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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Fuga de petróleo en un pozo al norte de Veracruz donde las instalaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona se encuentran abandonadas. El derrame afecta tierras y fuentes de agua de las comunidades circundantes. Foto: Regina López.

Son diversos los casos en México que dan cuenta de un incremento de la violencia desplegada en contra de poblaciones campesinas e indígenas para dar paso a la imposición de megaproyectos. Es en este escenario donde se inserta el análisis que comparten habitantes del norte de Veracruz, en la región del Totonacapan, sobre la vinculación que existe entre tres actores que consideran fundamentales para el despojo de los territorios: empresas, Estado y crimen.

En voz de Óscar Espino, activista y defensor de derechos humanos en Veracruz, acompañante de colectivos de personas buscadoras e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), la denuncia señala la lógica de terror impuesta por parte de estos actores, con la intención de inmovilizar a la población y, así, evitar la organización y resistencias comunitarias.

Según la reflexión de las comunidades del Totonacapan, la violencia de estos tres actores promueve el vaciamiento de sentido de los territorios para el despojo multidimensional: el territorial, económico, organizativo y político, entre otros, para con ello catalogarlos meramente como zonas de extracción.

“No puedes luchar con una lógica de terror impuesta sobre tu territorio, por ahí está la lógica de geoterror”, sostiene Espino y lo ejemplifica con el caso del norte de Veracruz, una región sumida en actos violentos como las ejecuciones y desapariciones, enmarcada como una zona prioritaria, histórica y actualmente, para la extracción de hidrocarburos.

Para Óscar Espino, la finalidad de las estrategias de geoterror es quitar del camino a las comunidades, quienes “estorban” ante los planes para imponer megaproyectos de “desarrollo”.

La región del norte de Veracruz es atravesada por múltiples megaproyectos que buscan explotar fuentes de agua, como el Proyecto Trasvase de Pánuco que pretende extraer el líquido con destino a estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León.

También pretende dar continuidad con la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales, como la fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en esta región se han fracturado 3,358 pozos.

Foto: Regina López

A esto se añade las afectaciones en los ecosistemas del Golfo de México por el paso del gasoducto Puerta al sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con infraestructura al sur de Texas, para la exportación de gas natural proveniente de EEUU y Canadá.

Acorde al testimonio de Espino, la actuación de las empresas, Estado y crimen tiene como objetivo transformar la vida del campesino, al cual necesitan como cuidador, promotor y sometido al megaproyecto. De acuerdo al análisis, esto lo consiguen no solo mediante la violencia. “Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo”, subraya el activista sobre las condiciones que limitan la articulación y organización comunitaria para la defensa de los territorios en esta zona del país.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Puebla durante el 2023. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos de resistencia en la Sierra MazatecaSonora, el Istmo de TehuantepecMichoacán y Quintana Roo. A continuación, presentamos extractos de la conversación con Óscar Espino.


Avispa Mídia (AM): Durante las reuniones con delegados del CNI compartiste algunos elementos de la reflexión que realizan desde el norte de Veracruz sobre lo que llaman estrategias de geoterror, ¿podrías platicarnos más acerca de ello?

Óscar Espino (OE): El análisis lo hemos hecho de manera colectiva, entre los pueblos y las comunidades, las organizaciones de ahí en el Totonacapan. Primero no nos dábamos cuenta cuáles eran los mecanismos que tenían, tanto el Estado, como las empresas, como el crimen organizado para actuar en nuestros territorios, pero de estos tres actores veíamos que había una lógica de meter miedo a las comunidades.

Nosotros los veíamos aislados, como el crimen organizado haciendo su propia chamba, diciendo que ellos se dedicaban a la cuestión del narco; a las empresas haciendo sus planes de megaproyectos de hidrocarburos y al Estado haciendo las leyes y las cuestiones de hostigamiento y de represión, o señalamiento de las comunidades.

Pero cuando empezamos a profundizar en el análisis, pues nos dimos cuenta que, más bien, hay una sinergia, un maridaje entre estos tres actores y otros actores de poder en la región, como cacicazgos locales que están enquistados en las comunidades campesinas e indígenas que funcionan también como mecanismo de aglutinamiento de estos tres actores que meten terror y miedo a las comunidades.

AM: ¿Cuáles son los efectos en los territorios del Totonacapan derivados de estas estrategias de geoterror?

OE: Para las comunidades ha sido muy difícil ver cómo se empieza a renombrar su territorio. Deja de ser el Totonacapan para convertirse, por ejemplo, en territorio Zeta; en campo estratégico de extracción de hidrocarburos como el “Aceite Terciario del Golfo”; en zonas de amortiguamiento para un proyecto estratégico, en rondas de exploraciones y extracción de hidrocarburos. Nombrar el territorio de un modo, también da sentido para vivir en él. Ese renombrarse es también un especie de vaciamiento del territorio. Lo que nosotros decimos es que hay una sinergia de estos actores, tanto del Estado, como del crimen organizado, como de las empresas, de vaciar el territorio del corazón y del pensamiento. La cosa no es que no estemos en el territorio, sino que estamos perdiendo vínculo con él y ese vínculo se está perdiendo por esa lógica del terror.

Nosotros vemos otros pueblos que se levantan y luchan, pero no es lo mismo una comunidad, a la que ahorita le llega la minera, con toda la información que tiene y que puede plantarse frente a la minera, al Totonacapan que tiene 120 años de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que significa es que habemos generaciones, hay incluso abuelos, bisabuelos que nacieron ya con pozos en sus comunidades, con un despojo de inicio, de no sentirse dueños, porque los primeros que estaban fueron desplazados y a ellos se les ha relegado a vivir en espacios de convivencia o de conflicto permanente con la exploración y extracción de hidrocarburos.

Te estoy hablando que los primeros pozos fueron a inicios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 100 años de exploración y extracción de hidrocarburos, pero además de una lógica económica asociada a la vida de los hidrocarburos. Los abuelos veían las chapopoteras, como brotaba naturalmente el hidrocarburo, pero no imaginaban nunca la devastación. Salían a la calle, fascinados de ver las máquinas que llegaban, pero empezaron a ver la destrucción cuando debajo de sus casas o donde pretendían hacer su parcela, o su milpa, empezaron a ver una red de ductos. De manera que se empezó a limitar el control territorial y la decisión que los pueblos tienen sobre su territorio.

La cuestión aquí es cómo sus vidas se vieron amenazadas por la propia permanencia de los ductos de las empresas de Petróleo Mexicanos (PEMEX), en un principio, pero además del riesgo permanente.

Hay comunidades que tienen, por ejemplo, centrales de turbinas con un ruido ensordecedor, de manera que en toda la comunidad, para poderse hablar de tú a tú, se tenían que gritar. Es un sistema de privaciones y de riesgos que empieza por la salud misma.

Gente con problemas de salud muy fuertes por el gas venteado en la zona que no tiene regulación y que el Estado simula diciendo que está en los parámetros controlados de emisión de gases a la atmósfera, cuando es totalmente falso. Eso, asociado a una red de ductos de infraestructura para la extracción de hidrocarburos que implica el uso del agua. Por ejemplo, comunidades que no tenían agua y entonces Pemex llegó y les metió el agua; pues decían, “qué chingón”, pero eso ha precarizado tanto, de manera que ahorita ya no tienen, porque el agua se usa para las instalaciones de hidrocarburos.

Pozo de agua contaminado por fugas de petróleo en el norte de Veracruz. Foto: Regina López.

Y todo un sistema de control también asociado al territorio. Primero, la depreciación de la vida campesina y, por otro lado, el alza de los precios de sus territorios. Entonces dicen ellos, “¿a ver, cómo?, no sirve mi territorio para sembrar, pero luego ¿llegan las empresas privadas?”.

Porque empezó a llegar gente de fuera, contratada por Pemex y otras empresas para hacer recorridos por las montañas, los valles y los territorios de los pueblos para ubicar zonas de exploración.

Nosotros supimos, desde un centro de derechos humanos, que drogaban a las personas para que aguantaran las jornadas infrahumanas, a un calor de más de 40 grados en el Totonacapan, y que fueran a ubicar los pozos. Después de eso, el trabajo que les dieron a los compas no es el trabajo de ingenieros y de petroleros, es limpiar los lodos, que es el trabajo más insalubre y depredador de la salud de los pueblos.

AM: Platicabas acerca de los métodos violentos para el despojo de los territorios, pero tambien acerca de otras estrategias que no implicaban el uso de la fuerza, ¿podrías darnos algunos ejemplos?

OE: Los pueblos implican una amenaza para la lógica del megaproyecto. A esta lógica, no solo estorba la relación del campesino con el territorio, sino el campesino siendo campesino. Necesitan al campesino siendo otra cosa, siendo cuidador de su megaproyecto, siendo promotor del megaproyecto, siendo súbdito del megaproyecto, siendo sometido al megaproyecto. Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo. Se impone una hegemonía, le llaman “suave”, una hegemonía impuesta sobre los pueblos de manera que les convencen, desde la precariedad de la vida campesina, indígena, abandonada por el sistema de Estado, y entonces llegaban las empresas y decían “¿cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes aquí ahorita?”.

Y se inventaron un programa que se llama Programa de apoyo a la comunidad y el medio ambiente (Pacma), ¡imagina!, la depredación hablando de apoyo a la comunidad y del medio ambiente. Pues con ese programa, ofrecían obras. Entonces llegaba un compañero defensor de derechos humanos y decía a las personas de los pueblos “no, compañeros, los están engañando”, pero eran solo palabras. Mientras los del programa llegaban y decían “aquí está” el recurso para la obra.

Eso metió la lógica de las empresas a las comunidades, ya no el conflicto fuerte, en donde las comunidades se plantaban frente a los pozos, porque las que se plantaban empezaron a ser criminalizadas. La negociación era inducida y sometida, ni siquiera era negociación, era un sometimiento.

Esa lógica empezó a meter el terror en la comunidad, el miedo de vivir en su territorio pensando que el día siguiente serían sacados o que el día siguiente iban a explotar, o que al día siguiente iba a haber un derrame, o que al día siguiente iba a haber un incendio, o que al día siguiente, al ir a su pozo, en vez de agua, irian sacar natas de crudo, o que iban a ver uno de sus animales muertos, porque en el arroyo donde estaba consumiendo agua, hubo un derrame. Es el miedo permanente a morir.

AM: ¿Cómo se da la participación del capital privado en este entramado para imponer la lógica del terror?

OE: Empezaron a aparecer los gestores de las empresas privadas, que eran contratadas por Pemex, por contratos de subrogación de actividades que Pemex no podía hacer. Esta transición fue cambiando de manera que, primero, veías solo a Pemex y después empezamos a contar hasta más de 40 empresas privadas. Los que llevan los ductos, los que llevan los líquidos, los que llevan los químicos, los que hacen la exploración, los que meten los fierros, los que lo quitan; cada empresa dentro de su propia lógica y cada uno deslindándose de la responsabilidad. Ya no sabías con quien pelearte.

Empezó a haber seguridad privada de las empresas y, después de eso, empezamos a ver cómo, a la par de que empezaban a introducir el megaproyecto, se empezaba a introducir la droga y el crimen organizado. Lo que no sabíamos es que el objetivo era desplazar a familias completas, desplazar a comunidades completas, desplazar a actores concretos de las comunidades, meter miedo, para imponer una lógica de terror.

No entendíamos si estaba vinculado al megaproyecto. ¿De qué nos defendemos? ¿del crimen organizado que empieza a llegar a nuestro territorio?, ¿nos defendemos del megaproyecto?, o ¿de la empresa que nos está jodiendo?, o ¿saneamos nuestro arroyo?, ¿nos cuidamos del gas que está venteándose?, o ¿sanamos nuestros oídos?. Esa es la lógica del terror.

