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Radio Zapatista

CONACYT censura investigación sobre el Tren Maya

Investigación censurada por CONACYT:
“Territorios mayas en el paso del tren.
Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya”

Académicos y académicas, coordinadorxs de un proyecto de investigación sobre el Tren Maya convocado por el CONACYT, denunciaron que, ante los resultados críticos de la investigación, dicha institución se negó a que la misma se publicara con su sello. Según lxs denunciantes, “Ecosur ofreció hacerlo pero CONACYT prohibió a todos los centros CONACYT, poner su sello”.

Finalmente, después de cuatro años, la editorial Bajo Tierra publicó el libro Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya.

Puedes descargar el libro en nuestra sección de libros para desgargar. También puedes adquirir la edición impresa o hacer una donación en https://bajotierraediciones.com/.

 

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Pie de Página

Zapata contra el Corredor Interoceánico

Los pueblos del Istmo muestran el músculo a dos semanas de que arranque La Caravana El Sur Resiste y en conmemoración del 104 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Por Daliri Oropeza Alvarez / @Dal_air

Bloqueo carretero en Mogoñe Viejo a 104 años de la muerte de Emiliano Zapata.

Desde que sale el sol, los pueblos del Istmo salen a protestar contra el megaproyecto de Corredor Interoceánico y sus afectaciones, contra la criminalización y órdenes de aprehensión de quienes defienden la tierra, el agua y, contra los altos cobros de las tarifas de luz.

Toman oficinas gubernamentales, bloquean la carretera transístmica y marchan de manera coordinada. Hay concentraciones que alcanzan las 400 personas, como en Mogoñé Viejo.

El 10 de abril, día del día del aniversario luctuoso del Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, los pueblos que habitan el Istmo de Tehuantepec muestran el músculo, a dos semanas del arranque de la Caravana El Sur Resiste, que recorrerá 11 territorios estratégicos del Sureste mexicano en emergencia por el avance de los megaproyectos de AMLO.

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Cátedra Jorge Alonso

Seminario “Internacionalismo crítico y luchas por la vida: hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías”

El Seminario “Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida: hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías” se realizará del 9 de mayo al 6 de junio de 2023 semanalmente y de manera virtual. La Cátedra Jorge Alonso, el GT CUTER CLACSO y les otres convocantes les invitamos cordialmente a asistir y difundir.

A seguir, los vínculos de registro para cada una de las sesiones:

Inauguración

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023/

Mesa 1

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-2/

Mesa 2

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-3/

Mesa 3

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-4/

Mesa 4

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-5/

 

 

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Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

¡Ni condenadxs! ¡Ni perseguidxs! Acciones por la libertad (abril-junio). Revocación de la sentencia de medio siglo sobre Miguel Peralta Betanzos

Medio siglo es lo que el poder estatal de la mano con el poder judicial pretende arrancarle a la vida del compañero Miguel Peralta Betanzos, mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, imponiéndole nuevamente una condena en prisión, al criminalizar su lucha por el respeto a la autodeterminación y en contra del caciquismo que ha abatido a los pueblos originarios de múltiples formas, dominación enraizada históricamente en los partidos políticos, cargos públicos y en el despojo de bienes comunes.

Miguel Peralta está señalado dentro un proceso penal en el que han estado involucradas mujeres y hombres en el contexto de un conflicto sociopolítico en el municipio indígena al que pertenece. En su caso, está acusado por dos delitos que le fueron fabricados, por los cuales recibió una primera sentencia de 50 años, siendo preso por casi cinco años hasta octubre del 2019, fecha en que tras un engorroso y dilatado proceso se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, cuatro meses, aún se encuentran presos sin sentencia seis compañeros y 14 más perseguidos.

Sin embargo, el 4 de marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad, girando una orden de reaprehensión e imponiendo nuevamente una sentencia de 50 años. Ante esta condena y persecución política, les llamamos a movilizarse en el marco de “Ni Perseguidxs, Ni Condenadxs. Acciones por la Libertad”, para exigir que el amparo interpuesto por Los Otros Abogadoz (defensa solidaria de Miguel), sea resuelto firmemente por la magistrada Elizabeth Franco Cervantes, con una sentencia de libertad apegada al término jurídico, es decir en el mes de junio.

Algunas propuestas para expresar su solidaridad desde sus geografías, espacios y formas son: sumarse con cartas dirigidas a la magistrada encargada de resolver el amparo; manifestaciones en las embajadas o representaciones de México; colocación de mantas; foros para difundir la condición jurídica; acciones político-culturales; videos o fotos; gráfica; y todas las acciones que ustedes consideren para exigir su libertad firme y un alto a la continua persecución que Miguel Peralta vive por parte de la familia caciquil partidista de Eloxochitlán en contubernio con el partido político en el poder estatal y federal.

Les pedimos que nos compartan sus acciones en el siguiente correo: yalibreselox@riseup.net Al FB: Libres Ya // Twitter: @ya_libres_elox

¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir! ¡Alto a la persecución política! ¡Abajo los muros de todo tipo de prisiones! ¡Presxs A la calle! Les queremos en las calles! #Libres Ya Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos.

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Un aeropuerto sobre manglares, apuesta de El Salvador para desarrollo regional

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Un campesino nos guía hacia la región de manglares en el pacífico centroamericano donde se realizan las obras para erigir un aeropuerto. Foto: Juliana Bittencourt

Don Elmer, campesino de 63 años, se siente feliz. “Yo me alegro cuando llegan a cantarme”, comparte el agricultor sobre el trinar de los pájaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar de El Tamarindo, un Área Natural Protegida (ANP) en la costa pacífico de El Salvador.

“Si hacen el aeropuerto, todas estas aves, ¿para dónde van a agarrar?”, lamenta Don Elmer, quien hace parte de las 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que están siendo desplazadas para la implementación del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Según denuncias de las y los habitantes consultados por el equipo de este reportaje, desde el 8 de febrero del 2023, personal que se presentó como parte de la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, contratada por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), inició labores en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, con el argumento de realizar un estudio de suelo en la zona y avanzar en la construcción la nueva terminal aérea.

Maquinaria invade y destruye tierras dedicadas a la agricultura para preparar la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Los testimonios refieren que los trabajadores ingresaron con maquinaria y equipo en las parcelas agrícolas y de vivienda, “sin la autorización por parte de los propietarios u orden judicial para ello”, enfatizan mediante denuncia pública. Las y los pobladores señalan que efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se movilizan para brindar seguridad a la maquinaria pesada de la empresa.

Los trabajadores perforaron y excavaron los suelos, formando zanjas con dimensiones de hasta 40 metros de ancho, 60 metros de largo y con una profundidad mayor a nueve metros. “En el caso de una de las parcelas la zanja llega a abarcar casi la totalidad del área, esta misma parcela se encuentra a menos de un kilómetro del manglar del estero El Tamarindo”, refiere la denuncia.

Los campesinos señalan que, al finalizar las labores en las parcelas invadidas, los trabajadores se retiraron, dejando inutilizable el área para la agricultura y creando condiciones de riesgo, tanto para personas como para el pastoreo de ganado de las familias campesinas.

En marzo, el medio salvadoreño MalaYerba evidenció el inicio de las obras del nuevo aeropuerto, pese a que aún no se contaba con el permiso ambiental requerido por la normatividad vigente. En reportaje, destacan la conducta del director de la CEPA quien, el 8 de febrero y mediante televisión nacional, mintió al asegurar que ya se contaban con los permisos, aún cuando el medio constató que la resolución de licencia solo fue disponibilizada por las autoridades ambientales hasta el 22 de marzo.

“No solo Flor de Mangle va a ser afectada. Aquí tenemos a Condadillo, tenemos al Llano Los Patos, se va una parte de El Carrizal y también de El Embarcadero”, sentencia Don Elmer con amargura mientras enlista las poblaciones amenazadas, no solo por la infraestructura aeroportuaria, sino por lo que desencadenará el desarrollo de esta zona económica especial que contempla complejos turísticos, industriales y comerciales.

Polo de desarrollo

El equipo de este reportaje recorrió el territorio de Condadillo, municipio de La Unión, en el departamento del mismo nombre, región en la mira del gobierno salvadoreño para transformar al oriente del país en un “polo de desarrollo”.

Para consolidarlo, además de la nueva terminal aérea, existen otros planes en andamiento: sobresalen la denominada Ciudad Bitcoin, el Tren del Pacífico y la modernización de puertos en la franja costera pacífico, desde Acajutla hasta La Unión; megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Cuscatlán, propuesta de gobierno presentada por Nayib Bukele durante las elecciones presidenciales de 2019, pero que se remontan a gobiernos anteriores.

“Es una Zona Económica Especial (ZEE), es la privatización de los territorios. El gobierno anterior ya había lanzado el proyecto de ley, el 19 de julio del año 2018, para su establecimiento”, señala el profesor en agroecología, José Ángel Flores, integrante de la Asociación Intercomunal de Intipucá, perteneciente a la Red de Comunidades Vida Digna, estructura que articula a comunidades del oriente de El Salvador amenazadas por megaproyectos,

En aquel momento, se difundió un acuerdo entre el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con China, el cual pretendía intervenir 2,800 kilómetros cuadrados para el desarrollo de la ZEE, entre el puerto La Libertad, en el cauce del río Lempa, hasta el puerto de La Unión, en el geoestratégico Golfo de Fonseca.

Previamente, desde 2014, el gobierno progresista del FMLN contemplaba la construcción del Aeropuerto Internacional El Jagüey, proyecto renombrado y puesto en marcha actualmente por Bukele en los mismos territorios del pacífico centroamericano.

Sin defensa

Mientras transitamos por el bosque, nos percatamos de un patrón de señalización; pintura naranja cubre los troncos de los árboles. Santos Cruz, campesino de la región, comenta que son las huellas de un censo peculiar en el cual, durante días, trabajadores de CEPA y del Ministerio de Obra Pública midieron y evaluaron el sitio para la construcción del aeropuerto.

Habitantes de la región han denunciado irregularidades desde el anuncio de la construcción de la terminal aérea. Foto: Juliana Bittencourt

Desde los primeros meses de 2022, habitantes de Condadillo percibieron una mayor actividad de parte de trabajadores del Estado, quienes además de tomar medidas de los terrenos, fotografiaban las viviendas y parcelas de las y los campesinos. A ellos se fue sumando la presencia de contingentes militares y policías, que se normalizaron a partir del mes de marzo, cuando se declaró el régimen de excepción en todo el país, justificado por el alza de homicidios y el incremento de la violencia adjudicada a las pandillas.

La situación de las y los habitantes se agrava dado que diversas comunidades no poseen escrituras. Tampoco cuentan con la regularización en la tenencia de la tierra. Flores destaca que ello “genera que puedan ser despojadas en cualquier momento”, resalta el profesor, quien nos acompaña en el recorrido por las comunidades afectadas, mientras subraya que se ha violentado el derecho a contar con información oportuna y la falta de consulta a las poblaciones.

Leyes a modo

Mientras visitamos el bosque de manglar en la zona de influencia del proyecto del aeropuerto, Flores contextualiza sobre el proceder del poder legislativo e instituciones medioambientales, y enfatiza su subordinación al presidente Bukele, lo cual le ha facilitado la imposición de sus megaproyectos.

Para ejemplificarlo menciona la aprobación, el 24 de noviembre del 2021, de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. En dicha normativa se establece el mecanismo para la expropiación de propiedades por “causa de utilidad pública o de interés social”, ley aprobada solo tres días después del anuncio, por parte del propio Bukele, de la construcción del megaemprendimiento que abarca la llamada Ciudad Bitcoin.

Acorde al profesor, la ley omite la etapa de conciliación, es decir, no existe un espacio de diálogo, “mientras arranca el proceso, el Estado salvadoreño puede ir construyendo e instalando los megaproyectos hasta que salga una resolución. La población queda despojada y no tiene ningún tipo de entidad estatal a la cual puede acudir”, sostiene Flores.

Él afirma que las leyes aprobadas tienen como objetivo la facilitación para establecer megaproyectos de inversión. De esta manera, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico. Ambas normativas han recibido críticas debido a que permiten que tanto el tren como el aeropuerto no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, quedando totalmente fuera de controles de transparencia.

Por su parte, don Elmer expresa preocupación ante la incertidumbre sobre sus terrenos en Flor de Mangle. Reclama sobre las constantes visitas de funcionarios, quienes presionan a los campesinos en el marco de un proceso de expropiación. Tanto habitantes de esta comunidad, como de Condadillo, han denunciado públicamente presiones de CEPA para vender sus terrenos a precios que ellos consideran injustos, lo que ha llevado a rechazar la firma del avalúo; aunque el campesino asevera que algunas familias han terminado cediendo por miedo.

Ante el aumento en las amenazas, en octubre del 2022, los campesinos rechazaron públicamente las negociaciones con la CEPA. Representantes de las dos comunidades señalaron que la institución valoró sus terrenos por un monto de 8,000 dólares por manzana (0.70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.

Santos Cruz, agricultor con terrenos en la zona, acusó que funcionarios de CEPA les han visitado para dar un ultimátum a los propietarios. “Si usted no firma, es posible que se quede sin nada”, refirió el campesino sobre el trato de los trabajadores del Estado. “Nosotros los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el gobierno. ¿Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado? El país no necesita dos aeropuertos”, reclamó el campesino al sostener que con la implementación del proyecto decenas de familias quedarían sin fuentes de trabajo.

Aeropuerto “verde”

Según el Plan Cuscatlán, eje rector del gobierno de Bukele, la construcción del Aeropuerto del Pacífico representa la consolidación de la primera terminal aérea “verde” de Centroamérica. Para ello, asegura que su implementación se basará en los estándares de certificación Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés) del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, “protegiendo el área de influencia y estableciendo nuevas legislaciones para el desarrollo ecoturístico en la región”.

El Aeropuerto Internacional del Pacífico, con una inversión aproximada de 300 millones de dólares, pretende abarcar una superficie de casi 20 mil metros cuadrados. Pese a que CEPA aún no define si será administrado por el Estado o por un ente público-privado, los estudios de factibilidad corrieron a cargo de UDP CONSORCIO PEYCO–ALBEN 4000, propiedad de Grupo SEG, de capital español.

Acorde a las proyecciones de CEPA, el aeropuerto traerá “polos de desarrollo (económicos)” para la zona oriental y generará empleos para los habitantes. Federico Anliker, presidente de la Comisión, asegura que la nueva terminal aérea se convertirá en una “aerotrópolis”, una ciudad de industrias, hostelería, centros resort y maquilas tecnológicas.

Contrario a las promesas de desarrollo sustentable, el estudio de impacto ambiental remarca que la construcción de la terminal aérea representa una amenaza para más de 44 especies de aves que habitan en el manglar El Tamarindo.

“El impacto incluye la destrucción de sitios de anidación, obstaculización del flujo de aves migratorias y la muerte de especies y ejemplares de aves que están en peligro o amenaza de extinción, como la Lora de Nuca Amarilla, Catalnica, Chocoyo y Siete Colores”, refiere sobre el peligro que se cierne contra la fauna, donde otras especies, como mamíferos y reptiles que habitan el manglar y su zona de influencia, también serán afectadas.

De acuerdo a datos del MARN, El Salvador cuenta con 13 ecosistemas de manglar a lo largo de la costa pacífico, cuya superficie se ha reducido en un 60% durante las últimas seis décadas. La construcción del Aeropuerto del Pacífico representaría un avance en la disminución de los manglares de la región, afectando a las poblaciones que viven de la pesca y extracción de otras especies marinas para su subsistencia.

A pesar de las afectaciones, el medio de investigación GatoEncerrado develó, mediante reportaje difundido a finales del 2022, que el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López Larreynaga, promovió directrices menos restrictivas para facilitar la construcción del Aeropuerto del Pacifico, a pesar de que, desde septiembre de 2021, técnicos de la institución calificaron el proyecto como “inviable ambientalmente” por afectar una ANP y alterar los manglares de la zona de La Unión.

Según justificó el ministro Larreynaga, la implementación de nuevas directrices obedeció a que al menos 53 proyectos de inversión no habían sido ejecutados en los siete municipios de la franja costera debido a que las reglamentaciones ambientales obstaculizaban las obras. Por ello, la institución flexibilizó las normativas con el objetivo de habilitar los territorios de la costa, catalogados anteriormente como de “máxima protección”, para albergar la construcción de megaemprendimientos de infraestructura.

Integración para el despojo

Pese a la narrativa difundida por el presidente Bukele, para el profesor Flores, las noticias de estos megaproyectos no tienen absolutamente nada de novedosos.

“Es algo que viene desde la época de la Alianza para el Progreso”, refiere sobre la larga historia de integración, impulsada por EEUU, con la región Centroamericana desde la segunda mitad del siglo pasado mediante acuerdos que fueron promovidos por ese país “para garantizar la política económica de Norteamérica”.

El agroecólogo enfatiza el componente logístico mediante el cual está justificada la existencia del Aeropuerto del Pacífico, así como el tren y otros megaproyectos que buscan consolidar infraestructura clave, mediante el uso de recursos públicos, para el funcionamiento e interés de los grandes capitales trasnacionales.

“Se amarra a toda una lógica más regional. En este caso viene desde el Tren Maya en México, luego su extensión en Guatemala (en referencia al proyecto del Tren Bicentenario que conectará la frontera con Chiapas, México hacia Puerto Barrios, en la costa atlántica) y luego continúa con el Tren del Pacífico en El Salvador (…) toda esta lógica es la extracción de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoamérica para la transformación de mercancías”.

Flores remarca la injerencia histórica de los EEUU en El Salvador, quien ha implementado diversas estrategias para la profundización del neoliberalismo. Desde la creación de la zona de libre comercio concretada con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, así como los mas recientes programas de cooperación como FOMILENIO II, el cual concretó infraestructura carretera vital para el posterior desarrollo del litoral pacífico.

“Han funcionado para configurar al país como un pequeño corredor logístico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de mercancías, a un costo sumamente barato, sin la prudencia de evitar la depredación del medio ambiente”, sostiene el profesor.

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Avispa Midia

Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales

Fuente: Avispa Midia

En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

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Avispa Midia

Tres décadas de opacidad en gestión ambiental de minería en México

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

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El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

Tipo Número de operaciones identificadas Superficie (ha)
Carbón 62 18,073.2
Metálica 249 79,606.1
No metálica 182 8,256.8
Salina 38 56,022.0
Metálica (exploración) 343 26,362.4
Total 874 188,320

Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

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Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú

Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón

PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

  1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
  2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  3. IDLADS Perú
  4. OXFAM
  5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  7. Red Muqui
  8. Paz y Esperanza
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. GRUFIDES
  11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
  13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
  14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
  15. PROÉTICA
  16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  17. Instituto del Bien Común (IBC)
  18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

 

 

 

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

CIPOG-EZ denuncia falsas acusaciones

Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

radio
Latino Rebels

La lucha de los mayas contra el Tren Maya en México

Por Diego Estebanez García

MADRID – A menudo se hace referencia como un “proyecto faraónico” y, en efecto, el Tren Maya que se está tendiendo a través de la península mexicana de Yucatán puede compararse con las obras de los faraones del antiguo Egipto.

El Tren Maya es un plan de infraestructuras que abarca 1500 kilómetros, atraviesa cinco Estados mexicanos y 41 municipios, y tiene siete tramos. Se calcula que costará unos 230.000 millones de pesos mexicanos, unos 12.700 millones de dólares.

El Tren Maya es la gran apuesta en infraestructuras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su gobierno asegura que el proyecto ha traído ya más de 100.000 empleos y que impulsará el desarrollo de una región históricamente olvidada de México a través de la atracción de turismo.

AMLO tiene como prioridad que el tren esté terminado para finales de 2023, tanto que este año aumentó su presupuesto en casi 116 por ciento. Ahora costará 146 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares) terminar las obras que, en este momento, llevan casi 44 por ciento de avance según la Secretaría de Turismo.

No obstante, el proyecto que inició en 2018 ha desatado polémica y enojo de diversos grupos, como ambientalistas, biólogos y académicos, e incluso de la sociedad civil. Pero uno de los grupos más ignorados en esta lucha contra el megaproyecto, que es sólo una parte del más grandioso Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, es el pueblo maya que llamó a Yucatán su hogar por más de mil años.

“No es un tren, ni es maya”, afirma Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, un movimiento nacional de pueblos indígenas de todo México. El grupo se fundó en 1996 tras el levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas dos años antes.

Sulub se encuentra en Madrid una tarde de mediados de marzo dando una conferencia sobre el riesgo y los peligros que supone el proyecto del tren no sólo para el medio ambiente o los yacimientos arqueológicos locales, sino para el propio pueblo maya y su forma de vida.

“Es un megaproyecto que articula muchos otros proyectos extractivos que ya están en la península”, explica.

Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, durante una reciente conferencia sobre las numerosas preocupaciones, tanto medioambientales como humanas, que rodean al proyecto mexicano del Tren Maya, Madrid, España, jueves 16 de marzo de 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)

Mientras muestra una presentación que detalla la historia de la lucha del pueblo maya a lo largo de las décadas, Sulub también recita cómo se han puesto en marcha las iniciativas de desarrollo desde los años 70, cuando Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser pequeños pueblos pesqueros a los grandes reclamos turísticos al dia de hoy.

“En este contexto de 53 años de políticas que apuntan hacia el hiperturismo, se han desmantelado las prácticas tradicionales de pueblos como la Milpa Maya”, afirma.

Y no sólo se han visto afectadas las prácticas tradicionales. El turismo masivo ha provocado una destrucción a gran escala del mundo maya durante décadas.

“Está la agroindustria, que ha devastado gran parte de la selva y ha contaminado terriblemente el agua y el suelo, con el uso de agroquímicos que están presentes en el agua, incluso en la leche materna y en la orina de los niños, según los últimos estudios que se han realizado. Especialmente con el glifosato de Monsanto”, explica Sulub.

El movimiento popular maya teme que esto no haga más que agravar la situación. Los daños al medio ambiente en la zona de la Riviera Maya han sido ampliamente documentados, especialmente debido a la reciente construcción del Tren Maya. Oficialmente, el gobierno afirma que se han talado 3,4 millones de árboles para construir las vías del tren, aunque los grupos conservacionistas afirman que la estimación real podría rondar los 10 millones, todo ello a pesar de las promesas del presidente de que ningún árbol se vería afectado.

“Hay una producción increíble de madera, sobre todo la que se está serrando para la construcción. Vemos restos de árboles gigantes de caoba, y no sabemos qué se está haciendo con ellos. Vemos árboles de caoba, de zapote, de ceiba y de granadillo, que son muy valiosos y caros en el mercado y, la verdad, nadie sabe qué está pasando”, dice Sulub.

Funcionarios del gobierno han explicado en el pasado que en realidad no se han talado todos los árboles. Algunos se han trasladado a otros lugares, y dicen también que por cada árbol talado se plantará uno. También afirman que la madera se está utilizando como fertilizante orgánico.

Un referéndum en duda

En diciembre de 2019 se realizó un referéndum por parte del gobierno mexicano para consultar a los pueblos indígenas sobre la construcción y desarrollo del proyecto. Se dice que participaron unas 10.000 personas, de unas mil comunidades indígenas.

El resultado fue una aprobación abrumadora de más del 90 por ciento, aunque la votación fue criticada por grupos de la oposición e incluso denunciada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sulub afirma que no hubo una verdadera campaña de información sobre las repercusiones negativas que tendría el proyecto, y se denunció la falta de participación de los grupos indígenas.

Sulub afirma que, en realidad, aunque el Tren Maya goza de un fuerte apoyo entre los mexicanos que viven dentro de los cinco estados implicados, una gran parte del pueblo maya está en contra o expresa su preocupación por las consecuencias negativas a largo plazo que tendrá el tren.

“No podemos decir con certeza cuánta gente está en contra de este proyecto. La mayoría de la población dentro de la Península de Yucatán está a favor, pero esa aprobación hay que analizarla con su complejidad. Esa gente que en su mayoría está a favor, lo único que sabe es que necesita trabajo. El argumento de los empleos ha sido muy poderoso porque hay mucho empobrecimiento en la zona”, explica Sulub.

Uno de los principales argumentos del movimiento indígena contra el modelo de desarrollo “neoliberal”, que se ha implantado en toda la región, es que los únicos empleos que se ofrecen a los mayas son los de servidumbre.

Para los propios mayas significa convertirse, una vez más, en lacayos de una poderosa industria turística que se aprovecha y explota laboralmente a través de salarios indignos, falta de seguridad social y condiciones de vivienda deprimentes marcadas muchas veces por el hacinamiento infrahumano. Emigran de sus comunidades a las ciudades y se enfrentan a una realidad para la que no estamos preparados: inseguridad, delincuencia, trata de seres humanos”, afirma Sulub.

Añade que los impactos negativos inmediatos de las obras, así como los problemas relacionados con las drogas y la violencia que rodean a las grandes ciudades de Quintana Roo, son una gran preocupación para los mayas que viven en el sur de la península, quienes temen que esas miserias se extiendan a sus zonas.

“Existe el temor de un debate frontal en torno a estos temas, como los impactos ambientales o la violencia. Porque cuando vamos a las comunidades, hablamos con los ancianos sobre la devastación de la selva, y nos dicen: ‘No queremos eso’. Y hablamos con las madres de familia y nos dicen: ‘No quiero que mis hijas vivan lo que se vive en Cancún’, refiriéndose a la ola de narcoviolencia y feminicidios. Pero no hay protestas ni críticas directas”, se queja Sulub.

Militarización e intimidación

Este temor generalizado entre la población maya puede deberse a un cambio en la estrategia de seguridad que AMLO ha implementado en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha visto reforzada en los últimos años, abarcando desde la administración y construcción del aeropuerto más nuevo de Ciudad de México, el Internacional Felipe Ángeles, hasta la recién creada Guardia Nacional y la estrategia general del país para combatir a los cárteles de la droga.

Aunque al principio el ejército mexicano sólo se encargaba de la seguridad del proyecto, con el tiempo los militares han ido adquiriendo un control cada vez mayor sobre el mismo, llegando incluso a convertirse en los constructores de los próximos sexto y séptimo tramos de la vía férrea y de parte del quinto, después de que la empresa Grupo México abandonara el proyecto el año pasado debido al apretado calendario del gobierno. Ahora el ejército se convertirá en el administrador y operador general del Tren Maya una vez que comience a funcionar. El Secretario de Turismo anunció que los ingresos del tren se destinarán directamente al fondo de pensiones de los soldados.

“Es una continuación de la militarización que reprime la disidencia de las comunidades indígenas, que comenzó con el Movimiento Zapatista en 1994 y que llega hoy en forma de este tren”, dice Sulub, quien también sostiene que la intimidación contra los compañeros activistas se ha intensificado durante la actual administración.

Él y otros mayas también se sienten defraudados por el sistema judicial en su lucha contra este proyecto. Aunque se han presentado más de 30 recursos judiciales contra la continuación y el desarrollo de las obras por parte de grupos ecologistas como Selvame del Tren, debido a la falta de estudios ambientales o de permisos para el cambio de uso del suelo, entre otras cosas, el gobierno ha encontrado la manera de continuar con el proyecto.

La última decisión judicial fue la suspensión total de la construcción del quinto sector del ferrocarril por falta de un permiso. Sin embargo, para los activistas mayas, el daño ya estaba hecho.

Una de las estrategias del gobierno es promover el trabajo comunitario que se realiza junto al proyecto del Tren Maya.

Una plataforma internacional

Aunque Sulub ve la lucha como la de David contra Goliat, no tiene intención de rendirse. Vino a Madrid en marzo para explicar a los españoles la implicación de la principal compañía ferroviaria española, Renfe, que ha asesorado el proyecto. Subraya lo que puede ayudar a la causa hablar de la implicación de empresas extranjeras.

“Las empresas intentan mantener su reputación y su estatus en la comunidad europea, y están participando en un proyecto que está violando los derechos humanos, que está cometiendo un ecocidio”, afirma. “Debemos trabajar colectivamente. Hay empresas de Portugal, China, Francia, España que participan en un megaproyecto que viola los derechos humanos.”

Las presiones han llegado desde dentro y fuera de México. Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hablado continuamente de los problemas medioambientales.

En las últimas semanas, un tribunal civil reunido en la ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán, llamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza -formado por expertos, activistas y conservacionistas de varias partes del mundo- señaló las diversas violaciones cometidas contra las comunidades mayas por el Tren Maya.

En su veredicto, el tribunal, cuyo propósito es investigar las luchas climáticas en todo el mundo, afirmó que el megaproyecto pone a los ecosistemas y a las comunidades mayas en grave peligro de destrucción, y acusó al gobierno mexicano de violar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos individuales y colectivos, y los derechos bioculturales del pueblo maya, configurando así delitos de “ecocidio y etnocidio”.

“Tenemos que articular nuestro movimiento no sólo dentro de nuestras comunidades y territorios, sino también a nivel internacional, para que la demanda venga de todas partes, para poder sacudir el sistema económico y político que realmente está detrás de este proyecto”, dice Sulub.

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Diego Estebanez García es un periodista mexicano afincado actualmente en Madrid. Su trabajo ha aparecido en El País y El Periódico. Twitter: @DEstebanezG

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