En Honduras, campesinos recuperan tierras de industria de palma aceitera

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F}

A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.

Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.

Se refiere al despojo por parte de los agroindustriales de palma aceitera, quienes durante las últimas tres décadas arrebataron, mediante fraudes y violencia, las tierras del departamento de Colón asignadas por el estado de Honduras a la reforma agraria para la producción campesina.

Entre sus memorias de la infancia, Wendy aún se acuerda de los relatos de sus abuelos y padres cuando se opusieron al despojo. Sobre todo, de las trágicas consecuencias para su familia y miles de campesinos de la región que vieron sus sueños de labrar sus propias tierras interrumpidos.

En abril del año 1994, las tierras asignadas para la cooperativa El Chile fueron despojadas mediante una venta ilegal. Como consta en denuncias presentadas por la Plataforma Agraria del Aguán ante el Ministerio Público hondureño, esta transacción fue realizada por personas sin representación legítima de los campesinos, para traspasar el territorio a manos de la Empresa Agropecuaria Camaro, quien a su vez cedió los títulos a Exportadora del Atlántico, perteneciente a la hondureña Corporación Dinant.

Integrante de la plataforma y miembro de la cooperativa El Chile, Wendy espeta que, fue tanta la amenaza sobre los antiguos propietarios, entre ellos su abuelo que, como pasó con él, muchos murieron de la desesperación frente al acaparamiento por parte de los terratenientes de las familias Facussé, Canales y Morales.

“Las tierras son de ustedes”, rememora sobre los dichos de su padre, quien se encargó de transmitir la historia de estas tierras, las cuales hoy pasaron de dedicarse a los monocultivos de palma aceitera para la exportación, para dar espacio a la siembra de alimentos y sostener a 246 familias en una superficie disputada que cubre 486 hectáreas.

La Plataforma Agraria del Aguán contabiliza 25 cooperativas que buscan la recuperación de sus tierras en ese valle. A ellas, suman las luchas de empresas asociativas campesinas, con quienes totalizan 43 organizaciones que buscan, a través de distintas luchas, recuperar las tierras que les fueron despojadas.

Acorde a Raúl Ramírez, campesino de la empresa campesina La Lempira y miembro de la plataforma, son más de 46 mil hectáreas de tierras que buscan recuperar de los agroindustriales de la palma aceitera.

Tierras para la palma

Honduras ha conseguido consolidarse en un importante lugar entre los  mayores productores de palma aceitera en Latinoamérica, pues solo se encuentra detrás de Colombia y Guatemala.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señala que, hasta 2023, en Honduras existían 197 mil hectáreas con monocultivos de palma aceitera, las cuales entre los años 2022 y 2023 alcanzaron una producción de 600 mil toneladas métricas por año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), esta superficie representa poco más del 18% del total de la tierra cultivable disponible en el país centroamericano.

Organización

Un grupo de jóvenes resguarda las rejas que dan acceso a la otrora finca palmera. “Viveros”, se lee en un escueto letrero frente a las puertas de metal, vestigio del uso que la Corporación Dinant – la mayor productora de aceite de palma en Honduras, quien cuenta con 13,300 hectáreas de plantaciones – destinaba a este espacio.

Es allí, en la entrada de la cooperativa El Chile, donde platicamos con Iris Lizeth Aguilar, quien hace parte de la directiva y nos detalla el uso colectivo de la tierra. El acuerdo entre las familias recuperadoras, relata, es que a cada asociada y asociado se le asigna un pedacito de tierra para la siembra de alimentos, con lo cual una misma familia puede tener múltiples espacios para sus cultivos, principalmente de autoconsumo.

Desde el interior de la recuperación se observan los monocultivos de palma africana que cercan totalmente las tierras campesinas. Solo el departamento de Colón aglutina una cuarta parte del total de cultivos existentes en Honduras. Sin dejarse abrumar por la palma, los campesinos han desocupado algunos espacios para resembrar con cultivos de maíz. Además construyeron viveros donde producen tomates, chile y hortalizas. También hay áreas con siembra de yuca, árboles frutales y platanales.

“Esta es mi casa. Es un futuro para mis hijos”, resume Aguilar las razones de su lucha, pues considera que recuperar las tierras constituye una enorme responsabilidad con las nuevas generaciones. También con las mujeres, resalta. “Las mujeres representan una buena parte de las personas que recuperan tierras, incluso quienes son madres solteras, por lo que es una urgencia brindarles acceso a un espacio para vivir y tierra para cultivar”.

María Margarita Rodríguez bromea junto a sus compañeros mientras desciende de la motocicleta con la cual alcanza nuestro recorrido. Tras un breve saludo, nos comparte que su principal motivación para participar en la recuperación son sus hijos y que las mujeres tienen un papel destacado en las labores de la cooperativa. Sobre todo, piensa que su participación cobra relevancia en la directiva para contrarrestar prácticas machistas y promover el apoyo mutuo entre las y los campesinos.

Pero no todo es celebración. Lizeth mira de reojo las champitas y nos comparte las necesidades para la cooperativa: un centro de salud, una escuela, además de infraestructura básica como agua potable. Aún con las limitantes, Rodríguez recalca sobre el cuidado para los niños y enfatiza que ellos, a diferencia de las infancias de la región, no trabajan dentro de El Chile. “Nosotros protegemos a los niños, ellos no pueden trabajar. A los jóvenes se les da permiso para que estudien pues son el futuro de la cooperativa”, sentencia.

Las mujeres comparten también el funcionamiento de la asamblea, órgano de decisión que constituyen todas y todos los asociados de la cooperativa. “Tratamos de tomar las mejores decisiones conforme sea más bien de beneficio para todos”, detalla Aguilar y añade que actualmente son 16 las organizaciones campesinas que se encuentran en procesos de recuperación de tierras, aunque “faltan más”, aclara. Según Wendy Castro, la superficie reclamada solo por éstas cooperativas alcanza las 12 mil hectáreas.

La ocupación actual no es el primer intento de los campesinos para gestionar estas tierras. Aguilar cuenta que fue hace tres décadas cuando la cooperativa El Chile fue despojada de manos campesinas. Y desde el año 2009, en el contexto de las movilizaciones contra el golpe de Estado, han buscado su recuperación agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

“Tenemos toda la documentación, de todo lo que es el territorio que abarca la cooperativa El Chile”, sostiene la directiva acerca de su registro ante el Instituto Nacional Agrario (INA). “Si no tuviéramos la documentación, no estuviéramos aquí, ya hubiera habido un desalojo, pero nosotros estamos formalmente peleando algo que es nuestro”, señala en referencia a la posesión legítima de acuerdo al Título Definitivo de Propiedad, fechado en marzo de 1991, el cual alude a la propiedad de la Cooperativa Campesina El Chile sobre estas tierras.

Cumplimiento de convenio, a paso lento

Los campesinos continúan la lucha iniciada por sus familiares y desde otro frente exigen el cumplimiento del convenio firmado con el gobierno nacional en febrero del año 2022.

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Sobre todo, les interesa la conformación y operación de la Comisión Tripartita (CT) cuyo trabajo será la investigación de las técnicas y métodos de despojo de los últimos 30 años cometidos por los agroindustriales. “El gobierno muestra voluntad, pero en la práctica no hay nada”, reclama Wendy Castro debido a que, a más de dos años, la CT aún no opera pues carece de la aprobación del presupuesto por parte del Estado de Honduras. 

A pesar del estancamiento del trabajo de la CT, las familias campesinas han presionado al gobierno y avanzado en algunos pasos contemplados en el convenio, como la remedición de las tierras para, con ello, verificar la legalidad de los documentos de compra-venta que, de acuerdo a la plataforma, fueron obtenidos por medio de falsificaciones, intimidación y violencia. Así, personal del INA y del Instituto de la Propiedad (IP) trabajaron durante el pasado abril en las tierras de 12 recuperaciones campesinas.

La remedición, explica Raúl Ramírez, busca que las instituciones agrarias hondureñas reconozcan los Títulos Definitivos de Propiedad y a su vez entreguen documentación que certifique la asignación de las tierras campesinas a las cooperativas y empresas asociativas que reivindican como su legítima propiedad.

En este contexto, Wendy Castro asegura que la remedición ayuda a la lucha de las cooperativas, sobre todo porque, denuncia, existe una estrategia de desestabilización que Corporación Dinant realiza para inhibir las intenciones de recuperación, la cual consiste en la entrega de pequeñas parcelas a grupos criminales y paramilitares. 

“Algunas de las cooperativas estaban teniendo dificultades con parceleros, 

de grupos criminales, que la empresa privada Corporación Dinant les ha dado área para que ellos las explotaran en cambio a que nos intimidaran”, reclama. “El mismo día de la remedición, andaba un carro de Corporación Dinant, con guardia de seguridad SEC, tomando fotos a las personas que estaban haciendo medición”, advierte la integrante de la plataforma debido que las guardias armadas contratadas por los agroindustriales han sido responsables de numerosas masacres.

Acorde a una denuncia ante el Ministerio Público, presentada en enero del 2023 por la Plataforma Agraria del Aguán, existe un trabajo coordinado entre Dinant, sus guardias de seguridad y el grupo criminal denominado “Los Cachos”.

La plataforma señala a este grupo criminal como el encargado de perseguir y asesinar a líderes campesinos. Encabezado por Juan Carlos Lizama, opera en la zona desde el mes de marzo del año 2022, “bajo la dirección y coordinación del grupo Dinant y sus empresas de seguridad en la zona”, remarcan en una denuncia penal, en la cual enfatizan que, desde abril de ese año, ocuparon 10 hectáreas de El Chile.

“Esta posesión del grupo Dinant ha sido posible únicamente con la presencia de grupos armados como Los Cachos, los cuales han ejecutado violencia para evitar la reivindicación de derechos de la cooperativa El Chile”, detalla la denuncia. También comparten que desde ese lugar han montado puntos para vigilar el paso entre las cooperativas Tranvío, Camarones, El Chile, entre otras, por medio de drones que utilizan en diferentes horas del día.

Contaminación, un peligro más

A bordo de una bicicleta, un campesino carga a su hija y herramientas para trabajar la tierra. Juntos surcan el camino que va de los cultivos de maíz y pasa por el vivero, muy cerca del comienzo de los monocultivos. Si uno alza la mirada ahí, le abruma la monotonía de la palma. Y lo que no puede ver, se puede percibir mediante otros sentidos, como el olor del humo que proviene, a menos de dos kilómetros, de la operación de una planta extractora de aceite de palma, propiedad de Exportadora del Atlántico.

Según denuncias penales presentadas por la plataforma, Exportadora del Atlántico es responsable por la adquisición ilegal de 81 propiedades que constituyen un total de 20,749 hectáreas. Por ello, una de las mayores exigencias de las familias en la recuperación de El Chile es la clausura de esta fábrica. No solo porque, acusan, la empresa usurpa 32 hectáreas de esta cooperativa, sino porque su operación y los desechos que produce contaminan las afluentes de agua, suelos y provoca enfermedades en la población.

Wendy Castro refiere que desde la recuperación se le ha exigido a Dinant que clausure la planta, pero los campesinos no han obtenido ninguna respuesta. “No se va a ir, porque son millones de lempiras que le caen (…) ahí sigue la planta extractora contaminando el medio ambiente, están terminando de destruir la flora y la fauna”, reclama.

En el tablero mundial

De acuerdo a datos del Servicio Exterior Agrícola (FAS), del Departamento de Agricultura de EEUU, Honduras, durante 2023, ocupó el noveno lugar dentro de los mayores productores de aceite de palma a nivel global.

En cuanto a mercados, registros del Observatorio de Complejidad Económica (OCE) señalan que los principales destinos y valores de las exportaciones del aceite de palma de Honduras son: Italia con 155 millones de dólares, Países Bajos con 111 millones, El Salvador 51.1 millones, Alemania 43 millones y Nicaragua con 25.9 millones. El OEC destaca que entre 2021 y 2022, se registró un fuerte incremento en la demanda por parte de Italia, Alemania y El Salvador.

Incluso, denuncian que la expulsión de desechos y la contaminación forman parte de una estrategia que ha sido utilizada para hostigar a las familias campesinas. Por ejemplo, Castro recuerda que hace un año, en mayo, trabajadores de Dinant querían cercar una hectárea de las tierras campesinas para construir mas pozos para depositar el agua contaminada.

Por su parte,Olvison Antonio Romero Mejía, secretario general de la cooperativa, denuncia que, por las noches, la planta extractora activa un mayor número de calderas lo que eleva la dispersión del humo, así como la expulsión de residuos químicos, los cuales dice que afectan especialmente a los menores de edad y adultos mayores. 

“Los niños son afectados en la piel y también presentan problemas respiratorios”, cuenta enfadado y añade que también, durante la época de lluvias, la extractora realiza mayor cantidad de descargas de residuos lo que termina inundado partes de las tierras campesinas recuperadas.

Certificaciones, lavado de imagen

Como muchas de las trasnacionales del aceite de palma, Corporación Dinant es miembro de RSPO, la Mesa Redonda de Aceite Sostenible, una iniciativa que busca desarrollar estándares para la expansión de los monocultivos mediante el “aceite de palma certificado como sostenible”, (CSPO, por sus siglas en inglés).

No obstante, su reciente adherencia al selecto grupo de ONGs y trasnacionales que dominan el mercado del aceite de palma a nivel global, y que hacen parte de la RSPO, se da después de tres intentos, durante la última década, por conseguir la membresía. Una minuta del Consejo de Administración de la RSPO, fechado en junio del 2022, coloca brevemente el asunto y subraya, sin abordar a detalle, que el principal argumento por el cual se le negaba su ingreso, pese a contar con los requisitos, se debía a “cuestionables problemas del pasado”.

La misma RSPO preve en el documento que, la vinculación con una empresa con graves acusaciones como Dinant, provocará cuestionamientos por lo cual debe examinar el posible riesgo para su reputación. En ese tenor, establece que, si se producen violaciones a sus normas tras aceptarle como miembro, “existen mecanismos para sancionarlos o expulsarlos”.

La membresía es solo un primer acto, antes de que la Dinant logre la certificación que otorga este grupo, lo que le permitiría expandir la venta de sus productos a más mercados. En sus reportes del 2023 y 2024 al RSPO, Exportadora del Atlántico enlista a sus dos procesadoras, activas y en búsqueda de obtener la certificación de sustentabilidad. La primera está ubicada en el Valle de Lean. La otra es la que está en las inmediaciones de la recuperación de El Chile. 

Por su parte, Wendy Castro acusa que el aceite producido por Dinant va manchado de sangre. “Es un mensaje que le mandamos a la gente internacional que consume este aceite: que miren lo que Corporación Dinant hace con nuestra familia en el Aguán para que ellos puedan consumir este aceite que tienen en sus casas, en sus hogares, con mucha sangre de nuestros compañeros que han caído por luchar por las tierras que son de nosotros”, denuncia sobre la actuación violenta de la compañía contra los campesinos.

Además, en su Comunicación anual de progreso para la RSPO del año 2022, Corporación Dinant establece que planea obtener la CSPO para sus plantaciones y extractoras en este 2024. “Como campesinos le decimos al RSPO que si certifica a Corporación Dinant, hasta ellos van a salir denunciados porque nos ha despojado, todas las tierras que tiene son de los campesinos, son de muchas familias necesitadas que habemos aquí en el Bajo Aguán”, advierte Castro.

Wendy Castro asegura que las tierras campesinas recuperadas no buscan la acumulación de capital ni son “un lujo”, sino que representan la posibilidad de que cientos de familias en extrema pobreza puedan trabajar el campo para sobrevivir.

Pese a la acentuada sequía que azota esta región del mundo desde hace ya un año, Castro prevé que la llegada de una nueva temporada de lluvias conseguirá sumar a los esfuerzos campesinos para ver brotar el maíz, frijoles, la yuca y demás alimentos que hacen posible la lucha cotidiana.

También asevera que, aún a pesar de la violencia, levantan la voz y seguirán denunciando a Corporación Dinant por actividades criminales. “Si a mí me matan, hay un montón que están frente a la lucha y van a seguir luchando por las tierras”, comparte, lacónica.

Pero esto no le amedrenta, pues refiere que continuarán la lucha. “Mientras maten uno, nacen cinco más. No le tenemos miedo, ya suficiente hemos pasado y sabemos que la tierra es de nosotros”, concluye.

Fuente: Avispa Midia

Por Karen Castillo

^{Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote}

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

La familia de Marcelino participó en marchas, mítines, plantones, foros con el fin de exigir a las autoridades judiciales de Oaxaca la libertad de Marcelino y de otros presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón.

Marcelino es el sostén económico de su familia, su encarcelamiento provocó fuertes estragos en la economía familiar. Dos de sus hijos tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse a la lucha por la libertad de su padre, dando seguimiento a los trámites legales necesarios para ampararse en contra de su detención, así como para trabajar y obtener ingresos para sostener a toda la familia y a Marcelino dentro de prisión.

El caso de Marcelino no es un hecho aislado. El indígena mazateco es una de las más de 40 personas de la comunidad de Eloxochitlán que han enfrentado cargos penales.

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de persecución y criminalización en contra de la comunidad de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Manuel Zepeda y Eliza Zepeda Lagunas. Eliza, quien es una de las partes acusadoras en el caso, hasta hace unos meses, sostenía el cargo secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca y es parte del partido político MORENA. 

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. 

Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión, desplazados o encarcelados. El caso está dividido en cuatro expedientes, el 02/2015 por homicidio y tentativa de homicidio, el 16/2016 por incendio, y otros dos expedientes por homicidio y tentativa de homicidio. 

La mayoría de los hombres y mujeres que han sido acusados de algún cargo penal sostenían algún tipo de representación o autoridad en la comunidad. Marcelino Miramón sostenía el cargo de regidor en 2014. A lo largo de casi una década, y gracias a la lucha de las familias, y el apoyo de otros colectivos y grupos, la mayoría de los indígenas mazatecos que han estado presos han logrado ganar su libertad. En el caso de los perseguidos políticos han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

En prisión, hay aún tres hombres mazatecos, Alfredo Bolaño y Fernando Gavito, que están a medio año de cumplir 10 años en prisión, y Francisco Durán que lleva cinco años en prisión. Ninguno de ellos cuenta con sentencia. 

Pese a que la mayoría de las personas perseguidas ha ganado ya múltiples amparos a nivel federal y local, el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúa entorpeciendo y dilatando el proceso penal en su contra. Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que tiene la responsabilidad de vigilar el actuar de los jueces locales en la entidad, también ha sido señalado por la defensa legal y las familias de los presos y perseguidos, como partícipe en seguir prologando la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán al respaldar el actuar del Juzgado de Huautla. 

En entrevista con el abogado Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, platicamos a fondo sobre el proceso legal para entender cómo la actuación de las dos instituciones mencionadas son el mayor obstáculo para terminar, después de más de una década, la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán.

Actualmente, el Juzgado de Huautla amenaza con apelar un amparo ganado hace ya 8 años que protege a 55 personas de ser posiblemente encarceladas. La libertad de Marcelino Miramón, recientemente ganada, también está en riesgo de ser revocada.

Avispa Mídia (AM): Abogado, podría platicarnos, ¿cuál fue la ruta legal para obtener la libertad de Marcelino Miramón?, ¿cuáles fueron los posibles obstáculos legales para arrancar esta libertad?

Daniel Sosa Rafael (DSR): El delito por el cual se le acusaba a Marcelino ya lo habíamos enfrentado en 2017 con Gaspar Betanzos, otro de los compañeros que fue preso y es perseguido. Él trazó la ruta jurídica de cómo se pudiera resolver ese expediente.

Gaspar fue el primer detenido con ese expediente el 16/2016. Lo que tenemos que entender es que todo delito tiene una serie de elementos que se tienen que probar para que se pueda acreditar el cargo penal. Es decir, es necesario en primer lugar comprobar que el delito existe. 

Nosotros con Gaspar Betanzos argumentamos desde un inicio que no se acreditaba la existencia del delito de incendio, y que entonces no se podía perseguir el delito. Sin embargo, el juez de Huautladijo que sí se podía acreditar el cargo penal y dictó el auto de formal prisión [es decir, dictó la prisión de Gaspar como medida cautelar].

Nuestra respuesta fue apelar la decisión del juez de Huautla, y entonces nos fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y ahí la sala confirma la resolución del juez de Huautla.  

Con Gaspar entonces buscamos ya la protección federal, se mete el amparo sobre la decisión del juez de Huautla, y ahí se confirma lo que nosotros como defensa argumentamos, que no se encontraba acreditados los elementos del cuerpo del delito.

En ese entonces, las partes acusadoras Manuel Zepeda y Vicente Zepeda se inconformaron con el amparo que ganó Gaspar. Ellos acuden al recurso de revisión, y el Tribunal a cargo de revisar ese amparo se va a fondo a estudiar el caso y vuelve a decir que el delito no se puede acreditar.

Ese expediente nos costó bastante, al final se logra lo que la defensa había planteado desde que se luchó contra el auto de formal prisión, que no se podía acreditar el delito.

Cuando detienen a Marcelino Miramón, como ya estaba este antecedente, volvemos a hacer el mismo alegato, y ya no sólo era mi argumentación como defensa, ya estaba fundamentado con el criterio de tres órganos jurisdiccionales que es el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado, y la Sala del estado. Y aun cuando esas tres decisiones se intentaron debatir o pelear desde la parte acusadora, ya no fue procedente, es una verdad jurídica.

A pesar de eso, el juez de Huautla no quiso admitir ese criterio para el caso de Marcelino, pese a que se le juzga por los mismos hechos que Gaspar, en el mismo tiempo y en la misma forma, y dice que sí se encuentra acreditado el cuerpo del delito y decide dar al auto de formal prisión.

Entonces comenzamos el mismo camino que seguimos con Gaspar Betanzos, y es ahí cuando comienzan las trabas por parte del Juzgado de Huautla. No manda el informe a los juzgados federales, no se emiten informes justificados en tiempo y forma, no se informa a los ofendidos, el ministerio público no acusa cuando se le envían correos electrónicos.

Llegamos hasta el absurdo que el Juzgado dijo no tener el recurso ni para obtención de copias. Una de las trabas que duró mes y medio en el caso de Marcelino fue la obtención de copias.

Se llega a ese grado de violencias en el proceso, se llega a tanto que además en esta ocasión de las copias, le decían a la familia de Marcelino que tenían que pagar por las copias, y decían vamos a sacar un primer tanto la próxima semana, en otros 5 días vienes y así, hasta que podamos sacar el testimonio completo; esto es un absurdo. Eso hace muy perezoso el proceso, pero es una cuestión operativa, más que una cuestión jurídica.

Es esa dilación sistemática que ha habido en los demás expedientes de los demás compañeros, es permanente. Parecen cuestiones simples, pero con el tiempo, esas dilaciones van ocasionando una violación a los derechos humanos, porque entonces violan el derecho a un justicia pronta y expedita.

Otro caso es que de repente se les olvida firmar los expedientes, se les olvida poner un sello, y eso es inaceptable, porque dicen que es un error humano, que no manden documentos oficiales sellados o con firmas a pesar de que es lo que se necesita de ley para que tengan validez, otras veces mandan documentaciones incompletas.

Por eso, prácticamente en el amparo que Marcelino gana, tarda un año su desahogo. De manera normal ese trámite suele durar tiempo promedio de 6 meses, las dilaciones procesales prácticamente hacen que el proceso dure casi un año, tiempo que Marcelino estuvo en prisión.

El expediente 02/2015 lleva ya 10 años, y hay personas en prisión sin una resolución, y eso es gran parte causa de esta dilación sistemática del proceso por parte del Juzgado de Huautla.

AM: Además de estas dilaciones sistemáticas que usted nombra, tenemos conocimiento de que las salas del Tribunal Superior de Oaxaca recurrentemente defienden la decisión del Juzgado de Huautla pese a que, como explicó en el caso de Marcelino, haya antecedentes de decisiones y argumentaciones de otros órganos federales que emiten amparos o que se logra la libertad de personas presas, porque se muestra que no hay elementos para probar su responsabilidad. ¿No existe la obligación de jueces locales de respetar las decisiones de jueces federales?

DSR: Es muy interesante esto. Le voy a explicar cómo funciona este círculo vicioso, que podríamos llamar al proceso de desahogo de los expedientes del caso de Eloxochitlán. Voy a usar el caso de Marcelino que es el más reciente para explicar esto.

En el caso de Marcelino, el Tribunal Colegiado emite el amparo con una resolución, y el juez de Huautla entonces como tiene que cumplir con esa resolución lo hace, y Marcelino sale libre; pero dentro de esto está la trampa.

Los amparos no son sentencias, son más bien como recetas que le dicen a los juzgados locales ciertos elementos que deben modificar o les ordena emitir una nueva decisión, pero entonces el Juzgado de Huautla es el que emite la nueva sentencia. 

En la ejecutoria de amparo que emite el Juzgado de Huautla en el caso de Marcelino Miramón, el juez sigue insistiendo, a pesar de que todo lo que ya explicamos, que sí se dan los elementos de tipo penal para poder acreditar el delito de daños por incendio.

El juez en su cuestión de libre determinación, de acuerdo a su criterio, se escuda en eso; dice que el delito de daños por incendio sigue existiendo, y dice que lo que no se pudo acreditar es la participación de Marcelino y por eso le otorga la libertad. 

Aquí es la parte tramposa que se debe de denunciar. Si tú lo lees, dices bueno pues Marcelino ya salió, ese era el fin inmediato, pero no. Esta determinación que emite el juez, ¿a qué va a dar pie? 

La parte acusadora entonces va a decir que sí existe el delito de daños por incendio, y entonces va a dar pie a que el asunto se apele otra vez, esta libertad ganada se puede apelar porque el juez deja abierta la puerta diciendo que sí existe el delito.

Eso da a pie a que Marcelino siga enfrentando un proceso. Y así ha pasado con la todos los amparos y libertades ganadas.

Además, lo más grave que ha pasado en todo este caso de Eloxochitlán es que la parte acusadora presenta su recurso de apelación, ese recurso va al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Entonces el juez de Huautla en vez de que proceda a esa apelación, la guarda, un año, dos o tres años. Tenemos una apelación en el caso de Omar Hugo que lleva 8 años ahí sin trámite porque el Juzgado de Huautla no ha querido, y la saca cuando mejor le conviene. Eso podría pasar también en el caso de Marcelino.

Aunque se ganen 10 o 20 amparos, el Juzgado de Huautla es quien tiene la última palabra.

AM: ¿No hay una forma de romper este círculo vicioso? 

DSR: Lo que tendría que hacer el juez de Huautla – y en estos 10 años hemos tenido aproximadamente 5 jueces – es apegarse al derecho y a lo que dice la ley. 

Pero los jueces de Huautla se han escudado en criterios que no están sustentados en la ley, y que va en contra de 10 o 20 sentencies federales y de otros jueces que sí se sustentan en la ley.

Ahí es en donde la parte que denuncia, Eliza Zepeda, ha encontrado el cobijo del Tribunal Superior de Justicia, porque nosotros sí hemos denunciado una y otra vez el actuar del Juzgado de Huautla, lo más lejos que hemos podido llegar es que se logró la suspensión de sus funciones a un secretario del Juzgado de Huautla.

Lo que siempre hacen es cambiar al juez. Nos dicen, vamos a mandar a otro juez, y empezamos de cero, y otra vez, no firman las diligencias, y entonces lo que hacen es cambiarlos una y otra vez.

Lo que el Tribunal Superior de Oaxaca debe de hacer es exigir al juez que se apegue al derecho, que cumpla con los tiempos y formas de los procesos. Amparados en esta discrecionalidad para juzgar, el Juzgado de Huautla ha impuesto su voluntad de no hacerlo.

AM: ¿Cuántas personas en el caso de Eloxochitlán son rehenes de la discrecionalidad del juez de Huautla?

DSR: En el expediente 16/2016 hay 55 personas, a lo mejor me equivoco por una o dos personas. En 2016 se ganó un amparo contra las órdenes de aprehensión en contra de esas 55 personas.

Y apenas, este año, en 2024, 8 años después, quiere el Juzgado de Huautla dar trámite a la apelación que en un momento interpuso la parte denunciante, es lo que le comentaba, 8 años ya pasaron y ahora quieren proceder. 

Corremos el riesgo que 55 personas puedan ser aprehendidas, y esa lista siempre fue selectiva, las personas de esas listas al menos el 40% se repite en los otros 3 expedientes, por eso se puede confirmar que existe una persecución y prisión política, por eso hay desplazados, presos y perseguidos.

El argumento del juez que revisó el expediente es que se dio cuenta que había algo pendiente, y que el Ministerio Público no había atendido. Es algo irrisorio, y si le preguntas por qué, te va a decir que porque acaba de llegar el expediente. ¿Cómo explicas que 8 años estuvo detenida y ahora quiere proceder a promover esa apelación?

AM: Abogado, usted que ha vivido y acompañado este caso por 10 años y menciona estas dilaciones sistemáticas, y ahora que se habla mucho de reforma judicial, ¿qué se podría hacer desde la parte de la ley para que esto no siga sucediendo?

DSR: Se requiere una reforma en la ley de responsabilidades de servidores públicos. En este caso, las familias ven como fin último el ser libres, con eso quedan satisfechos, y es una percepción muy general de la sociedad, por eso no se impulsa que se apliquen procedimiento ágiles y accesibles para poder sancionar a funcionarios.

Existen conductas que no alcanzan los elementos para empezar un proceso penal, pero como en este caso sí afectan el derecho a la procuración de justicia.

Nuestras instituciones además se encuentran sujetas a necesidades personales de ciertos personajes. En este caso, el rol que ha desempeñado Eliza Zepeda en cargos públicos ha tenido injerencia en el proceso, y que a partir de ahí condiciona el actuar de los jueces y magistrados. No lo podemos comprobar, pero sí existen muchas pruebas para sugerirlo y que nosotros hemos observado.

Por ejemplo, Eliza Zepeda estuvo dentro de la última legislatura del Congreso de Oaxaca y de ahí se vuelve presidenta de la Comisión de Justicia. Ella debió renunciar a ese puesto porque había un conflicto de intereses, a ella le tocó nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Es muy difícil creer que no existió un cabildeo previo a la elección de esos magistrados, y tenemos ese criterio, que los magistrados para poder llegar a ese cargo tuvieron posiblemente que interactuar con ella.

Por salud del expediente, por transparencia, por respeto a la ética y al estado de derecho, ella debió de haber renunciado a ese puesto, porque ella tiene un proceso, así se hubiera evitado justo una interpretación de que podía tener injerencia en el proceso. Pudo haber renunciado y formar parte en otra comisión dentro de la legislatura.

Y de manera coincidente, cuando ella ocupa ese cargo, empezamos a tener un revés, incluso empiezan a tomar en cuenta en una resolución testigos de oída, a pesar que en los últimos años eso ya no existe en el tipo penal. Entonces nosotros decimos, algo está pasando, comienza a haber una ruta de comenzar a negar todo, y no con argumentos legales sólidos, sino con argumentos totalmente inauditos.

Yo en estos años de 10 años he sufrido la intervención de mis teléfonos, y con todos estos elementos que he podido observar, me atrevo a imaginar y pensar, que sí ha habido injerencia de parte de un poder desde el legislativo al poder judicial.

Lo que sí fue noticia pública fue cuando el señor Alfredo ganó el expediente de tentativa de homicidio, y eso está en la prensa, Eliza y una fracción de MORENA hacen un desplegado y exigen a la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que administre bien la justicia. Eso es un condicionamiento político. Eso es público. Si se atreve a eso de manera pública, no sabemos que pase en el ámbito privado.

[Además, Alejandro Murat, entonces gobernador de Oaxaca, se posicionó públicamente a favor de la familia de Eliza y le hizo una llamada de atención pública al Tribunal Superior de Justicia sobre las decisiones tomadas en el caso].

Afortunadamente, gracias al seguimiento de medios independientes, colectivos, a la organización de las mujeres mazatecas, se ha podido avanzar. Nosotros no tenemos ese poder político y económico, lo único que hemos tenido es el poder de la palabra. Y con eso hemos podido ir ganando. Tenemos sentencias absolutorias, tenemos amparos, tenemos libertades. Este caso lo han conocido más de 20 jueces, mínimo, de todos los niveles, y creo que todos ellos no pueden estar equivocados.

Pronunciamiento en solidaridad y exigencia de un cese a los actos de persecución política

07 de mayo de 2024

El 3 de mayo de 2024 el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la policía de investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” ubicada en Benito Juárez, Ciudad de México. Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles repercusiones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero, en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna.

Esta muestra de persecución política nos alerta ante presuntas carpetas de investigación u órdenes de aprehensión giradas en contra de nuestro compañero Diego García Bautista, colocándolo en riesgo a él y a sus círculos cercanos más inmediatos. Denunciamos que esta criminalización de la lucha social está estrechamente vinculada con la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde octubre de 2020.

Responsabilizamos directamente de estas acciones represivas a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, pues en abril de 2021 señaló que existían denuncias penales contra quienes ocuparon dichas instalaciones. Manifestamos nuestra preocupación ante estos actos, que más allá de mostrar una voluntad política del gobierno solo complejizan y vulneran la situación en la que se encuentra la Comunidad Indígena Otomí. 

Nos preocupa un elemento más. En recientes días han acudido personas autodenominadas como “Servidores de la Nación” con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. En la puerta de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” afirmaron que ahí se vio por última vez a al menos 8 personas menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023

Le preguntamos al gobierno ¿Qué buscan con estos actos? ¿Justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos? Eso que intentaron el 16 de octubre de 2023, cuando más de 500 elementos policiacos intentaron desalojar la toma, golpearon a niñ@s, mujeres, hombres y periodistas; no obstante, en días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ell@s, ¡No olvidamos!

La actuación del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal evidencian un nulo interés por otorgar una resolución ante la demanda de vivienda que durante más de tres años ha mantenido la Comunidad a través de la toma del edificio antes denominado como oficina central del INPI. Reprobamos estos actos de intimidación, hostigamiento y represalias por motivos políticos. 

Reconocemos su trabajo en defensa del agua y la vida. Las acciones en su contra afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, por la labor que ha realizado nuestro compañero Diego García Bautista.

Lo reconocemos como defensor del derecho a la vivienda y su constante demanda por el derecho a la Ciudad que históricamente ha sido negada para los pueblos originarios. Quienes hemos trabajado de cerca con él sabemos de su compromiso y labor histórica en defensa de los derechos humanos y su convicción por la presentación de los desaparecid@s, especialmente por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Conocemos su caminar y acompañamiento en la lucha y resistencia contra el despojo de los pueblos y comunidades del Congreso Nacional Indígena (CNI)/CIG. Reconocemos su convicción y decidida entrega, no solo acompañando, sino haciendo suya la lucha zapatista. 

Finalmente hacemos un llamado a los colectivos, a las organizaciones, a las redes, a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, a l@s trabajador@s, a l@s académic@s, a  l@s intelectuales, a l@s artistas, a las diversidades, a las mujeres que de por sí luchan y resisten; a tod@s l@s que de por sí resisten a la tormenta capitalista, para que sin importar sus calendarios y geografías, sigan suscribiendo esta denuncia contra la criminalización a la lucha social.

Firma directamente en este formulario: https://forms.gle/pBM7uHfdSnMRkspj7 o bien, haz llegar tu firma al correo regeneracion.radio@gmail.com indicando los siguientes datos:

1.- Nombre de la organización o nombre personal [Tal cual aparecerá en la lista de  firmas]

2.- Categoría. Solo seleccionar una opción. Si firmas como persona, elije la casilla Individu@s. Si firmas como agrupación, elije cualquiera de las otras tres opciones. 

1. Individu@s
2. Organizaciones y colectivos
3. Redes y articulaciones
4. Organizaciones Internacionales

3.- Correo electrónico

Si tocan a un@, nos tocan a tod@s

FIRMAS:

Ma. De Jesús Patricio Martínez 

Carlos González García

Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG)

REDES Y ARTICULACIONES:

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG: Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México / Café “Zapata Vive” / UPREZ Benito Juárez / SUTIEMS (Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México) / Laboratorio Popular de Medios Libres / Regeneración Radio / Noticias de Abajo / Brigada de Salud Zapatista Pantitlán / Escuelita Autónoma Otomí / Frente Xonacatlán en Resistencia/ Individu@s: Roxana Bolio, Roberto Rodríguez Contreras “Gato”, John Pablo Almaráz (cantautor) y 33.

La difusión existe y resiste

Mujeres y la Sexta

RAIS (RED DE APOYO IZTAPALAPA SEXTA). 

Red de Resistencias y Rebeldias AJMAQ 

Red Universitaria Anticapitalista 

PERSONALIDADES Y ARTISTAS:

 Amèle Roux

Adriana Malvido

Alicia Castellanos

Ángeles Eraña

Argelia Guerrero

Barbara  Zamora

Christine Pellicane

Daniel Gimenez Cacho 

Diego Enrique Osorno

Gilberto López y Rivas

Jacobo Dayán

Luisa Riley 

Magdalena Gomez

Malú Huacuja del Toro, escritora

Natalia Beristain

Omar Inzunza (Gran Om)

Raúl Romero Gallardo 

Sergio Rodríguez Lascano

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Al Límite Collective 

Asamblea Berlin

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia 

Caracoleras

CAREA e.V.

Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ)

CGT PViM

CGT, Confederación General del Trabajo  (ESP)

Chile Sin Ecocidio 

Colectivo Armadillo Finlandia 

Compagnie Tamèrantong!

Ermuko komite internazionalistak (Euskal Herria)

Pallasos en Rebeldía 

Schools for Chiapas/Escuelas para Chiapas

Solidarisches Mittelhessen

Tatawelo Italia 

Y Retiemble! Espacio de apoyo al Congreso Nacional Indígena (México) y al EZLN desde Madrid

Ya Basta Jena

ORGANIZACIONES Y COLECTIV@S:

12 Pueblos Originarios de Tecámac

Acordamos Vivir medio-editorial 

ANOCIP AC 

Asamblea General de Trabajadores 

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Asociación de Exploración Científica, Cultural y Recreativa. Brújula Roja

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.

Cal Cases

Calaveras Negras 

Cátedra Libre de Pensamiento Nuestro americano «Ernesto Che Guevara»

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Centro de Voluntaries Junax

Colectiva M288, Juventud Comunista de México

Colectivo 16 de octubre Calpulalpan 

Colectivo 4 de Octubre, Tlaxcala 

Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos 

Colectivo Calendario Zapatista

Colectivo Chicuarotes Icnohuan 

Colectivo Conciencia y Libertad 

Colectivo Contrahistorias 

Colectivo Criptopozol+DDHH 

Colectivo cultural ATANOR 

Colectivo de Telefonistas Zapatistas

Colectivo Disyuntivas

Colectivo Híjar

Colectivo la Ceiba

Colectivo serpientes de agua

Colectivo Tonali GAC 

Comité Autónomo de Agua Potable de San Pablo Tecalco 

Comite de Lucha UPN Ajusco

Comite de madres y padres de los 43

Comité de Sociología Hídrica Imaginaria

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas 

Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla 

Concejo Autonomo de Santiago Mexquititlan Amealco Querétaro 

CONJUPAM A.C.

Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPORFM 

Cooperativa Tlapaltik

Escuelita Xipetotec 

Espacio de lucha contra el Olvido y la Represión 

Frente Xonacatlán en resistencia 

Fundación Apaztle, Apaxco Estado de México 

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs 

Grupo mazahua de san felipe del progreso

HIJ@S DEL MAIZ PINTO TLAXCALA

Igualdades AC

Instituto Cultural Autónomo «Rubén Jaramillo Ménez», Morelos, México. 

La ceiba

La oveja roja Michoacán 

La Voladora Radio 

Laboratorio Popular de Medios Libres

Las y los Hijos del Maíz Pinto

Lumaltik Herriak 

Maderas del Pueblo del Sureste, AC

MULTI – Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente 

Nodo de Derechos Humanos (NODHO)

Nuestra Alegre Rebeldía 

Observatorio Memoria y Libertad 

Ocotenco Kuautlali 

Organización campesina de la sierra del sur 

Organización Político Cultural CLETA 

Promedios de comunicación comunitaria 

Proyecto Libre Educación y Autonomía

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes 

Radio Chikuarote 

Radio nuestra palabra- voces cuicatecas

Raices en resistencia

Red Movimiento y Corazón Zapatista

Regeneración Radio

Resistencia Chinampera 

Resonancias Radio

Rizoma

Sexta por la libre Yucatán 

Tejiendo Organización Revolucionaria 

Unidad de Izquierda Democrática de Ecatepec de Morelos 

UNION DE PRODUCTORES CHALCHIHUITL

Unión De Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua Puebla

UPADI (UNION POPULAR APIZAQUENCE DEMOCRATICA E INDEPENDIENTE)

Uprez Benito Juárez 

Vecinos del Cerro de Tecalco-Chiconauhtla 

Veredas AC

VH126

Wikititlán

INDIVIDU@S

1

Andrés Benitez

Abelina Sebastian Martinez

Abigail Unzueta 

Abzurdo Chávez 

Adela silvestre López 

Adrian Jiménez 

Adriana Oña Toledo 

Adriana Rivera 

Agustín Maldonado 

Agustina Guardia (docente)

Al-Dabi Olvera Castillo

Alberto Cervantes 

Alberto Coria Jiménez 

Alberto RManjarrez 

Alejandra Gasca García 

Alejandra Ramirez O.

Alejandra Vargas de la Cruz. Abogada y defensora de derechos humanos. 

Alejandro Mira Tapia

Alejandro Torres Chocolatl 

Alex

Alice Valenzuela 

Aline Pailler 

Ammi Stephani

Ana Laura Mejía 

Ana María Gómez 

Ana María Vera Smith

Andrea Cegna

Andrea León Márquez 

Andrea Yocelin Mena Huilotl

Andreas Bethmann

Àngel Bosqued 

Ángel David Hernandez Juvenal 

Ángel de Jesús Mendoza Solis 

Ángel Oro

Angelina Hernández Pineda 

Anilú Pardo

Anselma Margarito 

Antonio Citalan

Antonio de Jesús Ortiz Landin – Partido de los Comunistas 

Araceli Arellano Olivera 

Araceli Lopez

Arturo Meade

Astrid Ruiz Terrón

BALTIMORE BELTRÁN

Bebito Méndez Castro

Belisario Domínguez 

Bertha Jimenez Lopez 

Bertnard Martí León Albarrán 

Blanca Araceli López Monjes 

Blanca Ibarra

Brenda Ximena Illescas Jay

Carla Fernández Tena

Carlos Antonio Aguirre Rojas 

Carlos Edén Armenta

Carlos Eduardo 

Carlos Rafael Coutiño Camacho 

Carlos Zaragoza 

Carolina Donají Angel Rocha

Cayetano Estrada

Celso Enríquez Rodriguez UPREZBJ 

Christian J Najera Garcia

Citlali González 

Citlali Jiménez 

Claudia  Sanchez Cruz 

Claudia Sandoval 

Cristóbal León Campos 

Cynthia ventura

Danaé Fonseca 

Daniel P. Gámez 

Daniel Reyes Lara 

Dario Rivera

David Jiménez 

David Solís

Diana Aranguré Quevedo 

Diana González 

Diana Itzu Luna 

Diego García Bautista 

Diego Pizarro

Diego Sanchez Moreno

Diolanda

Dominique Marnas 

E Rochi

Edén Alcíbar

Edith Sánchez Cruz

Edna Alejandra Chantez Torres 

Eduardo Sánchez

Efraín Rojas Bruschetta 

Eli Notigonario

Eliud Hernández Pluma 

Elvira Liceaga

Eme Flores

Emilio Braojos Fuertes

Enrique Martínez Castro 

Enrique Vázquez 

Erick Estrada

Erik Rafael Molina Arellano 

Ernesto Ruiz Cruz 

Esperanza Martínez Hernández 

Eva Arán Vidal 

Eva María Serna Arán 

Fabiola Osnaya 

Félix Armando Fernández Estrada 

Fermín Carreño Meléndez 

Fernanda López 

Fernando Mendoza 

Fernando Pérez López 

Fernando Torres 

Fernando Resendiz

Fidencia Lopez Ayala

Francisca de Jesús cruz 

Francisca Urias Hermosillo

Francisco Javier Yuen Duran

Francisco Vázquez 

Gabriel Gau

Gabriela Garcia 

Gabriela Rodríguez Cortés 

Gabriela Vallejo 

Gabriela Villarreal 

Gerardo Vieyra

Germán Fuentes 

Griselda Terrón 

Haizel de la Cruz 

Héctor Maldonado

Héctor Ruiz terron 

Humberto Alvarado Fernándes 

Héctor Zetina- Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG / Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía 

Huizache Badillo 

Ignacia Zenteno Rodríguez 

Ileana Gordillo

Iliutzi Vega

Independiente 

Integrante del Comité Eureka. Sara H. de Ramírez Duarte

Irene Bofill García 

Isabel Vázquez Méndez

Isael Rosales 

Ismael Úkuri 

Ivan Aguilar 

Iván Cholula

1. Jesús María Serna Moreno

Jade Doniz

Javier Andrés García García 

Javier Hernández Alpízar

Jennifer Trejo Chávez

Jeremías Mateo Juan 

Jessica Trejo 

Jesús Armando Méndez Burgos

Jesús Batta Fonseca 

Jesús Muñóz

Jhennifer L

Joan C 

Joel Cárdenas 

John Pablo Almaráz – Músico y poeta. 

Jorge Arturo Morales Piedra 

Jorge Castro

José Contreras Vizcaino

Jose Esteban Baeza Ramirez

José Manuel Guzmán López 

José Manuel Meza Jiménez 

Jose Manuel Sanchez Loza

José Miguel Moreno Rayas

Josefina Cobian Castañeda 

Josué Tapia 

Jousse lucie

Juan Bautista Andalón 

Juan Carlos Diaz 

Juan Mario Fuentes López 

Julio Chávez López 

Julio Marsel Quezada García 

Karen

Karim Debabi

Karina vera 

Karina Eh

Karla Sanchez 

Kenya Rugerio Hernández 

Kobayashi Munehiro

Laura Cervantes Marcelino

Laura Ramírez 

Leah Bachar

Leídy Marcela González Goyeneche 

Libertad Huerta

Lidia Bernal 

Lluvia 

Ludovica Sarica

Luis Alfonso Vargas Silva- Partido de los comunistas 

Luis Enrique Servin 

Luis Jacobo

Luis Manuel Cervantes Marcelino

Luis Olvera Flores 

Luisa Jimena González Estrella 

Luna Marianelly Hernández Ricardez 

Magali López Fabila

Manuel Cancino 

Manuel Cano 

Manuel de Vicente Mauricio

Marcos ‘Ik’

Margarita Hernández Martínez 

María Culebro

María de Lourdes Lara Lopez

María Fernanda Wray

María Ignacia Ibarra

María José Sánchez García 

María Mirta Rodríguez 

Mariana 

Maríana Cruz 

Mariana Ibarra Hernández 

Mariana Itzel Espinosa Valencia

Mariana Yañez

Mariano Spencer

Maribel Nicasio Gonzaáez

Maricela Lara Amador

Mario Francisco Avila Meza 

Maritza Magaña Luviano 

Marlene Mar Santamaría 

Matilde Belem Huerta Lastra 

Matilde Ortuño Vilchis

Mauro Emmanuel

Max Emiliano Negrete González

Mayra Álvarez 

Mayvelin Flores 

Melissa García 

Michelle Escobar Cruz 

Miguel Alcerreca 

Miguel Ángel Medina Romo 

Mildred Guadalupe xaltenco 

Monika Ivonne Aguilar Ocampo 

Monse Garcia 

Nayla de la Cruz 

Nicole Victoria Añorve

Nicolò Battaggi

Nikolas ome

Noemi Marín 

Norberto Zúñiga Mendoza 

Omar Anguiano 

OmAr jAir PinedA JuÁrEZ CDDHH LIBRADO RIVERA/ (LA NETA AMORFA)

Oscar Ramirez

Özgül Saki

Pamela Avendaño Sanchez 

Pao Chiapas, comunicadora 

Pascual Margarito Juan 

Patricia Alfaro.Guerra

Paul Oswaldo Cuapio Zamora

Paulina Barrera

Pedro Mendoza Moreno 

Pedro Torres Rojas 

Porfirio Alvarado Bolaños 

Rafael Barajas Cabello 

Rafael García 

Rafael Trujano

Rangel Chavez Miguel Angel

Raul Sandoval 

Reyes Solano

Ricardo Hernández candelaria 

Rita Laura Pérez Cortés 

Roberta Nicastro 

Roberto 

Roberto Gañan Ojea

Roberto R. Contreras  «Gato»

Rocío del Carmen Heredia 

Rodolfo Pacheco Guzmán 

Rodrigo Bourcart 

Rodrigo Camarena González 

Rodrigo García Elizalde 

Rodrigo Uribe Cevallos 

Rosa María Salgado Dominguez 

Rubén Madrigal Ceballos

Rut Moyano Lon

Ruth Espinoza Terrazas 

Sandra Bernal 

Sandra Suaste Ávila

Sandra Toledo 

Sara Alicia Andrade Narváez

Saúl Adrián Romero Arellano 

Sebastián Serratos

Silvia Montes Garrido

Silvia Resendiz Flores 

Silvio Quarleri

Sofia Leboeuf

Sofía Villar 

Sophie Alexander Katz 

Suner Saldaña

Susana de la Cruz Ruiz 

Tia Ayala 

Tizha Shi

Trinidad Cevallos Rodríguez 

Uriel silvestre De Jesús 

Valente Contreras Martínez 

Valentina Cisneros 

Varinia Libertad

Vic Chavira

Vicente Parra Sosa 

Victor Manuel Gomez Ramirez

Violeta Álvarez

Violeta Hernández 

Virginia Aquino Cuevas

Ximena Garcia

Xóchitl Guzmán Delgado 

Yadira 

Yazmin

Yolanda Méndez Lázaro 

Yolanda Niell 

Yoselin Alvarez

Zaeth Carrillo 

Zenia Yébenes Escardó

Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.

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Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.

A raíz de los acontecimientos que se describen a continuación, miembros del profesorado de la UT publicaron una valiente declaración en apoyo de los y las manifestantes y se unieron a algunos de los y las estudiantes organizadoras que fueron detenidas ayer para organizar una concentración masiva para hoy, que atrajo a 2000 personas al East Lawn. En sus discursos, algunos de los y las activistas estudiantiles relacionaron directamente el movimiento en curso con el levantamiento nacional que tuvo lugar en 2020 en respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y otros.

La defensa de un territorio concreto proporciona al movimiento un lugar en el que cohesionarse y abre un espacio en el que las personas participantes pueden entablar relaciones y pasar por un proceso de desarrollo político. Al mismo tiempo, proporciona a los adversarios un objetivo fijo contra el que dirigir la presión. Defender campamentos al aire libre es más difícil que defender ocupaciones en recintos cerrados, aunque estas últimas puedan entrañar mayores riesgos jurídicos. En ambos casos, lo que ocurre fuera y alrededor de la respuesta policial suele determinar el resultado al menos tanto como lo que ocurre dentro de la ocupación. Como demostró la ocupación de edificios en Cal Poly Humboldt, la policía sólo puede asediar y desalojar ocupaciones si no se ve asediada ella misma.

A los y las organizadoras actuales del campus les vendría bien leer las reflexiones de los y las participantes sobre las “zonas autónomas” del levantamiento de 2020:

Incluso si nuestro objetivo es simplemente mantener un espacio físico concreto, tenemos que dar prioridad a la realización de actividades ofensivas en toda la sociedad en general que puedan mantener a nuestros adversarios a la defensiva, a la vez que invertimos energía en las actividades que nutren los movimientos y los espacios en lugar de centrarnos en defender límites concretos. Debemos entender los espacios ocupados como un efecto de nuestros esfuerzos, más que como la causa central en torno a la que nos reunimos.

También podría ser instructivo consultar las experiencias del movimiento de ocupación estudiantil de 2008-2010.

Los medios de comunicación centristas han presentado deshonestamente a los y las participantes en estas manifestaciones como “antisemitas”, ocultando intencionadamente el hecho de que una pluralidad significativa de los organizadores son judíos antisionistas. De hecho, hace sólo cuatro meses, los líderes del Partido Republicano de Texas votaron en contra de prohibir a sus miembros asociarse con nazis y negadores del Holocausto después de que un destacado republicano de Texas recibiera a un conocido supremacista blanco y antisemita. Los que reprimen estas manifestaciones son los que tienen vínculos con el antisemitismo organizado. Como coreaban los estudiantes ayer en Austin, “APD (Departmento de Policía de Austin ), KKK (Ku Klux Klan), IDF (Fuerzas de Defensa Israelí), ¡son todos iguales!”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene que el ejército israelí sigue decidido a llevar a cabo un asalto terrestre a Rafah, donde actualmente se hacinan más de un millón de personas refugiadas. Si los acontecimientos de los últimos seis meses sirven de indicación, en caso de que se produzca dicha invasión, provocará la muerte de al menos decenas de miles de palestinos más, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños. Este es el horrible escenario que los y las manifestantes se están movilizando para evitar. Todos los que aspiran a solidarizarse con el pueblo palestino deberían estar pensando ahora mismo qué pueden hacer para impedir que Netanyahu ordene un ataque terrestre contra la población de Rafah.

Estudiantes de la Universidad de Texas Austin toman el césped

El 24 de abril de 2024, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin (UT) para protestar contra el genocidio palestino. La protesta inicial, un abandono de las clases y una Universidad Popular encabezada por el Comité de Solidaridad con Palestina, atrajo a varios cientos de personas a los alrededores del Gregory Gymnasium. A instancias del Presidente de la Universidad Jay Hartzell, un despliegue sin precedentes de policía militarizada atacó inmediatamente la protesta, incluyendo agentes de policía montados, policías estatales fuertemente armados (algunos traídos en autobús desde Houston), y agentes de los departamentos de policía de Austin y de la Universidad de Texas. Durante las seis horas siguientes, miles de personas se enfrentaron valientemente a los agentes de policía, jugando al gato y al ratón por todo el campus, lo que culminó en un enfrentamiento de varias horas en el jardín sur. Finalmente, la policía se vio obligada a retirarse y la multitud se hizo con el control del césped.

Incapaces de tolerar cualquier resistencia a los continuos actos de violencia que patrocinan, las autoridades estadounidenses han desplegado a la policía en universidades de todo el país, incluyendo la Universidad de Nueva York, la Universidad de Minnesota, la Universidad del Sur de California, Emory y Emerson. La Universidad de Austin no fue ajena a esta dinámica emergente. Antes incluso de que empezara la protesta, la universidad estaba preparada para desplegar un gran número de policías.

En cuanto la gente se reunió, la policía no perdió tiempo en cargar y arrebatar a la gente de la multitud, golpeando y empujando sin provocación. La multitud perseveró, desviando repetidamente a los agentes o rodeándolos en círculos concéntricos cada vez más grandes. En múltiples ocasiones, pequeños grupos de agentes se vieron rodeados por todos lados por multitudes que los superaban en número en un orden de magnitud. Al final, fue la policía la que se rindió y abandonó el campus derrotada.

Merece la pena celebrar la dedicación y creatividad de estos manifestantes. Nuestros coetáneos de las acampadas en universidades de todo el país nos han aportado sus propias ideas y reflexiones, ganadas con esfuerzo. A cambio, les enviamos un caluroso saludo y humildemente ofrecemos algunas reflexiones sobre los acontecimientos de ayer para nuestros compañeros que luchan en UT Austin y para aquellos que en otros lugares todavía están planeando sus próximos movimientos.

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Acciones audaces, palabras audaces: el coraje es contagioso

Todas las tácticas policiales estaban encaminadas a infundir miedo: gran número de efectivos, material antidisturbios, caballos elevándose sobre la multitud, órdenes imprecisas, captura de manifestantes uno por uno.

Los y las manifestantes no sucumbieron al miedo y fueron recompensados por su valentía. Cuando la policía detuvo a la primera persona, los estudiantes se lanzaron al grito de “¡Que se vayan!”, rodearon los coches patrulla y se alinearon cara a cara con los policías con casco. Las audaces acciones resonaron ampliamente entre la multitud. La multitud ocupó el espacio enérgicamente, llegando a acorralar a la policía en la pasarela. Fue tenso y sudoroso, con una curva de aprendizaje pronunciada, pero cinco horas de enfrentamientos con la policía hicieron que la multitud se sintiera más segura, no menos.

¡No más esperar y ver!

A los veinte minutos de empezar la acción, la marcha se quedó sin dirección. Pero nunca estuvo sin dirección, y su negativa a ser controlada fue su fuerza.

Los momentos de estancamiento, impuestos tanto desde dentro como desde fuera, dieron repetidamente a la policía la oportunidad de dar el primer paso. En esos momentos, las palabras y los gestos improvisados de los individuos permitieron a la multitud desarrollar su inteligencia colectiva. Cada vez que los policías conseguían dividirnos entre líneas policiales, en lados opuestos de una vía pública, en lados opuestos de un edificio, nuestras llamadas a la acción fluían como el agua a su alrededor.

Las propuestas se extendieron entre la multitud. Algunas personas se esfumaron. Otras se engancharon, despertaron entusiasmo y se extendieron como un reguero de pólvora hasta que toda la multitud compartió un objetivo. ¡El césped! ¡Vamos a tomar el césped!

Los estudiantes consiguieron el objetivo de tomar el césped sin esperar instrucciones y mostrándose creativos, encontrando y mostrándose unos a otros rutas para llegar a él. La policía intentó bloquear la marcha en una calle principal, pero los y las participantes se dividieron y corrieron por callejones, saltaron escaleras, se agacharon entre arbustos y se metieron en edificios. Se abrieron las puertas y cientos de personas entraron por ellas al césped desprotegido. Atravesar estos edificios era un momento bautismal.

En Europa, esta estrategia de separarse y volver a formarse al otro lado de los obstáculos se denomina cinco dedos forman un puño.

Sigue avanzando, pero no huyas

La marcha tuvo más éxito cuando los y las participantes mantuvieron la iniciativa, moviéndose antes de que la policía los moviera a ellos y ellas. En los momentos más ingeniosos, la multitud se mantuvo en movimiento, respondiendo a las órdenes de dispersión y a las impenetrables líneas policiales redirigiendo espontáneamente la marcha.

A veces, en los movimientos de protesta, las multitudes simplemente huyen de los enfrentamientos con la esperanza de “permanecer flexibles”. Afortunadamente, esto no es lo que ocurrió en la UT. Existe un equilibrio entre enfrentarse a los obstáculos y permanecer impredecible. Si bien es necesario aprovechar al máximo los momentos en los que se nos obliga a retroceder o a salir, a largo plazo, los movimientos deben ser capaces de obligar a salir a la policía. En lugar de enzarzarnos en enfrentamientos prolongados y esperar a que nos dispersen o nos desplacen, deberíamos tomarnos a pecho esta lección del jueves: luchar donde sea posible; donde no lo sea, permanecer móviles.

Rodeales

A pesar de sus tácticas de mano dura, la policía no consiguió controlar a la multitud. Ellos tenían el césped, pero nosotras teníamos todo lo demás. Durante toda la tarde, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad entraron y salieron del centro comercial sur. La policía se vio rodeada en repetidas ocasiones, y finalmente tuvo que abrirse paso entre la multitud para poder acceder a comida y agua. Los y las manifestantes podrían haber aprovechado mejor ese momento. Espacialmente hablando, mientras la policía ocupó el césped, teníamos las de ganar.

Mientras ellos tenían que defender su precaria posición frente a una oleada tras otra de estudiantes, nosotras podíamos ir y venir, reagruparnos, tomarnos descansos. Cuando los policías montados a caballo se abalanzaron sobre la multitud para barrer la acera, no intentaban controlar a la multitud ni empujarnos a ningún sitio en particular. Intentaban escapar.

Crear espacios que merezca la pena defender

Para mantener el impulso, especialmente el impulso de una ocupación, la gente debe tener una visión de lo que están luchando por defender, lo que quieren crear juntas. Los espacios de imaginación alegre y exuberancia nos dan impulso y dirección incluso cuando no hay una línea de policías o enemigos a los que enfrentarse. Los cánticos pueden mantener el ánimo alto durante los enfrentamientos directos, pero nadie puede gritar todo el día, y la energía del espacio muere junto con el cántico. Las mantas sobre el césped se convierten en depósitos de suministros, donde la distribución de pizza o desinfectante de manos se convierte en un lugar para la reproducción colectiva de nuestras vidas. El material de oficina se convierte en los ingredientes de una formación de acción directa. Estos esfuerzos se reproducen de un modo que las palabras por sí solas no pueden.

En cuanto ocupamos juntas un espacio, debemos llenarlo. Cada amigo, compañero de clase, compañero de trabajo debe ser llamado a unirse a nosotros, trayendo cosas para sostener el espacio y refrescar las líneas del frente. La comida, el agua, los juegos, las actividades y la música pueden anclar nuestra resistencia. Lo que hagamos juntas en estos momentos dará forma a lo que seremos capaces de hacer con el resto de nuestras vidas.

Con un poco más de iniciativa, los pequeños grupos organizados podrían haber sacado mayor partido de la situación. Gran parte del campus quedó vulnerable. Dicho esto, la confianza generada por los acontecimientos de ayer era obvia para cualquiera que permaneciera en el césped. La confianza seguirá creciendo. De momento, algunos profesores de la universidad han declarado “Sin clases, sin calificaciones, sin trabajo”, y se reunirán a mediodía para retomar la actividad donde la dejaron ayer. [Nota del editor: en el momento de la publicación, esto ya había ocurrido; véase la introducción para más detalles.] La concesión del césped por parte de la administración representa una victoria definitiva.

Lo que ocurra a continuación lo determinarán las personas que estén dispuestas a seguir actuando con valentía. Las circunstancias nos lo exigen. Haz lo que sea necesario para detener el genocidio en Gaza. La derrota no es una opción.

A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas
A las Organizaciones Sociales, Civiles y Políticas
A los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen

Hacemos un llamado urgente a los colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades, redes e individu@s, para sumarse y estar alertas a esta denuncia pública, pues justo en medio de esta farsa electoral, –perdón, “proceso electoral”–, a la clase política y a los dueños del poder y del dinero, nada importa, que no sean las encuestas, los votos, los debates y quién pega y paga más fuerte las descalificaciones al enemigo a vencer. Justo en medio de esta tormenta y vacío transicional [es decir, a “rio revuelto, ganancia de pescadores”] es muy probable que se abran demandas penales, hostigamiento, persecuciones, criminalización de la lucha social, represión al movimiento de resistencia, como recientemente vimos en la región Cholulteca, y pues la Comunidad Indígena Otomí, con la toma del INPI, no puede ser la excepción, así que frente a este clima de inseguridad y revanchismo de la clase política, denunciamos:

Primero. El día 2 de mayo, alrededor de las 13:00 hrs., se presentaron a mi domicilio tres personas: dos hombres y una mujer con evidente perfil de “policía de investigación”. De acuerdo con los videos de seguridad vecinal que tenemos, descendieron de un vehículo blanco sin placas tres personas, uno de ellos se queda en el vehículo, dos más caminan hacia la unidad habitacional, el hombre de traje obscuro portaba un gafete que traía oculto en el saco. La mujer recibe del hombre de traje unos documentos que parecieran “expedientes”.

Ambos se dirigen a la puerta principal de la unidad y acceden al interior con facilidad ya que la puerta se encontraba abierta debido a que en ese momento los vecinos estaban tirando la basura. Entran y caminan hasta el fondo, sin lograr ubicar el domicilio preciso; al no ubicarlo y después de unos minutos, deciden salir, a su paso se encuentra a una persona que se disponía a tirar la basura, algo le preguntan, y al no encontrar respuesta, revisan un tablero con información interna y privada de los condóminos. Es de destacar que para este momento el hombre de traje oscuro ya no porta el gafete, es decir, ya se lo había retirado, (¿cuál es la razón?, ¿para no ubicarlo como policía de investigación?, ¿para no identificar la dependencia de la que llegan?).

Al salir de la unidad, se dirigen a una reja contigua que está en aun lado de la puerta principal y desde ahí pregunta por mi persona, dieron nombre completo y apellidos, “argumentan que primero fueron a buscarme a las oficinas del INPI que se encuentran en la línea dorada, y que ahí les proporcionaron mi domicilio”. Argumentaron que “me buscaban con el interés de que yo les ayudara a comercializar sus artesanías”, pues dijeron que a eso me dedico, “que me conocieron y platicaron conmigo el día 8 de marzo en la marcha de las mujeres”. Situación que es rotundamente falsa; además, señalaron que tienen conocimiento que yo trabajo con comunidades indígenas.

Las personas con las que platicaron les preguntaron por mis características personales (para conocer su respuesta), y respondieron con referencias totalmente equivocadas. Les pidieron que se identificarán y solamente proporcionaron los datos de la mujer, que dijo llamarse: “María Angélica Landero, con el teléfono núm. 56 3576 5253”.

También les informaron que donde podrían encontrarme sería en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”; señalaron que en ese momento irían al lugar. Cabe señalar que esto nunca sucedió, hasta el momento.

Segundo. Esta situación de hostigamiento se suma a que el pasado 20 de abril, alrededor de las 11:00 hrs. de la mañana, se presentaron a las puertas de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” la Sra. Vilchis Fuentes Hilda y el Sr. Israel Puga Díaz, quienes se presentaron como “Servidores de la Nación”, que según ellos “coadyuvan” con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y tan es así que se hicieron acompañar de una patrulla de la misma Secretaría de Seguridad Pública para indagar en el domicilio de la Casa de los Pueblos lo referente a la desaparición de varios niños y niñas. Pues refieren que, según sus investigaciones, “ahí es el lugar donde se les vio por última vez”.

L@s niñ@s desaparecidos son:
1. Esmeralda N., mujer de 12 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 2 de agosto de 2020.
2. Daniela N., mujer de 15 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 22 de agosto de 2021.
3. Marisol N., mujer de 14 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 6 de noviembre de 2022
4. Juan Mateo N., niño de 13 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 20 de julio de 2019.
5. Erica Natalia N., mujer de 0 años, edad actual 3 años. Desapareció el día 9 de abril de 2021.
6. Carlos N., hombre de 17 años, edad actual 17 años. Desapreció el día 7 de junio de 2023.

Entre otros casos a los que ellos mismos hicieron referencia pero sobre los que no tuvimos acceso a la información.

Sin embargo, en los documentos que traían consigo, todos refieren: “POSIBLE UBICACIÓN EN EL DOMICILIO. VIALIDAD: MEXICO-COYOACAN. ASENTAMIENTO: XOCO. C.P.03330” y dan como referencia: “EDIFICIO DE SEIS NIVELES CON ENTRADA PRINCIPAL EN CRISTALES Y CORTINA EXTERIOR. CERCA DE LA CINETECA NACIONAL. ALCALDÍA COYOACAN”.

Como podrán ver, las presuntas “desapariciones” a las que se refieren se registran antes y después de la toma del INPI. Son 6 casos que pudimos documentar con los expedientes que nos mostraron. En los más de tres años que llevamos de la toma, ninguna autoridad correspondiente acudió a la Casa de los Pueblos a informar al respecto. Acudieron apenas hace unos días, con el objetivo según ellos, de que la comunidad informe “si los vimos ahí o no”, ya que ellos “no podrían cerrar la carpeta de investigación hasta que no tengan mayor referencia”. ¿Qué buscan con querer involucrar a la Comunidad Otomí en estas desapariciones? ¿Fincar alguna responsabilidad, directa o indirecta? Exigimos una explicación pública la Gobierno de la Ciudad de México y particularmente de la Fiscalía General de Justicia CDMX.

Tercero. En abril de 2021, denunciamos que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México “judicializaron” la Toma del INPI; es decir, judicializaron la lucha social. Es por ello que en aquellos mese denunciamos que, mientras públicamente se decían “dispuestos al diálogo” en los medios de comunicación y en las redes sociales, “al mismo tiempo anunciaban denuncias penales” contra quienes resulten responsables por la Toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Particularmente la denuncia se orientaba contra quien ubican como su “líder”, Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ-Benito Juárez, que acompaña las luchas de diversos pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México desde hace más de 30 años.

Lo dijimos en abril de 2021 y lo ratificamos nuevamente: cualquier acto de denuncia penal, hostigamiento, persecución, instigación o detención forma parte de la criminalización de la lucha social y representa una justificación clara y abierta para romper cualquier posibilidad de diálogo con la comunidad. Alertamos ante estos hechos, pues en todas las Mesas de Diálogo ha existido el común denominador respecto a la urgente necesidad del Gobierno, local y federal, por recuperar el edificio tomado.

NUESTRA RESPUESTA TAMBIÉN TIENE UN COMÚN DENOMINADOR Y ES DEFINITIVO: EN TANTO NO SE RESUELVAN LAS DEMANDAS QUE NOS LLEVARON A TOMAR EL INPI, DIFICILMENTE ESTAREMOS EN CONDICIONES DE ESTABLECER UN ACUERDO RESPECTO A LA TOMA.

Por otro lado, después del intento de desalojo de la Comunidad Indígena Otomí en octubre de 2023, han transcurrido más de 7 meses y las mesas de diálogo se han congelado; es decir, los pocos acuerdos en los que pudimos avanzar como comunidad con el gobierno de la CDMX y el INVI, actualmente se encuentran prácticamente suspendidas; peor aún, recientemente nos cortaron la luz y a partir de la presión para la reconexión de la misma, se logró una fecha para retomar las mesas de diálogo con el Secretario de la SEDUVI, la Subsecretaría de Gobierno y la Representación del INVI; sin que, hasta la fecha podamos hablar de avances significativos.

Denunciamos incluso en las mesas de trabajo que al interior del Gobierno de la 4ª Transformación hay “fuego amigo”, pues ellos mismos nos informaron que quien da la instrucción de cortar y reconectar la luz, si se le pega la gana, es el traidor de los pueblos, Adelfo Regino, titular del INPI. Además argumentan que las acciones que lleva a cabo la comunidad para exigir las mesas de diálogo y la reconexión de la luz en este periodo electoral, “solo le hacen el juego a la derecha en Benito Juárez” y que “estas acciones”, en “nada abonan al proyecto”. ¿De qué proyecto hablan? ¡Nosotr@s no tenemos militancia ni compromiso alguno con partidos políticos! Sean el color que sean, todos se disputan no una “democracia”, no un proyecto político, sino lo que realmente está en disputa en este periodo electoral, es quién se chinga a quién, para poder administrar libremente este negocio que para ellos, se llama México.

Por todo lo anterior, estos hechos que denunciamos son parte de una guerra contra los pueblos y comunidades indígenas, contra las organizaciones sociales que se oponen a una transformación simulada, es por ello, que la represión se inclinas más contra quienes asumimos responsablemente caminar y acompañar la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas; es decir, contra tod@s aquell@s que se opongan al despojo y resisten por el derecho a la vida.

ATENTAMENTE

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Tener Techo es un Derecho!
¡No a la criminalización de la Lucha Social!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatista!

Diego García, Representante.
Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata”, UPREZ Benito Juárez

Ciudad de México a 3 de mayo de 2024

03 de mayo de 2024

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico dese el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.

La “Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos” operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa, candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.

El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo “que el basurero funciona correctamente no contamina y cumple con la NOM 083”. Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresas retitraron los sellos de clausura.

Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del baurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable d por su basura; respeto total a la autodeterminacion de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.

Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedann sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua.

¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Foto de portada: Fede Soto

Mayo 2, 2024

En las últimas semanas, mientras crece el número de personas civiles asesinadas, heridas y desplazadas en la franja de Gaza y en Cisjordania a causa del genocidio que el Estado de Israel ha estado realizando contra el pueblo palestino, hemos sido testigos de amplios actos de solidaridad con Palestina de parte del sector académico de varios países del mundo como Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Canadá, Australia, entre otros.

La reacción de los gobiernos ante estas manifestaciones de solidaridad ha sido una fuerte represión llevada a cabo por elementos policiacos y militares para violentar y arrestar a los estudiantes y académicos, expulsarlos e interrumpir sus protestas pacíficas y actividades académicas en torno al genocidio en progreso.

El pasado 30 de abril La Asamblea Interuniversitaria y Popular en Solidaridad con el Pueblo de Palestina, formada por estudiantes, académicos y trabajadores mexicanos aprobó la instalación de un campamento en solidaridad con palestina frente al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el día 2 de mayo.

Desde el colectivo Académicos con Palestina contra el Genocidio, al tiempo de condenar la violencia ejercida contra universitarios en Estados Unidos y Europa, celebra la iniciativa de los estudiantes mexicanos que tiene como uno de sus objetivos más claros ejercer presión para que se rompan relaciones académicas, políticas, deportivas y económicas con Israel.

Nuestra experiencia nos ha mostrado que organizarnos como sector académico puede resultar eficaz para alcanzar metas específicas. La ruptura de relaciones académicas con las universidades del estado de Israel, adherirnos al movimiento BDS, especialmente el boicot cultural y académico, no sólo se encuentran dentro de nuestras posibilidades como sector universitario, sino que son parte de nuestra responsabilidad como actores políticos y culturales frente a los actos de barbarie que el estado de apartheid israelí sigue perpetrando contra el pueblo palestino.

Manifestamos nuestra decisión de apoyar el campamento de solidaridad, que comenzará hoy en nuestra máxima casa de estudios, con distintas actividades académicas y artísticas, apoyo logístico y cobertura política. En este sentido apelamos al más profundo sentido humanista y de autonomía universitaria lograda gracias a los sacrificios y la resistencia de las generaciones pasadas de estudiantes y académicos, y solicitamos a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México garantizar la seguridad de los participantes en el Campamento en Solidaridad con Palestina a lo largo de toda su duración, para que todas las actividades en este marco puedan realizarse en un ambiente libre de cualquier violencia, provocación o información confusa emitida sin consultar a los representantes de las organizaciones convocantes. 

Por su atención y respuesta a la presente,

Académicxs con Palestina contra el genocidio

Blogspot: https://academicxsconpalestina.blogspot.com/

Facebook: Académicxs con Palestina

Instagram: @academicxsconpalestina

Twitter: @AcademPalestina

Correo electrónico: academicxsconpalestina@gmail.com

Youtube: https://bit.ly/3wS6z0I

Fuente: Avispa MIdia

^{_{En portada: El Comando Sur de los EEUU y la Fuerza de Defensa de Guyana organizaron conjuntamente el primer Simposio de Suboficiales de Selva en Guyana con participantes de Belice, Brasil, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala, Guyana y Honduras. Junio, 2022.}}

Por Jorge Sánchez, periodista especializado en la política internacional

Los medios estadounidenses informan que después de pasar más de 20 años luchando en las guerras de Medio Oriente, la comunidad especial estadounidense está cambiando a otros entornos. Con el potencial de un conflicto con China en el Indo-Pacífico cada vez más grande en el fondo, el mando de operaciones especiales de Estados Unidos se está centrando cada vez más en las operaciones en la jungla.

La guerra en la jungla presenta un nivel de dificultad completamente diferente y requiere entrenamiento especializado para operar de manera efectiva.

El año pasado, un pequeño equipo de Marine Raiders completó un curso de guerra en la jungla que aborda los desafíos que las fuerzas estadounidenses podrían encontrar en un conflicto del Indo-Pacífico. El curso de dos semanas se llevó a cabo en la isla de Oahu, Hawaii, y estaba diseñado para realizar pequeñas operaciones especiales y dar las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en las operaciones en la jungla. 

Los Marine Raiders se entrenaron en habilidades de movilidad en la jungla, como navegar entre matorrales espesos, escalar y hacer rappel en acantilados y atravesar ríos, técnicas para contrarrestar dispositivos explosivos improvisados, reacción al contacto y emboscadas. 

Un militar de las fuerzas especiales estadounidenses dijo que “durante mucho tiempo nos entrenamos para ambientes desérticos y ahora tenemos que mirar dónde podríamos ser necesarios, y la jungla encabeza esa lista”.

Dos décadas de operaciones militares en Irak, Afganistán y Siria embotaron las capacidades de guerra en la jungla de muchas unidades. 

Por ejemplo, el movimiento en la jungla es mucho más restringido y la visibilidad suele limitarse a unos pocos metros. Además, hay muchos animales pequeños y grandes que pueden arruinarle el día a alguien, por lo que es necesario un entrenamiento de supervivencia adecuado. El seguimiento es otra parte importante de las operaciones en la jungla. Con tanto follaje, es fácil para una unidad no entrenada dejar evidencia de su dirección en la jungla.

Los comandos estadounidenses tienen una larga historia de realizar operaciones en la jungla. La mayor parte de ellas fueran realizadas en el siglo XX, incluso durante la Segunda Guerra Mundial.

Hoy Estados Unidos está limitado en llevar a cabo operaciones en jungla por ausencia de los conflictos militares con su participación directa. Dadas dichas limitaciones, el Pentágono está buscando un terreno ideal donde pueda llevar a cabo entrenamientos militares de forma continua. La geografía ha ofrecido una solución al mando militar de Estados Unidos: América Latina se presenta como una tierra perfecta para realizar dichos entrenamientos, especialmente en condiciones de selva. 

El terreno diverso, que incluye montañas, ríos, bosques y selvas, proporciona escenarios de entrenamiento que simulan situaciones complejas y cambiantes, preparando a las tropas para una amplia gama de desafíos y misiones. Además, la proximidad geográfica de América Latina a Estados Unidos facilita el despliegue rápido y económico de tropas y equipos para llevar a cabo estos entrenamientos.

La presencia militar estadounidense en América Latina

Desde hace muchos años la región latinoamericana está en los intereses tanto económicos como militares de Estados Unidos. La fructífera política externa de Estados Unidos llevó la presencia militar a diversos países latinoamericanos.

Cuba encabeza la lista con la Base Naval de la Bahía de Guantánamo (unos 6 mil militares y civiles estadounidenses). Se localiza al extremo sureste de Cuba y alberga una base naval estadounidense de aproximadamente 117,6 km² (49,4 de tierra firme y el resto de agua y pantanos), en que se encuentra su prisión militar. El perímetro de la base se extiende por 28,5 km. 

Es evidente que el personal militar estadounidense que trabaja en la Base Naval de Guantánamo tiene restringida la salida de la base y la entrada en Cuba sin permiso y autorización previos, pero nada obstaculiza al mando militar de la base llevar a cabo los entrenamientos de desembarco.

No obstante, la tarea principal de la base comprende ser el punto de aseguramiento para las naves que están flotando desde USA hacia los países latinoamericanos. En caso de un presunto conflicto entre Estados Unidos y un país latinoamericano, Guantánamo servirá como punto de mantenimiento de una operación militar estadounidense.

El segundo lugar en la lista ocupa Honduras con el Base de Soto Cano. Esta base ha sido utilizada por USA para operaciones militares y misiones de ayuda humanitaria en América Central. En la base se ubican los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (Joint Task Force Bravo). Los militares de dicha unidad múltiples veces participaron en las misiones de rescate y salvamento en diferentes países latinoamericanos. 

El material bélico alojado en la Base Aérea de Soto Cano proporciona al comando militar la posibilidad de llevar a cabo operaciones aéreas de despliegue de unidades especiales. En el contexto de la preparación para operaciones humanitarias, se puede brindar capacitación a los militares de las fuerzas especiales en entornos médicos. Por ejemplo, podrían realizar simulacros de evacuación de soldados heridos, lo que les permitiría desarrollar habilidades vitales para responder a situaciones de emergencia médica en el campo de batalla.

Perú ocupa la tercera posición en la lista de las bases militares estadounidenses más activas en América Latina. La Unidad de Investigación Médica Naval de los Estados Unidos NAMRU-6 está activa en Perú desde 1983 (tiene tres sub sedes: Lima en el Hospital Naval, Iquitos en la Clínica Naval y Puerto Maldonado). Está directamente bajo el mando del Comando Sur (SouthCom) de EE.UU. y no bajo mando peruano. 

Los objetivos anunciados por la jefatura de NAMRU-6 son estudiar las enfermedades locales y prestar resultados de sus investigaciones al ministerio de salud de Perú para aumentar la resistencia del pueblo peruano.

Utilizando las capacidades de NAMRU-6 los científicos estadounidenses estudian como se puede llevar a cabo las operaciones militares en las condiciones de selvas latinoamericanas no amistosas. Los resultados de las investigaciones servirán para aumentar la capacidad de las fuerzas especiales de sobrevivir en las selvas. Así Pentágono tiene la base que podría funcionar en los intereses de las fuerzas especiales y resolver las tareas vinculadas con el ambiente médico. 

En la lista se queda solo Colombia, donde la situación es la más controvertida. Durante el periodo de Iván Duque (2018-2022) el gobierno colombiano estrechó su colaboración con Estados Unidos, incluso en el ambiente militar. Múltiples veces Colombia fue objetivo de la visita de los militares estadounidenses de una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés). Su meta oficial era apoyo de “la lucha contra el narcotráfico”. Tras la llegada al poder de Gustavo Petro la situación se cambió y actualmente Pentágono no tiene amplia presencia militar en Colombia.

Presencia militar en aumento

Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al ejército de Estados Unidos de establecer bases militares secretas en la región del Esequibo, territorio rico en minerales y yacimientos petroleros que el país caribeño se disputa con Guyana. Según su información, en el territorio de la Guyana Esequiba, administrado por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos del Comando Sur y núcleos de la CIA.

No se puede confirmar dicha información por ausencia de las pruebas, por eso hay que hacer todas las afirmaciones y conclusiones basándose en la lógica y los hechos probados. En el territorio de Esequibo actúa la Exxon Mobil, un poderoso instrumento geopolítico de los Estados Unidos para poder asegurar el control de los recursos energéticos disponibles en Guyana. Todos los intereses estadounidenses en Guyana se centran en funcionamiento sin cesar de la Exxon Mobil. 

Es evidente que el ejército y la policía de Guyana non son capaces de asegurar la seguridad de los activos de la empresa estadounidense contra las bandas latinoamericanas. Sería lógico que la Casa Blanca enviara una pequeña unidad de las fuerzas especiales para prevenir posibles ataques y sabotajes en empresas. Además, los militares estadounidenses podrían llevar a cabo interceptaciones en la frontera venezolana para informar al alto mando militar de Guyana.

En la frontera entre Venezuela y Guyana la situación se desarrolla poco a poco, lo que no se puede decir sobre Argentina. Ahí los acontecimientos políticos se evolucionan más rápido. Actualmente, Argentina, con su gobierno orientado a la Casa Blanca, es el punto clave y crucial para Pentágono. La administración de Joe Biden aprovecha al máximo dicha situación para aumentar a través de Argentina su presencia militar en América Latina.

El director de la CIA, William Burns, se comprometió de realizar este plan ambicioso. En marzo llegó a Argentina para conversar con altos funcionarios del gobierno sobre presunta penetración de China en América Latina, los movimientos del grupo Hezbollah en la región y ciberataques ejecutados desde Rusia. Son temas oficiales y no atraen interés. Hay que ver que está detrás de ceremonias oficiales. La respuesta la ha dado el presidente argentino anunciandoconstrucción de una “base naval conjunta” con Estados Unidos en Ushuaia. Debe ser la segunda base militar de Estados Unidos en Argentina. La primera casi está construida y se encuentra en Neuquén. Llamado Centro de Operaciones de Emergencia servirá para misiones humanitarias realizadas en la región latinoamericana. 

Un instrumento que justifica intervención

Haití ha experimentado una serie de crisis políticas a lo largo de su historia, incluyendo golpes de Estado, elecciones controvertidas y conflictos entre facciones políticas. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 el poder lo tomó Ariel Henry. En medio de una creciente inestabilidad política, los líderes de las pandillas más poderosas del país han intensificado sus presiones para que Henry renuncie. Durante su visita extranjera aprovecharon la situación y tomaron el control en el país. 

Actualmente, Haití sufre grave crisis política y económica, la mayor parte de los institutos y organismos gubernamentales están paralizados. Las autoridades de los países tratan de organizar la evacuación de las embajadas por motivos de seguridad. Si unos países lo hacen con los medios disponibles dentro de Haití, la Casa Blanca utiliza sus funcionarios para sembrar la idea sobre posible intervención militar. 

Así, el exembajador de Estados Unidos en Puerto Príncipe, James B. Foley, pidió a las autoridades estadounidenses que envíen una fuerza limitada a Haití. Según lo dicho, el Pentágono necesitará implementar un plan de emergencia y enviar una fuerza limitada a Haití para evitar el colapso total del Estado, este podría ser un despliegue a corto plazo con una rápida transferencia a una fuerza internacional. James B. Foley dijo que el punto esencial es que Estados Unidos simplemente no puede tolerar la anarquía a sus puertas. 

En marzo Estados Unidos envió una unidad especializada de Marines para ayudar a proteger la embajada estadounidense, reforzar su seguridad y permitir la salida del personal no esencial. Ahora Estados Unidos sigue decidido a ayudar a la policía haitiana y organizar algún tipo de despliegue de seguridad.

Así se puede concluir que cualquier inestabilidad en una región o país puede servir como un trampolín para el mando militar estadounidense enviar sus tropas de paz con la misión humanitaria. La Casa Blanca sabe orquestar crisis migratoria latinoamericana para justificar altos impuestos y necesidad de aumentar los gastos al ambiente militar. El gobierno estadounidense podría argumentar que una crisis migratoria representa una amenaza para la estabilidad regional o intereses nacional, justificando así una intervención militar para restaurar el orden y la seguridad en la región.

Una intervención militar también podría presentarse como una forma de proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes que enfrentan condiciones peligrosas o inhumanas en su país de origen o durante su viaje.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Pobladores de la región Choluteca, Puebla, se manifestaron el lunes 22 de abril para exigir la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno sanitario. Las autoridades se negaron a dialogar con los habitantes de la zona afectada por el basurero irregular. Foto: Radio Comunitaria Cholollan.}

Habitantes de la región de Cholula, Puebla, se mantuvieron en constante alerta y tensión tras la presencia de un fuerte operativo conjunto entre la policía estatal y la Guardia Nacional, que pretendían desalojar un bloqueo que mantienen las personas en el relleno sanitario ubicado en San Pedro Cholula, ya que su objetivo era que, camiones cargados de desechos de diversos municipios, pudieran ingresar a esta zona.

La tensión policiaca escaló con agresiones hacia la población en resistencia. “Comenzaron los disparos contra los manifestantes con armas de fuego, no se sabía si venían de los policías o de los civiles”, dijo uno de los testigos que por seguridad prefirió omitir su nombre. 

Este basurero, donde esta instalado el plantón de esta resistencia desde el 21 de marzo, fue clausurado formalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 9 de abril, tras las presentaciones de pruebas que realizó la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, a través de las cuales se demostró que los lixiviados de estos desechos han contaminado el agua de pozos que es usada para consumo humano.

Ver también: Pueblos de Cholula denuncian contaminación de pozos por operación irregular de basurero

Sin embargo, poco antes el operativo policiaco, el mismo martes, 30 de abril, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado alegando que ya no existía ningún “impedimento legal” para operar el relleno sanitario de Cholula. Afirmó que el motivo de la clausura había sido “atendida y subsanada”, por tanto, esto implicó, el retiro “de los sellos de la dependencia, permitiendo así la continuidad de las operaciones de manera regular”.

Es así que los habitantes de estas comunidades amanecieron a la espera de una ofensiva más violenta por parte de las fuerzas del orden. Aunque los policías no volvieron hasta el cierre de este reportaje, la situación sigue en tensa calma ya que se habla de varios detenidos y cateo de casas sin orden judicial, así como personas agredidas físicamente en diversas comunidades. 

Mientras tanto, los ambientalistas no quitan el dedo del renglón, de no levantar el plantón, hasta el cierre definitivo del relleno sanitario. Por otro lado, la solidaridad hacia los activistas no se ha hecho esperar, así como la condena hacia la represión.

Manifestamos nuestro apoyo a la digna y justa lucha de los pueblos cholultecas contra el Basurero en el estado de Puebla

La guerra y racismo contra los pueblos indígenas cholultecas en el centro del estado de Puebla está cobrando un nuevo episodio de ataques y represión contra la organización que hoy han conformado nuestras hermanas y hermanos en la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua. 

Denunciamos que el día de ayer 30 de abril cientos de policías estatales y municipales de San Pedro y San Andrés Cholula intentaron ingresar por la fuerza camiones de basura de más de una docena de municipios, con la intención de seguir contaminando el territorio y el agua de nuestros hermanos cholultecas.

En su intento, el mal gobierno de Puebla y las Cholulas detonó armas de fuego contra los manifestantes, realizó detenciones ilegales, quemó y destrozó vehículos de los pobladores e irrumpió en los domicilios de compañeros de la organización con la intención de detenerlos. Sin embargo la organización y resistencia de los pueblos logró frenar la reapertura del relleno sanitario donde se depositaba la basura de más de 20 municipios de la zona y de otros estados de la República.

La mentira, el odio y exterminio hacia los pueblos indígenas es la constante del mal gobierno que niega la razón y justicia de los pueblos cholultecas que han decidido, bajo su derecho a la libre determinación el no ingreso de un kilo más de basura en su territorio, y exigen el cierre definitivo del basurero y un plan de abandono que se comprometa a cumplir la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza S.A. de C.V. concesionaria del basurero y a quien se le vincula con el candidato a Senador por Morena en Hidalgo Cuauhtémoc Ochoa. 

Hacemos responsables de cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad de nuestros hermanos defensores del territorio al Gobernador y Secretario de Gobernación de Puebla, demandamos un alto total a los hostigamientos y agresión por parte de los cuerpos policíacos del estado. 

Señalamos que la administración federal en espacial, la SEMARNAT a cargo de María Luisa Albores, es directamente responsable  de esta política  contaminación y de zonas de sacrificio, por ser omisa en el tema. 

Como Congreso Nacional Indígena estaremos pendientes de las acciones que tomen nuestras hermanas y hermanos cholultecas el 5 en el Planton contra el Basurero y en Defensa de la Vida, el 14 de mayo en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, Puebla y subsecuentes. Llamamos a la solidaridad de todas nuestras hermanas y hermanos en México y el mundo para apoyarles.

Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno