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Radio Pozol

“Mis dibujos son palabras que me salen del corazón”: Marcelino Ruíz, tsotsil injustamente preso en Chiapas

«Mis dibujos, son palabras que me salen del corazón, es solidaridad para las y los demás compañeros que están luchando desde algún lugar del mundo».

El 1 de abril de 2021, el compañero Marcelino Ruíz Gómez indígena del pueblo maya tsotsil, lanzó una exposición grafica virtual llamada “Por la vida y la Libertad”. Marcelino fue detenido arbitrariamente el 5 de febrero del 2002 y actualmente se encuentra preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 10 de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

En entrevista con Radio Pozol, Marcelino menciona que a través de los dibujos da a conocer la palabra que no se puede expresar o lo que no se puede escribir. Comparte que cada dibujo expresa la falta de acceso a la justicia, la discriminación y la violencia que a enfrentado por un delito que no cometió pero por el cual fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Hoy día lleva más de 19 años preso y los dibujos «son una manera de liberarme», externa el indígena chiapaneco.

Marcelino expresa su dolor porque «la Madre Tierra esta sufriendo, los poderosos, quienes con el afán de poseer sus riquezas cada día más incrementan el despojo y la destrucción». «Todos somos territorios y los invito a defendernos», dice con voz firme el originario de la zona altos.

Ruíz Gómez, recuerda que cuando lo detuvieron fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días, tras sufrir varios golpes entre otras formas de tortura como el permanecer atado a una silla durante esos días, también le rociaron la nariz con tehuacán con chile fue obligado a firmar para autoinculparse, todo ello ha sido documentado y denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

 

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Ké Huelga Radio

Libertad de expresión y derecho a la información.-Entrevista con Mayra López, de Artículo 19

La labor que ha realizado la organización Artículo 19 en los últimos 15 años en México permite observar los desafios que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de medios alternativos, públicos y privados, para ejercer el derecho a comunicar.

En esta ocasión es la propia organización Art 19 quien recibe ataques por el grupo en el poder. Lxs invitamos a conocer su historia y trabajos que realizan.

Entrevista con Mayra López Pineda -Artículo 19:

(Descarga aquí)  

Acá puedes encontrar algunos de los informes que se comentan en la entrevista;

https://articulo19.org/informes/

Ver en línea : Artículo 19

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Regeneración Radio

Familiares de Maricela Escorza denuncian re-victimización por parte de medios e instancias jurídicas

Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.

La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.

 Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN,  pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.

La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.

La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.

Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”

Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.

La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.

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ZonaDocs

Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco

Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal

Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.

Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.

Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.

Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.

(Por Dalia Souza y Ximena Torres; Ilustraciones: Fernanda Kovacs)

Para leer la investigación completa el enlace al sitio de ZonaDocs: http://zonadocs.mx/especiales/Mujeres-y-tortura-en-Jalisco

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Marea Verde Quintana Roo

Quintana Roo Feminicida: ¡el paraíso huele a sangre!

EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!

Carlos Joaquín La omisión es cómplice de los feminicidios.
Exigimos justicia!!
Este fin de semana, la impunidad se ha llevado dos hermanas más en el Estado de Quintana Roo.
El caso de Tulum a manos de la policía y su abuso de poder.
Y en el caso de Holbox a manos de la impunidad y hermetismo machista que viven en la isla.
En el Estado las autoridades se preocupan más por el turismo que por la seguridad del pueblo.

EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!
Y QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO!!!

En Tulum, Holbox y en el Estado completo constantemente vivimos violentadas por los cuerpos policiales y no es la primera vez q una mujer es víctima de su violencia.

Esta vez se llevaron la vida de una mujer a plena luz del día.
La mujer pidió ayuda en reiteradas oportunidades por no poder respirar y la policía siguió ejerciendo fuerza sobre el cuerpo hasta quitarle la vida.

Victor Mas Tah y Nivardo Mena Villanueva , los hacemos responsable de lo sucedido y exigimos respuestas.

Que los responsables sean nombrados públicamente y eliminados de sus cargos con la pena por los delitos correspondientes y exigimos toda la atención y debida diligencia en la investigación para encontrar a los responsables del asesinato de nuestra hermana.

BASTA DE IMPUNIDAD

(Foto de portada vía Defensoras Digitales Quintana Roo/Comunicado vía https://www.facebook.com/MareaVerdeQuintanaRoo/)

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Pie de Página

La larga noche de las madres que buscan justicia para sus hijas

Texto y fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- “Toda la noche y Palacio Nacional no alcanzan para nombrar a las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas”. Así lo dijo una madre que se unió a la convocatoria que realizó el colectivo AntiMonumenta para realizar una velada frente a Palacio Nacional.

Aproximadamente 60 madres de Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de México compartieron sus historias y recordaron a sus hijas víctimas de violencia en la fría velada que duró 12 horas, de seis de la tarde a las seis de la mañana de este lunes.

Andrea Soto, madre de Verónica Soto Hernandez, se acercó a la valla para amarrar una cruz junto a la lona con la foto de su hija. La chica tenía 22 años cuando la asesinaron el 1 de noviembre del 2019 en Naucalpan, Estado de México. Fue a una fiesta de disfraces con una amiga y nunca regresó. Al día siguiente, alguien avisó a la señora Andrea que su hija estaba en el Semefo de Naucalpan.

Una a una comenzaron a compartir sus testimonios frente a otras madres. Al finalizar, se gritaban: “no estás sola”.

La señora Soto cuenta que no le dan ganas de salir de su cama. Pero en esta ocasión decidió acudir al llamado para sentir que está haciendo algo para exigir justicia para su hija. Ella cree que las autoridades se justifican en la pandemia para no continuar trabajando en las investigaciones que den alguna pista más sobre el asesinato de su hija.

«La mamá de la muchcachita Pamela me dio un abrazo tan fuerte y sentido que agradecí mucho, solo las que hemos pasado por este dolor nos comprendemos», así lo expresó la señora Soto.
Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A.C. portan pancartas con los rostros de algunas mujeres asesinadas y desaparecidas en Culiacán Sinaloa.

Acompañada por su hijo, Andrea Soto reunió fuerzas para pasar frente a las demás madres y narrar con voz entrecortada y haciendo constantes pausas los hechos que conoce y sobre los que exige se investigue más. También recordó amorosamente lo buena mujer que era su hija y el trabajo que le ha costado seguir viviendo desde que la perdió.

Muchas de las madres acudieron para seguir visibilizando los casos de sus hijas y exigir verdad y justicia, “Yo no tengo dinero, no tengo influencias, no puedo ofrecer recompensa”, expresa la señora Soto con los ojos cristalizados. A 17 meses del asesinato de su hija siente que tiene que hacer algo para ser escuchada y la ayuden a conocer la verdad.

“Yo no le tengo fe al presidente”, expresa con ahínco y dolor la madre de la joven enfermera, dice no saber quién paga ese evento pero a ella no le pidieron ni un peso; agradece que se realicen porque si no quién las escucharía.

“Espero ver llegar la justicia para mi hija pero si muero en el intento pienso que seguirá mi hijo por mí”. Lo dice porque ha conocido algunas historias de lucha que llevan 7, 10 o más años y ella no cree aguantar tanto.

Las madres fueron acompañadas por algunos otros familiares que aguantaron junto a ellas el frío de la larga noche y que en breves momentos se calentaban el alma cuando recibían un fuerte abrazo de otra madre que comparte y entiende su dolor, por esa noche se acompañaron y retomaron un poco de fuerza para continuar su caminar de exigencia solas.

Debido al intenso aire que se sintió la fría noche del lunes 28 de marzo, se usaron velas eléctricas. 
Frente al Palacio Nacional se ataron cruces, lonas y algunas familiares pintaron los nombres de sus hijas.
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Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

Boletín de Prensa de Familiares de Maricela Escorza y de la Comunidad Otomí residente en la CDMX

BOLETIN DE PRENSA

Ciudad de México 30 de marzo de 2021.

REPUDIAMOS LA VICTIMIZACIÓN DE LA VÍCTIMA

DENUNCIAMOS LA DISCRIMINACIÓN Y DESPRECIO CON LA QUE FUERON ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES

NUESTRA COMPAÑERITA MARICELA, EN SU DESAPARICIÓN NO LE FUERON APLICADOS LOS “PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA¨ COMO INFORMA LA FGJCDMX

CONDENAMOS LAS FILTRACIONES QUER HACE LA FGJ CDMX

EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA PARA MARICELA ESCORZA SALINAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE NOS ACOMPAÑAN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI-CIG
PRESENTE.

Por este medio frente a la victimización de la víctima, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Durante la noche del 21 de marzo de 2021, Maricela Escorza Salinas integrante de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, no regresó al campamento que mantiene instalado la comunidad en la calle de Roma 18, Colonia Juárez, CDMX, por lo que su familia acudió a la Agencia del Ministerio Público identificada como CUH-2 a denunciar su desaparición.
Dentro del esquema de “búsqueda” de escritorio que generalmente utilizan las autoridades frente a la desaparición de una persona, el día 26 de marzo de 2021, el MP investigador requirió la implementación de la correspondiente Alerta Amber, dado la minoría de edad de Maricela, siendo el caso que los encargados de dicha Alerta, pusieron en conocimiento del Ministerio Público -y este a su vez de la familia que en el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México se encontraba un cadáver con las características de la víctima, por lo que sugerían la identificación del mismo.

Es el caso que al acudir la familia al INCIFO con el fin de identificar los restos que ahí se encontraban, el personal de dicha instancia, solo les permitió verlos a través de una vitrina, lo que impidió un reconocimiento optimo sobre si efectivamente se trataba de Maricela. Cabe hacer mención que en el momento de dicha diligencia, el personal de dicho Instituto fue insistente en que la familia diera la identificación como positiva, a lo que la familia requirió que se practicaran pruebas científicas, ante lo que hubo una pertinaz negativa por parte del referido personal. Posteriormente la familia requirió que les pusiera a la vista la ropa de la persona que yacía en dicho lugar y que presuntamente se trataba de Maricela, sin embargo se les informó que esos objetos se encontraban en el hospital, y que lamentablemente “los Drs. Siempre tiran la ropa”, “incluso les pidieron no se ofendieran, ya que siempre hacen eso”, finalmente y a manera de burla les informaron que, esos objetos se encontraban en la en la Agencia del Ministerio Público que llevaba la investigación por homicidio, misma que se identifica como CUH-6.

Al acudir la familia a la señalada Agencia del Ministerio Publico (CUH-6), personal de la misma confirmó que en dicha instancia se llevaba la Carpeta de Investigación relativa a un homicidio cometido en tránsito de vehículos, por atropellamiento (hoy sabemos que dicha Carpeta se identifica con el número CI-FICUH/CUH-6/UI1S/D/294/03-2021), en agravio de una persona del sexo femenino y sobre hechos ocurridos en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma. Resulta que la familia al requerir al personal de dicha Agencia del MP sobre la ropa de la persona atropellada, recibió como respuesta que esta no se encontraba en dicho lugar, sino que se “había quedado en el hospital” donde presuntamente se le atendió y que fue en el Hospital General de Iztapalapa del Gobierno de la CDMX.

Ahora bien, ante la desesperación de la familia y también ante la firme sospecha de que las autoridades encargadas de la investigación sobre la desaparición de Maricela, dejaran de llevarla a cabo a consecuencia del hallazgo de los restos ya referidos, organizaciones, colectivos y personas solidarias con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, llevaron a cabo desde la noche del 26 de marzo de 2021, una difusión en redes sociales para su búsqueda y localización. También organizaciones de Derechos Humanos, realizaron gestiones ante las autoridades de la FGJCDMX, con el fin de que se le brindara a la familia mayores elementos de identificación de los restos y en tanto ello ocurría, se mantuvieran las investigaciones relativas a su desaparición.

De lo anterior el día domingo 28 de marzo de 2021, la familia pudo tener acceso a los videos del C5 a partir de lo cual vieron los hechos ocurridos en Bucareli y Paseo de la Reforma, en los cuales lograron apreciar el atropellamiento de una persona y de manera indiciaria la madre de Maricela, logró identificarla. Además de lo anterior y a consecuencia de las mismas gestiones referidas en el párrafo anterior, nuevamente tuvieron acceso a los restos en el INCIFO, sin embargo otra vez la familia no pudo identificarlos como los correspondientes a Maricela, ello debido al estado en que se encuentran. Ante esto, la familia solicitó la práctica de pruebas científicas de confronta (perfil genético), para lograr la identificación plena, siendo que les fueron tomadas muestras, al mismo tiempo que con sorna se les indico por parte de las autoridades que los resultados podrían tardar hasta un año en entregarlos. Argumentaron las autoridades, que obtener los resultados rápidamente, sería una cuestión de suerte”

En este punto cabe hacer la aclaración de que la familia no solicitó la entrega de los restos, hasta en tanto se lograra la plena identificación, en consecuencia tenemos conocimiento que no se ha llevado, ni iniciado ninguna diligencia al respecto, pues, reiteramos, se dejó claro que se estaría a la espera de los resultados de las pruebas científicas de confronta.

Resulta que el día de ayer 29 de marzo de 2021, corrieron varias notas en medios de comunicación relativas al caso de nuestra compañera Maricela Escorza Salinas, en las cuales coinciden tres elementos que nos generaron muchas sospechas y que consideramos graves, los cuales son:

a) Refieren las notas, que la información en que se sustentan, provienen de “fuentes de la Fiscalía”, refiriéndose a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

b) Se señala en dichas notas que Maricela fue localizada sin vida y con “graves signos de violencia” y que debido a ello se habían instaurado los protocolos de investigación para el delito de Feminicidio.

c) También se indica que el día 29 de marzo de 2021, fueron entregados los restos a sus familiares.

d) Comparan los hechos en los que Maricela perdió la vida, con los ocurridos con comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México, particularmente en lo ocurrido en noviembre pasado, en los que fueron localizados sin vida y destazados los menores de origen mazahua Alan Yair (12) y Héctor Efraín (14), en calles del Centro Histórico.

e) Toda esta información se filtró a Excélsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso del día de ayer.

Ante estas versiones que han circulado en medios de comunicación, consideramos pertinente tomar las calles y acudir a esta Fiscalía, para obtener respuestas directas de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no sin antes CONDENAR ENÉRGICAMENTE el esquema de filtraciones que sistemáticamente se presenta en casos de alto impacto proveniente de esta Fiscalía, pues ello afecta los casos y las investigaciones, a la vez de que revictimiza a las víctimas y sus familias y además genera dudas y suspicacias en la opinión pública, sobre todo si consideramos que en este caso en particular afecta a la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, que constantemente es presa del desprecio y la discriminación por parte de las autoridades tanto federales, como del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, hoy venimos a preguntarle a Ernestina Godoy lo siguiente:

1.- ¿Cuál es realmente la investigación que la Fiscalía está siguiendo para el caso de Maricela Escorza Salinas?

2.- ¿Cuál es el resultado de la pruebas científicas de confronta (perfil genético) para lograr una identificación plena de los restos que se encuentran en el INCIFO?

3.- ¿Por qué “fuentes” de la Fiscalía aluden a la investigación con protocolos para feminicidio en el caso de Maricela Escorza Salinas?

4.- ¿Hay algún responsable detenido relacionado al atropellamiento ocurrido en la noche del 21 de marzo de 2021 en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli?

5. ¿A nombre de quien responde la propiedad del Vehículo?, ¿pueden informarnos algo al respecto?

6.- ¿Se mantiene abierta la investigación de búsqueda y localización de Maricela y que líneas se siguen al respecto?

Para la Comunidad Indígena Otomí es crucial obtener respuestas, sobre todo porque tenemos conocimiento que de los hechos relativos al atropellamiento ya referido, existe un vehículo bajo resguardo de la Fiscalía y que es precisamente un auto de la marca Chevrolet, Tipo Aveo, Color Blanco, con número de placas P71BEP (Ciudad de México) y que el esquema de filtraciones respecto al feminicidio, así como las posibles omisiones en la búsqueda y localización de Maricela, correspondan a un probable encubrimiento para quien conducía ese vehículo o a actos tendientes a desviar la atención sobre un acto grave de violencia de género.

Atentamente.
DESDE LA TOMA DEL INPI
FAMILIARES DE MARICELA ESCORZA SALINAS
COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO

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La Zarzamora

Freedom Astorga, preso político de la revuelta, lleva 22 días de Huelga de Hambre en cárcel de Antofagasta

Freedom Astorga preso político de la revuelta de 20 años de edad, comenzó el pasado 5 de marzo una huelga de hambre indefinida hasta obtener su libertad. A un año de su detención, Astorga acusa inexistencia de pruebas en su contra.

Antofagasta sin duda ha sido uno de los focos hacia donde la represión y persecución política estatal se ha dirigido, esto debido a las arduas movilizaciones y organización territorial desarrolladas desde el estallido social.

El pasado 26 de marzo, Freedom Astorga cumplió un año en prisión preventiva dentro de la Cárcel Nudo Uribe de Antofagasta, donde se encuentra recluido acusado de robo y porte de armas. Esto en el contexto de un intento de atropello masivo de manifestantes, provocado por Adolfo Gallardo, funcionario de carabineros quien recibió pedradas en respuesta a su ataque.

Aunque las pruebas y testimonios no han corroborado siquiera la presencia de Freedom en este hecho y que la supuesta arma incautada no estaba en su poder, en marzo del 2020 este fue detenido por la brigada de homicidios de la PDI, para luego, según consta en una querella realizada por la Defensoria Popular de Antogagasta, recibir golpes, torturas y amenazas de parte de los represores.

Por estas incongruencias es que Freedom inició una Huelga que ya lleva 22 días, en la cual ha bajado 8 kilos de peso. Una medida que sería radicalizada a una de carácter seca, si es que en la próxima audiencia fijada para el día 9 de abril, no se cambia la medida cautelar en su contra.-

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Congreso Nacional Indígena

Sin representación, antidemocrático e ilegítimoI el gobernador estatal indígenaI de Michoacán

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO

Comunidades p´urhépecha, a 26 de marzo del 2021.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, representado en el presente manifiesto por la Comisión de Enlace, declaramos conjuntamente lo siguiente:

En el marco del 1er Foro Migrante Indígena Nacional realizado en Pátzcuaro el 21 de marzo del año en curso, fuera de la convocatoria, sin estar en el orden del día y sin presencia de las comunidades indígenas, fue nombrado ilegítimamente, antidemocráticamente y arbitrariamente Salvador Querea Jiménez como “Gobernador Estatal Indígena de Michoacán”, ostentación entregada por Candelaria Lázaro Lázaro, “Gobernadora Nacional de Pueblos Indígenas”.

La Gubernatura Nacional Indígena (GNI) anteriormente liderada por Hipólito Arriaga Pote, históricamente es un organismo creado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en particular por el llamado “Grupo Atlacomulco”, como una táctica electoral para restarle influencia al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG), posteriormente cambió su nombre a Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM) bajo la dirección de Candelaria Lázaro Lázaro (GNIM), sin embargo continúan las viejas tácticas priistas de querer suplantar a pueblos y comunidades originarias.

En este sentido, declaramos categóricamente que desconocemos el autonombrado Gobierno Nacional Indígena de México de Candelaria Lázaro Lázaro y al Gobernador Estatal Indígena de Michoacán Salvador Querea Jiménez, toda vez que surgieron de un proceso antidemocrático donde no consultaron a ninguna Asamblea General de las comunidades originarias, siendo impuestos por dedazo, así mismo denunciamos que no representan de ninguna manera a las comunidades indígenas y nos deslindamos totalmente de ellos, por lo que su posible interlocución con el Estado mexicano carece totalmente de sustento.

Finalmente, revelamos que en Michoacán la figura de Gobernador Estatal Indígena de Michoacán esta siendo utilizada por algunos candidatos del Partido Verde Ecologista de México, lo que demuestra su ilegitimidad y oportunismo político.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

#CSIM

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Avispa Midia

Minera Cuzcatlán: Con licencia para contaminar

Por : Santiago Navarro F. y Renata Bessi

Aquino Pedro Máximo recuerda muy bien la madrugada del 8 de octubre de 2018, cuando se soltó un aguacero torrencial. Él es un campesino zapoteca de la comunidad Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en el sur de México. Aquella noche, sobre los techos de lámina de las casas se entonaba un ruido ensordecedor. A muy tempranas horas de la mañana, como es su costumbre, agarró su machete y se dispuso a comenzar la jornada en sus cultivos, junto a otros campesinos. Los tomó por sorpresa que el arroyo El Coyote estaba teñido de un material grisáceo. “Parecía cemento”, recuerda Aquino.

