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Los Muros

¿A quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

(Descarga aquí)  
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Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán

La Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán denuncia agresión, despojo e impunidad

Denuncia de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo,
A la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo,
Al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro,
Al Fiscal del Estado de Jalisco Salvador González de los Santos,
A la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,
A los medios de comunicación

Desde la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal.

Hace unos días, denunciamos la incursión ilegal de grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto “dueño” les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban.

Días después, el 11 de noviembre, el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso al predio denominado El Sabino Quemando, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal, sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar.

Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado, han sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos.

Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo.

Para nosotros, la tierra no es mercancía: es vida, historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo siga existiendo.

La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación.

Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a “lesiones”, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque.

En los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posesión colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblos tepehuano y wixárika.

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CDH FrayBa

Pronunciamiento del Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento conjunto

Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
 

Nuestro silencio habla en la oscuridad.

Aquí siguen: 

Con su palabra que es fuego en el camino.

Alzan la voz coral donde emerge
 la paz de los cuatro rumbos

Trece cielos que tocan el instante

Diáspora de verdad y justicia 

Luz que ilumina los caminos.

Fragmentos de Poesía del Libro: El

Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal

A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.

Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.

Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.

La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.

Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.

El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.

A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.

Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.

Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio.
Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
 

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La Vía Campesina

Los derechos de lxs campesinxs y lxs trabajadores rurales en el centro de la Justicia Climática

Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil.

(Ginebra, 10 noviembre 2025) Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos d Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 1 pide un cambio claro en la política climática mundial. Lxs campesinxs, los pueblos indígenas, lxs pescadores, lxs pastores y lxs trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinxs, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidxs de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2. Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinxs

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinxs, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

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Avispa Midia

Comunidad de San Lorenzo Azqueltán resiste otro ataque a días de su aniversario de autonomía

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018329/2017 y 484/2018.

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Noticias de Abajo ML

Noticias de Abajo 12/11/2025

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ROMPIENDO FRONTERAS

PELMAPU ARGENTINA, PRESXS POLÍTICOS: Represión en territorio Mapuche, detienen a Eusebio Antieco y la werken Susana Martin, comuneros en defensa del territorio ancestral. Fuente: Agencia de Noticias Red Acción

Brasil: Falsas soluciones, contracumbres y protestas en el marco de una maltrecha COP30. #AntiCOP. Reporte de la situación desde Brasil por el compa Evo. Fuentes: Noticias de abajo, Radio Temblor

ECUADOR: Llaman a decir No en la consulta que prepara el mal gobierno de Noboa, pretende cambiar la constitución para militarizar la región y hacer un territorio servil a los Estados Unidos. (AUDIO). Fuente: La Voz de la Confenaie

WALLMAPU CHILE: Un año sin Julia ChuÑil, compañera mapuche desaparecida por defender el bosque ancestral contra los capitalistas ganaderos y forestales. Peritajes sacaron a la luz que Julia fue quemada por su defensa medioambiental. (AUDIO). Fuente: Noticias de Abajo

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO

REPRESIÓN: Estigmatización y calumnias contra de Carlos Gonzales, abogado miembro del Congreso Nacional Indígena, los señalamientos fueron hechos por parte de una persona del gobierno de Morena, sus declaraciones abonan a un clima de violencia contra los luchadores sociales en México. Fuente: Front Line Defenders, Avispa Midia

CDMX PRESXS POlÍTICOS: Situación del preso politico anarquista Jorge Esquivel El Yorch. Jorge Esquivel, nuestro compa el Yorch se encuentra en graves problemas de salud. Fuentes: Cruz Negra Anarquista Mexico, Okupa Che.

Zona TecnoAcrata: Consejos para el resguardo digital en protestas ante las experiencias de represión en Ecuador y Perú. Fuente: Derechos digitales.

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Frayba

Palabra de Xinich por la Masacre de Viejo Velasco

Palabra de Xinich por la Masacre de Viejo Velasco a 19 años de la profunda impunidad del Estado mexicano

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

PRONUNCIAMIENTO

MASACRE VIEJO VELASCO A 19 AÑOS DE LA PROFUNDA IMPUNIDAD DEL ESTADO MEXICANO

El día de hoy cumple 19 años de la masacre de nuestros hermanos de viejo Velasco en la selva lacandona, en la impunidad y en el olvido 13 de noviembre 2006.

Asesinaron a María Nuñez González, embarazada, Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez, y otros dos hermanos, a los 5 años fueron encontrados sus restos óseos en medio de la selva Lacandona.

Petrona fue secuestrada y arrastrada en plena selva hasta llegar a la comunidad de Nueva Palestina. El gobierno del Estado en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, liberó ordenes de aprehensión culpándola de matar a sus propios hermanos indígenas de Viejo Velasco.  

Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán: siguen desaparecidos, hasta este momento 19 años en la búsqueda de justicia y verdad y la aparición con vida a estos hermanos. ¿Dónde están estos dos hermanos? 

Estamos reunidos nuevamente con nuestros pueblos y familiares sobrevivientes de esta cruel masacre de la comunidad de viejo Velasco, para recordar y honrar la memoria de las víctimas masacrados desaparecidos hace 19 años en la comunidad conocido como VIEJO VELASCO.   

Como el día de hoy 13 de noviembre, del año 2006 las montañas de la Selva Lacandona presencio la matanza y derrame de sangre de los hermanos y hermanas indígenas de Viejo Velasco por el despojo de la tierra y el territorio. Nada ha cambiado, sigue habiendo tantos muertos y desaparecidos.

Seguimos viviendo la injustica con nuestros pueblos el despojo de nuestros tierras y territorio. Seguimos viendo tantos y tantos muertos de nuestros hermanos y hermanas por alzar su voz ante el crimen organizado.  dentro de los mismo que gobierna llamado cuarta transformación, son los mismos asesinos del pasado y presente que gobiernan solo cambiaron de color guinda Se hacen llamar ahora humanismo.  Es la misma manada de Delincuentes criminales dentro de llamada 4t. 

ESTA MASACRE NO SE OLVIDA, HOY ESTAMOS REUNIDOS EN ESTE FORO DE MEMORIA HISTORICA, NI PERDON, NI OLVIDO. RENDIMOS HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS MASACRADOS Y DESAPARECIDOS SEGUIR EXIGIENDO JUSTICIA, VERDAD Y LA APARICIÓN CON VIDA A ANTONIO PEÑATE LÓPEZ Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, ESTAMOS EXIGINDO JUSTICIA Y VERDAD.

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Frayba

19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco

Pronunciamiento Conjunto:
19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento Conjunto

19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

  • A 19 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, que desembocó en su posterior fallecimiento, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores.
  • Lejos de la justicia, éste es otro más de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integramos entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. 

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 19 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. 

Durante todo este tiempo, la fiscalía general del estado de Chiapas (FGE) nunca ha realizado una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

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GT CUTER CLACSO

Académicas y académicos denuncian violencia contra los pueblos y criminalización de quienes defienden la vida y los territorios

DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

  • Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
  • Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
  • Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
  • Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

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Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Plan Michoacán, discriminatorio, unilateral y engañoso: Comunidades indígenas #CSIM 

PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.

Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.

Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?

En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM