News:
image/svg+xml image/svg+xml
radio
Diócesis de San Cristobal de las Casas

(Español) Sin Justicia No Habrá Paz | Chiapas desgarrado por el crimen organizado

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ

jTatic Samuel

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS

A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.

De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.

Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.

La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.

Denunciamos:

– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.

– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.

– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.

– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.

– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.

– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.

– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.

– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.

– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.

Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:

– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.

– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.

– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.

– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.

– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.

Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.

Nuestros Pueblos no son Campo de Batallas.

La paz es un grito que merece ser escuchado

(Papa Francisco)

+Rodrigo Aguilar Martínez

Obispo de San Cristóbal de las Casas

+Luis Manuel López Alfaro

Obispo Auxiliar

___________________________________________________________

5 de Febrero y 20 de Noviembre No. 1 – C.P. 29200 – San Cristobal de las Casas, Chis., México – Tel: (967) 67 800 53  Correo:cancilleriasclc@gmail.com

radio
Avispa Midia

(Español) Es urgente encontrar alternativas ante la falsa transición energética

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Doña Lupe y su nieto recorren un área de su comunidad, El Bosque, donde yacían una escuela y casas. Ahora, solo quedan ruinas debido al avance del mar que amenaza con desaparecer totalmente al poblado pesquero ubicado en las costas de Tabasco. Foto: Aldo Santiago

Los objetivos que han asumido los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y corporaciones transnacionales, enmarcados en el Acuerdo de París como hoja de ruta a seguir para detener el aumento de la temperatura planetaria a 1.5 grados centígrados (°C) por encima de los niveles preindustriales, no se están cumpliendo advierte Naciones Unidas.

Con el Acuerdo de París se trazó como principal objetivo un proceso de descarbonización de la economía, entendido como la sustitución de los combustibles fósiles por nueva tecnología que emitiera menos gases de efecto invernadero, responsable del cambio climático, según la ONU.

Desde entonces, países y empresas han desarrollado acciones que las han llamado “transición energética” que, llevadas a cabo, deberían limitar, según el acuerdo, el calentamiento global a 1,5 °C, esto implica reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas advierte, en su informe 175 de Análisis Económico publicado este mes de septiembre, que no se están alcanzando los objetivos planeados. Incluso, ha proyectado sobre un escenario de temperaturas mundiales de 2 °C, 2,6 °C y hasta 3°C por encima de los niveles preindustriales. En este escenario se avisora una caída de hasta el 18% de la producción mundial de bienes y servicios reflejada en el Producto Interno Bruto munidal (PIB).

En entrevista para Avispa Mídia la ingeniera industrial Beatriz Olivera señala que esa advertencia es preocupante ya que supone que, “el mundo de alguna manera sigue anclado en los combustibles fósiles y es muy probable que no haya cambios en el corto plazo”, por tanto, no se estaría cumpliendo con el Acuerdo de París y tampoco con los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU.

Además de la posible caída en la producción mundial de bienes y servicios, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que este contexto podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas más de aquí a 2030, si no se adoptan medidas de adaptación al cambio climático y mitigación adecuadas. Aunque en 2019 las cifras ya destacaban un crecimiento de al menos 1300 millones de seres humanos en estas condiciones.

Gente en situación de calle, Sao Paulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F.

La ingeniera mexicana, quien participó en una investigación llamada Minerales críticos para la transición energética, arremete diciendo que, “deberíamos estar muy preocupados porque países como el nuestro (México) serán de los más impactados”, advirtiendo que las comunidades más vulnerables de este país ya están sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar, las sequías, las oleadas de calor y las inundaciones.

El costo de la “transición”

El Banco Mundial (BM) ha advertido que esta “transición” requiere al menos un aumento de casi 500% de más minerales hasta 2050, lo que implica mayor extractivismo en diversas geografías y, con ello, más impactos ambientales y sociales. Esta entidad financiera tiene clasificado al menos 24 tipos de minerales necesarios para el remplazo de la matriz tecnológica de combustibles fósiles a energías renovables, como los complejos de energía solar fotovoltaica y de concentración, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.

Sin embargo, solamente los complejos eólicos, además de grandes cantidades de concreto, “1,200 toneladas por cada aerogenerador de 3 mega watts”, según la ingeniera Olivera, también requiere al menos 14 tipos de minerales como Aluminio, Bauxita, Bario, Boro, Cobalto, Tierras Raras, Cobre, Plomo, Níquel, Zinc, entre otros.

Bauxita es la materia prima para la producción de aluminio. Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo y es en la Amazonía donde se encuentra el 75% de las reservas nacionales.

La tecnología solar ocupa casi los mismos minerales, además, del Cadmio, Estaño, Galio Germanio, Indio, Manganeso, Molibdeno, Plata, Selenio, Silicio y Telurio. Un total de 17 tipos de metales.

“Uno de los minerales que va a tener mayor demanda, a medida que se acelere la transición, será el cobre, el litio, grafito y cobalto. El litio es para las baterías de los automóviles. De manera que no se puede dejar de pensar en estos minerales cuando se habla de transición energética”, puntualiza la investigadora Olivera.

El BM estima que la demanda de estos minerales se disparará conforme avanza el cambio de matriz tecnología. La demanda del litio aumentará en un 488% y casi de forma similar el grafito ascenderá a 494%, mientras que el cobalto en 460%, según los datos de esta instancia financiera.

¿Quién pierde y quién gana?

Por su parte, a las grandes corporaciones y a las principales económicas del mundo, lo que más les preocupa es la disminución del crecimiento económico mundial. Se justifica acelerar la inversión en energías renovables para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía.

El pasado mes de junio, los integrantes de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, alianza militar de países de Europa y Norteamérica), debatieron diversos temas, entre ellos, los llamados “minerales críticos y tierras raras” que requiere la “transición energética”. Certeramente pusieron especial atención en el cobre, litio, níquel y cobalto, resaltando que su demanda “ya es muy elevada y aumentará a medida que avance” el reemplazo tecnológico, advierten.

Bolivia posee reservas estratégicas de níquel en el cordón amazónico.

Además, la OTAN destaca que la demanda no necesariamente está cubierta, es decir, hay escasez, por eso son considerados críticos. En todo caso, “si no se produce un cambio sustancial en la oferta, los precios de estas materias primas preciosas se dispararán, y los países podrían tener que tomar decisiones difíciles sobre si destinar estos insumos al sector de la energía sostenible o al de la defensa”, reza el documento publicado en julio pasado.

Siguiendo estos mismos lineamientos, la ONU hace hincapié, “por encima de todo, la transición energética es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y que, con ello, se espera que “cambie la estructura del comercio internacional y los flujos de capital”.

El bloque de la OTAN tiene claro que los países que controlen estos suministros “adquirirán probablemente una enorme influencia en el mercado y, presumiblemente, también diplomática”, haciendo alusión que tienen un gran desafío por delante, que es China. Este país asiático, en 2022, figuró como el principal productor de tierras raras cubriendo el 70% del mercado, seguida de Estados Unidos, Australia, Myanmar y Tailandia, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La investigadora Olivera argumenta que no hay que esperar que las soluciones provengan siempre de las élites, sino que debemos de tomar partido en el asunto y buscar soluciones desde abajo, como las cooperativas o redes de solidaridad.

Por eso es importante “que nosotros no hablemos de transición energética sino de transformación, porque tenemos que reinventar, reconfigurar la nueva manera de producir y de generar energía; es posible, pero nos falta creatividad”, dice la ingeniera.

Protesta contra la explotación de litio en la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, Argentina.

Olivera considera que esta llamada “transición” es lo más próximo a una mera sustitución de tecnológica. “Quienes perdemos somos las poblaciones, los países, la gente que está en los territorios donde se van a extraer estos minerales. Gana un puñado de élites. Así como las personas que van a poder acceder a un auto eléctrico (…), y pues las empresas, las mismas de energía renovable”, que serán las que delimiten los márgenes del nuevo mercado.

Para los miembros de la OTAN, el objetivo es claro, “con el tiempo, las industrias energéticas sostenibles repartirán el mercado y el poder político de formas diferentes y a veces inesperadas. Los países productores de los minerales críticos necesarios para la producción de baterías y la generación eléctrica adquirirán nuevas fuentes de riqueza e influencia”, reza el documento derivado de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Tras esta reconfiguración de una nueva división internacional del trabajo definida a partir de esta “transición”, hay países y empresas que serán beneficiados y hay quienes seguirán sufriendo las externalidades negativas de esta nueva oleada. “Es un modelo injusto y muy poco democrático que va a apuntar a profundizar desigualdades que de por sí ya existen en los países. Creando incluso, lo que algunos están llamando como zonas de sacrificio, lugares donde se extraen tierras raras, cobalto, etc.”, resalta Olivera.

Para Olivera estas llamadas zonas de sacrificio, “se van a profundizar en aras de un desarrollo sustentable o más limpio, creando otras zonas que serán las beneficiadas, lo que es totalmente injusto”, por ello, arremete la investigadora, “es urgente pensar alternativas desde abajo”.

radio

audio Noticias de abajo 20 septiembre 2023

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Noticias de abajo 20 de septiembre 2023
GUATEMALA: Paro plurinacional contra la impunidad y la corrupción institucional.CODECA: «Estaremos en las calles».
Con información de la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radiofrecuencia
CHILE: Con múltiples acciones solidarias culmina semana de agitación por Marcelo Villaroel.
Con información de Radio  La zarzamora
ARGENTINA: Semana de lucha piquetera llaman a la unidad contra el avance de la derecha y las políticas saqueadoras del FMI.
Con información de Antena Negra
IRÁN:  Se intensifica la represión ante el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini tras su detención en contra de manifestantes contra el autoritarismo.
Con información de Kurdistán América Latina
OAXACA: Una vez más, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca mostraron su rostro de corrupción.
Con información del Plantón de mazatecas por la libertad
MÉXICO: Militarización en México se profundiza de forma inédita en este sexenio. Con información de Avispa Media
MÉXICO: “Nuestras radios, nuestras normas” historias de gobiernos y radios autónomas; por Radio Tosepan Limakxtum
Con información de Educa y la cooperacha
HIDALGO: El capítulo 6 “Hidalgo: Listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte” fue realizado por el equipo de Ocotenco-Kuautlali.
AGENDA algunas de las movilizaciones convocadas los próximos días.
radio
Avispa Midia

(Español) Orden judicial amenaza libertad de Miguel Peralta, ex preso político mazateco

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.

Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.

Protesta por la liberacion de Miguel Peralta en 2019

Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.

Te puede interesar – Sed de venganza de una diputada contra un ex preso político

Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.

No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.

El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.

“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.

López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.

Te puede interesar – Mujeres mazatecas sostienen resistencia por libertad de presos políticos

El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.

A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.


Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?

Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.

Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.

Grupo armado liderado por Manuel Zepeda Cortés tomando el ayuntamiento de Eloxochitlán el 17 de noviembre de 2014.

Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.

AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?

RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.

Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.

Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.

El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.

Te puede interesar – Resolución pendiente en el caso del perseguido político Miguel Peralta

Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.

AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?

RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.

Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.

Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.

Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.

Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.

AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?

RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.

Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.

Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.

Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo

radio
Avispa Midia

(Español) Desborde de violencia en frontera sur de Chiapas expone población a escasez e inseguridad

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.

Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.

A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.

“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.

Te puede interesar – Crimen organizado toma control de territorio minero en Chiapas

Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.

En medio de la guerra

Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.

Vehículos incendiados durante los enfrentamientos de mayo, 2023.

La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”

Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.

Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.

Te puede interesar – Mientras cárteles se enfrentan, paramilitares continúan con el saqueo de barita en Chicomuselo

Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.

Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.

Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.

Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.

Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.

Miles marcharon en Frontera Comalapa para exigir el retiro de los bloqueos que mantiene incomunicado al municipio.

Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.

Autoridades omisas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.

A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.

Bloqueo carretero en el crucero de Chamic

En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.

Te puede interesar – Chiapas, denuncian contrainsurgencia, desplazamiento y complicidad del Estado

“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.

Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.

radio
Avispa Midia

América Latina, la región más letal del mundo para defensores del territorio

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness

América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.

Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.

Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.

Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.

Explotación minera ilegal en el territorio indígena Yanomami (Brasil), 2023. Foto: Alan Chaves

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.

En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.

Julia Francisco Martínez, viuda del defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro del grupo en defensa de los derechos indígenas MILPAH que apareció asesinado en 2015. Giles Clarke/Global Witness

Te puede interesar – Industria de la palma aceitera boicotea convenio para devolución de tierras campesinas en el Bajo Aguán

La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de septiembre de 2023

Boletín No. 20

 

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

  • Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.

El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].

A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.

La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.

En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.

 

[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.

[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.

[3]    Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.

Descarga el Boletín No. 20 en pdf (192.52 KB)

 

México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

¡Lee el informe completo!

INFORME_CRIMINALIZACION-PROTESTA_AMNISTIAMEXICO_2023

radio
Radio Pozol

(Español) Afirman en territorio cochimí que las mineras “nos están pegando en la madre”

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rancho Maravilla, California Mexicana. 18-09-2023. “Antes, los cochimíes sacábamos unos granitos de oro, pero ahora en nombre del progreso están tumbando cerros, matando un montón de pajaritos y cactus por la vanidad de una mujer presumida que quiere portar oro. Pero tenemos que hacer consciencia que la Madre Tierra es un ser vivo y debemos afectarla lo menos que podamos. Las mineras son empresas de muerte y nos están pegando en la madre. Además, se está acabando el calamar, los mariscos y el pescado por la contaminación brutal. Se llevan el abulón y la langosta al extranjero cuando siempre han sido nuestro alimento”.

En entrevista con Medios Libres, el concejal del pueblo Cochimí del Congreso Nacional Indígena, “Águila” Francisco Grado, declara que “siempre Baja California le ha interesado al capitalismo para hacer sus negocios: los mares, las playas, los recursos minerales del desierto y los valles de la agroindustria que se están llevando el agua; porque están sacando nuestro agua del desierto central; hay una mafia del agrobusiness que engancha mano de obra barata de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los traen con engaños; prometen que las comidas van a ser gratis, y el viático se lo descuentan al final como la mitad del pasaje, y les tienen en galerones compartidos entre familias y hombres jornaleros donde se dan caso de abusos y violencias. Se mueve mucho billete”. Por ejemplo, comenta que la Bajamil, una carrera off road, a campo traviesa, es “un negociazo del sistema capitalista” que cruza los terrenos de los pueblos originarios, destruyendo caminos, tumbando cercos y matando ganado.

“El despojo de mineras como las mexicanas del Grupo México y de Carso, lo vienen haciendo como los lobos con disfraz de oveja: vienen a quitarnos el territorio. Fue lo que le pasó a los hermanos nativos norteamericanos, les quitaron de sus territorios y los llevaron a reservas donde les dieron permiso de vender alcohol y drogas, que es lo que está acabando con ellos; el gobierno los tiene bien jodidos, se me hace muy triste pero es lo que está pasando ahí. Tenemos aquí la tierra que nuestros viejos abuelos nos han heredado, pero nos vamos muriendo, y entre los que quedan hay algunos que tratan de venderla para sacar un dinero, gastárselo, pero no se compra la dignidad”.

“El pueblo Cochimí nos distribuimos a lo largo del desierto central de la península desde Loreto hasta San Felipe más o menos, y nuestros hermanos son los pueblos Cucapá, Kumyai, Pai Ipai, Kohal y Kiliwa. Somos seis pueblos que conformamos la familia Yumana. Ahora nos piden documentos para comprobar nuestros territorios, pues el gobierno entregó tierras a los ejidos que se creen los dueños del territorio. Por eso está el despojo: no tenemos documentos que nos emparen que somos los dueños de la tierra. Es irónico: ¡Qué más documentos nos piden si están las pinturas de nuestros antepasados en las cuevas! El animal sagrado que conocemos como borrego cimarrón ahora lo cazan con dron y helicóptero; un permiso para matar te cuesta entre 60 y 80 mil dólares, y hay gente que lo paga y viene a cazarlo del extranjero. No queremos que maten a nuestros hermanos los borregos cimarrones”.

El luchador indígena afirma que el pueblo cochimí se opone a los megaproyectos de muerte que están amenazando el territorio de los pueblos originarios tanto al norte como en centro y el sur del país. El compañero Águila del CNI se refiere al movimiento indígena zapatista de Chiapas que le trajo “una semillita que se va diseminando y floreciendo en el desierto central de la California mexicana”. “El zapatismo lo vemos como una filosofía de los pueblos indígenas, que ha venido a sembrar la semilla de la resistencia y nos enseña a buscar el bien vivir, cuidar la tierra, luchar por la vida, por eso decimos que estamos contra el desarrollo capitalista pero queremos lo mejor para las próximas generaciones”.

radio
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

(Español) Convocatoria Alto a la Guerra Contra los Pueblos de México y del Mundo, hacia los Pueblos Zapatistas y hacia los Pueblos Originarios de México

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

 

CONVOCATORIA

 

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

 

A los pueblos de México y del mundo,

Al Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra,

A la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida,

A los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

 

A 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista y en el marco de los 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena (CNI) como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, CONVOCAMOS a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria.

 

El 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones; es decir, contra la muerte que el capitalismo global produjo y sigue produciendo.

 

Junto con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida declaramos que la guerra que enfrentamos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus y naciones en todo el territorio nacional, es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narco Estado; además, militariza todo el país, como garantía para imponer sus mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que, basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio. Por tanto, denunciamos que el crimen organizado y grupos paramilitares colaboran sistemáticamente con las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, al punto tal en que no podemos ya entenderlos como fenómenos distintos, sino piezas codependientes, músculos y ligamentos del brazo armado del Narco Estado Capitalista.

 

El cerco hacia los pueblos zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), masacres como la de Acteal, o las ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emilano Zapata y de la comunidad nahua de Santa María Ostula, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continuada violencia hacia las mujeres, o el asesinato de defensores de la tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, son señales contundentes de esta guerra.

 

De la mano del Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra decimos que Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 69 periodistas y 94 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio. Concluyendo que, en este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.

 

Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar y paramilitar y la estrategia contrainsurgente dirigidos contra el EZLN y las comunidades zapatistas; y contra los pueblos originarios de México, a traves de la militarización, el militarismo, la paramilitarización, el crimen organizado o los mal llamados planes de justicia indígenas que el indigenismo oficial impulsa; nos organizamos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación crecientes que implican el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos.

 

Por todo lo anterior, como acuerdo de la Reunión Ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG, llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido y a las organizaciones sociales, civiles y políticas, así como a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo, contra la guerra hacia los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México y, en consecuencia, les CONVOCAMOS para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías:

 

EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2023, LLEVEMOS A CABO UNA:

 

ACCIÓN GLOBAL POR EL ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

Y nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar, del crimen organizado y de las corporaciones capitalistas y en defensa de la vida, registrando la actividad al correo cnicomunicacion@gmail.com. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer y planear en colectivo una JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACCIONES DISLOCADAS, así como nuestra participación en el TERCER ANIVERSARIO DE LA TOMA DEL EDIFICIO DEL INPI (hoy Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes) por parte de la Comunidad Indígena Otomí en la Ciudad de México y una MOVILIZACIÓN CENTRAL EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MÉXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.

 

A 531 AÑOS DE GUERRA SEGUIMOS RESISTIENDO. 27 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

 

 ATENTAMENTE

¡Nunca más un México sin Nosotros!

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Jornada de carteo por la libertad de los presos políticos en Chiapas

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Las jornadas de carteo a personas presas son acciones que grupos de acompañantes anti carcelarios realizan para romper el aislamiento y darles rostro a quienes se encuentran privadas de su libertad por parte del Estado.
 
En México, pese a que se tiene derecho a la comunicación con el exterior, y a que hay recomendaciones al respecto, hay dificultades para la entrega de las cartas. Sin embargo, como acto de solidaridad y sensibilización de sus casos es efectiva, además de que se suman sus familiares para la reivindicación solidaria.
 
Esta acción se va a realizar el próximo 27 de septiembre en el Paliacate espacio Cultural -Calle 5 de mayo #20, Colonia Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas-, en donde en conjunto con actividades culturales se venderán también materiales para ayudar a la autogestión, además de que estarán presentes familiares para que vendan sus productos y vender artesanías de los compañeros presos.   
 
Hacemos un llamado para que a partir del 18 de septiembre compañeras solidarias de todas las geografías rebeldes lleven a cabo una acción de carteo masivo que haremos llegar a los compas presos en resistencia en distintos Centro Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas:
 
a) Manuel Gómez Vázquez, preso desde diciembre de 2020. Joven maya tseltal, Base de Apoyo del EZLN, acusado de un delito que no cometió a base de fabricación de pruebas, tortura, además desaparecido forzadamente  y procesado penalmente en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena.
 
b) Los 5 de San Juan Cancuc -Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco- privados de su libertad desde mayo de 2022. Han resistido a la imposición de proyectos de infraestructura carretera y la militarización de su territorio. Se les fabricaron pruebas y fueron condenados por homicidio calificado.
 
c) José Díaz, indígena Ch’ol y campesino, Base de Apoyo del EZLN, detenido arbitrariamente con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. 
Manda tus cartas al correo: noestamostodxs@riseup.net
 
Guía básica para carteo a compas presxs: 
 
– Nombre. Utilizar un pseudónimo para salvaguardar identidad, de no ser así esta en la libertad de dar su verdadero nombre, o el nombre de nuestrx coletivx u organización.
– El contenido de las cartas depende de quién sea nuestro interlocutor, en una primera carta es importante que nos presentemos.
-También es esencial contarles un poco quiénes somos.
– Utilizar letra clara posible, discurso sea breve y sencillo.
– Informarnos lo más posible de quien es la persona presa a cartear.  
– No hacer promesas, ni intentar enamorarles, esto último es especialmente cruel, puesto que son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
– Lo más importante es mostrar empatía y solidaridad; las personas presas sufren de un aislamiento provocado por el Estado a conciencia, que puede destruirles a muchos niveles.

Jornada de Carteo en el Paliacate, SCLC, Chiapas

Página 30 de 455« Primera...1020...2829303132...405060...Última »