de la medicina de bata blanca, como la medicina tradicional y herbolaria”, dice la comunidad en el comunicado.

Para eso se conformó una brigada de salud con personas que vienen de distintas partes del mundo, como Irán, La India,  Cuba, Los Angeles- California, Nueva York, Chicago -Illinois, Seattle -Washington, Oakland-California, Tucson-Arizona, Skatin Nations/Sts’Ailes- Canadá, El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca),  Mexicali, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México, Ecatepec (Edo). Mex y Puebla. De las lenguas Afro descendientes, Maya, P’urhepecha, Mixteca, Huasteca, Binniza, Persa de Shiraz, Nahua, Japones, Inglés, Árabe, Yoreme, Wixarika y Tepehuano.

“Hemos visto como la salud no es un derecho que podamos tener los pueblos originaros; la atención médica siempre es un privilegio y las enfermedades prevenibles o tratables serían letales sin el conocimiento de la medicina tradicional de las y los mayores”.

Durante las jornadas también se dará la clausura de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, iniciada en abril de 2021, donde se promovieron diversas acciones para exigir, entre otros puntos, el castigo a los responsables de las agresiones y despojos que se han realizado en el territorio del pueblo Tepehuano y Wixárika, además del respeto a su gobierno comunitario.

Conflicto Agrario

Los indígenas de la comunidad autónoma Wixarika-Tepehuan sostienen una lucha para recuperar 38 mil hectáreas de tierras de las 94 mil que aparecen en el título virreinal del año 1777, que les acredita legalmente ser los dueños de su territorio.

El título fue declarado auténtico el 15 de diciembre de 1954 por el Departamento Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero el gobierno nunca concluyó la Confirmación y Titulación de los Bienes Comunales y actualmente el trámite se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, en Guadalajara, Jalisco.

El contexto de agresión contra esta comunidad se remontan a un conflicto agrario en la región donde diversas personas, ajenas a estas comunidades, se asumen como propietarias de ciertas fracciones de tierras comunales. A estos hechos suman otras acciones como la desaparición forzada, agresiones físicas y la violación de los derechos humanos.

Incluso en el año 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su preocupación desde Ginebra, Suiza, señalando que el gobierno mexicano debería de dar un cumplimiento ejemplar al Estado de derecho que marca la prevalencia de los títulos virreinales de estas tierras.

“Con la bendición de nuestros dioses, estamos listos para no dar un paso atrás en la recuperación de las tierras invadidas y el reconocimiento legal agrario”.

La Jornada

Las actividades serán las siguientes:

• Talleres de formación, capacitación y consultas médicas sobre diversas áreas de la salud comunitaria a integrantes de la comunidad

• Toma de protesta de los promotores de salud e inauguración de la clínica autónoma comunitaria.

• Ceremonia espiritual tradicional.

• Inauguración de la clínica autónoma.

• Intercambio cultural y artístico (la comunidad contará con música y artesanía tradicional)

• Intervención de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

• Pronunciamiento público en conmemoración del octavo aniversario del gobierno agrario autónomo y la clausura de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán.

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Avispa Midia

Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

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Avispa Midia

Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

En contexto:Tras 5 días de protestas, cae reforma tributaria en Colombia

Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

Var también: Colombia, el covid-19 es el menor de los problemas

Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

 

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Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Semana de solidaridad con Loma de Bácum y por la libertad de Fidencio Aldama del 21 al 27 de octubre de 2021

A LAS PERSONAS ABAJO Y A LA IZQUIERDA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LXS LIBERTARIXS DEL MUNDO
AL PUEBLO EN GENERAL

Desde el año 2015 la Tribu Yaqui en Loma de Bácum en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídico política en contra del megaproyecto.

El 21 de octubre de 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 FIDENCIO ALDAMA fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de $75,000. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

El 14 de julio del año en curso fueron «levantadas» 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la fiscalía del estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado.

El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la Tribu Yaqui en Loma de Bácum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso, y a cinco años del ataque a Bácum y la detención de Fidencio Aldama,

C O N V O C A M O S:

A UNA JORNADA  DE SOLIDARIDAD CON LA TRIBU YAQUI DE LOMA DE BÁCUM, POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS Y POR LA LIBERTAD DE FIDENCIO ALDAMA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE, EN DONDE CADA COLECTIVO, ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO-AS DESDE SU LUGAR Y FORMA ALCEMOS LA VOZ CON IMPACTOS VISUALES EN LAS CALLES, PEGA DE CARTELES, LLENANDO LAS REDES CON LOS #FIDENCIOALDAMALIBERTAD #SOLIDARIDADCONBÁCUM #PRESENTACIÓNCONVIDAYA, CON TODAS LAS MUESTRAS PÚBLICAS QUE EN SU IMAGINACIÓN QUEPAN. Cobijemos a la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y demostrémosles que no están solos. La solidaridad en hechos es fundamental en un país azotado por la guerra diaria del narco gobierno y el poder empresarial, SOLIDARICEMONOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS, EXIJAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE FIDENCIO ALDAMA QUIEN ESTA PRESO SÓLO POR LUCHAR Y DEFENDER LA VIDA Y TERRITORIO YAQUI. Para más información o para enviarnos un informe de sus acciones puede ponerse en contacto con nosotros aquí: fidenciolibre@protonmail.com. También les convocamos a participar con donaciones ya que siempre es una necesidad para sostener los gastos de difusión, jurídicos y de la propia prisión. Pueden donar aquí: https://fidencioaldama.org/donar/

Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad del compañero FIDENCIO ALDAMA PÉREZ.

¡LA LIBERTAD NO SE LAS VAMOS A PEDIR SE LAS VAMOS A ARREBATAR!

– Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Libertad a Fidencio Aldama

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Latinoamèrica Rompe el Cerco

TENDRÁ LUGAR EL JUICIO QUE LA JUSTICIA FEDERAL INICIA CONTRA MARÍA NAHUEL, LUCHADORA Y DIRIGENTE MAPUCHE ESTE VIERNES

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina asumirá su defensa. La doctora Rosario Fernández y el doctor Gustavo Franquet serán sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo “El Negro “Soares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como víctima. La misma fiscal que ordenó el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

María Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegemónica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos días ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.
La Gremial, ha manifestado y demostrado históricamente en los hechos su decisión de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso continúa saqueando, persiguiendo y oprimiendo, ESTÁ PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el único objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en “ escudarse “ en la defensa de sus ddhh, para justificar la represión y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.
Tampoco ignoramos que La Gremial “molesta” con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleitesía a ningún gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.
Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y políticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompañando a María Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberación de su pueblo. A su lado, luchando a la par de María estará como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

✍? Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.
? Bariloche, Octubre de 2021

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Colectivo Grieta

Del golfo de Finlandia al Círculo Polar Ártico, la Extemporánea zapatista se enlaza con las luchas de Finlandia

Por Colectivo Grieta

“La Extemporánea” en Finlandia. FOTO: Colectivo Armadillo Suomi

10 de octubre de 2021.- Recorriendo de extremo a extremo Finlandia, la delegación zapatista “La Extemporánea” se ha encontrado con colectivos, organizaciones e individuos conociendo de sus de sus luchas y resistencias, aprendiendo e intercambiando experiencias. El Colectivo Armadillo Suomi de Finlandia ha documentado y compartido distintos momentos de este recorrido que ha llevado a los indígenas mayas rebeldes desde Helsinki en las costas del Golfo de Finlandia hasta el territorio del pueblo Sami, dentro del círculo Polar Ártico, en la localidad de Ohcejohka, donde las fronteras del capital marcan el límite entre Finlandia y Noruega.

En Helsinki, las compañeras y compañeros zapatistas se reunieron para conocer las experiencias los inmigrantes en Finlandia. En ese encuentro la música se hizo presente a través de “Las Jaranas del Norte” y de un coro finlandés. También en Helsinki, activistas del “Free movement” y otros colectivos en defensa de los derechos de los migrantes compartieron con La Extemporánea sus experiencias de lucha.

Encuentro de zapatistas con colectivos de inmigrantes en Finlandia. Foto: Facebook Colectivo Armadillo Suomi

En el extremo norte de Finlandia, en territorio del pueblo Sami, “La Extemporánea” se reunió en una Lavvu, tienda tradicional de los pastores de renos con compañeras y compañeros de la comunidad de Ohcejohka. Allí, conocieron de cómo los proyectos extractivistas amenazan los territorios de pastoreo del pueblo Sami, afectando sus migraciones anuales a través de la taiga nórdica.

Encuentro con el pueblo Sápmi dentro de una gran tienda Lavvu. Foto: Colectivo Armadillo Suomi

 

En la ciudad de Oulu, en las costas del extremo noreste del Golfo de Botnia,  160km al sur del Círculo Polar Ártico, la Travesía por la Vida incluyó un encuentro con colectivos como Elokapina Oulu, que lucha en defensa del medio ambiente y promueve la desobediencia civil pacífica; Oulutopia, colectivo que ha organizado todo un ciclo de proyecciones de video, pláticas y foros para difundir la lucha zapatista en esta ciudad de Finlandia. Los indígenas mexicanos también se encontraron con el grupo de Punk Paskakaupuni.

Encuentro dela delegación Extemporánea zapatista en la ciudad de Oulu, Finlandia. Foto: Facebook Colectivo Armadillo Suomi

A lo largo de su recorrido por Finlandia, “La Extemporánea” ha participado en diversos foros, simposios y conversatorios con colectivos ambientalistas y feministas intercambiando experiencias de lucha en defensa de la Madre Tierra y en contra del capitalismo que la destruye y amenaza con ello nuestra vida. De la selva a la taiga boreal, la delegación ha llevado a cabo su tarea de aprender e las luchas de otros pueblos y otras tierras.

Movilización en Helsnki el pasado 24 de septiembre, respondiendo al llamado del EZLN, contra las agresiones hacia las comunidades indígenas zapatistas. Foto: Colectivo Armadillo Suomi

Comunidades que se dedican al pastoreo de renos, colectivas feministas, trabajadores migrantes en lucha, colectivos ambientalistas, un llamado a “no olvidar el espíritu de Yanga”, el grito de solidaridad frente a las agresiones del mal gobierno mexicano hacia los zapatistas, han sido algunos de los destellos el recorrido zapatista por tierras finlandesas. Destellos que apenas sugieren lo que, sin brillar, ilumina los pasos de esta delegación, su alegría, preparación y disposición para escuchar.

Con información de: https://m.facebook.com/colectivoarmadillosuomi/?ref=page_internal&mt_nav=0

radio
Avispa Midia

Victoria para el maíz nativo en México, niegan amparos a gigantes trasnacionales

Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto por Santiago Navarro F

Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.

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Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).

Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.

La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.

La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).

Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.

radio
FrayBa y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro

Defensores comunitarios tseltales de Chilón exigen el cierre de los procesos penales en su contra por defender su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

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