Pueblos Indígenas
Colectivos de Francia, denuncian agresiones contra zapatistas en Chiapas y reiteran su solidaridad con la lucha por una vida digna. «No están solas» su mensaje de apoyo
A :
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Via :
Raymond de Las Casas de Saint-Martin, Consul honorario de México en Toulouse
Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador México en Francia
Toulouse, suroeste de
Francia
14 de enero de 2022
Señores y Señoras,
Como Red de resistencia y rebelión del suroeste de Francia, y de apoyo a la lucha por la vida de nuestros compas zapatistas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunciamos las violencias ejercidas contras los pueblos indígenas deChiapas con impunidad total, a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles de gobierno mexicanos.
Nos solidarizamos particularmente con la comunidades de Moises y Gandhi y de Nuevo San Gregorio, dependientes del Consejo de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol10 Floreciendo la Semilla Rebelde.
Desde el verano 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.
Entre las acciones que han llevado a cabo y se han denunciado públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad: el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.
El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”
El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.
El 21 de noviembre, una vez más los paramilitares de la ORCAO atacaron con armas de fuego a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendiaron la escuela secundaria autónoma.
En la misma zona, y desde noviembre de 2019, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por « el grupo de los 40 », cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces.
Hoy en día, de sus 155 hectáreas , sólo le queda 7 hectáreas al pueblo ; sus habitantes resultan reducidos al estado de campesinos sin tierra. A pesar de la denuncia de esos actos por parte de la Junta de Buen Gobierno, via el CDH Fray Bartolomé de las Casas, el 2 de diciembre de 2021, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 ganados con hambre y errando por la tierra arada.
A cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten « secuestrad@s » y ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de su casa, sometid@s a la guardia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos. Para colmo de la impunidad que reina en Chiapas, existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos que entretienen los invasores con la policía municipal de Huixtán.
¿Así que se puede hacerlo todo en Chiapas bajo la mirada de la policía o del ejército ? ¿Robar tierras ? ¿Secuestrar a la gente ? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T ?
Los invasores de tierras pusieron un precio a las tierras que robaron : 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿ Quién comprará estas tierras robadas ? ¿ El Éstado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua proyectada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida ?
Esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno. Por lo que urgimos al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
El 10 de enero, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma de 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado, ¡resultó que una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas ! También denunciamos estas desapariciones forzadas.
También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (y últimamente, 49 ataques con arma de fuego los 7,8,9, y 10 de enero de 2022, un muerto, un zapatista herido mientras iba a trabajar a su milpa con su familia), o ante el asesinato de de Simon Pedro Pérez ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.
Como lo escribió el Subcomandante Galeano en septiembre de 2021, Chiapas está « al borde de la guerra civil », una situación creada por el mismo Estado Mexicano :
Desde 1994, su estrategia contra-insurreccional a favorecido la emergencia de grupos paramilitares que actúan en total impunidad. Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.
Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras o obligándolas a romper con sus usos y costumbres.
Crea programas de « ayuda » como « sembrando vida » que, ellos también favorecen tanto la destrucción del modo de vivir de los pueblos indígenas y la de las tierras estimulando la monocultura productivista, como la invasión por la fuerza de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).
Denunciamos la violencia hecha a los pueblos indígenas y su impunidad. Y urgimos a que los responsables institucionales actúen como en un Estado de derechos, en el respeto de la vida y de los derechos de los pueblos. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para que pare la violencia cada vez mayor en Chiapas.
Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra, y por ende por la de la humanidad.
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Colectivo intercerros de las dos orillas del río Aveyron, Tarn- Tarn et Garonne
Colectivo Elaff, Tarn
Colectivo Zapatería, Toulouse
Colectivo Sebag, Aveyron
Cazsa, Aveyron
Colectivo Chiapas Ariège
Cofirmantes :
Asociación Americasol, Red Escargot, Tarn
Asociación Mut Vitz31, Red Escargot, Haute Garonne
Asociación Chiapas Sol, Red Escargot, Aveyron
Asociación Café Kapel, Red Escargot, Finisterre
Foro Cívico Europeo
Movimiento de las Cooperativas Europeas Longo Maï
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Longo Maï, Alpes de Haute Provence
Le jaguar phocéen, Bouches du Rhône
Asociación Mut Vitz13, Bouches du Rhône
CH03, Bouches du Rhône
Asociación Café Z, Bélgica
Asociación Casa Nicaragua, Bélgica
Zapatisten Lagunak, País Vasco
Mujeres y disidencia de la Sexta en la otra Europa et en Abya Yala, Red de Resistencia y
de rebelión.
(English) Two Members of the CIPOG-EZ Disappeared by Municipal Police in Guerrero
Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities
To the Zapatista Army of National Liberation
To the National Indigenous Congress
To the Indigenous Governing Council
To the National and International Sixth
To the Networks of Resistance and Rebellion
To the Network Against Repression and for Solidarity
To the Human Rights Organizations
January 27, 2022
Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.
As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.
It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.
What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.
The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.
For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.
- We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
- We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
- We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.
We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.
Sincerely,
Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata
