San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 11 de junio 2015 Boletín 14

Ante la elección de Estado, el gobierno de Chiapas viola derechos humanos

• Privación Arbitraria de la libertad de 11 personas en Ocosingo

• Uso Excesivo de la Fuerza Pública y Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; Privación Arbitraria de la Libertad y Uso Excesivo de la Fuerza Pública, cometidas en contra de 11 personas, dos de ellas manifiestan ser indígenas tseltales. Hechos sucedidos el 07 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en el marco de una marcha convocada por maestros de la región VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Ocosingo, Chiapas.

Testimonios documentados por este Centro de Derechos Humanos refieren que en un operativo, llevado acabo por 200 Policías Municipales, detuvieron de manera arbitraria y con Uso Excesivo de la Fuerza Pública a cuatro personas que participaban en la movilización social: una profesora, dos profesores, un estudiante; y siete personas no vinculadas a los actos de protesta: dos taxistas que se ubicaban fuera del lugar de los hechos, un vendedor ambulante que tomaba fotos con su celular, un repartidor de tortillas que pasó con su moto, un campesino que iba a votar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un ayudante de ferretería quien refirió iba por su esposa a una casilla donde ella fue a votar y un catequista que se encontraba en un puesto de la kermes organizada por la Parroquia de San Jacinto de Polonia.

Las detenciones se dieron en el parque central y en calles aledañas en el centro de Ocosingo. Las personas detenidas recibieron golpes con tubos, toletes, puños, patadas y amenazas de muerte. Durante el mismo operativo los Policías Municipales agredieron a tres mujeres a quienes golpearon y fueron arrastradas por el pavimento.

Inmediatamente después las personas detenidas fueron trasladadas en patrullas. En el trasncurso los policías los amenazaban y golpeaban con patadas, puños y tubos. Los llevaron a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en Ocosingo, reteniéndoles aproximadamente cuatro horas durante las cuales continuaron los actos de amenazas, hostigamiento, golpes y toma de fotografías posteriormente divulgadas sin su consentimiento.

Por segunda ocasión las personas detenidas fueron trasladadas a un lugar desconocido, en un convoy custodiado por 80 elementos de la Policía Federal. A todos los detenidos les taparon los ojos con sus propias playeras, agachados, iban aplastados entre escudos y a quien se intentaba levantar le daban macanazos. Cerca de las 14:00 horas los transportaron en helicópteros para presentarles en la Fiscalía de Distrito Selva, que se encuentra en la cabecera municipal de Palenque.

Las 11 personas detenidas rindieron su declaración ministerial, el día 7 de junio, desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas aproximadamente, ante Anibal Andrés Bonifaz Solís Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite Núm. 1. Según testimonios manifiestan que no fueron asistidos por un abogado, les hicieron firmar hojas en blanco y no les permitieron revisar sus declaraciones diciéndoles que no había tiempo.

Mientras los detenidos declaraban, elementos de la Policías Especializada les amenazaron con golpearlos. Cerca de la medianoche les trasladaron a la Comandancia de Palenque, dándoles de comer después de estar más de 15:00 horas sin ingerir alimentos, les encerraron y a quienes estaban lastimados sólo les dieron unas pastillas para el dolor. Durante ese tiempo estuvieron incomunicados, negándoles llamadas telefónicas, hasta las 16:00 horas del día siguiente. A las 19:00 horas, del 08 de junio, cuatro personas fueron puestas en libertad: Manuela Guzmán Pérez; Daniel López Santís; Joaquín Santis López y Tomás González López.

El 9 de junio, a las 11:00 horas, siete de las personas detenidas fueron consignadas ante el Juez Mixto de Primero Instancia del Distrito Judicial de Playas de Catazajá, bajo la Averiguación Previa número 130/SE-18 M1/2015 y detenidas en el Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados No. 17 (CERSS No.17) por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y colectividad del Estado y por el delito de motín. Teniendo desde ese momento un plazo de 72 horas para determinar su situación jurídica. Cabe señalar que según testimonios al interior del penal fueron golpeados por custodios quienes les decían que “si eran muy hombrecitos para estar haciendo acción en la calle” y que si denuncia públicamente “les va a ir peor”.

El día 10 de junio, a las 17:00 horas aproximadamente, fueron liberados Adolfo Santis Méndez y Marcos López Santis. El día 11 de junio, liberaron aproximadamente a las 11:00 horas a Alberto Pérez Pérez, Luis Ricardo Cruz Hernández, Marco Antonio Gómez García. Quedan en prisión: Antonio Gómez Girón y Kevin Antonio Díaz Alfaro a quienes vinculan como integrantes de organizaciones sociales.

Este Centro de Derechos Humanos condena los Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la Privación Arbitraria de la Libertad y el Uso Excesivo de la Fuerza Pública, ocurridos el día 7 de junio, en el marco de las elecciones en el municipio de Ocosingo. Por lo que exigimos: La liberación inmediata de las personas arbitrariamente privadas de la libertad y se investiguen de forma seria, imparcial las violaciones a sus derechos humanos. Debiendo reparar los daños de manera integral, iniciando las investigaciones urgentes en contra de los servidores públicos responsables.

Como lo ha manifestado en su informe de 2014, Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y otros Trato o Penas Crueles inhumanos y Degradantes, el gobierno mexicano debe “[…] investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva la imprescriptibilidad del delito y la reparación de las víctimas.” Y “[…] sancionar las instancias de uso excesivo de la fuerza.”

Vemos con preocupación que la jornada electoral se da en el contexto de una acción represiva del Estado, con la manifestación de un despliegue intimidatorio de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en Chiapas, hacia las manifestaciones de inconformidad social; siendo que el derecho a la protesta es uno de los derechos fundamentales de las personas. Se evidencia la imposición de una elección de Estado, con las prácticas de corrupción clásicas y cínicas de los partidos políticos, esencialmente del PVEM, lo que constituye un sistema que no representa los intereses de los pueblos y comunidades en Chiapas.

Las elecciones del 7 de junio en México están marcadas por actos de violencia, bajo el velo de la impunidad de los 43 desaparecidos de Atoyzinapa. Guerrero; pueblos y comunidades asediadas por el crimen organizado; y escándalos vergonzoso de conflictos de interés de funcionarios de alto rango, bajo el despilfarro del presupuesto de las campañas por parte de los partidos políticos. En síntesis la acción represiva del gobierno mexicano, es la caracterización de este sexenio que se manifiesta en violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de la jornada electoral bajo el despliegue de miles de elementos del Ejército mexicano, de la Policía Federal, así como de Policías Estatales en: Chiapas, Guerrero¹, Oaxaca, Veracruz² y Michoacán.