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Criminalizan a grupos de acción directa y dividen al movimiento


Manifestante detenido por la Policía Militar el domingo, en Sao Paulo, Brasil. Foto: CMI Sao Paulo

Por: Eliana Gilet

Siete días de manifestaciones diarias se vivieron en Brasil durante la última semana, desde que asumió Michel Temer, el político que vino a ocupar la presidencia de la Federación, una vez que un Congreso ultra conservador – que incluye partidos de iglesias evangélicas, por ejemplo, pero no sólo – sacó de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, por medio de un proceso amañado.

La del domingo fue clave: más de cien mil personas se manifestaron en Sao Paulo, la gran metrópoli, rechazando a Temer y al proceso político que se vive en el país. Dos grandes federaciones de organizaciones son las responsables de convocar a las marchas: el Frente Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo) y el Frente Brasil Popular. Ambos autodefinidos como defensores de la democracia, que sienten atacada por el “Golpe de Estado” que entienden ha sufrido el país.

También lo fue por las 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente antes y después de la manifestación, y por la represión policial que se desató contra los cien mil.

En los días previos, Temer encabezó una campaña mediática denostando las movilizaciones y reduciendo el descontento de miles a “40 o 50” personas. Temer también se encargó de señalar que el problema en todo caso era la “violencia de los manifestantes”. El argumento no es nuevo, ya que Brasil conoce una larga historia de criminalización de todo grupo de acción directa, particularmente los Black Blocs, que han tenido una importante participación en las manifestaciones masivas del 2013 a la fecha. Tal vez de antes incluso.


Agencia Democratize informó que entre las 27 personas que la Policía Militar detuvo el domingo, 21 son estudiantes secundaristas (movilizados desde el año pasado contra una reforma educativa en la ciudad) que fueron detenidos antes de la movilización, cuando estaban reunidos en el Centro Cultural Sao Paulo, sobre Rúa Vergueiro; y las otras 6 personas fueron detenidas sobre la Avenida Paulista, por estar vestidos de negro.

Desde días antes, los medios de comunicación se concentraron en mostrar la fisura que la criminalización política y policial había ocasionado dentro del movimiento brasilero en contra de Temer: referentes de los Frentes manifestaban su rechazo a la presencia de grupos de acción directa en las manifestaciones a las que convocaban.

Tanto Guilherme Boulos, coordinador del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) que integra Povo Sem Medo, como Raimundo Bonfim, coordinador de la Central de Movimientos Populares que compone Brasil Popular dijeron a Folha de Sao Paulo antes de la marcha del domingo que esperaban que los Black Bloc no participaran de su movilización y que si lo hacían, serían convidados a retirarse. Fue David Villalba del Coletivo Luta pela Democracia quien fustigó particularmente el uso de las tácticas de los de negro.

Sin embargo, como se ve, la criminalización iniciada días antes sirvió como un paraguas para detener a cualquiera. La represión en los hechos no es selectiva.

El domingo, la Policía Militar llevó a los 27 ante la Deic (Departamento de Investigaciones Criminales de Sao Paulo) y los acusó. A los 19 jóvenes que ya eran mayores de edad, la Policía los presentó frente a la justicia por los delitos de organización criminal y también por corrupción de menores: los otros 8 detenidos son adolescentes.

A los menores de edad, los juzgaron por un acto infraccional en un tribunal de menores (Vara da Infância e Juventude de Brás, en la región centro) y a los otros ante el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. El juez Rodrigo Teliini de Aguirre Camargo decidió liberar a los manifestantes porque entendió que la Policía Militar no reunió las mínimas pruebas en su contra, ya que fueron detenidas mientras patrullaban y no como producto de una investigación previa. Ni siquiera había pruebas de que se conocieran de antes.

Decenas de personas presentes en la movilización del domingo en Sao Paulo relataron cómo la Policía Militar esperó al final del acto para comenzar a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma contra la gente, aun cuando ningún conflicto había sucedido. También avanzaron contra quienes estaban comiendo o tomando en bares de la calle Largo de Batata, por donde pasó la marcha.

Bonfin aprovechó el artículo de Folha de Sao Paulo para pegarle al Movimiento Passe Livre, – que pelean por el boleto gratuito y una reforma del sistema de transporte público pero no se han expresado en relación a Temer -, quienes por no tener una estructura vertical y centralizada como la de los Frentes, eran más fáciles de “infiltrar” por los grupos anarquistas de acción directa.

¿Qué dirán ahora los líderes democráticos cuando se evidencia que la represión es una práctica que no responde a nada, que no precisa de motivos ni provocaciones?

Boulos respondió con un artículo publicado en su red social en que sostuvo que “discordar con la táctica de los Black Blocs no es criminalizarla; Discrepo porque entiendo que afecta a las personas de las manifestaciones y toma decisiones aisladas que afectan a todos. El gran responsable por los conflictos en los actos es la Policía Militar, inflada por editoriales de prensa asquerosos. (…) Lo que pretende la acción policial es intimidar a quien lucha y sacarnos de las calles.No retroceremos”

La crisis en Brasil es profunda por todo lo que interpela para abajo. La próxima gran movilización está convocada para el jueves 8 de Setiembre.

Fuente: Somos el Medio