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Avispa Midia

Ruta de colisión: parque eólico amenaza comunidades en Bahía

Fuente: Avispa Midia

por Thomas Bauer

En portada: Don Antonino, ganadero de la comunidad de Fondo de Pasto de Bom Jardim, en Canudos (Bahía). (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

El polvo y el ruido ensordecedor atormentan a las comunidades conocidas en Brasil como Comunidades de Fundo de Pasto en las cercanías de las obras de Voltalia, una multinacional francesa que opera en el sector energético. La construcción de un complejo eólico entre los municipios de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha, en el interior de Bahía, tiene el potencial de causar un daño aún mayor, amenazando el modo de vida tradicional de la población y la preservación del ave conocida como Guacamayo de Lear, en peligro de extinción.

La página web de la multinacional afirma que se fundó en 2005 y está presente en 20 países, con el objetivo de “mejorar el medio ambiente global promoviendo el desarrollo local”. El principal accionista de Voltalia es Creadev – www.creadev.com -, una sociedad de inversión fundada por una familia francesa. Los Mulliez poseen 130 marcas, entre ellas Decathlon y Leroy Merlin, y sus ingresos anuales rondan los 100 mil millones de euros.

Desde que era un niño, Antonino Carvalho ha pastoreado ganado en “terra de eréu”, extensiones de tierra que nunca tuvieron dueño:

“Este lugar nos pertenece a todos. Ahora los cabrones lo han invadido todo y hemos perdido nuestro lugar en esta ‘terra de eréu’. Los de fuera nos están dejando sin futuro. En unos días más, sólo podremos criar gente porque se cría en la casa”, se lamenta.

El ganadero Antonino ha participado en varios documentales y ha dado su testimonio en varios libros sobre ganaderos. Hoy, a la edad de 66 años, está angustiado por el impacto de las obras de Voltalia en la región:

“El ganado no aguanta el ruido. El ganado se asustó y huyó. Ya hemos capturado animales que llegan a [el estado] Sergipe. Y no sólo una vez”, relata.

El drama de los pueblos tradicionales comenzó a finales de 2018, cuando la multinacional energética presentó ante el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos (Inema) la solicitud de licencia previa de instalación. También solicitó la autorización de gestión de la fauna para el complejo, compuesto por 97 aerogeneradores (turbinas que convierten la energía cinética del viento en electricidad) y once parques eólicos.

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El inicio de las obras para la instalación de las turbinas en las centrales Canudos I y II está afectando directamente a las comunidades de Bom Jardim, Angico, Toca Velha, Pedra Sozinha, Toca da Onça, Raso, Rio do Suturno, Alto Redondo, Barriguda, Rosário, Aroeira (Canudos) y Angico Silva (Jeremoabo).

Maria Pereira nació, creció y sigue viviendo en Toca da Onça, y dice que le asustó el repentino interés por las tierras de la región y la cantidad de gente extraña que deambulaba por la localidad.

Su familia sufrió acoso para vender la propiedad:

“Un muchacho estuvo allí. Habló con mis hermanos y les preguntó si no queríamos vender. No podemos vender porque es donde vivimos. Si vendemos, ¿a dónde iríamos?”, cuestiona.

Independientemente de las negativas, se está produciendo un gran movimiento de apertura de caminos y carreteras, de instalación de vallas en la región y de deforestación.

María Pereira y su familia aún se resisten a deshacerse de la tierra que heredaron (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

“Mucha gente ya ha vendido su ganado porque no hay otro lugar donde criarlo, ¿verdad? Si terminan de despejar el resto de la vegetación para cercar el bosque, se acabó. No habrá movimiento ni siquiera para el sustento del ganado y para nosotros, que dependemos de la ganadería”, dice María Pereira.

La expresión fundo de pasto tiene un significado similar al de fondo de pateo, donde hay pastizales. Los antiguos habitantes construían sus casas cerca de las fuentes de agua necesarias para la supervivencia. Y contaban con la parte trasera de sus casas que daban a grandes extensiones de terreno para los animales. Además, en estas tierras de uso común, cultivaban pequeños campos de frijoles, yuca, maíz y calabaza, entre otros alimentos.

La historia de los conflictos, a menudo ligados a la especulación, y la presión sobre las áreas de uso común de pastoreo consternan a los residentes que lograron unir la generación de ingresos con la preservación de la catinga (vegetación y ecorregión en el noreste brasileño), asegurando el equilibrio del medio ambiente durante casi dos siglos.

La disputa se intensificó en la década de 1960, con la participación del Estado. Siempre acompañados por el discurso de minimizar los efectos de la sequía en la región semiárida y promover el crecimiento económico, se crearon diferentes programas, entre ellos el Projeto Sertanejo.

Lo explica José Adelson, vecino de Alto Redondo:

“Fue un incentivo. La asignación de préstamos a los pequeños agricultores y productores, de hecho, se quedó sólo en el papel. Quienes accedían a ellos eran personas que no tenían actividad rural y desviaban los fondos. Invirtieron en otra cosa y adquirieron tierras. Una vez que compraban una pequeña área, rectificaban las zonas y empezaban a especular hasta encontrar un comprador”.

José Adelson sacando agua con una bomba manual para su granja. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

La financiación iba acompañada de la “ley del pie alto”, también llamada “ley de los cuatro hilos”. Se trataba de normas municipales que favorecían la ocupación de las tierras por parte de los grandes ganaderos. La nueva normativa obligaba a criar cabras y ovejas sólo en zonas delimitadas, para evitar daños en otras propiedades. En la práctica, la exigencia de cercar la tierra con cuatro hilos de alambre también preveía que los pequeños animales que la sobrepasaran pudieran ser sacrificados. Esto hizo inviable el modo de vida de los pueblos tradicionales de Fundo de Pasto.

“Sabemos que en la región semiárida las lluvias son localizadas. Por lo tanto, si no se dispone de una zona de pastos para la producción, a menudo la lluvia caerá donde los animales no pastan. Pero si lo tienes, se moverán libremente y no tendrás un rebaño pasando hambre y otro con la barriga llena”, garantiza Adelson, que insiste en criar su rebaño de cabras en un espacio cada vez más reducido.

Son principalmente las áreas de pastoreo, utilizadas por los residentes de las comunidades tradicionales de forma colectiva, las que garantizan la supervivencia de todos. En contra de esta realidad y costumbre, en cuanto Voltalia llegó a la región, publicitó una mejora de la vida con la creación de puestos de trabajo. Las cifras anunciadas estaban por debajo de la realidad y la disputa por los pocos puestos de trabajo creó divisiones internas en las comunidades. Según la publicación trimestral “Voltalia Informa”, de diciembre de 2021, se produjo la contratación de unas 400 personas, muchas de ellas procedentes de otras ciudades y regiones. Los empleados equivalen al 16,6% de los residentes de las comunidades tradicionales.

Hábitat de las guacamayas

Guacamayo de Lear en el criadero de Toca Velha dentro de la estación biológica gestionada por la ONG Biodiversitas (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

La iniciativa del proyecto Jardines del Guacamayo Lear es un ejemplo de generación de ingresos de forma sostenible. Junto con las comunidades, buscan alternativas viables a las acciones que degradan el medio ambiente. Según Marlene Reis, de 42 años, integrante del grupo, más de 120 familias participan en el proyecto. Las artesanías producidas se exponen y venden en dos tiendas propias y garantizan los ingresos de los participantes.

“Me preocupa mucho la intención de la empresa francesa de instalar un parque eólico exactamente en el lugar donde se encuentra el Guacamayo de Lear. Es en la región donde más vuelan las aves de un refugio a otro y a las zonas de alimentación” – dice Marlene, mostrando un mapa elaborado por el proyecto.

Mapa que muestra que los aerogeneradores están en las rutas de los guacamayos de Lear (Proyecto Lear Macaw Gardens)

Ante esta preocupación, los miembros del grupo buscaron a los representantes de Voltalia en 2019.

“Queríamos saber la proporción del parque. Y sugerimos que no estuviera en esta ubicación porque ni siquiera hace falta ser un científico para ver que hay una amenaza para nuestros guacamayos. Pero, desgraciadamente, nuestra opinión no fue respetada por la empresa” – dice Marlene, decepcionada.

La agricultora Maria Ribeiro tiene una pasión especial por el Guacamayo de Lear. Dice que no hay día en que no sobrevuelen su comunidad:

“A veces pasan dos, a veces seis. Siempre las veo moverse”, dice.

María comparte con ellos el maíz que siembra y garantiza que nunca los ha ahuyentado de sus cultivos, porque las aves forman parte de la naturaleza. Cuando se enteró de la posible instalación del parque eólico, pensó inmediatamente que los guacamayos serían los más afectados, así como otras aves.

El primer dibujo de un Guacamayo de Lear fue realizado por el ilustrador Edward Lear a principios de la década de 1830, en un zoológico de Londres. Pronto, los delicados rasgos que representan al ave llamaron la atención de zoólogos y biólogos, que desconocían su origen. Veintiséis años más tarde, el francés Charles Lucien Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón, fascinado por la imagen, describió con detalle la especie a partir de animales disecados. Este zoólogo denominó a la especie Anodorhycus leari. El misterio sobre el hábitat del guacamayo se mantuvo.

Caboclo es uno de los responsables de vigilar y proteger la estación biológica. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

Sólo en 1978, por tanto, unos dos siglos y medio después, el ornitólogo alemán, naturalizado brasileño, Helmut Sick1 se adentró en el sertão (región semiárida del nordeste brasileño), siguiendo las pistas dadas por los lugareños, y descubrió la especie amenazada en las laderas. La expedición de Sick contó con la ayuda de Eliseu Alves, padre de Eurivaldo Caboclo Alves, de 50 años, responsable de la estación biológica de la ONG Biodiversitas, en Toca Velha. Caboclo es uno de los encargados de preservar la zona y proteger la especie. Recuerda que cuando Sick llegó a la Fazenda Angico Descascado, donde vivía Eliseu, vio por primera vez seis guacamayos.

“Mi padre dijo que sabía dónde estaban y lo llevó a Toca”, dice.

Recomendaciones ignoradas

Ante las violaciones practicadas por la multinacional francesa, entidades como la Articulação Estatal de Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto, la Asociación de Abogados de los Trabajadores Rurales del Estado de Bahía, el Instituto Regional de la Pequeña Agricultura Apropiada, el Instituto Popular Memorial de Canudos, la Fundación Biodiversitas, la Comisión de Tierras Pastoriles y el Movimiento Salvemos las Montañas han solicitado al Ministerio Público del Estado (MPE) que tome medidas.

Entre las normas violadas por Voltalia se encuentra la no realización de la consulta previa a las comunidades como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la no realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la no divulgación del Informe de Impacto Ambiental (Rima, por sus siglas en portugués), exigido por la resolución 4.579, del Consejo Estatal del Medio Ambiente (Cepram) y requerido para el otorgamiento de una licencia en emprendimientos como éste.

Siete bases de las 97 torres eólicas de Voltalia en medio de la catinga. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

Las denuncias fueron aceptadas por el fiscal regional de Medio Ambiente de Euclides da Cunha, Adriano Nunes de Souza, y la fiscal Luciana Espinheira da Costa Khoury. Ante esto, el 19 de julio de 2021 se emitió la recomendación 01/2021, anexa a la investigación civil ya abierta. En ella, el MPE dice que es necesario reexaminar el proceso de concesión de licencias para suspender o cancelar la licencia medioambiental de Voltalia. También sugiere una consulta previa con las comunidades y recomienda que la empresa se abstenga de implantar el parque eólico.

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La multinacional francesa e Inema hicieron caso omiso de las recomendaciones y las obras se aceleraron. Recientemente, los vecinos de las comunidades fueron sorprendidos por un anuncio difundido por whatsapp, en el que la empresa informa:

“Hola residentes de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha. Voltalia informa de que las obras de los parques eólicos I y II avanzan hacia la fase final. Tras la finalización de la fase de cimentación, estamos iniciando la fase de montaje de las 28 torres eólicas, también llamadas aerogeneradores. Los aerogeneradores están formados por grandes componentes que pueden alcanzar los sesenta y cuatro metros de longitud. Así que esté atento a las grandes cargas que circulan por las carreteras”.

Indignados con la actitud y la falta de respeto de la empresa y de la agencia estatal de medio ambiente, los miembros de las comunidades tradicionales esperan que los tribunales concedan un amparo para suspender la obra, antes de definir la reubicación de la empresa en un lugar que cause menos impacto.


1 – Sick es considerado el principal científico brasileño del siglo XX. Antes, sin embargo, fue detenido por el gobierno brasileño, durante la Segunda Guerra Mundial, sospechoso de espionaje sólo por ser alemán.

Edición: Paulo Oliveira – Meus Sertões

Este reportaje forma parte de un trabajo conjunto entre CPT Bahia y Meus Sertões.

Publicado originalmente el 29 de marzo de 2022, en el site de la CPT Nacional. Traducido por Avispa Midia.

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Avispa Midia

En Chiapas, denuncian agresiones contra defensores de humedales

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Habitantes de San Cristóbal de las Casas exigen la protección de los humedales de montaña

El pasado jueves (14), personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión en San Cristóbal de las Casas que tenía el propósito de emitir la declaratoria de hábitat crítico de los humedales de montaña.

Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como “los motonetos”, impidieron el paso a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunirían con representantes de colonias para explicar la declaratoria.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial.

El primer día de abril, la Semarnat publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para alertar sobre estado crítico de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, “tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible”, además de la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.

El documento público hace referencia que el instrumento fue adoptado a partir de la lucha de la organización social que defiende los humedales La Kisst y María Eugenia, localizados dentro de la mancha urbana.

“Aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño”, reza el texto de Semarnat.

El pasado 26 de febrero, ambientalistas y representantes de las colonias y barrios solicitaron el cumplimiento y seguimiento del acuerdo de establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Esto, según la Semarnat, permitirá la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en los humedales.

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Ahora será facultad de la dependencia federal preservar, proteger y restaurar los humedales: prohibir la liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de sustancia tóxicas como plaguicidas; no permitir la contaminación del agua, así como tampoco el desarrollo inmobiliario dentro del polígono de hábitat crítico que comprende 220 hectáreas.

Agresiones

Después de la declaratoria, los activistas y ambientalistas lograron un espacio en la agenda de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, para reunirse con representantes de al menos 90 colonias y explicar el funcionamiento del mecanismo de habitar crítico.

El encuentro se planeó a discreción entre autoridades municipales, estatales y federales, pero el día del encuentro los policías se retiraron de la zona y un grupo de choque armado con machetes se colocó en el camino de la colonia FSTSE 2001, que colinda con el humedal María Eugenia, lugar acordado para el acto ambiental.

Las personas armadas dijeron que la declaratoria es para desalojarlos y mientras trataron de explicarles que la búsqueda es la conservación de las áreas, la situación se tensó. Hubo jaloneos, persecución, amenazas y agresiones físicas al académico de la Universidad Intercultural de Chiapas y ambientalista, León Enrique Ávila, que documentó el hecho con su teléfono celular.

“Es complicado hablar con gente que le han sembrado odio y que viene de manera muy agresiva”, relató y agregó que el grupo de choque no permitió la entrada de alrededor de 100 personas. Ávila cuenta con medidas del mecanismo de protección de defensores desde el año pasado, por la violencia que enfrentan como defensores y ambientalistas en los Altos de Chiapas.

Los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como “los motonetos”, que han invadido o son cómplices en actos ilícitos en las reservas ecológicas, también reconocidas como sitios Ramsar —por su importancia internacional—.

Luego de la tensión, la policía municipal detuvo a dos personas que fueron liberadas horas más tarde. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizaron al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria.

Por su parte, Albores González escribió en redes sociales: “El proceso de defensa del Hábitat Crítico de La Kisst y María Eugenia en Chiapas lo construiremos juntos a través del diálogo respetuoso. Diálogo, acuerdos y la defensa de la naturaleza guían nuestra acción. El agua de San Cristóbal de Las Casas es el bien superior a proteger”.

Humedales en riesgo

La defensa de los humedales siempre representó un peligro para los ambientalistas, pero desde 2020, la situación se agravó, por lo que dos representantes de 14 colonias cuentan con medidas de protección.

“De 2015 para acá tendremos alrededor de 10 incidentes graves en los que se ha puesto en riesgo la integridad de los defensores de los humedales”, agregó el investigador agredido.

Durante años, los defensores de los humedales han solicitado la historia traslativa de los terrenos, pero es negada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahora se enfrentan a la amenaza de los grupos criminales de la zona que ya están involucrados en el deterioro de las zonas de conservación.

Humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Los humedales de montaña surten de agua al 70 por ciento de la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y albergan especies endémicas como el pez popoyote, además son refugio de aves migratorias y residentes.

Este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la falta de protección de los humedales por parte de autoridades federales, estatales y municipales y emitió la recomendación 18-2022.

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Se trata de 115 hectáreas de los humedales de la Kisst y las 110 de María Eugenia, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad turística que crece precipitadamente, por lo que urgen soluciones para evitar la pérdida total.

“Están contaminando los humedales y están generando no solo un problema de salud pública para los que vivimos alrededor sino para los habitantes de la ciudad. Pedimos que acepten ser reubicados; nosotros queremos que se conserve lo que queda de los humedales”, dijo Ávila.

El académico dijo que la titular de Semarnat se retiró tras el incidente, pero el encuentro se logró con representantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); además de María del Rosario Bonifaz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y quien no aceptó las recomendaciones previas de la CNDH sobre este caso.

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Avispa Midia

Гватемала | Los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina.

Texto e imágenes por The Store Project

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.


La filtración de 8 millones de expedientes, comunicaciones y archivos internos de la minera ruso suiza Solway y sus operaciones en Guatemala con el proyecto minero Fénix, revelan como a los empresarios guatemaltecos y rusos no les supuso ningún problema hacer negocios con las empresas propiedad del jefe de uno de los carteles del narcotráfico en el país como son Los Mendoza, una organización criminal considerada como una de las más peligrosas en Guatemala.

Varios documentos obtenidos por Forbidden Stories prueban la relación entre Los Mendoza y la mina.

En uno de los documentos de “novedades” de la seguridad de la minera, el 5 de enero de 2016 se le informa al Gerente de Seguridad General que no hay ningún incidente. El informe va con copia a Sergei Viktorovich Nosachev, gerente de la empresa. Nosachev es el mismo ejecutivo que en 2020 escribió una carta al presidente Giammattei solicitándole que reforzara las medidas de seguridad en El Estor.

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En el registro se reporta el ingreso a la Planta Procesadora de vehículos tipo góndolas cargados con carbón a las 6:15 de la mañana. Una hora después salieron cargados de “mineral granel” rumbo al Puerto Santo Tomas de Castilla.

A las 11:35 am, Julio Rodríguez agente de la Policía Nacional Civil (PNC), visitó durante 10 minutos al subgerente de seguridad de la empresa, Otto Vinicio Ríos Ralda. El agente Rodríguez iba acompañado por 4 agentes más en la radiopatrulla IZA-074. Ríos Ralda es un capitán en retiro del ejército, encargado de la seguridad de CGN desde 2007.

Walter Obdulio Mendoza Matta. Crédito: Prensa Libre.

Por la tarde se registra la llegada a la planta procesadora del señor Walter Obdulio Mendoza Matta, acompañado de tres hombres conducidos en el vehículo de la empresa Constructora OM, un picop agrícola placas P-609FLJ a nombre de Walter Mendoza que al 2022 siguen vigentes. Eran las 14:30 horas cuando Anatoly Fomenko los acompañó a una de las bodegas de Pronico.

El nombre de Walter Obdulio Mendoza Matta genera la admiración o el temor de muchas personas: él y sus hermanos forman parte del cartel de “Los Mendoza”, que según el portal  Insightcrime es uno de los carteles del narcotráfico que tienen el control de los departamentos de Petén e Izabal.

Según documentos internos de la minera, una de las empresas de Walter Mendoza es la Constructora OM, una de las contratistas de CGN-Pronico durante los años 2015 y 2016. Esta empresa recibió por lo menos 7 contratos de construcción, firmados entre Walter Obdulio Mendoza y del ciudadano ruso Sergei Nosachev, gerente de la empresa.

En la filtración destaca una nota de servicio de Pronico de marzo de 2016, en la que hay una solicitud de balastreo de una calle por Q139,152 (unos US$ 19,000). Esta es una solicitud del gerente de asuntos comunitarios, Maynor Giovani Álvarez Mai, militar retirado del ejército, para la empresa de Walter Obdulio Mendoza Mata, que fue aprobada por Mario Fernando Vega, gerente administrativo, y Sergei Nosachev, director general de la empresa.

Los Mendoza realizaron la construcción de obra en los barrios La Unión, La Coroza, Zapotillo, Sinahí, El Boquerón y El Esfuerzo. Al finalizar los contratos, la minera presentaba públicamente las construcciones como parte de la obra social de Solway en las comunidades indígenas. Al mismo tiempo que el cartel despojaba las fincas de grupos de campesinos en el departamento Petén, fronterizo con México, desarrolló por lo menos 7 contratos de construcción con la minera en El Estor.

El último de los contratos fue firmado el 9 de marzo de 2016, dos meses antes de que Walter Obdulio Mendoza Matta, el jefe del cartel, fuera detenido en un operativo policial en una de sus casas en Morales, Izabal. La detención se confirmó en una sala de prensa del MP en el Barrio Gerona de en la ciudad de Guatemala. El fiscal general en funciones Arturo Archila, el ministro de Gobernación Francisco Rivas y el Comisionado Internacional de CICIG, Iván Velásquez Gómez, fueron los encargados de anunciar su detención, así como la de sus hijos y otros integrantes del cartel. A este caso se le conoció como Génesis.

Al mismo tiempo que desarrollaban varios de los contratos de construcción para la compañía minera y los rusos en El Estor, Los Mendoza se encargaban de despojar 28 fincas de campesinos, haciendo uso de los grupos armados que también le sirven para el cartel. CICIG reveló que las tierras despojadas luego eran legalizadas por la estructura de Walter Obdulio Mendoza a través de abogados y funcionarios públicos.

Red diseñada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), caso Génesis.

En mayo de 2019 el jefe del cartel y propietario de la Constructora OM finalmente fue condenado a 8 años de prisión por el delito de usurpación agravada. Por lavado de dinero y otros activos, 8 años más y una multa de Q3 millones 185 mil 585, unos USD 414 mil dólares. Sus hijos William Alfredo y Jeffrey Obdulio y su hija Mariana Isabel fueron condenados junto al jefe del cartel por lavado de dinero. El tribunal de mayor riesgo B de la ciudad de Guatemala, condenó a otros 6 integrantes de “Los Mendoza” por Génesis. Las celdas improvisadas por el Sistema Penitenciario en el interior de unas de las bases militares del ejército, sirven ahora como resguardo de quienes libremente recorrían el país y el mundo.

Previo a estas condenas, los integrantes de la familia Mendoza diversificaron los negocios. También participaron en partidos políticos, como FCN-Nación, con el que ganó las elecciones presidenciales Jimmy Morales Cabrera en 2015 y también participan con la UCN de Mario Estrada, condenado en los Estados Unidos por narcotráfico y señalado de idear un plan para asesinar a la ex fiscal general Thelma Aldana, a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, y otros operadores de justicia en 2019.

Seis años después de la detención de Los Mendoza, María Consuelo Porras, fiscal general del MP tras la expulsión de la CICIG en 2019 y el desmantelamiento de la FECI en 2021, ha encontrado el escenario ideal para perseguir penalmente a fiscales e investigadores de éstas dos instancias, como a Leily Indira Santizo Rodas, exmandataria de CICIG quien participó de la investigación que permitió el encarcelamiento de la familia Mendoza.

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En la arremetida de Porras y Giammattei contra jueces independientes, investigadores de CICIG y fiscales de la FECI, Los Mendoza desde la prisión de la Brigada militar Mariscal Zavala realizaron amenazas e intimidaciones contra Leily Santizo y sus abogados.

El territorio de Izabal nace frente al Mar Caribe y hace frontera con Cortés, Santa Barbara y Copán del vecino Honduras, su posición geográfica lo convierte en una de las principales rutas del narcotráfico proveniente de Colombia y Venezuela. En el subsuelo de este extenso territorio subyacen  yacimientos de níquel y tierras raras en la mira de las operaciones de Solway con CGN-Pronico y una segunda empresa rusa TelfAg con Mayaníquel, la posición del departamento y sus puertos es geoestratégico para ambos negocios, en especial para el Estado ruso tal y como lo expresó Alexander Khokholikov embajador de Guatemala en Moscú desde el 2018.

Este texto forma parte de la investigación Mining Secrets, en la que participan 20 medios y 65 periodistas del mundo.

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Oaxaca | El Rebollero cumple seis días bajo ataque de paramilitares

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.

La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.

De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.

“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.

En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.

Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.

Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.

El conflicto

En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.

Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.

En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.

El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.

Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.

“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.

Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.

La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.

Ver también: Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada en el caso del asesinato de Simón Pedro

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

18 de abril de 2022

Boletín No. 14

 

Justicia para Simón Pedro Pérez López

 

  • Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada por la defensa del acusado de ser el asesino material de nuestro compañero.

El pasado 28 de marzo de 2022, se suspendió la audiencia de etapa intermedia debido a que la defensa del acusado solicitó diferirla para realizar una propuesta de procedimiento abreviado (en donde el acusado admita su responsabilidad). Seguimos en espera de fecha para la celebración de la audiencia intermedia en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio un plazo de diez días para que se valorara la propuesta por parte de la representación legal que encabeza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto a la familia de Simón Pedro y la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal). Este tiempo ha sido de reflexión colectiva, consideramos que la estrategia de procedimiento abreviado propuesta por la defensa del acusado de ser el asesino material de Simón Pedro atenta contra la verdad, la justicia y las pruebas aportadas tanto por equipo del Frayba, como por la familia de nuestro compañero asesinado.

La propuesta de la defensa implica que el delito sea reducido a un homicidio simple, lo que omite el carácter de ejecución sumaria y la vinculación del hecho al trabajo de defensor de derechos humanos que realizó Simón Pedro en la región de Simojovel, Pantelhó y Chenalhó en medio de un contexto de violencia generalizada auspiciada y permitida por el Estado mexicano; esto es, en los hechos del asesinato quedarían exentos tanto la alevosía como la ventaja, además de omitir el trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia que implicó la planeación de la ejecución con arma de fuego.

No nos cansaremos de hacer hincapié en que el camino emprendido por Simón Pedro ha sido de luz en medio de una profunda obscuridad, por eso lo reivindicamos desde la memoria por su compromiso como catequista, padre, hermano, esposo, hijo y defensor de derechos humanos. Su mirada profunda y llena de esperanza fue el reflejo de su decisión de luchar por defender la vida y caminar junto a los pueblos para denunciar la injusticia e impunidad.

Junto a Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro seguiremos exigiendo al Estado mexicano una investigación exhaustiva que abarque a los autores intelectuales de su asesinato, exigimos también que retome lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de defensores de derechos humanos asesinados: “las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y sus actividades para identificar los intereses que podrían haberse visto afectados en el ejercicio de las mismas, a efectos de establecer y agotar las líneas de investigación que tengan en cuenta su labor, determinar la hipótesis del delito e identificar a los autores.[1]  

La vida de Simón Pedro será alegría para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos construyendo La Otra Justicia, desde el no olvido, la memoria y la verdad, exhibiendo la muralla de impunidad que el gobierno mexicano ha impuesto, construida desde la permisividad del contexto de violencia que cubre la región de Los Altos de Chiapas.

Desde este pequeño espacio de luchas profundas que representa Chiapas, abrazamos a todas las familias de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en nuestro país, les decimos que seguimos luchando a su lado porque estos crímenes no queden en la impunidad y por hacer que en este mundo existan espacios para la justicia y la dignidad.

 

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[1]    Corte IDH. Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de septiembre de 2018. Serie C No. 361. Párrafo 47.

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radio
Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos

Acción Urgente: comando armado lleva seis días atacando a la comunidad de El Rebollero, Cuatro Venados, Oaxaca

16 de abril del 2022

Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación en general

Denunciamos que este sábado 16 de abril se cumplen 6 días consecutivos de hostigamiento, por parte de un grupo armado de más de 30 personas, proveniente de la comunidad de Culilápam de Guerrero, quienes han disparado hacia la comunidad de El Rebollero. Incluso, la Guardia Nacional y policía del estado de Oaxaca, subió este mismo sábado a las 12:50 am y se retiró 13:03 pm, permaneció menos de una hora y, entabló comunicación con las personas que han disparado contra habitantes de nuestra comunidad, El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados. Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó

Cabe señalar que, en meses pasados, el gobierno de Oaxaca, a través de Junta de
Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, nos llamó para entablar un diálogo con
autoridades vecinas de Culilápam de Guerrero, para tratar el tema de nuestras tierras que, sostienen, les pertenece. Nosotros como comunidad decidimos participar en este dialogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de dialogo se suspendía.

Nosotros, nosotras, como comunidad El Rebollero, estuvimos abiertos a compartir la
palabra, porque pensamos como nos han enseñado nuestros ancestros, que la palabra vale. El rompimiento del diálogo no solo viene del gobierno, sino que también, de la  comunidad de Cuilapam de Guerrero y del municipio de San Pablo Cuatro Venados al desconocernos.

Además, no solo han traicionado su palabra, sino también a sus propios paisanos de su
comunidad, ya que uno de los objetivos de ocupar nuestras tierras es, la explotación minera, a la cual nos hemos opuesto. Mientras pidieron tregua, estos meses, sin permiso ambiental, comenzaron a realizar exploraciones en una de las tres concesiones mineras que hay en nuestra comunidad. El arroyo que cruza por nuestros poblados y, que tiene como final la comunidad de Cuailpam, ya ha mostrado pigmentaciones de contaminación y esto, no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas.

Vemos una vez más que el gobierno, tanto estatal, como federal, está respaldando a este
grupo de corte paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar
con la explotación minera. Dejamos claro que no cederemos ni un milímetro de nuestro
territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque.

Estos pistoleros están disparando directo hacia los hogares donde hay mujeres y niños.
Responsabilizamos al gobierno de Oaxaca, que encubre y respalda a este grupo armado de
corte paramilitar, así como al gobierno federal, de la escalada de violencia hacia la
comunidad de El Rebollero. También Responsabilizamos a las autoridades de Culilápam de
Guerrero y San Pablo Cuatro Venados y los políticos involucrados, del saldo que pueda
tener esta incursión paramilitar en nuestro territorio.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar estos
atropellos y violación a nuestros derechos humanos y como pueblo zapoteca.

A los medios de comunicación, convocamos a una conferencia de prensa, para este día 20
de abril, a las 2.30 pm, en la Alameda de León, en el centro de Oaxaca. En el marco de la
Caravana por el agua y la vida donde estaremos detallando estas agresiones.

Atentamente
Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos
¡Nunca más un México sin nosotros¡

radio
Noticias de Abajo.

Día 21. Caravana por el agua y la vida. Huexca y Amilcingo, Morelos: la imposición del PIM no las derrota.

Entre las comunidades de Morelos que son atravesadas por el Proyecto Integral Morelos se encuentra Huexca y Amilcingo, en el día 21 del recorrido de la Caravana, se visitó ambas comunidades, las dos rechazaron tajantemente la instalación de este megaproyecto, sin embargo el gobierno lo impuso con la justificación de una consulta ilegítima y la descalificación de los luchadores sociales de la región entre el que destaca Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019 por su ardua labor de oposición.

La primera parada fue en la comunidad de Huexca, la termoeléctrica se erige en medio de campos de cultivo y casas humildes que contrastan a la enorme estructura industrial, con una entrada que parece un fuerte de guerra más que una central eléctrica, el personal de vigilancia y técnicos que se pudo observar llevan consigo rifles de alto calibre, la fuerte militarización responde al nulo apoyo que tiene de la población circundante y la imposición autoritaria, ya el presidente había dado su palabra durante la campaña de que esa termoeléctrica no se terminaría pero traicionó y termino descalificó a los activistas de la región como lo ha hecho con las personas que no concuerdan con su proyecto de gobierno.

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Democracy Now!

Necesitamos un estándar universal de justicia, desde Ucrania hasta Afganistán

Amy Goodman y Denis Moynihan

A principios de abril, salió a la luz un impactante video que revela el brutal asesinato de civiles por parte de un ejército de ocupación. Pero es un video del año 2010, no de 2022; los sucesos que muestra sucedieron en Irak, no en Ucrania y los soldados eran estadounidenses, no rusos. El 5 de abril de 2010, el sitio web de denuncias Wikileaks divulgó un video militar clasificado de Estados Unidos al que denominó “Asesinato colateral”. Había sido filmado el 12 de julio de 2007 desde un helicóptero de artillería Apache de las fuerzas armadas estadounidenses que estaba disparando contra una multitud de personas en la ciudad de Bagdad. En el ataque murieron dos empleados de la agencia de noticias Reuters que se encontraban en la calle, justo debajo del helicóptero, y al menos otras ocho personas; dos menores resultaron gravemente heridos. En el video también se puede oír cómo los soldados estadounidenses se ríen y profieren insultos mientras cometen la masacre, así como transmisiones de radio que autorizan los ataques desde la cadena de mando. Al final, solo se procesó a un militar estadounidense por este hecho: la soldado del Ejército Chelsea Manning fue juzgada por un tribunal militar, no por participar en ese ataque contra civiles, sino por revelarlo al mundo.

El video “asesinato colateral” y la serie de documentos que Manning subió a Wikileaks —registros clasificados de las guerras de Irak y Afganistán— describen, en una jerga militar fría, numerosas atrocidades cometidas por Estados Unidos.

En los doce años que han transcurrido desde que se publicó el video, varios conflictos bélicos —y los crímenes inevitables que los acompañan— han hecho estragos en diversas partes del mundo, desde el Congo hasta Sudán, desde Etiopía y Tigray hasta Libia, desde Yemen hasta Birmania y Papúa Occidental, por nombrar solo algunos. En Ucrania, hay un nivel de registro sin precedentes en video y fotografía, así como en imágenes satelitales y de drones que se publican de manera instantánea y se comparten a nivel mundial.

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Avispa Midia

Crisis climática avanza hacia 3 grados

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Aún si se cumplieran con todas las medidas de reducción de carbono, puestas en marcha hasta finales de la década de 2020, el mundo seguirá calentándose hasta 3,2 grados centígrados al final de este siglo con catastróficas consecuencias.

Así lo alerta la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por científicos de todo el mundo quienes insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

De no lograrlo, haría que nuestro planeta se viera afectado por olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras y escasez de agua generalizada.

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Ahora o nunca, es el tono de diversos autores del informe para tomar acción y evitar la catástrofe climática. “Tenemos que alcanzar el máximo de emisiones de GEI antes de 2025 y, después, reducirlas muy rápidamente”, detalló Heleen De Coninck, catedrática de Innovación Socio-Técnica y Cambio Climático en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y una de los miles de científicos que elaboraron el informe.

Destaca que la publicación del informe se retrasó porque representantes de distintos gobiernos discutieron temas como la financiación de la reducción de emisiones en el mundo en desarrollo, así como la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los científicos subrayaron que el resumen final fue aceptado por 195 gobiernos.

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Avispa Midia

Foto reportaje: Miles de indígenas de Brasil sostienen manifestaciones por 10 días

Fuente: Avispa Midia

Representantes de 200 pueblos originarios de Brasil viajaron hasta Brasilia, la capital de este país, para sostener manifestaciones del 4 al 14 de abril, contra la política anti indígena que ha marcado el gobierno de Jair Bolsonaro.

Durante el Acampamento Tierra Libre, como ha sido bautizado este conjunto de acciones, afirmaron que el gobierno de Bolsonaro “no demarcó ni un milímetro de tierra indígena”, lo que significa que durante su mandato no ha reconocido, oficialmente, ningún territorio ancestral. El recurso jurídico con el que se debe reconocer estas áreas es “la demarcación”.
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