Honduras: Movilizaciones campesinas exigen justicia por asesinato de defensor y ambientalista del Bajo Aguán
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Protesta de campesinos en las inmediaciones del poder Judicial, en la ciudad de San Pedro Sula, para exigir justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales por el asesinato de Juan López.
A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.
Acorde a Ruy Barahona, portavoz del poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, donde se realiza el proceso penal, la audiencia fue reprogramada debido a que el juez accedió a la petición de la defensa de dos de los tres imputados, quienes aludieron una posible indefensión, consiguiendo con ello la reprogramación de la audiencia para el siguiente jueves 21 de agosto.
En entrevista para Radio Progreso, la abogada Rita Romero del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT), organización que López ayudó a fundar hace una década, denunció lo que calificó como negligencia institucional por parte del Ministerio Público. Esto debido a que, acusa, la Fiscalía entregó demasiado tarde un dictamen pericial realizado a los dispositivos telefónicos de los involucrados en el crimen, un informe que podría aportar pistas sobre los autores intelectuales.

“Debió saber de que si venía con un documento a última hora, que la defensa no conocía, le iba a pedir tiempo para valorarlo, diligentemente su actuación hubiera sido entregárselo tres días antes, sabía que iba a venir a esta reprogramación y para (la familia de Juan y las comunidades de Tocoa) significa seguir poniendo la mejilla ante la burla de la institucionalidad, una burla para la gente que no ha dormido, que pasó toda la noche viajando para poder estar aquí”, sostuvo la litigante.
Por su parte, el sacerdote jesuita Ismael Moreno señaló que la justicia en Honduras es lenta, “se aplica implacablemente contra la gente indefensa y se interpreta permanentemente para quienes tienen poder”, sostuvo, mientras campesinos, integrantes de comunidades campesinas del Bajo Aguán, bloquearon las vialidades cercanas para exigir justicia y castigo a los autores intelectuales del asesinato del defensor y ambientalista.
No más impunidad
Previo a su asesinato, López fue criminalizado e incluso fue encarcelado derivado de su participación en las protestas contra el proyecto de minería de óxido de hierro a cielo abierto que amenaza con contaminar los ríos Guapinol y San Pedro y que ya ha provocado el asesinato de otros tres defensores del territorio en el año 2023.
Durante el año 2024, como parte de sus labores de denuncia, ya como regidor del municipio de Tocoa, López señaló al entonces alcalde Adán Fúnez de estar involucrado en el otorgamiento de permisos ilegales para facilitar la instalación de la minera. Pero las amenazas se incrementaron tras la publicación de un video del medio Insight Crime donde se evidencia a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, junto a Fúnez, durante una negociación con narcotraficantes hondureños, lo que llevó al defensor a exigir la renuncia del alcalde.
Cuatro días despues, al salir de una iglesia en Tocoa, ocurrió su asesinato, a pesar de que López contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya implementación, por parte del Estado hondureño, no se había concretado.

A 11 meses del homicidio, en el exterior, la Oficia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) se posicionó a través de redes sociales al demandar “la importancia de esclarecer los hechos relacionados con su muerte, investigar las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades y los impactos generados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”.
Mediante su mensaje, la OACNUDH aseveró que solo con investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes, y la sanción de todos los responsables, se podrá garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para Juan López, las víctimas y las comunidades afectadas.
Por su parte, el pasado 6 de agosto, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió al Ministerio Público en la ciudad capital, Tegucigalpa, la captura y enjuiciamiento de los autores intelectuales del crimen que calificaron como “vil asesinato” de López.
En el documento aseveraron que la Fiscalía de Honduras “tiene en sus manos todas las pruebas necesarias para detener y procesar a los autores intelectuales, pero ha elegido la inacción”, reclamó el CMDBCT, organización que, acompañada de otros movimientos sociales, hace un llamado a mantener la exigencia por justicia durante el proceso que reiniciará el próximo jueves (21).