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Movilización del EZLN en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Marzo, 2022. Foto: Tercios Compas / Enlace Zapatista

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año de la detención arbitraria de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien permanece recluido en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, también conocido como “El Bambú”, ubicado en Catazajá, región norte de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), Díaz Gómez, integrante del pueblo Ch’ol y acusado por robo, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana por la fabricación de un delito en su contra”.

La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia quien opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, contextualiza el centro de derechos humanos.

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El CDH Frayba detalla que el proceso de prisión preventiva contra Díaz Gómez se ha visto “maliciosamente prolongado”. También señala que, ante la falta de evidencia para vincular a Díaz Gómez, la Fiscalía de Distrito Selva y el Juzgado de Control se han articulado para simular el proceso, a costa de su libertad.

Por ejemplo, ambas instancias han ampliado los tiempos de la investigación con el objetivo de retrasar la audiencia del juicio, “a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra”, sostiene la organización.

Otro punto a destacar es la falta de la debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado de Chiapas. Hace poco más de dos meses se le asigno un nuevo defensor, quien aún transcurrido este tiempo no se ha entrevistado con Díaz Gómez para actualizar su situación penal y conocer las necesidades de acceso a justicia del imputado. “En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”, denuncia el CDH Frayba.

Ante este escenario, el pasado 15 de noviembre, Díaz Gómez solicitó ante el Juzgado de Control de Catazajá la modificación de sus medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicionada.

El BAEZLN tiene dos hijos menores de edad y esposa, “quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, psicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”, contextualiza la organización de derechos humanos.

El EZLN ha denunciado que José Díaz Gómez es rehén del gobierno de Chiapas por ser zapatista. Lo mismo ocurrió en el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien recientemente recuperó su libertad tras casi tres años de permanecer arbitrariamente privado de su libertad.

El 16 de noviembre pasado fue liberado Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del EZLN, recluido arbitrariamente durante casi tres años. Foto: CDH Frayba

El centro de derechos humanos, con sede en San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existe un patrón de criminalización en otras latitudes de México, “donde los pueblos originarios se oponen a la imposición de megaproyectos por parte del actual gobierno. Destacan así la existencia de ordenes de aprehensión en contra de poblaciones opositoras al Tren Interoceánico” en referencia a la persecución contra los miembros de la comunidad binizaá de Puente Madera, en Oaxaca.

En el caso de Chiapas, se suman los casos de la detención de Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, defensores tseltales criminalizados por oponerse a la imposición de una base de la Guardia Nacional en su territorio. También, el caso de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión por defender su territorio ante megaproyectos como la “carretera de las culturas”.

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“La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno Federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”, sostiene el CDH Frayba.