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En portada: Habitantes de San Cristóbal de las Casas exigen la protección de los humedales de montaña
El pasado jueves (14), personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión en San Cristóbal de las Casas que tenía el propósito de emitir la declaratoria de hábitat crítico de los humedales de montaña.
Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como “los motonetos”, impidieron el paso a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunirían con representantes de colonias para explicar la declaratoria.
Habitantes de las colonias aledañas a los humedales registraron al grupo agresor y la falta de vigilancia policial
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial.
El primer día de abril, la Semarnat publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para alertar sobre estado crítico de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, “tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible”, además de la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.
El documento público hace referencia que el instrumento fue adoptado a partir de la lucha de la organización social que defiende los humedales La Kisst y María Eugenia, localizados dentro de la mancha urbana.
“Aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño”, reza el texto de Semarnat.
El pasado 26 de febrero, ambientalistas y representantes de las colonias y barrios solicitaron el cumplimiento y seguimiento del acuerdo de establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Esto, según la Semarnat, permitirá la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en los humedales.
Ahora será facultad de la dependencia federal preservar, proteger y restaurar los humedales: prohibir la liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de sustancia tóxicas como plaguicidas; no permitir la contaminación del agua, así como tampoco el desarrollo inmobiliario dentro del polígono de hábitat crítico que comprende 220 hectáreas.
Agresiones
Después de la declaratoria, los activistas y ambientalistas lograron un espacio en la agenda de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, para reunirse con representantes de al menos 90 colonias y explicar el funcionamiento del mecanismo de habitar crítico.
El encuentro se planeó a discreción entre autoridades municipales, estatales y federales, pero el día del encuentro los policías se retiraron de la zona y un grupo de choque armado con machetes se colocó en el camino de la colonia FSTSE 2001, que colinda con el humedal María Eugenia, lugar acordado para el acto ambiental.
Las personas armadas dijeron que la declaratoria es para desalojarlos y mientras trataron de explicarles que la búsqueda es la conservación de las áreas, la situación se tensó. Hubo jaloneos, persecución, amenazas y agresiones físicas al académico de la Universidad Intercultural de Chiapas y ambientalista, León Enrique Ávila, que documentó el hecho con su teléfono celular.
“Es complicado hablar con gente que le han sembrado odio y que viene de manera muy agresiva”, relató y agregó que el grupo de choque no permitió la entrada de alrededor de 100 personas. Ávila cuenta con medidas del mecanismo de protección de defensores desde el año pasado, por la violencia que enfrentan como defensores y ambientalistas en los Altos de Chiapas.
Los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como “los motonetos”, que han invadido o son cómplices en actos ilícitos en las reservas ecológicas, también reconocidas como sitios Ramsar —por su importancia internacional—.
Luego de la tensión, la policía municipal detuvo a dos personas que fueron liberadas horas más tarde. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizaron al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria.
Por su parte, Albores González escribió en redes sociales: “El proceso de defensa del Hábitat Crítico de La Kisst y María Eugenia en Chiapas lo construiremos juntos a través del diálogo respetuoso. Diálogo, acuerdos y la defensa de la naturaleza guían nuestra acción. El agua de San Cristóbal de Las Casas es el bien superior a proteger”.
Humedales en riesgo
La defensa de los humedales siempre representó un peligro para los ambientalistas, pero desde 2020, la situación se agravó, por lo que dos representantes de 14 colonias cuentan con medidas de protección.
“De 2015 para acá tendremos alrededor de 10 incidentes graves en los que se ha puesto en riesgo la integridad de los defensores de los humedales”, agregó el investigador agredido.
Durante años, los defensores de los humedales han solicitado la historia traslativa de los terrenos, pero es negada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahora se enfrentan a la amenaza de los grupos criminales de la zona que ya están involucrados en el deterioro de las zonas de conservación.
Humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Los humedales de montaña surten de agua al 70 por ciento de la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y albergan especies endémicas como el pez popoyote, además son refugio de aves migratorias y residentes.
Este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la falta de protección de los humedales por parte de autoridades federales, estatales y municipales y emitió la recomendación 18-2022.
Se trata de 115 hectáreas de los humedales de la Kisst y las 110 de María Eugenia, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad turística que crece precipitadamente, por lo que urgen soluciones para evitar la pérdida total.
“Están contaminando los humedales y están generando no solo un problema de salud pública para los que vivimos alrededor sino para los habitantes de la ciudad. Pedimos que acepten ser reubicados; nosotros queremos que se conserve lo que queda de los humedales”, dijo Ávila.
El académico dijo que la titular de Semarnat se retiró tras el incidente, pero el encuentro se logró con representantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); además de María del Rosario Bonifaz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y quien no aceptó las recomendaciones previas de la CNDH sobre este caso.
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Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.
La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.
De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.
“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.
En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.
Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.
Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.
El conflicto
En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.
Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.
En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.
El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.
Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.
“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.
Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.
La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de abril de 2022
Boletín No. 14
Justicia para Simón Pedro Pérez López
Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada por la defensa del acusado de ser el asesino material de nuestro compañero.
El pasado 28 de marzo de 2022, se suspendió la audiencia de etapa intermedia debido a que la defensa del acusado solicitó diferirla para realizar una propuesta de procedimiento abreviado (en donde el acusado admita su responsabilidad). Seguimos en espera de fecha para la celebración de la audiencia intermedia en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio un plazo de diez días para que se valorara la propuesta por parte de la representación legal que encabeza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto a la familia de Simón Pedro y la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal). Este tiempo ha sido de reflexión colectiva, consideramos que la estrategia de procedimiento abreviado propuesta por la defensa del acusado de ser el asesino material de Simón Pedro atenta contra la verdad, la justicia y las pruebas aportadas tanto por equipo del Frayba, como por la familia de nuestro compañero asesinado.
La propuesta de la defensa implica que el delito sea reducido a un homicidio simple, lo que omite el carácter de ejecución sumaria y la vinculación del hecho al trabajo de defensor de derechos humanos que realizó Simón Pedro en la región de Simojovel, Pantelhó y Chenalhó en medio de un contexto de violencia generalizada auspiciada y permitida por el Estado mexicano; esto es, en los hechos del asesinato quedarían exentos tanto la alevosía como la ventaja, además de omitir el trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia que implicó la planeación de la ejecución con arma de fuego.
No nos cansaremos de hacer hincapié en que el camino emprendido por Simón Pedro ha sido de luz en medio de una profunda obscuridad, por eso lo reivindicamos desde la memoria por su compromiso como catequista, padre, hermano, esposo, hijo y defensor de derechos humanos. Su mirada profunda y llena de esperanza fue el reflejo de su decisión de luchar por defender la vida y caminar junto a los pueblos para denunciar la injusticia e impunidad.
Junto a Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro seguiremos exigiendo al Estado mexicano una investigación exhaustiva que abarque a los autores intelectuales de su asesinato, exigimos también que retome lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de defensores de derechos humanos asesinados: “las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y sus actividades para identificar los intereses que podrían haberse visto afectados en el ejercicio de las mismas, a efectos de establecer y agotar las líneas de investigación que tengan en cuenta su labor, determinar la hipótesis del delito e identificar a los autores.[1]
La vida de Simón Pedro será alegría para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos construyendo La Otra Justicia, desde el no olvido, la memoria y la verdad, exhibiendo la muralla de impunidad que el gobierno mexicano ha impuesto, construida desde la permisividad del contexto de violencia que cubre la región de Los Altos de Chiapas.
Desde este pequeño espacio de luchas profundas que representa Chiapas, abrazamos a todas las familias de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en nuestro país, les decimos que seguimos luchando a su lado porque estos crímenes no queden en la impunidad y por hacer que en este mundo existan espacios para la justicia y la dignidad.
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[1] Corte IDH. Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de septiembre de 2018. Serie C No. 361. Párrafo 47.
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16 de abril del 2022
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación en general
Denunciamos que este sábado 16 de abril se cumplen 6 días consecutivos de hostigamiento, por parte de un grupo armado de más de 30 personas, proveniente de la comunidad de Culilápam de Guerrero, quienes han disparado hacia la comunidad de El Rebollero. Incluso, la Guardia Nacional y policía del estado de Oaxaca, subió este mismo sábado a las 12:50 am y se retiró 13:03 pm, permaneció menos de una hora y, entabló comunicación con las personas que han disparado contra habitantes de nuestra comunidad, El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados. Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó
Cabe señalar que, en meses pasados, el gobierno de Oaxaca, a través de Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, nos llamó para entablar un diálogo con
autoridades vecinas de Culilápam de Guerrero, para tratar el tema de nuestras tierras que, sostienen, les pertenece. Nosotros como comunidad decidimos participar en este dialogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de dialogo se suspendía.
Nosotros, nosotras, como comunidad El Rebollero, estuvimos abiertos a compartir la
palabra, porque pensamos como nos han enseñado nuestros ancestros, que la palabra vale. El rompimiento del diálogo no solo viene del gobierno, sino que también, de la comunidad de Cuilapam de Guerrero y del municipio de San Pablo Cuatro Venados al desconocernos.
Además, no solo han traicionado su palabra, sino también a sus propios paisanos de su
comunidad, ya que uno de los objetivos de ocupar nuestras tierras es, la explotación minera, a la cual nos hemos opuesto. Mientras pidieron tregua, estos meses, sin permiso ambiental, comenzaron a realizar exploraciones en una de las tres concesiones mineras que hay en nuestra comunidad. El arroyo que cruza por nuestros poblados y, que tiene como final la comunidad de Cuailpam, ya ha mostrado pigmentaciones de contaminación y esto, no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas.
Vemos una vez más que el gobierno, tanto estatal, como federal, está respaldando a este
grupo de corte paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar
con la explotación minera. Dejamos claro que no cederemos ni un milímetro de nuestro
territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque.
Estos pistoleros están disparando directo hacia los hogares donde hay mujeres y niños.
Responsabilizamos al gobierno de Oaxaca, que encubre y respalda a este grupo armado de
corte paramilitar, así como al gobierno federal, de la escalada de violencia hacia la
comunidad de El Rebollero. También Responsabilizamos a las autoridades de Culilápam de
Guerrero y San Pablo Cuatro Venados y los políticos involucrados, del saldo que pueda
tener esta incursión paramilitar en nuestro territorio.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar estos
atropellos y violación a nuestros derechos humanos y como pueblo zapoteca.
A los medios de comunicación, convocamos a una conferencia de prensa, para este día 20
de abril, a las 2.30 pm, en la Alameda de León, en el centro de Oaxaca. En el marco de la
Caravana por el agua y la vida donde estaremos detallando estas agresiones.
Atentamente Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos ¡Nunca más un México sin nosotros¡
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Entre las comunidades de Morelos que son atravesadas por el Proyecto Integral Morelos se encuentra Huexca y Amilcingo, en el día 21 del recorrido de la Caravana, se visitó ambas comunidades, las dos rechazaron tajantemente la instalación de este megaproyecto, sin embargo el gobierno lo impuso con la justificación de una consulta ilegítima y la descalificación de los luchadores sociales de la región entre el que destaca Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019 por su ardua labor de oposición.
La primera parada fue en la comunidad de Huexca, la termoeléctrica se erige en medio de campos de cultivo y casas humildes que contrastan a la enorme estructura industrial, con una entrada que parece un fuerte de guerra más que una central eléctrica, el personal de vigilancia y técnicos que se pudo observar llevan consigo rifles de alto calibre, la fuerte militarización responde al nulo apoyo que tiene de la población circundante y la imposición autoritaria, ya el presidente había dado su palabra durante la campaña de que esa termoeléctrica no se terminaría pero traicionó y termino descalificó a los activistas de la región como lo ha hecho con las personas que no concuerdan con su proyecto de gobierno.
In early April, shocking video surfaced revealing the brutal murder of civilians by an occupying army. The year was 2010, however, not 2022, in Iraq, not Ukraine, and the soldiers were American, not Russian. On April 5th, 2010, Wikileaks, the whistleblower website, released a classified U.S. military video it called “Collateral Murder.” The video was recorded on July 12, 2007 aboard a U.S. Army Apache helicopter gunship as it fired on a crowd in Baghdad. Two Reuters employees were killed, along with at least eight others, and two children were seriously injured. The video includes audio of U.S soldiers laughing and swearing as they kill, as well as radio transmissions authorizing the attacks from their chain of command. Ultimately, only one U.S. soldier was prosecuted: Army Private Chelsea Manning was court martialed, not for participating in that attack on civilians, but for revealing it to the world.
“Collateral Murder” and the trove of documents Manning uploaded to Wikileaks, the Iraq War Logs and the Afghan War Logs, documented numerous atrocities committed by the U.S., in cold, military jargon.
In the twelve years since the video was released, military conflicts and the inevitable crimes that accompany them have raged around the world, from Congo to Sudan, Ethiopia and Tigray to Libya, from Yemen to Burma to West Papua, to name just a few. In Ukraine, the level of video and photographic documentation, satellite imagery and drone footage published instantaneously and shared globally is unprecedented.
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Aún si se cumplieran con todas las medidas de reducción de carbono, puestas en marcha hasta finales de la década de 2020, el mundo seguirá calentándose hasta 3,2 grados centígrados al final de este siglo con catastróficas consecuencias.
Así lo alerta la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por científicos de todo el mundo quienes insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
De no lograrlo, haría que nuestro planeta se viera afectado por olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras y escasez de agua generalizada.
Ahora o nunca, es el tono de diversos autores del informe para tomar acción y evitar la catástrofe climática. “Tenemos que alcanzar el máximo de emisiones de GEI antes de 2025 y, después, reducirlas muy rápidamente”, detalló Heleen De Coninck, catedrática de Innovación Socio-Técnica y Cambio Climático en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y una de los miles de científicos que elaboraron el informe.
Destaca que la publicación del informe se retrasó porque representantes de distintos gobiernos discutieron temas como la financiación de la reducción de emisiones en el mundo en desarrollo, así como la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los científicos subrayaron que el resumen final fue aceptado por 195 gobiernos.
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Representantes de 200 pueblos originarios de Brasil viajaron hasta Brasilia, la capital de este país, para sostener manifestaciones del 4 al 14 de abril, contra la política anti indígena que ha marcado el gobierno de Jair Bolsonaro.
Durante el Acampamento Tierra Libre, como ha sido bautizado este conjunto de acciones, afirmaron que el gobierno de Bolsonaro “no demarcó ni un milímetro de tierra indígena”, lo que significa que durante su mandato no ha reconocido, oficialmente, ningún territorio ancestral. El recurso jurídico con el que se debe reconocer estas áreas es “la demarcación”. (Continuar leyendo…)
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Las protestas de sindicatos y sectores de la población en el Perú por la subida de precios desencadenaron -en al menos 10 de las 25 regiones del país- un clima de inestabilidad política paralizante, potencialmente conflictiva, autodestructiva para la nación. La represión policial ocasionó cinco muertes -un menor de edad de 13 años entre las víctimas-, en la semana más crítica de los nueve meses de presidencia de Pedro Castillo. De momento se detuvieron las manifestaciones, tras anuncio de medidas de ajustes del Gobierno.
A la vez que reclamos por el incremento del valor de combustibles y fertilizantes, ocasionado por la guerra en Ucrania, los gremios agrarios y de transportistas apuntan a políticas económicas estructurales. Como una segunda reforma agraria y el cambio de la Constitución neoliberal fujimorista, promesas de campaña de Castillo a las que se oponen la mayoría parlamentaria, representante del gran capital y las clases empresariales.
En respuesta a la primera semana de huelgas, bloqueos de carreteras y violencia, a pocas horas del martes 5 de abril, el presidente sorprendió con el anuncio del toque de queda en Lima para ese día, con el fin de evitar actos de vandalismo advertidos por informes de inteligencia, según argumentó.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de abril 2022 Acción Urgente No. 05
El Estado mexicano debe garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población
Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia 170 familias en la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de integrantes de la organización Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), con sede en el municipio de Las Margaritas, Chiapas; que el día 11 de abril de 2022, autoridades locales de la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, privaron de la libertad y golpearon a hombres y mujeres por declararse integrantes de ASSI.
A raíz de diversas violencias por usos y costumbres y violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la asamblea y autoridades comunitarias de Amparo Agua Tinta, 170 familias se declararon integrantes de la organización ASSI, esto por invitación del presidente municipal de Las Margaritas Bladimir Hernández Álvarez, para que el problema se resolviera de manera pronta. El presidente municipal los invitó a ser parte de la organización ASSI.
La situación de abuso y violencia perpetradas por las autoridades locales adheridos a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), habría comenzado desde marzo de 2021, ya que las 170 familias se manifestaron en contra de la retención del personal del Hospital Rural en Amparo Agua Tinta. Las 170 familias argumentaron que “…cansados de tanto abuso, hartos de como se comporta las autoridades locales, con mucha corrupción y violencia, multas excesivas…. es mucha la injusticia y el abuso de poder…” decidieron afiliarse a la ASSI para buscar una protección. El 8 de abril de 2022, las 170 familias dieron a conocer en redes sociales su afiliación, por lo que el 11 de abril de 2022, a las 14.00 hrs., estas familias fueron agredidas y privadas de su libertad, entre ellas se encuentran mujeres ancianas y embarazadas. Las mujeres, hombres y adolescentes fueron obligadas a salir de sus casas, fueron amarradas, golpeadas y castigadas, refieren haber sido torturadas, así como obligadas a firmar un documento donde asumen una sanción correspondiente a trabajos comunitarios y a pagar una multa por la cantidad de 20 mil pesos cada persona. El resultado hasta hoy es que 70 mujeres pagarán una multa de 20 mil pesos cada una y 15 días de trabajo comunitario.
Frente a los hechos de violencia y el abuso de poder hacia estas familias, el Frayba manifiesta su preocupación por la privación arbitraria de libertad y tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a hombres, mujeres y jóvenes en la comunidad de Amparo Agua Tinta, por lo que exigimos al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos de las 170 familias, de manera puntual a las 70 mujeres en riesgo, así como la libertad inmediata de quienes aún se encuentran privadas de la libertad, implemente medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población; así como investigar los hechos y entablar un diálogo para devolver la paz y tranquilidad a las familias agredidas, anulando las sanciones injustas hacia ellas.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:
