EL ACTUAL GOBIERNO DE GUERRERO SIMULA DIÁLOGO CON EL CIPOG-EZ, MIENTRAS LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y QUIENES LOS PROTEGEN, SIGUEN IMPUNES.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

22 de enero de 2022

Bien lo sabemos, que los malos gobiernos administran el país para los capitalistas y que están al servicio del dinero, de quienes con sangre y muerte generan sus ganancias, tal como los grupos narco-paramilitares. Como pueblos indígenas, siempre le daremos paso a la palabra, como ahora lo hicimos con quienes dicen gobernar al estado de Guerrero, hoy pertenecientes a eso que llaman la Cuarta Transformación, pero una y otra vez los malos gobiernos se empeñan en dejarnos claro que nos desprecian, que no les interesamos, que nuestras vidas para ellos y ellas no valen.

Luego de la última reunión entre el CIPOG-EZ, la CNDH y representantes de los 3 niveles de gobierno el pasado 19 de enero, el gobierno federal estatal y municipal, la GN, la SEDENA, la fiscalía y demás instituciones, siguen enviando a personas sin capacidad de tomar decisiones, de resolver la situación, de proponer posibilidades, de ser sensibles a nuestra situación; por supuesto, sus enviados tampoco sienten vergüenza de que nuestra lucha como pueblos, sea debido a su incapacidad de resolver al menos la situación de violencia que azota al estado de Guerrero; ni hablar de la pobreza, salud, educación. Está claro que no les interesa resolver nada, porque es justo de eso de lo que viven, de la muerte, de la pobreza, del hambre, de las necesidades del pueblo; la estrategia de los malos gobiernos es permitir que todo esté desordenado, para luego hacer como que lo resuelven, simular que escuchan al pueblo, de tal forma que la población vuelva a mirar a un mal gobierno como necesario.

Nombramos a Francisco Rodríguez Cisneros, Secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Coronel Héctor Hernández de la Guardia Nacional, Edgar Leyva Cervantes, Director General de Asuntos Religiosos, Yuridia Melchor Sánchez, Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Carlos Alberto Villalpando Millán, subsecretario de Gobierno  de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y más funcionarios, Directores Generales, Procuradores, Subdirectores y Subdirectoras, Jefas y Jefes, que reducen el problema de abandono y violencia en nuestras comunidades a la instalación de módulos de seguridad para la atención a los ciudadanos, a continuar con los recorridos de la GN y la SEDENA y a atender las denuncias; claro que no podía faltar la celebración de una siguiente reunión. Vemos claramente que no entienden la magnitud del problema, que minimizan la violencia que vivimos, que no ven ni escuchan, porque eso implicaría trabajar, investigar, llegar al fondo del problema, deslindar responsabilidades entre los mismos funcionarios y funcionarias que protegen a los grupos delincuenciales o que incluso son parte de éstos y así hasta encontrar la verdad y la justicia.

Nosotros y nosotras como pueblos dignos, pertenecientes al Concejo indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, bien sabemos que todos estos funcionarios son los mismos que en el pasado, con las siglas del PRI o PRD, y hoy con las de MORENA, simularon mesas de trabajo y se tomaron la foto con los niños hambrientos, con las mujeres pobres, con los comunitarios que llevamos en nuestros ojos las ausencias de nuestros hermanos y hermanas; ausencias de esas que para ustedes son sólo cifras para que en las campañas políticas próximas, puedan decir “no fueron tantos muertos como en el gobierno pasado” o bien que “ahora hubo más muertes por provocaciones de grupos opositores que quieren desestabilizar a la 4T”.

Por eso dejamos claro que no permitiremos más simulación. Si sus tiempos se miden con los calendarios del poder, con los calendarios electorales, los nuestros por las vidas de nuestros pueblos y les decimos que no vamos a quedarnos sentados en mesas de trabajo mientras quienes nos asesinan siguen libres y amenazando a nuestros hermanos y hermanas en la Montaña Baja de Guerrero. Tampoco dejaremos de denunciar que estos grupos delincuenciales que asesinan, han estado protegidos por las policías municipales, estatales, por la fiscalía, por el PRD y otras instituciones; no dejaremos de nombrar que a un lado de la Guardia Nacional hay campamentos de “Los Ardillos” y que la GN hace como que no los ve y con esa acción permite que nuestras comunidades vivan en un estado de miedo y terror permanente. Tampoco dejaremos de recordarles a ustedes, gente de la Cuarta Transformación, gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, que al no resolver la situación de inseguridad, de  muerte y violencia en nuestras comunidades, se vuelven cómplices también de los grupos narco-paramilitares como “Los Ardillos”.

¡DEJEN DE SIMULAR Y DE JUGAR CON LAS VIDAS DE LOS PUEBLOS!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLAN, OAX.
2O20-2O22 Tel. y fax. (951) 52 3 20 71

Crónicas de traiciones

En el 2018, mientras la mayoría de actores políticos de Oaxaca; activistas, líderes sociales, caciques, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG,s, frentes, colectivos y un largo etc., se preparaban, como parte del “poderoso” ejercito electoral que llevó a la presidencia a AMLO y que
le dio la mayoría en la cámaras de representantee al nuevo ‘partido”, MORENA, aIguno,as nos preparábamos para continuar con la defensa de nuestro territorio ante un nuevo escenario incierto y con muchas dificultades, como lo predecíamos.

La REMA fue uno de los pocos referentes anti mineros, posiblemente el único, que daba la señal de alarma, AMLO continuaría con el depredador modelo extractivo minero, y no solo eso, AMLO decía que; se logrará mayor inversión de las empresas mineras canadienses.

Fue complicado una reorganizaci6n en el valle de Ocotlán, cuando autoridades municipales y agrarias así como los operadores po!íticos del valle se mezclaban con los ‘referentes’ anti mineros” de la región y parecían ser un mismo equipo.

Así escuchábamos, por ejemplo, al anterior secretario fallido de la SEMARNAT decir, en una reunión cuasí clandestina en la ciudad de Oaxaca, el 12 de diciembre del 2019 que se podria cancelar el
proyecto minero de la empresa Cuzcatlán en San José del Progreso, claro lo decía suavecito y escondido en el domicilio de una las ONG,s aliadas de la 4T.
Durante estos 3 años se intentó por todas las vías denunciar toda la serie de atrocidades que ha cometido en el valle la criminal empresa minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines y buscar la atención de quienes son los encargados, ahora de este nuevo gobierno, para que se investigue y sancione a esta criminal empresa, pero, solo se han recibido promesas y más promesas, palabrería y mentiras y más mentiras disfrazadas de verdades.

El 6 de octubre del año pasado, fuimos recibidos por la propia y actual secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, ahí se comprometió a una serie de compromisos que, como decimos, sólo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar tas afectaciones de la minera.

Incluso, unos dias después de la reunión con la señora Albores, aquí en San Pedro Apóstol, el Dr. Daniel Quezada Daniel, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y titular de la unidad de transparencia de la SEMARNAT, enviado por la propia secretaria para dar “seguimiento” a los acuerdos, pedía un reconocimiento a la SEMARNAT y a la 4T por haber cumplido, decia él, con todos los compromisos adquiridos y haber negado la MIA, en ese momento, de Cuzcatlán, un cinismo descarado de estos funcionarios.
Así, nos enteramos por vía de los medios de comunicación el 20 de diciembre pasado que la SEMARNAT, esa secretaría que pedía reconocimiento por cumplir con su “trabajo de protección al ambiente de
nuestro valle” y que incluso nos llamaba “compañeros” en las reuniones, acababa de otorgar el permiso de ampliación por 12 altos más a la criminal empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Cómo se puede cambiar una decisión con Ias mentiras que se escriben en un papel? Cómo se puede cambiar una decisión después de, supuestamente, revisar por parte de expertos científicos de la
SEMARNAT una decisión así?
No nos sorprende la traición de este gobierno, todos nos han traicionado, pero si nos molesta, nos encabrona.
Hemos aprendido la lección, no se puede creer en los mentirosos, no se puede creer, en los neoliberales, no se puede creer en los pro-mineros.
Ante esta tremenda decisión de la SEMARNAT, del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tal parece que la adulación que le hiciera el presidente municipal de San José del Progreso en una cartita y después los abrazos y apapachos que le dio en su última visita a Oaxaca, claro, con el apoyo de lobby minero, pudieron más que sus convicciones, claro, las convicciones que dice tener.
Tenemos claro cuál es camino a seguir y tenemos claro, ahora más que nunca, que no podemos confiar en este gobierno mentiroso y traidor.
Los pueblos que hoy firmamos ese comunicado y los que están, al igual que nosotros, en camino de hacerlo, con la decisión firme de defender nuestra tierra, continuaremos aquí en nuestro territorio dispuestos a seguir esta lucha como siempre y desde tiempos inmemoriales, defendiéndola.

Nuestra postura y nuestras declaratoria de NO A LA MINERÍA, no serán de papel o de saliva, son decisiones que haremos respetar desde nuestra ley y costumbre, con nuestra fuerza pero tambien con todo el derecho que nos da ser pueblos originarios.
Les decimos a la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, a su ahora aliado, y seguro como nos decía a nosotros, compañero, SEMARNAT, a la 4T y al propio AMLO:

AQUÍ NO PASARÁN.

La decisión ya está tomada y nuestros pueblos ya decidieron.
No queremos minería, ni queremos empresas mineras asesinas en nuestros pueblos.

Fuera mineras de la muerte de nuestro valle.
La tierra no se vende, la tierra ae ama y se defiende.

Municipio San Pedro Apóstol, Ocotlán ,

Municipio San Pedro Mártir, Ocotlán,

Ejído de San PédroApóstol, Ocotlán

Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán

Valle de Ocotlán, de enero del 2022.

Documento para bajar:

Escaneo0072

CERSS No 5

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A la Sociedad Civil nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México y del mundo.

A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.

A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.

Al Frayba

La organización La Verdadera Voz del Amate adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeras y compañeros antes que nada el día 19 de enero del presente año denunciamos al contador Giovani Ramos Morales.

Por lo mismos que no los quieren proporcionar nuestros desayunos y comida, las cocineras siempre hacen así para que sirvan lo que corresponde como la ley marca, nos dan la mitad lo que nos dan la comida que dan es de mala calidad. Nosotros respetamos las reglas, pero no podemos soportar esos tratos. Exigimos el cambio de la cocinera si no cambia la situación. La cocinera de nombre Beti es la que comienza todo, como si mandara en el centro. Es una humillación y discriminación lo que hace esa cocinera de nosotros y al que quiere que llegue en su mano al Subsecretario Jose Miguel Alarcón y al gobernador del Estado Rutiló Escandon Cadenas.

Esas son nuestras palabras.

Presos en lucha.

German Lopez Montejo.

Abraham Lopez Montejo.

Abrelio Sanchez Perez.

Los y las representantes y miembros de pueblos originarios, organizaciones y colectivos provenientes de distintos puntos de esta geografía llamada México, nos reunimos el 15 y 16 de enero de 2022 en el Altepelmelcalli en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, compartir nuestras luchas y discutir propuestas de organización y articulación para enfrentar esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos que sangran nuestros territorios, la madre naturaleza y a la humanidad entera.

Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo en donde realizamos un análisis conjunto enfocado en tres ejes: la guerra contra los pueblos, la ley de los Pueblos frente al Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre 2021, así como propuestas de Acción.

CONSIDERAMOS:

Que la instalación de gasoductos en diversas geografías de nuestro país desde el territorio yaqui, pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y centro de Puebla, Morelos, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, así como en otros países como en el sur de Italia, se está llevando a cabo mediante la imposición, el uso de la fuerza pública, la criminalización, el despojo e incluso el asesinato de compañeros defensores como lo es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no son para beneficio de los pueblos y la humanidad, sino para los grandes capitalistas que tienen la intención de incrementar la industrialización en nuestros territorios afectando la vida de miles de mujeres y hombres que se dedican al campo y otras actividades diversas, queriendo estos capitalistas convertirnos en esclavos de la industria en nuestras propias tierras, viendo cómo se deteriora nuestra salud y se incrementan sus ganancias a costa de la contaminación que generan.

Que existe una guerra que tiene 529 años cimentada sobre el despojo. Una guerra que destruye el territorio y la vida y que también atenta contra los pueblos originarios, contra nuestros saberes, nuestra cultura, nuestras comunidades, así como contra los y las defensoras del territorio. Es una guerra racista, clasista, colonialista y patriarcal a la que nos enfrentamos en lo local y en lo global, que nos ve a nuestros pueblos y territorios como recursos a extraer. Se realiza a través de la militarización de nuestros territorios por el ejército o el narco, lo que es una evidencia más de esta cuarta guerra contra los pueblos originarios. Esta guerra pretende un exterminio de la diversidad cultural y biológica, que resulta en cambios climáticos y amenaza al mundo entero.

Que el Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal en contra de quienes defendemos la vida y nuestros territorios, a través de declarar los megaproyectos de interés público, seguridad nacional y autorizarlos en un plazo no mayor de 5 días, al margen de toda protección ambiental y del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy su discurso de legalidad vuelve a ser la colonización y muerte, pues hace tan solo cien años, era legal matar yaquis y hoy es legal matar nuestra madre tierra y nuestros derechos como pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras que han llamado México.

Que frente a esta nueva embestida se hace necesario entonces fortalecer la ley de los pueblos, a través de la autonomía y del control del territorio, lo que sólo es posible a través del fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria. Como pueblos originarios, al existir desde antes de la constitución del Estado Mexicano tenemos derecho a que sean respetados nuestros sistemas normativos propios y para ello debemos continuar luchando a través de diferentes herramientas, que incluyen la organización comunitaria, las acciones directas, la defensa jurídica y la creación de proyectos de vida y formas de energía sustentables. Que debemos trabajar para construir la justicia de los pueblos, basada en la autodeterminación, que contenga la palabra de las mujeres, de la juventud y de la niñez, y que responda a los tiempos de los pueblos y no a los del gobierno.

Compartimos este análisis en asamblea y decidimos llevar a nuestros pueblos, colectivos, organizaciones barriales, vecinales los siguientes

ACUERDOS Y PROPUESTAS
PRIMERO: Realizar una Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos del 22 de marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo al calendario de las resistencias de la defensa de la vida. La Caravana iniciará el 22 de marzo en el Altepelmelcalli, Casa de los Pueblos, Juan C. Bonilla, en el primer aniversario de la toma de Bonafont y día Mundial del Agua.

La Caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México, los días 8 y 9 de abril y a Santiago Mexquititlán, territorio Otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

La Caravana cerrará el día 22 de abril, día de la Jornada Global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte “EL ISTMO ES NUESTRO”, en el Istmo de Tehuantepec, y Día de la Tierra . Convocaremos a acciones dislocadas que se sumen al cierre de la Caravana a través de las distintas geografías.

La Caravana también llegará al territorio del Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, en una fecha por definir.

La Red Futuros Indígenas acuerparán las estrategias de comunicación de la Caravana. La Campaña Luces de las Resistencias donará material didáctico para la campaña.

Más puntos de ruta se definirán próximamente, en colectivo.

SEGUNDO: Nos sumamos al calendario de las resistencias

20-25 de febrero – MAIZ invita acompañar la acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la Sierra Negra de Puebla.

29 y 30 de enero – Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, en Tehuacán, Puebla.

16 de Febrero – En el Marco de 26 Aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, se realizará un Foro en la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, Comunidad Indígena Otomí, CDMX, además de acciones dislocadas en cada región, comunidad y organización.

20 de febrero – Tercer Aniversario del Asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, con acciones articuladas en nuestras comunidades y territorios.

TERCERO: Realizar un Encuentro de Juventudes e Infancias en defensa de la vida y el territorio

Onergia cooperativa se suma al Encuentro para capacitación en alternativas energéticas La Red Futuros Indígenas se suma a este Encuentro

Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte: Pueblos Unidos-CNI-CIG, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala-CNI-CIG, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Foro Nacional de las Resistencias y Alternativas de los Pueblos, Heroico Pueblo de Loma de Bácum, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-CNI-CIG, Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo, Futuros Indígenas, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Red Luces de la Resistencia, Un Salto de Vida, Lucha contra el Gasoducto en Lagos de Moreno-CNI-CIG, Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-CNI-CIG, Consejo Regional Totonaco, Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México-Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, CNI-CIG

ACCION URGENTE.

Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

A la Lic. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al Lic. Adán A. López. Secretario de Gobernación.

Al Lic. Alejandro Murat, Gobernador del Estado de Oaxaca.

Al Lic. Francisco Garcia, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Al Presidente de la Defensoria de los Pueblos de Oaxaca.

Al Lic. Arturo Peimbert, Fiscal General del Estado de Oaxaca.

El día de hoy 18 de enero del año de 2022, la comunidad zapoteca de San Juan Lajarcia denuncio el secuestro de los comuneros Ignacio Altamirano, Cayetano Bautista Sánchez y José Escudero Domínguez, el primero de ellos Presidente del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad, además otros tres comuneros se encuentran desaparecidos. Este secuestro fue perpetrado por un grupo armado de la comunidad de San Bartolo Yautepec.

Desde hace dos años la comunidad de San Juan Lajarcia ha venido requiriendo a los gobiernos del presidente López Obrador y del estado de Oaxaca Murat Hinojosa su intervención directa ante la presencia de un grupo armado, que ha venido intimidando a los campesinos de dicha comunidad, pero a pesar de dicho llamado, hasta ahora la intervención gubernamental ha sido insuficiente. Es importante señalar que el conflicto que enfrentan ambas comunidades se ha agudizado por la presencia de una empresa cementera.

Las organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, Sindicales, de mujeres y del movimiento urbano popular de 14 estados del país que suscribimos la presente les solicitamos su intervención inmediata para evitar una tragedia y de que se sigan violando los derechos de la comunidad indígena Zapoteca de San Juan Lajarcia.

EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMUNEROS SECUESTRADOS.

18 de enero del 2022.

Atentamente

Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, LAVIDA, EDUCA, Pobladores, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas-Oaxaca, Corriente del Pueblo Sol Rojo, CAMPO, Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Consejo Indigena del Uxpanapa, Cooperativa Tepeyolo “Corazón de la Montaña”, Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” de CLACSO y Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Resistencia Civil del Istmo Oaxaca-Veracruz. CNPA-MN, Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia (CONUR), Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari de Nayarit; Fuerza Social Choapense AC. Sección 22 del SNTE, Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista (Glefas).

Por Sare Frabes

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre

Por Sare Frabes