Más de cuatro kilómetros del arroyo se habían cubierto de este lodo gris. El agua, que los campesinos utilizan para uso agrícola y pecuario, era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también. La masa lodosa se había esparcido en el paraje conocido como “La Ciénega”, en el municipio de Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales y un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos.

Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.

El lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente, desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente, a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.

Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.

Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación.

A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.

Los primeros informes oficiales registraron que la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.

Vecina de Magdalena Ocotlán pide (en 2020) a los funcionarios de Semanart que retomen el caso.

Instalaciones superficiales de Compañía Minera Cuzcatlán.

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El agua sí estaba contaminada

Luz María Méndez Rodríguez es madre de familia y vecina de Magdalena Ocotlán, la comunidad más afectada por el derrame. Narra los días que siguieron al desastre ocurrido en 2018. “Comenzaron a morir algunos de nuestros animales. Los niños y personas mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea, alergias en la piel. Nos dijeron que había un brote de hepatitis. Nunca habíamos vivido una situación así”, cuenta María, quien también es regidora de hacienda de la comunidad.

Justamente porque el lodo gris llegó hasta las proximidades del pozo de agua potable de la comunidad, la regidora de ecología de Magdalena Ocotlán, Oliva Odelia Aquino Sánchez, relata que, por iniciativa propia, la gente dejó de utilizar el agua del pozo, pero eso duró poco tiempo. “Todo mundo se preocupó y entonces empezamos a comprar agua (embotellada); muchos solo aguantaron unas semanas, después volvieron a tomar de esa agua contaminada, porque está cabrón, apenas hay dinero para comer”.

La incapacidad para poder comprar más de un botellón de agua de 20 litros a la semana, que ronda el valor de un dólar (20 pesos mexicanos) se debe principalmente a que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no recibe un sueldo fijo. El 73% de la población de Magdalena Ocotlán vive en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2015, y casi una cuarta parte de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Bienestar en 2021.

El abogado que asesora a las comunidades, José Pablo Antonio, explica que los marcos internacionales plantean que, hasta que se resuelva la situación, las autoridades deben decretar medidas preventivas, además de brindar información a las comunidades. “Debieron haber suspendido el uso de agua de la población y garantizado su abastecimiento con otras fuentes hasta que se solucionara por completo la situación. Pero aquí eso no ha pasado”, sostiene.

Dos días después del derrame, mientras las comunidades vivían en la incertidumbre por lo que estaba pasando, las autoridades ambientales realizaron una inspección en las áreas afectadas. La Conagua fue responsable de analizar el agua; la Profepa, el suelo. Se abrió un expediente en cada instancia.

De parte de Conagua llegaron funcionarios y personal del Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. Constataron que el derrame venía de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila. La conducción de estas escorrentías hacia la pila se realiza mediante un canal”, detallaron los funcionarios en su acta .

En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y pudieron presenciar un nuevo derrame. Según los funcionarios, con la lluvia, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con jales y el bordo del canal se rompió. “Estas aguas, con el deslave del suelo y sedimentos de los jales secos, se observa de un color grisáceo, fluye hacia un camino que se dirige hacia el arroyo el Coyote donde estas escorrentías llegan y se mezclan con la corriente de aguas nacionales”, detallaron en su informe.

Al final, cuando la tormenta había dado una pequeña tregua, el personal del laboratorio de Conagua tomó las muestras “justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, describen en sus registros. En la misma visita de inspección, tomaron muestras del arroyo El Coyote.

Los resultados de estos muestreos fueron analizados por dos laboratorios: el mismo Regional Pacífico Sur que los colectó y el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.

Se identificaron metales pesados por arriba de lo que permite la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) de 1989, para uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo El Coyote, se encontró que el hierro rebasó hasta 1845.8% los límites permisibles; el aluminio, hasta 955.12%, y el plomo en 167%.

“Las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos, no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-1996 y también rebasaron los niveles máximos establecidos en los CECA publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1989, que califican los cuerpos de agua para Riego Agrícola y para Uso Pecuario, en los parámetros de pH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno (DQO), (…) por lo que hace a los metales pesados rebasan los límites máximos permisibles de Aluminio, Fierro y el Plomo, contaminando el arroyo El Coyote”, consta el oficio No. BOO.810.02.2455/2018 de la autoridad del agua.

Conagua también afirmaba que hubo “daño ambiental” y hacía la advertencia de que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario. “Al existir estos contaminantes en el Arroyo, las escorrentías de aguas nacionales que fluyen por el cauce de dicho arroyo no pueden ser utilizadas para estos usos”, se lee en el documento.

Contaminación encontrada en los jales de Minera Cuzcatlán.

Sin embargo, esos primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación fueron cambiando con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.

Un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” sobre el caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de Conagua. En este documento la autoridad informaba que, de acuerdo con sus estudios, el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame y, por lo tanto, se determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar. Dos de ellas, para mejorar sus instalaciones, fueron cumplidas.

Sobre este par de medidas, en entrevista por escrito para el equipo de esta investigación, Cristina Rodríguez, subdirectora de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuzcatlán informó que se duplicó “el espacio de la pileta de recolección de agua de nuestro depósito de jales secos, pasando de 7,000 m3 a 14,000 m3 y quintuplicando su capacidad de bombeo para prevenir escurrimientos en época de lluvias. Asimismo, construimos una pileta de colección de emergencia, con una capacidad total de 23,000 m3”.

La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación, donde Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus jales en el ambiente y en la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de remediación. Es decir, Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada, lo que abrió la posibilidad para que Minera Cuzcatlán pudiera presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la contaminación.

La empresa presentó el documento Programa de actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote. La primera acción de este programa preveía la realización de nuevos muestreos de agua, con el objetivo de “determinar la afectación (…) y, en su caso, formular el programa de remediación correspondiente”. El programa de actividades fue aceptado por Conagua.

El nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame por el Laboratorio Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A., de C.V. y fue analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por la empresa.

La bióloga Martha Patricia Mora explica la necesidad de hacer el muestreo lo antes posible.

Las muestras se tomaron en un escenario totalmente distinto al del derrame del 8 de octubre. Por ejemplo, no hubo muestreo en la pileta colectora de aguas de lluvia con jales secos, la misma de donde derivó el derrame, porque la temporada de lluvias ya había pasado y no contenía agua. Los muestreos fueron realizados en el arroyo El Coyote y el estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles. Por ello, se determinó que no hubo afectación al arroyo. “No se acreditó contaminación de un cuerpo receptor de aguas nacionales”, sostuvo la empresa.

Debido a lo anterior, “la Compañía (Cuzcatlán) recibió una multa de aproximadamente 42,000 (dólares) relacionada con el incidente”, según el reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines, de 2018. “Es irrisoria. Estas empresas ganan millones de dólares en un día, esto lo pueden recuperar en horas”, critica la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en temas indígenas y extractivismo.

Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admite que en el primer análisis encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”. A partir de ello, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron todas las garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde. A lo que a ellos les haga bien”. De esta manera, Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de réplica, de defenderse” y “nos hicieron llegar una serie de documentos”, subraya el funcionario.

Posteriormente, continúa Martínez Cordero, “entramos a una fase que es la remediación”, es decir, “teníamos que saber si hay algo que remediar”; por eso, Minera Cuzcatlán “tuvo que hacer otro muestreo”. De acuerdo con su versión, los muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. La contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió”; admite que la contaminación no desapareció, sino que los contaminantes migraron “a otro lado”.

Explicación del director general del Organismo de Cuenca Pacifico-Sur de Conagua.

Para Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ecotoxicología y miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras. Los muestreos deben ser hechos lo más pronto posible. Eso porque, como las aguas se mueven en los ríos, los metales también se mueven y la tendencia es que se acumulen en el suelo por donde pasan las aguas. Es decir, en un primer momento, el contaminante estará en el agua, pero con el tiempo se quedará atrapado en el suelo. Por eso la necesidad de hacer diversos muestreos no solo del agua, sino también del suelo a lo largo del tiempo.

Los primeros estudios de Conagua presentaban elementos suficientes para determinar que sí hubo afectación y, por tanto, se debió implementar un plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las comunidades afectadas, así como un monitoreo de la evolución de esta contaminación, según la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. “Sin duda, los estudios más confiables eran los de Conagua. Lo que hicieron fue descalificar los análisis de un órgano fundamental que debe proteger nuestra agua. Si hubieran seguido con los elementos iniciales identificados por Conagua, la empresa no la hubiera librado tan fácilmente, porque tendría que justificar muchas cosas que no necesitaron hacer con el nuevo estudio”, reflexiona.

Bloqueo de la carretera federal 175, realizado por diversas comunidades en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart en relación a la 2ª Manifestación de Impacto Ambiental que esta tramitando Minera Cuzcatlán. Foto por Santiago Navarro F.

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¿Un error de transcripción?

Dos días después del derrame, los técnicos de Profepa, realizaron una “visita de inspección ordinaria a la empresa”, para “verificar física y documentalmente (…) que la empresa se encuentre dando complimiento con sus obligaciones ambientales”. En su acta de inspección registraron que la pileta tiene una compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre “la superficie de la compuerta tierra húmeda impregnada de jales mineros con color grisáceo, misma que se observa sobre el suelo natural y malezas aledañas al cauce del referido arroyo”.

Durante la inspección no tomaron muestras del suelo. Para Profepa, Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Por ello, la empresa recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic. Diez días después del derrame, el 18 y 19 de octubre, realizó 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote.

Los resultados identificaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo El Coyote. Uno de ellos, en las cercanías del pozo de agua potable.

A partir de los resultados de estos estudios realizados por Intertek, la Subdelegación Auditoría Ambiental e Inspección Industrial, de Profepa, que se encargó de revisarlos, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía contaminación por talio.

En una de las parcelas por donde pasa el arroyo, se identificó que las cantidades de este metal rebasaban en 350% los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSAT-2004. Mientras que en el sitio de muestreo de suelo llamado “pozo de agua potable” superó en 300% los límites. “Se concluye que sí existe contaminación de suelo en los puntos nombrados Parcela 1498 (Talio 0,09 mg-L) y Pozo de Agua Potable (Talio 0,08 mg-L) con metal pesado Talio”, registra la opinión técnica de Profepa.

Minera Cuzcatlán, por su parte, buscó argumentar con diversos documentos e informes ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Por ello contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados de Intertek donde aparece el talio. Todas ellas o desconsideraron la presencia de este metal o argumentaron que no representaba riesgo a la salud y al medio ambiente.

Una de estas consultorías, Nova Consultores Ambientales, afirmó que al “haberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (…) se programó un nuevo muestreo”, que fue realizado por Grupo Microanálisis.

Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justificó que podía deberse a “un fenómeno zonal, es decir característico del área”.

Al final, Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras porque, después de todo este proceso, “en atención a la inquietud” presentada por Minera Cuzcatlán a Intertek, el laboratorio llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal.

Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es así que este laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, lo que indica que no hay presencia de este metal.

Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigación, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”.

El equipo de este reportaje buscó la versión de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana Vázquez, quien dijo “no hay un área como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en específico”, terminó por redirigir la llamada a una grabación del sistema de mensajería de la empresa. Nuevamente se intentó contactar, pero ya solo respondió el sistema de mensajería.

Según la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, como comprueban los dictámenes emitidos por Profepa y Conagua, “el escurrimiento de nuestra pileta de colección, ocurrido en octubre de 2018, no causó daño ambiental, principalmente porque los jales de Compañía Minera Cuzcatlán no son catalogados como peligrosos o tóxicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relación con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compañía Minera Cuzcatlán ha promovido programas de desarrollo agrícola y pecuario en la zona, así como de reforestación; además de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones”.

Minera Cuzcatlán, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que “siguió todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboración con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigación concluyó que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo”. Además, la Minera Cuzcatlán recalca “que el talio, no esta presente en las características geoquímica de nuestros jales”, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que sí detectaron la presencia de talio.

Por su parte, la bióloga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripción de Intertek. “Es difícil de creer que un laboratorio proveedor líder en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso”. Explica que habría que pedir “los resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo”.

No se puede creer “en la empresa así nomás; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones”. Profepa es, al final, “el órgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente”, agrega la abogada Claudia Gómez Godoy.

Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de “las pruebas documentales que aportó el representante legal de la empresa Compañía Minera Cuzcatlán”, tal y como está registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recibía la Subdelegación Jurídica y ésta solicitaba una opinión técnica a la Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial. Esta opinión técnica era formulada a partir de la revisión de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Después regresaba al área Jurídica. Fue así como se tomaron las decisiones, con opiniones técnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatlán.

“Ninguna empresa va asumir que sí contaminó. Esas prácticas se prestan mucho a la corrupción”, señala la abogada Gómez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que actúe en consecuencia. “La carga de la prueba está con las empresas que tienen laboratorios a cargo”, puntualiza el investigador y concluye que “hay conflicto de interés; desafortunadamente son mecanismos de regulación que han sido diseñados para eso, para que haya impunidad”.

El equipo de esta investigación hizo la solicitud de entrevista al área de comunicación social de Profepa y fuimos atendidos por Rubén Jiménez; no obstante, nunca se garantizó una fecha para la entrevista y, hasta el punto final de esta investigación, no se recibió respuesta alguna de esta instancia.

16 comunidades bloquearon la carretera federal 175, en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart. También denunciaron la contaminación de Minera Cuzcatlán y la expansión hacia otras comunidades que no han sido consultadas ni informadas. Foto por Santiago Navarro F.

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El eterno suspenso de los pobladores

Las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las autoridades ambientales para atender este evento que les afectaba con la falta de agua potable y con problemas en la salud. “En ningún momento la Profepa, como instancia pública del gobierno federal, se acercó a las comunidades para brindarles información”, dice el abogado José Pablo Antonio, que asesora a las comunidades.

Aquino Pedro Máximo asegura que ellos nunca se enteraron de la presencia de estos metales. “No tenemos dinero para pagar nuestros propios estudios. Tampoco confiamos en las autoridades, porque parece que ellos trabajan para la empresa en la forma que se comportan. Están más preocupados de que la empresa pueda continuar con sus explotaciones y a ellos no les importa lo que sufrimos”, comparte.

La falta de información caracteriza la violación de derechos fundamentales, sostiene la abogada Gómez Godoy. “Si la gente de las comunidades no tiene información sobre la calidad del agua, pues se está violando una serie de derechos. Primero, el derecho a la información, pero también se viola el derecho humano al agua, a la salud. La información es fundamental para que se garanticen otros derechos”. Además, señala que “es necesario que Semarnat, Profepa y Conagua se adecúen a la nueva realidad de los convenios internacionales de Derechos Humanos que, en México, pasó a tener rango constitucional [desde 1992]”.

Las instancias de salud local tampoco recibieron aviso alguno sobre la presencia de los metales identificados o recomendaciones sobre las posibles afectaciones a la salud. Eiser Ariel Vázquez Salazar es médico coordinador de la Unidad Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social del municipio de Magdalena Ocotlán. Ha laborado desde hace seis años en esta comunidad. “Oficialmente no hemos tenido una protocolización con estas instituciones dedicadas a cuidar el ambiente, para saber cuáles son las conductas a seguir”, se queja.

Efrén Sánchez Aquino, síndico municipal de Magdalena Ocotlán, quien asumió el cargo en 2020, muestra su preocupación porque muchas personas se enfermaron. “Yo tuve diarrea y dolores de estómago por varios días. Hoy como autoridad la preocupación es mayor porque tenemos que velar por nuestra comunidad”.

En los últimos años, en especial después del derrame, el médico Vázquez Salazar confirma que notó un aumento de enfermedades de tipo intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales.

El equipo de este reportaje solicitó informaciones a la Regiduría de Salud del municipio de Magdalena Ocotlán sobre los números de casos y las enfermedades registradas en el municipio en los últimos cinco años. La autoridad de salud municipal sostuvo que no había registros de las enfermedades y orientó el equipo a solicitar directamente a la única unidad rural de salud del municipio, coordinada precisamente por Vázquez Salazar. En entrevista, sostuvo que en la unidad de salud no existen registros sistematizados de las enfermedades en el municipio.

Mediante solicitud de información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, igualmente cuestionada sobre los registros de enfermedades en Magdalena Ocotlán, no mostró registros en este municipio. También se solicitó información al Instituto de Salud para el Bienestar, que notificó su incompetencia para atender la solicitud, y orientó a que se solicitara información a la Secretaría de Salud de Oaxaca. Dicha dependencia no contestó a la solicitud de información y tampoco hizo caso a las quejas interpuestas.

“No hemos podido tener una valoración o un estudio que nos diga los impactos reales del derrame en la salud de la comunidad”, sostiene el coordinador de la unidad médica de Magdalena Ocotlán. No descarta la relación del aumento de estos padecimientos con el derrame y la actividad minera. “Constatamos que substancias del proceso minero alcanzaron el principal abastecimiento de agua de esta comunidad. Y este es un dato principal que no podemos descartar”.

Por otro lado, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, sostiene que el órgano no informó a las comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente porque le correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) avisar a las autoridades de salud para que tomaran medidas.

El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el presidente de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat, Daniel Quezada Daniel, quien fue asignado para dar seguimiento a los conflictos entre comunidades y la Minera Cuzcatlán. No obstante, no dio seguimiento a nuestra solicitud.

Indicios de contaminación en el colector de aguas pluviales de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Ubicado a 300 metros de Minera Cuzcatlán.

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La historia se vuelve a repetir

El expediente del caso sobre el derrame ocurrido en 2018 está oficialmente cerrado, mientras que las comunidades afectadas hasta el día de hoy desconocen cómo fue el desenlace de este derrame. Pareciera que el tiempo lo cura todo y estas comunidades simplemente pudieron haber olvidado lo ocurrido, pero el 13 de julio del año 2020 volvieron a detectar una nueva contaminación.

Cuando los pastores de Magdalena Ocotlán llevaban a tomar agua a su ganado a un colector de aguas pluviales –se encuentra a menos de 300 metros de las instalaciones de la empresa, en los márgenes del arroyo Santa Rosa–, se percataron de que el agua tenía un color rojizo y una lama blanca.

Dieron aviso a las autoridades del pueblo y estos presentaron una denuncia oficial ante la Profepa. La empresa inmediatamente dijo que no hubo ningún tipo de derrame y, por lo tanto, se deslindó de toda responsabilidad.

Nuevamente, las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después se presentó Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados. El equipo de este reportaje se encontraba presente en el lugar. El regidor de Obras, Francisco Rosario Valencia, le preguntó al funcionario si había o no metales pesados en su agua. “Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”, respondió el funcionario.

Metales encontrados en el colector de aguas pluviales de la Comunidad de Magdalena Ocotlán

Se le volvió a preguntar si sabía cuáles son las afectaciones de este metal y dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.

El informe técnico, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación, arrojaba la presencia de aluminio de hasta 27,337% arriba de las normas CECA para uso en protección de vida acuática en agua dulce. Lo mismo sucedió con el fierro, el cual excedió lo permitido hasta 900%. El nitrógeno amoniacal rebasó 413.33%. El oxígeno disuelto se mostraba por debajo de los límites ideales, “lo que indica carencia de oxígeno que limita el uso para protección de vida acuática”, dice el documento.

En el oficio que presentó el funcionario de Conagua exime a Minera Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una revisión ocular de sus instalaciones: “Con los datos obtenidos durante la visita de reconocimiento y las muestras de agua de 6 sitios (en colector de agua), no es posible establecer que el agente causante de una probable contaminación sea la Minera”.

Hasta la publicación de esta investigación, Profepa no ha comunicado cuáles fueron los resultados de los sedimentos. Este expediente sigue abierto. Sin embargo, la historia se repite. Las comunidades están alejadas de las acciones y decisiones tomadas entre empresa y las autoridades ambientales.

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