AM: ¿En que circunstancias atestiguaron la vinculación del crimen con el Estado?

OE: Cuando empezamos a relacionarnos con otros colectivos de familias defensoras y buscadoras (de desaparecidos), empezamos a encontrar lógicas muy raras, porque nosotros andamos defendiendo el territorio para pedir que los pozos no dañaran y ellas andaban (buscando) entre los pozos.

Porque de estos miles de pozos que hay en el Totonacapan, la mayoría está en desuso. Son pozos viejos, de yacimientos que ya fueron explorados o ya fueron explotados y que tienen poco (hidrocarburos) y no les es redituable hasta que metan para hacer fracking, pero ahí está la infraestructura petrolera.

Por ejemplo, había uno que parecía un hotel. El crimen organizado ahí hacia sus reuniones. No se lo dieron a la comunidad que lo pidio para que hiciera su bachillerato, pero sí dejaron que el crimen organizado ocupara su territorio. Entonces, decíamos, “esto no es lógico”, ¿cómo el crimen organizado llega y hace una cocina?, -así le llaman a un centro de exterminio-, en una de las zonas de Pemex, y Pemex tiene seguridad y las empresas tienen seguridad y no pasa nada.

La gente de la comunidad nos decía, años después, veían que dejaron de ocuparlo, llegaban a barrerlo y hacían montones de tierra. Aventaban todo y ahí iban restos de carros, de cosas que se robaban y restos humanos, los botes con los hoyos donde ahí deshacían los cuerpos. Es una lógica perversa.

AM: Mencionaste que el despojo no es solo del territorio, ¿cuáles son esas otras expresiones? 

OE: Hay un despojo económico con el modo de depreciar la vida campesina y, al mismo tiempo, especular sobre ella, del endeudamiento de la gente, del préstamo.

Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Foto: Regina López

Hay un despojo organizativo a la hora de quitarle la fuerza a la Asamblea y a sus autoridades. Un despojo político porque ya la gente ahorita no puede decidir sobre su propio territorio. Si hay un ducto y lo primero que te encuentras en tu parcela es un anuncio de “no cavar”, entonces, ¿cómo le hago?, y en la siguiente parte de tu parcela, el derrame de crudo que no puedes tú limpiar, ¿cómo lo limpias?.

AM: ¿Cómo las empresas se articulan para el despojo de los territorios con otros actores?

OE: Las universidades públicas estaban haciendo alianzas con las empresas y con Pemex para hacer contratos de colaboración para el despojo. Si quiere seguirse llamando universidad pública debe hacer investigación contra el despojo y debe declararse libre de fracking, así como nos declaramos las comunidades con nuestras asambleas, la universidad pública tiene que declararse libre de fracking. Pero lo primero que hicieron fue, “nueva oferta educativa: Ingeniería Petrolera”, o sea ingeniería para el despojo.


Óscar Espino hace énfasis en compartir el análisis de las y los habitantes del Norte de Veracruz, “a manera de espejo, como nos ha enseñado el CNI”, para, con ello, colaborar con otras comunidades y procesos de resistencia e identificar de manera previa a los actores y la lógica en que se mueven para la imposición de megaproyectos.

“A veces no imaginamos esta lógica perversa de terror impuesta sobre nuestras comunidades, y nos toma mucho tiempo descubrirla”, sostiene Espino sobre la importancia de analizar el poder de las empresas, su vinculación con el crimen y la anuencia de funcionarios para hacer frente a los “proyectos de supuesto ‘desarrollo’”.

“Hay ejemplos maravillosos de las comunidades campesinas e indígenas luchando contra estos proyectos, pero creemos que este ejercicio de espejear la realidad dolorosa de algunos puede ayudarnos a sanar la propia antes de que llegue ese dolor”, finaliza.