Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

Palabra de Xinich por la Masacre de Viejo Velasco a 19 años de la profunda impunidad del Estado mexicano

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

PRONUNCIAMIENTO

MASACRE VIEJO VELASCO A 19 AÑOS DE LA PROFUNDA IMPUNIDAD DEL ESTADO MEXICANO

El día de hoy cumple 19 años de la masacre de nuestros hermanos de viejo Velasco en la selva lacandona, en la impunidad y en el olvido 13 de noviembre 2006.

Asesinaron a María Nuñez González, embarazada, Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez, y otros dos hermanos, a los 5 años fueron encontrados sus restos óseos en medio de la selva Lacandona.

Petrona fue secuestrada y arrastrada en plena selva hasta llegar a la comunidad de Nueva Palestina. El gobierno del Estado en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, liberó ordenes de aprehensión culpándola de matar a sus propios hermanos indígenas de Viejo Velasco.  

Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán: siguen desaparecidos, hasta este momento 19 años en la búsqueda de justicia y verdad y la aparición con vida a estos hermanos. ¿Dónde están estos dos hermanos? 

Estamos reunidos nuevamente con nuestros pueblos y familiares sobrevivientes de esta cruel masacre de la comunidad de viejo Velasco, para recordar y honrar la memoria de las víctimas masacrados desaparecidos hace 19 años en la comunidad conocido como VIEJO VELASCO.   

Como el día de hoy 13 de noviembre, del año 2006 las montañas de la Selva Lacandona presencio la matanza y derrame de sangre de los hermanos y hermanas indígenas de Viejo Velasco por el despojo de la tierra y el territorio. Nada ha cambiado, sigue habiendo tantos muertos y desaparecidos.

Seguimos viviendo la injustica con nuestros pueblos el despojo de nuestros tierras y territorio. Seguimos viendo tantos y tantos muertos de nuestros hermanos y hermanas por alzar su voz ante el crimen organizado.  dentro de los mismo que gobierna llamado cuarta transformación, son los mismos asesinos del pasado y presente que gobiernan solo cambiaron de color guinda Se hacen llamar ahora humanismo.  Es la misma manada de Delincuentes criminales dentro de llamada 4t. 

ESTA MASACRE NO SE OLVIDA, HOY ESTAMOS REUNIDOS EN ESTE FORO DE MEMORIA HISTORICA, NI PERDON, NI OLVIDO. RENDIMOS HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS MASACRADOS Y DESAPARECIDOS SEGUIR EXIGIENDO JUSTICIA, VERDAD Y LA APARICIÓN CON VIDA A ANTONIO PEÑATE LÓPEZ Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, ESTAMOS EXIGINDO JUSTICIA Y VERDAD.

Pronunciamiento Conjunto:
19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento Conjunto

19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

• A 19 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, que desembocó en su posterior fallecimiento, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores.
• Lejos de la justicia, éste es otro más de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integramos entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. 

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 19 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. 

Durante todo este tiempo, la fiscalía general del estado de Chiapas (FGE) nunca ha realizado una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

Em português abaixo.

PRONUNCIAMIENTO

¡ALTO AL NECROCAPITALISMO CONTRA LAS FAVELAS, LAS PERIFERIAS Y LOS PUEBLOS DE BRASIL Y DEL MUNDO!

En la madrugada del martes 28 de octubre de este año de 2025, comenzó lo que ya se ha convertido en la mayor masacre registrada en la ciudad de Río de Janeiro, con 138 muertos hasta la última actualización. La operación, denominada Operación Contención, fue ejecutada por la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro (PMERJ), según informó el gobernador Cláudio Castro. La acción se llevó a cabo en los complejos de favelas de Penha y del Alemão, en la Zona Norte de la ciudad, una región densamente poblada, principalmente por comunidades populares y personas negras y pardas, con el objetivo oficial de cumplir órdenes de arresto contra líderes e integrantes de la organización narcotraficante Comando Vermelho (CV).

La Región Metropolitana de Río de Janeiro (RMRJ) cuenta con aproximadamente 12 millones de habitantes, casi 7 millones de ellos residentes en la capital, integrando 21 municipios. El principal eje de desplazamiento de trabajadores y trabajadoras es la Avenida Brasil, vía estratégica que atraviesa los complejos de favelas foco de la operación. Con la movilización de 2,500 soldados, el gobierno estatal y su policía generaron días de terror en toda la ciudad: numerosas calles fueron cerradas, el transporte público se interrumpió, y quienes lograron llegar a sus lugares de trabajo no pudieron regresar a sus hogares con facilidad. Este escenario evidencia un ejemplo extremo de cómo no se debe gestionar la seguridad en una metrópoli.

Frente a estos hechos y a la complejidad de abordar una región estigmatizada por su violencia, se destacan varios puntos esenciales. Primero, Río de Janeiro, antigua capital de la república, tiene su geografía marcada por la presencia predominante de personas negras, especialmente en favelas y periferias, lo que genera una diferenciación sistemática en la manera en que el Estado implementa sus políticas de seguridad en estos territorios. Constituye la historia de Brasil la criminalización, judicialización y persecución a todas las culturas, conocimientos, prácticas y territorialidades negras. Segundo, la ciudad alberga una red compleja de actores que disputan territorios urbanos: grupos narcotraficantes de distintas organizaciones, milicias paramilitares, y redes de control de apuestas ilegales, que compiten por el control territorial, frecuentemente mediante enfrentamientos armados.

El tercer elemento clave es la estigmatización de la violencia y la reproducción de políticas de exterminio estatales durante décadas. La historia colonial del origen de la Policía Militar – un instrumento de la élite blanca para controlar las personas esclavizadas, fugitivas, los recién libertos, todas explotadas en la economía política capitalista. La policía de Río de Janeiro se encuentra marcada por corrupción y acciones letales en las favelas, desafiando los derechos fundamentales de sus habitantes, y respaldada por una cobertura mediática que legitima la narrativa de la “guerra contra las drogas”. Sus agentes patrullan fuertemente armados, incluso en días ordinarios, evidenciando un estado de tensión territorial permanente en amplias zonas de la ciudad. La guerra racista y de clase es también ideológica. El racismo como tecnología de poder está en las noticias, en cada palabra que racializa el crimen, lo pega diariamente al cuerpo negro, mientras los blancos jamás son tratados como “criminales” o “terroristas”, son tratados con respeto, aunque sean criminales. Los muertos negros son anónimos, mientras los policiales tienen nombre, familia, y en la muerte, son homenajeados con rituales dignos. El Estado no solo es cómplice del miedo, sino su fuente. Las violencias o violaciones a derechos humanos son constantes, además de las operaciones policiales: agresiones físicas, omisión de socorro, invasiones a casas, uso de residencias como trampas, la destrucción de inmuebles y bienes. El Estado genera terror e inseguridad al transformar las comunidades en zonas de guerra. Pero no garantiza políticas de prevención, infraestructura, educación, vivienda digna y toda suerte de servicios públicos.

En un contexto de crisis política estatal, con cinco exgobernadores arrestados en los últimos nueve años, y ante el endurecimiento de políticas neoliberales en los territorios cariocas, la operación puede interpretarse como una estrategia electoral. Parte de la población respalda la radicalización de las acciones policiales, la violación sistemática de la Constitución y el debilitamiento de los aparatos estatales encargados de garantizar derechos fundamentales para el pueblo. La acción militar responde a un intento desesperado del grupo político en el poder estatal de fortalecerse de cara a las próximas elecciones utilizando cuerpos brutalizados como espectáculo y promesa de seguridad pública.

Por otro lado, ninguna teoría o concepto logra capturar con precisión el malestar generalizado de la ciudadanía carioca y de la población brasilera en general. La noción de “vida desnuda” o la “zona del no-ser” de Fanon resuena con los 74 cuerpos encontrados por la población en áreas boscosas, algunos decapitados, víctimas que los agentes militares ni siquiera tuvieron la decencia de tratar a estas personas como seres humanos; soldados de la Edad Media habrían mostrado más honor. Personas privadas de su derecho a un juicio conforme a la Constitución, cuya sentencia fue determinada por agentes del mismo Estado, quienes empuñaban fusiles y ametralladoras en lugar del martillo de la justicia. Esto ocurre en un país donde la pena de muerte fue oficialmente abolida en 1988.

Los casos de matanzas en Río de Janeiro, así como en Gaza y Sudán, entre otros lugares del mundo, nos alertan sobre la violencia del capitalismo en su modelo neoliberal. Las bases éticas y morales que sustentan este sistema están en entredicho y, desde su origen, no se sostienen ante la reproducción del poder y el modelo de acumulación de capital. La libertad, la igualdad y la fraternidad son valores que nunca han estado presentes para los pueblos colonizados y racializados, para los que la modernidad sigue siendo hoy en día sinónimo de barbarie y colonialismo.

¡ALTO A LA MASACRE EN LAS FAVELAS Y LAS PERIFERIAS!
¡ALTO A LA FALSA GUERRA CONTRA LAS DROGAS!
¡ALTO AL NECROCAPITALISMO CONTRA LAS FAVELAS, LAS PERIFERIAS Y LOS PUEBLOS DE BRASIL Y DEL MUNDO!

En medio de los fragmentos, los escombros y el luto social, con todo el dolor del mundo, seguimos luchando por la vida, la dignidad y el territorio.

Grupo de trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias”, GT CUTER CLACSO,
30 de octubre de 2025.

PRONUNCIAMENTO

BASTA AO NECROCAPITALISMO CONTRA AS FAVELAS, AS PERIFERIAS E OS POVOS DO BRASIL E DO MUNDO!

Na madrugada do dia 28/10 (terça-feira), iniciou o que já se tornou a maior chacina ocorrida na cidade do Rio de Janeiro (138 mortos até a última atualização), uma megaoperação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) batizada de Operação Contenção, segundo o governador do estado Cláudio Castro. A ação policial foi realizada nos complexos de favelas da Penha e do Alemão, na Zona Norte da cidade, região densamente povoada, principalmente por classes populares e pessoas pretas e pardas, onde o objetivo seria cumprir mandados de prisão contra líderes e integrantes da organização narcotraficante Comando Vermelho (CV).

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) possui cerca de 12 milhões de habitantes, sendo quase 7 milhões moradores da capital, integrando 21 municípios. A rota de deslocamento principal das trabalhadoras e trabalhadores é a Avenida Brasil, via importantíssima da cidade que passa pelos complexos de favelas alvos da operação. Com uma mobilização de 2,5 mil soldados, o governo do estado e sua polícia causaram dias de terror em toda a cidade, pois muitas vias foram fechadas, coletivos urbanos deixaram de circular, e aquelas e aqueles que conseguiram chegar aos trabalhos não conseguiram voltar para casa tão facilmente. Este cenário é um exemplo de como não se deve conduzir a política de segurança em uma grande cidade.

Diante desses fatos e da complexidade de abordar uma região estigmatizada pela violência, destacam-se vários pontos essenciais. Primeiro, o Rio de Janeiro, antiga capital da República, tem sua geografia marcada pela presença predominante de pessoas negras, especialmente nas favelas e periferias, o que gera uma diferenciação sistemática na forma como o Estado implementa suas políticas de segurança nesses territórios. A história do Brasil é marcada pela criminalização, judicialização e perseguição de todas as culturas, conhecimentos, práticas e territorialidades negras. Segundo, a cidade abriga uma complexa rede de atores que disputam territórios urbanos: grupos de narcotraficantes de diferentes organizações, milícias paramilitares e redes de controle de apostas ilegais (jogo do bicho), que competem pelo controle territorial, frequentemente por meio de confrontos armados.

O terceiro elemento-chave é a estigmatização da violência e a reprodução de políticas estatais de extermínio ao longo de décadas. A história colonial da origem da Polícia Militar – um instrumento da elite branca para controlar pessoas escravizadas, fugitivas, recém-libertadas, todas exploradas na economia política capitalista. A polícia do Rio de Janeiro é marcada pela corrupção e ações letais nas favelas, desafiando os direitos fundamentais de seus habitantes e apoiada por uma cobertura midiática que legitima a narrativa da “guerra contra as drogas”. Seus agentes patrulham fortemente armados, mesmo em dias normais, evidenciando um estado de tensão territorial permanente em amplas zonas da cidade. A guerra racista e de classe também é ideológica.

O racismo como tecnologia de poder está nas notícias, em cada palavra que racializa o crime, colando-o diariamente ao corpo negro, enquanto os brancos nunca são tratados como “criminosos” ou “terroristas”, são tratados com respeito, mesmo que sejam criminosos. Os mortos negros são anônimos, enquanto os policiais têm nome, família e, na morte, são homenageados com rituais dignos. O Estado não é apenas cúmplice do medo, mas sua fonte. A violência e as violações dos direitos humanos são constantes, além das operações policiais: agressões físicas, omissão de socorro, invasões de casas, uso de residências como armadilhas, destruição de imóveis e bens. O Estado gera terror e insegurança ao transformar as comunidades em zonas de guerra. Mas não garante políticas de prevenção, infraestrutura, educação, moradia digna e todo tipo de serviços públicos.

Em meio a uma crise política do Estado, onde cinco ex-governadores foram presos nos últimos nove anos, além do recrudescimento das políticas neoliberais em territórios cariocas, é possível analisar a operação como uma estratégia eleitoreira. Isso porque parte significativa da população adere ao discurso de radicalização das ações policiais, ao não cumprimento da Constituição, e ao deterioramento de outros aparelhos estatais de garantia de direitos do fundamentais para o povo. A ação militar atende a uma tentativa desesperada, do grupo político que está no poder estadual, de se fortalecer para as próximas eleições utilizando corpos brutalizados como espetáculo e promessa de segurança pública. 

Por outro lado, não há conceitos, teorias ou textos que consigam expressar com exatidão o mal-estar geral do povo carioca, e da população brasileira em geral, nestes últimos dias. Talvez pensar na “vida nua”, ou na “zona do não-ser” (de Frantz Fanon), tenha relação com os 74 corpos encontrados nas matas pela população. Corpos que os agentes militares não tiveram nem a decência de tratar como seres humanos; soldados da Idade Média teriam mais honra. Pessoas que morreram sem direito a serem julgadas segundo a Constituição, tendo sua sentença decidida por agentes do mesmo Estado, que, em vez do martelo da justiça, empunhavam fuzis e metralhadoras. Isto em um país onde a pena de morte foi oficialmente erradicada em 1988.

Os casos de chacinas no Rio de Janeiro, assim como em Gaza e Sudão, entre outros lugares do mundo, nos alertam para a violência do capitalismo em seu modelo neoliberal. As bases éticas e morais que fundamentam este sistema estão em xeque, e desde sua origem não se sustentam em face à reprodução do poder e do modelo de acumulação de capital. Liberdade, igualdade e fraternidade são valores que nunca se fizeram presentes para os povos colonizados e racializados, para os quais a modernidade se realiza ainda hoje como barbárie e colonialismo.

FIM AOS MASSACRES NAS FAVELAS E PERIFERIAS!

FIM À FALSA GUERRA CONTRA AS DROGAS!

FIM AO NECROCAPITALISMO CONTRA AS FAVELAS, PERIFERIAS E POVOS DO BRASIL E DO MUNDO!

Em meio aos cacos, escombros e ao luto social, com toda a dor do mundo, seguimos lutando pela vida, pela dignidade e pelo território. 

Grupo de trabalho “Corpos, Territórios, Resistências”,
GT CUTER CLACSO, 30 de outubro de 2025.

Foto de portada: REUTERS/Ricardo Moraes

Palenque, Chiapas, México

13 de noviembre de 2024 

Boletín No. 24 

Viejo Velasco, rostro de la violencia permanente en contra de los pueblos que defienden el territorio en Chiapas 

• A 18 años de esta brutal masacre seguimos exigiendo verdad y justicia. 
• Con preocupación observamos la repetición de violencias sistemáticas en contra de pueblos y personas defensoras 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), como lo ha hecho durante dieciocho años, expresa su más enérgica condena ante la impunidad que persiste sobre la masacre de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, ocurrida el 13 de noviembre del 2006, donde fueron ejecutadas, 6 personas, 2 más desaparecidas y 36 fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, cometiéndose crímenes de lesa humanidad donde el Estado mexicano es responsable. 

Hace 18 años, aproximadamente a las 6:00 horas, cerca de 40 personas vestidas de civil, provenientes de Nueva Palestina, ubicada en el mismo municipio, entraron a la comunidad Viejo Velasco, acompañadas por un grupo de 300 integrantes de la entonces Policía Sectorial, agrediendo a la comunidad, con un saldo de 6 personas ejecutadas extrajudicialmente y 2 más desaparecidas de manera forzada; además de 36 personas desplazadas de manera forzada. 

Esta masacre constituye un crimen de Estado. Como hemos denunciado ampliamente, su comisión se enmarca en un proceso más amplio de despojo de los diversos pueblos originarios de la Selva, para liberar el territorio en favor de los intereses del capital. Durante décadas los gobiernos en turno presionaron a la población hasta el desplazamiento de comunidades enteras; muchas de estas fueron a través de acciones de terror, hostigamiento, y empoderando a grupos locales para el ejercicio de la violencia en contra de los pueblos en resistencia. 

Pese a que desde el 2006, a nivel Federal y Estatal, han transitado gobiernos diversos, todos ellos han mantenido un pacto de impunidad en favor de sus predecesores, lo que demuestra que los intereses económicos y políticos detrás de la masacre de Viejo Velasco prevalecen, al igual que el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios de Chiapas. 

La falta de búsqueda, verdad y reparación integral tienen un impacto constante en la dignidad y la salud física y emocional de las víctimas y sus familiares. Petrona Núñez González joven sobreviviente de tortura durante los hechos falleció en 2010 a consecuencia de la inatención a los impactos plasmados en su cuerpo y mente. 

La masacre de Viejo Velasco no es un hecho aislado, sino parte de una historia de represión, despojo y violencias sistemáticas contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su libre determinación y su derecho a vivir en paz. Mientras el Estado mantenga en la impunidad, e incluso sea participe de estas agresiones, estaremos condenados a ver crecer una larga lista de infames crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Existe también una continuidad de la violencia, que se manifiesta en desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos y amenazas. 

En las últimas semanas, observamos con preocupación las amenazas en contra del Poblado Zapatista 6 de Octubre, localizado en las inmediaciones de la Selva Lacandona, que fueron denunciadas por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); donde las Bases de Apoyo se encuentran viviendo un riesgo inminente de agresión y desplazamiento forzado, así como amenazas de violaciones sexuales hacia las mujeres zapatistas. 

Estas acciones han sido perpetradas desde la comunidad Nueva Palestina, en medio de un marco similar de antecedentes y motivaciones de la masacre de Viejo Velasco, el control del territorio, pero ahora se le suma el actor de la delincuencia organizada. 

Cada nueva masacre en Chiapas, así como el asesinato de personas defensoras es una permanente muestra de la indiferencia estatal hacia el sufrimiento y riesgo al que miles de personas se encuentran sometidas.

Exigimos al Estado mexicano investigue pronta y exhaustivamente la masacre de Viejo Velasco, reconozca públicamente la verdad; lleve ante la justicia a todos los responsables, incluyendo a los autores intelectuales de este crimen; investigue el paradero de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán quienes permanecen desaparecidos; y repare integralmente a todas las víctimas de este oscuro episodio de la historia chiapaneca que significa la violencia política contrainsurgente. Reafirmamos nuestro compromiso con las familias de Viejo Velasco y con el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi´nich, quienes han mantenido la llama de la exigencia de justicia, a que el Estado mexicano ponga fin a esta cadena de impunidad y a la repetición de masacres que laceran la dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Chiapas y de México.

Descarga el Boletín No. 24 en PDF(137.39 KB)

“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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Once años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Palenque, Chiapas, México. A 13 de noviembre de 2017.

Al pueblo en general
A los gobernantes de este país México
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión Estatal de los Derechos humanos de paga
A los Organismos internacionales de Derechos Humanos y Derechos Indígenas
A los medios de comunicación de paga
A los Centros de Derechos humanos libres de opinión
A la prensa con libertad de expresión
A las Organizaciones No gubernamentales en pie de lucha por la injusticia y del Despojo de los derechos Indígenas, la vida humana y el patrimonio.

HERMANAS Y HERMANOS:

La Organización Xi’nich’, que formamos los pueblos ch’oles, tseltales y zoques, de la Selva de Chiapas, nos pronunciamos una vez más, exigiendo justicia por el XI aniversario de la Masacre del Pueblo Ch’ol de la comunidad Dr. Manuel Velasco Suárez, Municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, conocido como Viejo Velasco, hechos cometidos el día 13 de noviembre del año 2006.

NI PERDÓN NI OLVIDO

Sabemos que ante la próxima contienda electoral, los corruptos de arriba estarán ocupados en sus negocios, tranzas, lucha por huesos y mentiras, pero nosotros como organización Xi’nich’, nos ocupamos de nuestros vivos y de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, nos ocupamos del cuidado de la Madre Tierra y del buen vivir, para que haya vida digna para los pueblos indígenas y para todo el pueblo mexicano. Nuestras exigencias y nuestras luchas, son las justas luchas de todos los pueblos originarios.

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• El Estado no esclarece los hechos, ni asume su responsabilidad por la masacre ocurrida en Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006

Tuxtla Gutiérrez. 12 de noviembre. “Hasta hoy, los responsables materiales e intelectuales de este grave crimen permanecen protegidos por la impunidad del Estado mexicano”, expresan familiares y compañerxs de víctimas de la masacre de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2016, en la Selva Lacandona. El Estado no esclarece los hechos, ni castiga a los responsables materiales e intelectuales de la brutal agresión a la comunidad indígena tseltal, tsotsil y ch’ol, perpetrada por 40 personas civiles armadas, acompañadas por 300 elementos de la Policía de Seguridad Pública, cinco Fiscales del Ministerio Público con siete policías ministeriales a su mando y personal de la Secretaria de Desarrollo Social, denuncian las y los afectados y organismos de derechos humanos.

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El 13 de noviembre de 2006, un grupo de aproximadamente 40 personas civiles armadas, acompañadas por 300 elementos de la Policía de Seguridad Pública, cinco Fiscales del Ministerio Público con siete policías ministeriales a su mando y personal de la Secretaria de Desarrollo Social, ingresaron violentamente a la comunidad Viejo Velasco masacrando a nuestros compañeros que ahí se encontraban viviendo. Hasta hoy, los responsables materiales e intelectuales de este grave crimen permanecen protegidos por la impunidad del Estado mexicano.

Los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes, así como nuestra Organización Xi’nich’, seguiremos caminando manteniendo la Memoria, la Verdad y la Justicia para nuestras hermanas y hermanos.

Atentamente,

Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas

CDLI-XI’NICH’,

Ucisech, Tsolej Yu’un Wocoltic, Misión Santísima Trinidad,

Familiares de Víctimas y Victimas Sobrevivientes

Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,

Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos (MODH)

Y en la defensa de nuestro territorio no al despojo de Nuestra Madre Tierra.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS