Este miércoles (14), diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en alianza con el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron una reforma constitucional para extender hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones del recinto legislativo, familiares de estudiantes y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban contra la permanencia del ejército en las calles sin que ningún congresista atendiera sus demandas.

Ante la continuación de la política de militarización en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseveró que existen múltiples razones que evidencian la inutilidad y perjuicio de mantener a los militares en tareas de seguridad. Entre ellas destacan el aumento en el riesgo de violaciones a derechos humanos, como dan cuenta los hechos ocurridos en Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente con el asesinato de la niña Heidi a manos de elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Te puede interesar – Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado

Para la organización defensora de derechos humanos es fundamental destacar que esta política pública, que se ha desplegado durante los últimos 15 años con el pretexto del combate al crimen organizado, no ha conseguido disminuir la violencia.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que en el primer semestre del 2022 se han registrado más de 18 mil homicidios en el país, con lo cual argumentan una “tendencia a la baja” en palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de dicha dependencia.

En contraste, la organización Save Democracy denunció que México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes. Mediante informe, la ONG señaló que entre los meses de julio y agosto se vivió un “clima de auténtico terror” en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, donde ocurrieron incidentes criminales que involucraron la quema de vehículos y comercios, así como constantes enfrentamientos entre civiles armados y miembros del ejército.

Militares, con más poder

Según el Centro Prodh, otro punto de preocupación es el desequilibrio en la relación cívico y militar, pues considera que se fortalece el poder del sector castrense con iniciativas recientes como el traslado de las funciones administrativas y operativas de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual genera riesgos a la democracia. Esto, reitera la organización, se evidencia en el caso de que las Fuerzas Armadas no cuentan con controles civiles, ni internos mucho menos externos, para la rendición de cuentas ante las denuncias por los abusos de sus elementos.

Te puede interesar – En un país militarizado, ¿Quién vigila a la Guardia Nacional?

Entre las argumentaciones para mantener a los militares en las calles, diputados resaltaron la falta de preparación de las corporaciones policiacas locales. “Todas y todos sabemos que en 2024 la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no estarán listas para atender la inseguridad que vive México”, expuso la diputada priista Yolanda de la Torre, quien promovió esta reforma.

No obstante, hubo reclamos por partidos de la oposición, como el de Ricardo Villareal del PAN quien señaló que, desde el gobierno federal, en el periodo del año 2020 y hasta el 2022, se le ha quitado recursos a la policía civil.

El Centro Prodh también retoma este punto pues asevera que “la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.

Ahora, con la aprobación de la reforma por los diputados, deberá pasar al Senado donde se prevé la sesión para el próximo martes 20 de septiembre.

Derechos humanos respalda militarización

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron al organismo autónomo tras difundir públicamente que no impugnará la reciente reforma que traslada a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Te puede interesar – Senado aprueba militarización de México

El reclamo proviene de ocho de nueve integrantes del Consejo después que la CNDH anunció que declinará ejercer su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como exigen múltiples organizaciones civiles.

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes y, desde luego, su actuación con un enfoque de derechos humanos”, añade la CNDH para quien esta modificación legal no contraviene las normas del país.

Cabe destacar que, aún cuando el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH contabiliza más de 2 mil quejas por violaciones a derechos humanos que involucran a la Sedena y la Guardia Nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, solo en junio de 2021 el organismo de derechos humanos emitió la primera recomendación que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional por el asesinato de una civil en Chihuahua.

Mediante comunicado, los consejeros de la CNDH advirtieron sobre el impacto negativo de la modificación legal de la semana pasada. “Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, señalaron.

Sus argumentos se suman a los de organizaciones civiles y activistas quienes sostienen que pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército profundizará la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, dará pie a más violaciones a los derechos humanos.

Tras la publicación de la reforma el viernes pasado, se abrió un plazo de 30 días para que actores públicos con facultades la impugnen ante la SCJN. Existen ya anuncios de congresistas de que así lo harán, pero para ello requieren contar con el apoyo de una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso.