Radio Zapatista

¡Exigimos del Estado y del gobierno mexicano la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

El gobierno mexicano este 20 de julio de 2024 difundió el documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador había entregado a las madres y padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, México). En dicho documento el presidente destacaba que no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de los integrantes del ejército en el crimen de Iguala. De nueva cuenta, López Obrador trató de desviar la atención hacia la actuación de quienes habían “conducido las exigencias” de justicia. Repitió que esperaba cumplir el compromiso de encontrar a los normalistas y saber “con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”. Dicho documento fue la elaboración desde la cúpula del poder de una nueva “mentira histórica”.

Conocedores del caso llamaron la atención de que el reporte presidencial sobre Ayotzinapa había eludido la verdad y la justicia, con falsas justificaciones y con acusaciones sin pruebas de culpabilidad a familiares y defensores de las víctimas. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos estudiaron ese documento con detenimiento y cuando tuvieron consenso difundieron su respuesta. Lo primero que le señalaron es que lo habían encontrado muy confuso, repleto de inconsistencias, con varias descalificaciones, no sólo contra sus abogados, sino también contra defensores de derechos humanos, culpabilizándolos de enredar el caso Ayotzinapa para lavarle la cara al ejército y ocultar la responsabilidad de encumbrados personajes. Le reclamaron que desde su silla presidencial, sin fundamento real, intentaba darles un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio. Lo encararon y le dijeron que les había mentido, engañado y traicionado. No sólo les estaba fallando a ellos, sino a todo el pueblo de México y a la comunidad internacional solidarizada, los cuales también ingenuamente le había creído en algún momento que resolvería este doloroso caso.

Las madres y padres de Ayotzinapa insistieron en que no se podía justificar lo injustificable. Había numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalaban que ese día el ejército estuvo en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de sus hijos. Eso era una verdad irrefutable. Les sorprendía que el presidente quisiera borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas quien había corroborado la participación activa del ejército al igual que lo había hecho el  Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes  (GIEI). Entendían que el reporte que les había entregado carecía de una validez jurídica, pues López Obrador no era ministerio público ni nunca había sido investigador del caso. Sólo les compartía sus conjeturas, las cuales estaban muy alejadas de la verdad. Le recordaron que la víctima no era el presidente, sino ellas y ellos que habían perdido hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se habían incrementado como nunca en la historia de México, así como el alza de la delincuencia organizada.

A casi diez años de lucha, no habían dejado ni un sólo día de exigir la aparición con vida de sus hijos y de los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros. Le señalaron que a él la historia lo juzgaría y se encargaría de poner a cada quien en el lugar que merecía, pues la verdad siempre era implacable. Le recordaron que su lucha no termina, que no perdonan, ni olvidan y volvieron a denunciar que el Estado es el culpable.

Las investigadoras e investigadores miembros del Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias consideramos que las madres y padres de Ayotzinapa tienen razón y, por tanto:

1. Hacemos un llamado nacional e internacional para seguir apoyando el movimiento de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa en búsqueda de la verdad y la justicia y la aparición con vida de sus hijos.
2. Exigimos del Estado y el gobierno mexicano la verdad y la justicia.

Para mayor información ver:

https://www.gob.mx/segob/documentos/primer-reporte-del-presidente-de-mexico-sobre-los-jovenes-desaparecidos-de-la-normal-rural-raul-isidro-burgos-de-ayotzinapa

https://www.caminoalandar.org/post/respuesta-de-padres-y-madres-de-ayotzinapa-al- reporte-de-amlo

Planeta tierra
25 de julio de 2024
Grupo de Trabajo CLACSO
Cuerpos, territorios, resistencias

Este texto expresa la posición del mencionado Grupo de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

PRESENTACIÓN

En los últimos años se han intensificado las acciones por parte de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales para apropiarse del territorio de los pueblos nativos, esta nueva colonización ha dado lugar a una creciente resistencia de nuestros pueblos ante la amenaza que significan estos megaproyectos para nuestra misma existencia. Algunos pueblos han logrado frenar esta nueva invasión, y en estas experiencias exitosas hemos encontrado dos factores de mayor importancia: La Resistencia local y las alianzas regionales e internacionales.

Actualmente en México nuestros pueblos vienen enfrentando condiciones muy adversas, diferentes megaproyectos como son:

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.

Desde el año 2001 hemos mantenido una intensa movilización para contener los impactos de las obras de construcción y modernización de termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, tendidos eléctricos de alta tensión, autopistas, basureros, ferrocarriles y parques industriales.

En estos proyectos están involucradas directamente grandes corporaciones norteamericanas, canadienses, italianas, danesas, francesas, portuguesas, españolas, chinas y taiwanesas.

Enfrentar megaproyectos trasnacionales nos obliga a fortalecer tanto la resistencia local como el construir alianzas con pueblos y organizaciones de los pueblos nativos y de grupos ambientalistas de toda la región también buscar el relanzamiento de la alianza mesoamericana.

ANTECEDENTES

1.- La creciente expansión de las empresas trasnacionales sobre los territorios de los pueblos nativos es un fenómeno mundial significativo en los últimos treinta años.

A este proceso se le ha llamado La Nueva Invasión.

La economía mundial ha crecido de manera acelerada en este período, reclamando más territorios, materias primas, agua, mano de obra barata, energía y consumidores, y para ello han venido impulsando proyectos neo colonizadores, extractivistas de muerte sobre nuestras tierras como pueblos indígenas.

2.- En el área norteamericana, la integración provocada por los tratados de libre comercio: Nafta y Usmca (TLC y TMEC en México), que entraron en vigor en 1994 y 2019 han provocado severos daños hacía la Madre Tierra, privatización y despojos de nuestros territorios, destrucción de economías locales, precarización del empleo y una creciente migración.

En 2005, los Jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México firmaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), algunos la llamaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Bis (TLCAN Bis), en la cual se establecieron las bases para la integración energética de los tres países.

En el caso de México, sería una integración subordinada. En 2014 el gobierno mexicano impulsó una reforma energética que abrió las puertas a las corporaciones petroleras transnacionales para explorar, perforar, explotar y comercializar los hidrocarburos (incluyendo el gas mediante el fracking) en las cuencas marinas y en tierra firme del territorio nacional.

Pero esta reforma también permitiría la llegada de gas natural residual proveniente de Canadá y de Estados Unidos mediante gasoductos que recorrerían miles de kilómetros de estos países para llegar a México, con lo cual se crearía la red de ductos de América del Norte.

El gas residual servirá para producir energía eléctrica barata, principalmente para megaproyectos industriales de bienes con alto valor agregado y para megaproyectos extractivistas; y, en menor medida, para uso doméstico.

Uno de estos gasoductos comienza en Texas y corre a lo largo de la costa del Golfo de México, por vía submarina, hasta el puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz, de donde parten dos ramales hacia el interior del país, el primero hasta los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes, para alimentar a las industrias automotrices y de diverso tipo; y el otro llega hasta el complejo de Tula, Hidalgo.

De Tuxpan en estos momentos Transcanadian Corporation construye el gasoducto Puerta al Sureste que busca transportar gas hasta los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. De ahí continuará, a lo largo del Golfo de México, hasta el complejo de Dos Bocas en Tabasco, y hasta la península de Yucatán.

De Jaltipan partirá otro gasoducto a lo largo del Corredor Interoceánico hasta el Puerto de Salina Cruz, y de ahí por la costa del Pacífico hasta Puerto Chiapas para continuar a Centroamérica.

Este proyecto de construir ductos para llevar gas residual al sur de México y los países del Triángulo Norte Centroanmericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), está incluido en el Plan de Desarrollo Integral elaborado y presentado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) el 20 de mayo de 2019, a petición de los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

3.- En los países de Mesoamérica, en los últimos 30 años se ha agudizado el proceso de depredación y saqueo sobre los pueblos indígenas, el cual se ha caracterizado por grandes inversiones de empresas norteamericanas, chinas, canadienses y europeas en maquilas, minería, creación y modernización de infraestructura energética y de comunicaciones (parques fotovoltaicos, solares, eólicos, gasoductos, ferrocarriles, puertos, autopistas, aeropuertos, basureros, represas y tendidos eléctricos de alta tensión). Megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá Son ejemplo de esta nueva ofensiva colonizadora.

4.- Las empresas trasnacionales y los gobiernos en Norteamérica han venido promoviendo intensamente en toda la región, la ejecución de megaproyectos energéticos, que les permitan generar y trasladar la energía necesaria para operar sus plantas industriales, centros comerciales, proyectos inmobiliarios y turísticos.
Además de represas, tendidos eléctricos y parques eólicos, minería de carbón y refinerías, en los últimos años han cobrado gran importancia la construcción de oleoductos y gasoductos. En este mismo sentido se
vienen impulsando por el gran capital trasnacional y por los gobiernos de la región, varios corredores interoceánicos (Colombia, México, Honduras, Nicaragua y el Triángulo Norte.

5.- En Norte y Mesoamérica han surgido importantes movimientos en contra de los megaproyectos.
Algunas luchas lograron articular importantes alianzas como el Foro Mesoamericano de los Pueblos (2001-2012), la amplia red en torno a la resistencia lakota en Dakota del Norte, la lucha en defensa del territorio del pueblo Wet´suweten’ en Canadá, o en México la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala y del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

6.- Actualmente, los gobiernos de los Estados Unidos y México en relación Con corporaciones europeas, norteamericanas y taiwanesas vienen impulsando la realización de varios megaproyectos en el centro y en el
sur-sureste de México. Desde el año 2019 se inició en esta región, la ejecución de tres megaproyectos que responden a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales. Entre estos megaproyectos encontramos
la Refinería Olmeca o Dos Bocas, el mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; conectado a estos tres proyectos, se suma el gasoducto Puerta al Sureste y se le dio continuidad al Proyecto Integral Morelos.

Todos estos megaproyectos se han venido ejecutando de tal forma que se han violentando los derechos de las
poblaciones locales, en muchos casos pertenecientes a pueblos originarios y ocasionando graves afectaciones al
medio ambiente, despojando tierras y agua.

A pesar de la abierta violación al marco normativo y a la inconformidad expresada por las comunidades locales, estos megaproyectos han venido avanzando de manera acelerada.

7.- En México, en diferentes regiones del país se vienen creando Zonas parques industriales y se vienen construyendo, infraestructura de comunicaciones, gasoductos y oleoductos, los cuales se construyen sin el consentimiento informado de las comunidades, por ello fueron convocados al Encuentro Nacional de las Resistencias realizado en Santa María Petapa, Oaxaca del 4 al 6 de diciembre de 2021 y el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos, los días 15 y 16 de enero de 2022, en el municipio de Juan C. Bonilla del estado de Puebla.

8.- Los pueblos originarios de Norteamérica y Mesoamérica estamos luchando en defensa de nuestros territorios; sin embargo, muchas de nuestras luchas ocurren de manera aislada, siendo ello una debilidad.

POR LO ANTERIOR:

CONVOCAMOS AL ENCUENTRO CONTINENTAL CONTRA GASODUCTOS Y EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Los días 10, 11 y 12 de octubre del 2024 en el Centro Yajxonax, Tierra Bonita, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.

OBJETIVOS

• Crear espacios de encuentro entre organizaciones de México, Canadá y los Estados Unidos, que nos permitan intercambiar información sobre nuestras luchas y compartir experiencias sobre la defensa de nuestros territorios.

• Construir una agenda común y un plan de acción que nos permita enfrentar de manera conjunta la amenaza que significan la construcción de ductos y otros proyectos de muerte en nuestros territorios terrestres y marítimos.

• Fortalecer la resistencia de los pueblos de Norteamérica, Sudamérica y Mesoamérica ante los proyectos de muerte.

• Reencontrarnos con las resistencias que en Mesoamérica y Colombia enfrentan los megaproyectos asociados con los Corredores Interoceánicos.

FRATERNALMENTE

•Centro de Derechos Humanos Bety Cariño (Sur de Veracruz)

•Union de Comunidades Indigenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) (Oaxaca)

•Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla-Oaxaca)

•Congreso Nacional Indígena (CNI)

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpuhil (CRIPX) (Campeche)

• Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal (ADTMMX) (Península de Yucatán)

• Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMOT)

• Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo (CRPODTPH)

• Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN)

•Servicios para la Educación Alternativa (EDUCA)

•Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO)

• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS)

•Territorios Diversos para la Vida, A. C. (TerraVida)

• Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, A. C. (Nuiwari) (Nayarit)

•Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

• Seminario Permenente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPEChF)

•Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT FRG CLACSO)

• Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)

• Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)

• Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)(Honduras)

• Instituto Ambientalista Natura (|AN) (Perú)

•Colectivo de Derechos Humanos Empodérate (CDHE) (Bolivia)

• Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) (Brasil)

•Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

INFORMES:9515472098

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

24 de julio de 2024.

Boletín No. 17

El sistema carcelario en Chiapas, un contexto inhumano y degradante

• Crisis humanitaria en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá.
• El Estado mexicano debe tratar a todas las Personas Privadas de la Libertad con respeto y dignidad.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hemos documentado un patrón preocupante en varios Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, donde el autogobierno interno en complicidad con las autoridades carcelarias genera múltiples violaciones a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento. Estas prácticas son parte de un método de actuación del sistema de justicia que hemos denominado “Fábrica de Culpables”, el cual viola sistemáticamente el debido proceso legal.

Desde marzo de 2024 hemos señalado la situación de sobrepoblación carcelaria que se padece en el CERSS No. 17 “El Bambú”, del municipio de Playas de Catazajá, con 478 internos cuando la capacidad máxima es de 120 personas; junto al hacinamiento al interior de las celdas, donde en un espacio de 9 metros cuadrados mantienen hasta 18 personas. Esta situación ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido.

Advertimos también la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en las PPL.

El foco de infección que presentan empeora sin un tratamiento oportuno y adecuado, lo que lleva a complicaciones graves como septicemia u otras infecciones sistémicas. La falta de seguimiento médico y observación constante reflejan el nulo monitoreo de la evolución de la infección, mucho menos se interviene eficazmente para mitigar el riesgo.

La respuesta de las autoridades carcelarias ha sido el traslado forzado e injustificado de la población a otros CERSS, faltando a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud efectiva y sin discriminación, poniendo en grave peligro la vida e integridad, realizados sin un debido proceso ni recurso efectivo, lo que impacta a la vida familiar de las personas en reclusión, comprometiendo la salud física y mental al exponerlos a condiciones inseguras y limitar su acceso a atención médica adecuada durante el trayecto.

Lo anterior representa múltiples violaciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y alimentación. También afecta la salud mental, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, el encierro en condiciones tan precarias y la falta de espacio adecuado violan el derecho a condiciones de detención dignas, socavando la dignidad y el respeto como individuos bajo custodia del Estado.

Hacemos un llamado al Estado mexicano a que adopte urgentemente medidas que salvaguarden la salud física y mental para la población recluida en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá, y en todos los centros penitenciarios de Chiapas, tomando en cuenta los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad, contempladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Además de atender la situación de hacinamiento, dejando de lado las medidas arbitrarias e ilegales o represivas que impliquen traslados forzados.

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Por Padres y madres de Ayotzinapa

Lic. Andres Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Presente.-

Los Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos recibimos su comunicado y lo hemos leído detalladamente.

 Tenemos que decirle que lo encontramos muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nuestros abogados, sino también hacía defensores de derechos humanos , a periodistas reconocidos de talla internacional , funcionarios de la ONU y de Estados Unidos a los cuales dice son” culpables” de enredar el caso Ayotzinapa para, en cambio, lavarle la cara al Ejército y omitir la de otros personajes responsables.

   Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio.

Usted Sr Presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer; el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento.

 No se puede justificar lo injustificable.

Existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el Ejercito estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos ese fatídico 26 de septiembre de 2014 .

     Eso es una verdad irrefutable.

Nos sorprende quiera usted borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, quien el mismo corrobora la participación activa del Ejército al igual que lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI)en el caso Ayotzinapa.

 Entendemos que el reporte que nos proporciona carece de una validez jurídica, pues usted no es ministerio público ni nunca fue investigador del caso, entonces solo nos comparte sus conjeturas que por cierto las vemos muy alejadas de la verdad.

Nos gustaría recordarle Presidente, por si también lo ha olvidado , que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada .

Los Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a casi diez años de lucha, no hemos dejado ni un solo día de exigir la aparición con vida de nuestros hijos y de los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros.

 A ud. le decimos la historia lo juzgará y se encargará de poner a cada quien en el lugar que se merece, no olvide que la verdad SIEMPRE es implacable.

¡ Nuestra lucha no termina!

¡ No perdonamos, no olvidamos!

¡ FUE EL ESTADO!

¡ Porque vivos se los llevaron,vivos los queremos!

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), por sus siglas en inglés), Laura Richardson, apeló durante el Foro de Seguridad de Aspen 2024 que su país debería enfocarse a un nuevo “Plan Marshall” si los países del hemisferio occidental quieren recuperarse de la pandemia del COVID-19 y para mantener a raya la influencia de Rusia y, especialmente, de China.

El ‘Plan Marshall’ fue un ambicioso programa que implementó Estados Unidos (EEUU) para la reconstrucción económica de Europa en 1948, tras la segunda guerra mundial.

Durante 15º Foro anual del denominado Aspen 2024, celebrado en Colorado, entre el martes 16 al viernes 19 de julio, participaron altos funcionarios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, así como sus homólogos de todo el mundo, altos ejecutivos de empresas, destacados académicos, periodistas, entre otros más. El tema central fue relacionado con seguridad nacional y política exterior.

Bajo esa línea, Richardson advirtió que tal vez algunos países hayan superado los efectos de la pandemia, pero, la mayoría se encuentra en una “grave recesión económica”, que supuestamente está siendo aprovechada por las inversiones de Rusia y China en la región.

Ver también:  Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

“Y nosotros no tenemos ese tipo de herramientas en nuestra maleta. ¿Cómo podemos ayudar? Creo firmemente que necesitamos un Plan Marshall para la región, o lo que es lo mismo, una ley de recuperación económica como la de 1948, pero en 2024, 2025”, puntualizó la General Richardson.

Durante el evento, la vocera del Southcom también dio su respaldó a Ley de Comercio e Inversión de las Américas (Ley de las Américas), presentada a principios de este año por los senadores Bill Cassidy (republicano de Los Ángeles) y Michael Bennet (demócrata de Colorado) y los representantes María Salazar (republicana de Florida) y Adriano Espaillat (demócrata de Nueva York).  

Esta ley está enfocada principalmente al fortalecimiento de la seguridad económica de este país. Insta a los Estados Unidos a renovar su política hacia América Latina con un enfoque integral, y a ampliar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) hacia otros países del hemisferio accidental. Así mismo, insta a las empresas estadounidenses a una relocalización, con el objetivo de debilitar sustancialmente la presencia de Rusia y China.

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“En nuestra estrategia de seguridad hablamos de cómo el hemisferio [occidental] está inextricablemente ligado a la seguridad de nuestra patria”, complementó la vocera del Southcom en el Foro. El Comando Sur es uno de los nueve comandos militares pertenecientes a Estados Unidos y que cubre el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida

Avance de China y Rusia

La comandante mencionó el avance demoledor de las inversiones de China y Rusia en su área de operaciones y mostró su preocupación por no poder contenerlas, advirtiendo que podrían dar un giro y ser usadas para operaciones militares. “Me he reunido con al menos dos tercios de los presidentes de mi región, pero no ven lo que el Team USA (Equipo de EEUU) está aportando a los países (…) todo lo que ven son las grúas chinas (…) y los proyectos de la Iniciativa [china] Belt and Road”, señaló la general.

Mientras las piezas geopolíticas se mueven en la región, EEUU parece no tener la suficiente capacidad de repuesta, “no podemos movernos con la suficiente rapidez”, dijo la representante del Comando Sur quien hizo un llamado a los países aliados para que permitan la visita de sus tropas los países aliados.

Ayuda humanitaria

Mientras tanto, EEUU sigue utilizando su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” para tener presencia en el continente americano. Es así que, previo al Foro Aspen 2024, la armada de este país desplegó, en el mes de junio, a más de cien militares a Jamaica, Costa Rica, Honduras, Colombia y Panamá, bajo el lema “Forward Together”.

“Este es nuestro vecindario común”, declaró Jim Aiken, comandante de la IV Flota y del Mando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, al momento de iniciar el despliegue, el cual ya cumple con su 14ª edición.

De acuerdo con el Comando Sur ésta es una misión cuyo objetivo es fomentar la “amistad y la solidaridad con socios y aliados en el Caribe y América Central y del Sur”. Es parte de la estrategia que vienen implementado y renovando desde el año 2007, con la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos Amistad y Cooperación por las Américas”. 

Ver también: La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica

En el Foro Aspen, Richardson aseguró que el Comando Sur trabaja de forma estrecha, en cada país, con los embajadores estadounidenses, con el Departamento de Comercio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la NASA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Cámaras de Comercio estadounidenses, la Corporación Internacional de Estados Unidos para la Financiación del Desarrollo y organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales. 

“Realmente creo que la seguridad económica y la seguridad nacional van de la mano aquí en este hemisferio, y tenemos que trabajar ambas juntas muy, muy rápidamente”, declaró la comandante Richardson.

Texto relacionado: Ocupación silenciosa del Comando Sur de los EE.UU en la Amazonía

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

Ciudad de Guatemala,

Lunes 22 de julio de 2024

PRONUNCIAMIENTO

Familiares de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas originarias de Suchitepéquez, exigimos al Estado mexicano investigar el paradero de nuestros seres queridos.

Autoridades del Estado mexicano no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos, y han sido omisas en atender nuestras necesidades.

El grupo de familias de las 10 personas desaparecidas, el pasado 16 de noviembre de 2023, en los linderos de los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec en Chiapas, México, exigimos el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de diciembre de 2023 a favor de nuestros seres queridos. La ONU exigió al Estado mexicano: una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los 10 desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances en ambos puntos.

Las víctimas de esta desaparición masiva son: el adolescente Luis Alberto Vásquez Sarat, Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez y Francisco Socorro Morga De León.

El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica. El grupo de familiares está compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), quienes hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras.

En el mes de abril, las autoridades de Chiapas tomaron acuerdos para que las familias podamos tener una participación activa en la búsqueda e investigación. En concreto, se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México. Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de 8 meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora hemos encontrado para localizar en vida a nuestros seres queridos. En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares.

Llamamos a las autoridades mexicanas del más alto nivel a tomar seis medidas urgentes que permitan avanzar en la localización de nuestros seres queridos:
 
1. Exigimos la búsqueda en vida de nuestros familiares desaparecidos en territorio mexicano y el trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para el seguimiento de nuestras peticiones,

2. Solicitamos medidas de protección a favor de nuestros familiares y de cada una de nosotras en el proceso de denuncia y búsqueda,

3. Otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración,

4. Ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitamos la referencia del reporte de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,

5. Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República,

6. Otorgamiento de las medidas de atención inmediata con un enfoque psicosocial integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con especial atención en nuestras necesidades de salud, estudio y proyectos de vida.
 
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡HASTA ENCONTRARLOS!

GRUPO DE FAMILIAS DE LAS 10 PERSONAS GUATEMALTECAS DESAPARECIDAS

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