Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ciudad de México, a 22 de junio de 2022.

Hoy, 22 de junio del presente año, se inauguró en el Campo Militar número 1, el plan de trabajo y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.”

En esta ceremonia protocolaria, se justificaron los actos de represión de los gobiernos de 1965 a 1990, argumentando de que fueron “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el restablecimiento del estado de derecho”, y se anunció que “el Presidente de la república autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas”.

Lo cierto es que el ejército siempre actuó reprimiendo a los movimientos sociales y organizaciones que luchaban por la justicia y por las libertades democráticas, su actuación nada tuvo que ver con grarantizar la seguridad nacional o restablecer el orden constitucional, porque como es sabido, atacó a multitudes desarmadas, como el 2 de octubre en Tlatelolco cometiendo un genocidio, el 10 de junio entrenando a los cuerpos paramilitares que atacaron a los estudiantes desarmados, o el período de la guerra sucia en que desapareció a cientos de activistas opositores al gobierno; así como las masacres en Acteal, Chiapas, en Agusa Blancas, Guerrero, en el Bosque, Chiapas, en el Charco, Guerrero, la masacre de la Unión Cívica Leonesa en León, Guanajuato, la masacre de los campesinos copreros en Acapulco, Guerrero, la masacre a la Familia Jaramillo en Tlaquiltenango, Morelos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y muchos crímenes más.

Ahora, se aduce que los soldados actuaron por ordenes superiores y esgrimen como justificación la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para ejecutar ordenes criminales  que atentan contra los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y que ordena respetar la vida, la dignidad humana, la soberanía del pueblo y las garantías de libertad de expresión, de reunión y libre manifestación de las ideas. Pero la Ley de las Fuerzas Armadasm no está por encima de la Constitución; además, atentan contra las normas del derecho universal o internacional, que no reconocen las leyes de obediencia debida en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ningún militar está obligado a cumplir órdens que violenten los derechos humanos y sus garantías que se establecen en nuestra ley fundamental. Por lo que, ningún militar puede ser declarado héroe por asesinar a su pueblo.

Lo acontecido, hoy, en el Campo Militar Número 1, es una deshonra cometida en contra de las vpictimas del Estado Mexicano durante el período que pretende investigar la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclrecimiento Histŕocio y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.” Y desde luego, pone en duda la actuación y el alcance de lostrabajos de dicha Comisión.

Condenamos enŕegicamente la intención de implementar la “teoría de los dos demonios” porque nunca hubo confrontaciones entre dos fuerzas, sino actos de represión del Estado en contra de los movimientos y organizaciones sociales que luchaban por un país más justo.

Ante este hecho, mantenemos nuestra exigencia de justicia a secas, justicia plena, y reprobamos cualquier acto que pretenda convertir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en héroes, pues con ello se atenta contra el derecho a la verdad y la justicia.

Que quede claro, no puede haber reconciliación social, verdad y memoria, sin justicia.

 

¡Por la Verdad y la Justicia contra la Impunidad!

Comité 68 ProLibertades Democráticas