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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera mantiene una campaña para alertar a la población sobre su lucha y resistencia frente a la imposición de un parque industrial en tierras de uso común de la población binnizá. Contrario al discurso gubernamental, asegura que no es un conflicto interno, sino imposición y despojo.

Con énfasis, la Asamblea hace un llamamiento en espera de la audiencia intermedia, a efectuarse el próximo martes 15 de agosto, contra David Hernández Salazar, a quien, acusan, “se inculpa y fabrican diversos delitos, con la finalidad de privarlo ilegalmente de su libertad, y de esa manera detener su labor como representante y vocero de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera”, refiere mediante pronunciamiento.

La Asamblea de Puente Madera señala que, con los mismos delitos fabricados, se acusa a otros 17 habitantes de la comunidad binnizá, quienes cuentan con órdenes de aprehensión, en lo que señala como un proceso de criminalización y violencia, coordinado y ejecutado por los gobiernos locales y estatales.

Actualmente, Hernández Salazar funge como Agente Municipal Comunitario de Puente Madera, además de ser parte de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

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La participación de Hernández en la defensa de sus territorios inició en 2017 frente a la extracción de material pétreo en el Cerro Igú, dentro de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Debido a ello, fue encarcelado por primera vez; sin embargo, obtuvo su liberación y poco después se integró a la lucha contra la instalación de una Subestación Eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), nuevamente, en tierras del Pitayal.

La resistencia de Puente Madera se reactivó el 14 de marzo del 2021, “cuando a través de una asamblea amañada, las autoridades comunales de San Blas Atempa, en confabulación con el entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, buscaban imponer la instalación de un Parque Industrial, por su nombre oficial; polo de desarrollo para el bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Tierras de Uso Común del Pitayal”, contextualiza un pronunciamiento de la APIIDTT.

Tras señalar la ilegalidad de dicha asamblea, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto a autoridades del municipio de San Blas Atempa, iniciaron denuncias penales contra Hernández Salazar y otros habitantes de la comunidad binnizá.

“A partir de esta fecha al día de hoy, existe una campaña de difamación, hostigamientos y amenazas contra David, los habitantes de Puente Madera y la APIIDTT, por parte de los 3 niveles de gobierno, instituciones, organizaciones partidistas, políticos y empresarios con interés en la instalación del PODEBI”, acusan las organizaciones sociales.

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Aunado a ello, denuncian una serie de incidentes “que ponen en riesgo nuestra integridad física y psicológica, como ha sido la vigilancia por personas armadas en las oficinas de la APIIDTT en Juchitan, en busca del compa Mario Quintero, quién ha recibido amenazas constantes de muerte por llamadas telefónicas y mensajes de texto”, señalan en pronunciamiento difundido el pasado domingo (6).

Las organizaciones sociales y la comunidad de Puente Madera exigen alto a la persecución y criminalización contra 18 de sus habitantes. También demandan “transparencia e información pública, de la ilícita documentación agraria y convenios entre autoridades de los 3 niveles de gobierno para la imposición del Parque Industrial en Tierras de Uso Común de San Blas Atempa”.

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A su vez, acusan que las recientes intimidaciones y amenazas se deben a los “avances legales contra el Parque Industrial, por parte de los operadores políticos de Antónino Morales Toledo y Cesar Octavio Morales Toledo, quiénes ocupan ilegalmente la representación de bienes comunales, y ostentan cargos públicos en el gobierno municipal y estatal”.