STATEMENT FROM THE COLECTIVO ARMADILLO SUOMI FINLAND / July 26, 2025 REGARDING THE RAID ON THE HOME OF THE DIRECTOR OF THE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS HUMAN RIGHTS CENTER
From the Armadillo Suomi Collective, we express our deep concern, unconditional solidarity, and strong condemnation of the raid on the home of the director of the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center (Frayba), in the state of Chiapas, Mexico.
This act represents a serious violation of human rights and yet another form of harassment and intimidation against those who defend life, justice, and the dignity of the people. We denounce that this aggression is not an isolated incident, but rather part of a continuing campaign of hostility aimed at members of Frayba, a human rights organization with over three decades of committed work in defense of the rights of Indigenous peoples and communities in resistance.
We strongly condemn this violent act and express our full solidarity with Dora Robledo, director of Frayba. We say it loud and clear:
You are not alone!
We call on the Mexican State to:
Immediately guarantee the safety, integrity, and freedom of Dora Robledo and all members of the Frayba Human Rights Center.
Avoid any cover-up or omission that could obstruct justice in the investigation of the raid on her home.
Fulfill its duty to protect the legitimate and essential work of human rights defenders, rather than criminalize them.
From our own geographies, struggles, and resistances, we reiterate:
Frayba is not alone! We are watching! Defending rights is not a crime! COLECTIVO ARMADILLO SUOMI
Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:
• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.
• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.
• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.
• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.
• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.
Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.
Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.
Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.
En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.
A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:
Antecedentes Históricos (1900–1936)
1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.
Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)
Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.
Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)
En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.
Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)
El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).
Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)
En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.
Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)
Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.
Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)
Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.
Demandas del Ejido
Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.
En 2022, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) decidió crear la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, para unir y fortalecer las luchas en defensa del agua, la vida y el territorio de forma autónoma y libre de manipulaciones y utilización oportunista por parte del Estado. En agosto de ese año se llevó a cabo la primera sesión. Desde entonces, un total de cinco asambleas se han realizado en diferentes territorios.
Según el análisis del CNI-CIG y de la propia Asamblea, las iniciativas de la llamada “Cuarta Transformación” representan una exacerbación del despojo hídrico y territorial. El Plan Hídrico, que, según su evaluación, “no es otra cosa que robar el agua de las comunidades indígenas y de las colonias populares para entregarla a las grandes industrias”; el Plan México, que “encarna ocho megaproyectos energéticos, desviación, relleno, invasión y desaparición de arroyos, humedales, lagunas, el cauce y pérdida del caudal del río, reventa del agua tratada para la producción industrial”; los “planes de justicia” y su racismo sistémico; el reordenamiento territorial y sus afectaciones para los pueblos originarios y las colonias populares urbanas, “quienes son desplazados forzadamente con la gentrificación y/o con la violencia de los cárteles con la finalidad de entregarla a los criminales de traje”.
Al mismo tiempo, la violencia crece en el país: desapariciones forzadas, ataques paramilitares y del crimen organizado, militarización extrema y criminalización y agresiones contra defensores del territorio y de los derechos humanos.
Ante esta realidad, convocan a la 6a Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en el pueblo de Loma de Bácum de la Nación de la Tribu Yaqui, Sonora.
Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 24 de julio de 2025 Boletín No. 05
En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.
Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.
El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.
A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.
Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.
La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs.
Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.
Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.
En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.
La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.
Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.
Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.
En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.
De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia.
“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.
Ejidatarios de los municipios de Jiménez de Teúl y Sombrerete en el estado de Zacatecas denunciaron a autoridades federales, estatales y municipales por realizar una reunión a sus espaldas, donde trataron el tema de la presaMilpillas,que pretende desviar 47 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer la zona urbana industrial del Estado.
Presa Milpilllas es uno de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico, que pretende entrar en acción bajo una inversión greenfield, es decir, una forma de inversión foránea directa en el país, que se refiere a la creación o instalación de un proyecto desde cero, que no depende de infraestructura existente. Tiene una inversión estimada en $9,117,230,000 (MXN), según la plataforma oficial “Proyectos México”, que vincula proyectos de infraestructura y energía con inversionistas nacionales y extranjeros.
El motivo oficial para construir la presa es llevar agua, durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para un mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos por parte del sector público-urbano. La situación actual del proyecto se encuentra en la etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”. Los inicios de operatividad están previstos para el 2028.
Aunque presa Milpillas es un proyecto anunciado desde 2015 por el ex gobernador priista en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue hasta abril de este año que el tema volvió a cobrar vida. En abril de este año (2025), por acuerdo del gobernador actual, David Monreal, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presa está incluida en el Plan México.
Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad.
La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.
Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.
Fuente: Avispa Midia Por Isabel Ortega Foto de portada: Isabel Ortega
Elsa sueña con tener un vivero de árboles endémicos. Eso la llevó a estudiar ingeniería forestal y, con ello, a conocer alternativas para cuidar y restablecer el suelo. Sabía que quería hacer algo para inclinar un poco la balanza del daño ambiental en el territorio donde habita, y necesitaba sustrato para producir árboles. Había que empezar por un lugar: hacer composta.
En Magdalena Apaxco, aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Oaxaca, México, está el terreno del proyecto Hagamos Composta, del cual hace parte Elsa, un espacio que llama la atención entre el paisaje de cerros partidos en esta parte del Valle de Etla, una zona históricamente dedicada a la extracción de cantera amarilla para construcción.
Al llegar a sus instalaciones, lo primero que se observa es la ausencia de olores distintos a los de la vegetación de la zona, solo al acercarnos un poco a alguna de las compostas, se puede percibir un poco el calor y los olores que emanan del proceso. Tampoco hay muchas moscas, ni se perciben lixiviados en el terreno, los únicos residuos visibles se encuentran en un par de decenas de cubetas al centro del terreno, recolectados el día anterior. Este espacio es, a todas luces, algo muy distinto a un basurero.
Hagamos Composta Oaxacaes un proyecto de mujeres surgido en 2021 dentro de una red nacional que ofrece un servicio de pago para la recolección de residuos orgánicos domésticos y su correspondiente transformación en composta. Un año después de su creación, incorporó el compostaje de heces fecales de perros y gatos, un servicio que, por la normatividad sanitaria, no puede ser cumplido por el sistema de recolección de residuos sólidos de los municipios.
Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos.
Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.
